Desde la década de 1975, las comunidades afro colombianas e indígenas estamos sufriendo una ola de desplazamiento forzado a causa de la minería, donde hemos sido víctimas de una sucia estrategia implementada por la multinacional Cerrejón.
Como son la cooptación de líderes, ruptura de tejido social, división en la comunidad y amenazas a través de llamadas intimidantes, tratando de quitar la posibilidad de la palabra, el pensamiento, la mente y la razón. Así se están introduciendo en su accionar la irregular practica de exterminio de poblaciones en el que juegan un papel determinante la presencia de informantes dentro de las comunidades, que se convierten en guías mediante los bloqueos económicos que obligan a colaborar para sobrevivir.
En esta zona reina campante la inexistencia del estado, ya que han ocurrido crímenes de lesa humanidad igual que desarraigos forzados y todo esto ha quedado en la impunidad generalizada sobre los responsables directos y los sectores sociales que los apoyan. Hoy el desarraigo por la minería a sangre y fuego es la cara cotidiana y símbolo más disiente de la trágica realidad de los pueblos étnicos. Es imposible desconocer la magnitud del drama humano que hoy padecemos las comunidades étnicas cuando siento de miles de familias nos hemos visto obligados a dejar, sus tierras, su hogar, su comunidad, su vida entera, lanzándose a la incertidumbre y a lo ajeno. Dada las circunstancias de ignominia, perversión y degradación humana, la minería en la guajira ha impactado de manera directa sobre los derechos de las comunidades negras e indígenas poniéndonos en situación de dolor.
Miles de hogares, compuestos en su mayoría por mujeres, niños y ancianos provenientes del campo que han vivido de generación en generación amamantándose de la madre tierra han sido víctimas. Este fenómeno ha afectado a los grupos étnicos huyendo tras haber perdido sus territorios y en algunos casos a sus familiares, por estos casos de violación y desarraigo forzado. Responsabilizamos al estado por su política de terror y por sus acciones excluyentes y sus omisiones para defender sus voraces ganancias a sangre y fuego utilizando la fuerza pública, ya que grupos de matones amparados en organizaciones de vigilancias privadas coordinan acciones que obedecen a un solo mando militar. En esta dirección se puede decir, que el desplazamiento forzado por la minería es un mecanismo apoyado por el estado que se ubica como parte de una estrategia de acción para favorecer a las multinacionales que hoy cuelgan su rancio poder en las vértebras del territorio. Han señalado a los miembros de las comunidades como brazo político de la subversión, respondiendo con allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas, para que desocupen el territorio, bloqueando económicamente a las comunidades mediante retenes, imponiendo una demarcación hasta donde pueden circular, teniendo de esta manera grandes efectos psicológicos, políticos, culturales, sociales y económicos.
La violación de los derechos humanos y la violencia que ha causado múltiples traumas, marcando a la comunidad desplazada por el resto de su vida.Además al llegar a un lugar desconocido genera alto riesgo e incertidumbre causados por las dificultades de encontrar una fuente de ingreso adecuado y un lugar donde vivir, quedando en un elevado riesgo de tener que recurrir a la mendicidad, la prostitución y la delincuencia. El desplazamiento causa cambios drásticos en su forma de vida, no solo por el deterioro del ingreso familiar como consecuencia de sus miembros familiares de manera silenciosa que día a día carcome más nuestro territorio.
Por esta razón exige que la sociedad y el estado colombiano reconozcan como tragedia humanitaria el desplazamiento forzado causado por la minería. Ya que esta es una situación que desequilibra la vida en todos los aspectos, llevando a las personas directamente perjudicadas a cambiar el rumbo de sus vidas, siendo víctimas del rechazo social. Por este motivo muchos de los desplazados a causa de la minería hoy ocupan espacios públicos, esperando que alguien les tienda la mano al no tener donde llegar, donde dormir o que comer. Por tal razón en la guajira más de 20.000 familias, unas 60.000 personas viven o vivimos en condiciones infrahumanas, por lo cual debe plantearse la ayuda por parte del estado, ante esta situación que cada día se agrava más y que más lejos pareciera estar la solución de este agudo problema.
Siendo evidente la pérdida de su autonomía, libre determinación y de su identidad, puesto que cuando se cambia de hábitat altera sus prácticas tradicionales, la espiritualidad, sus sitios sagrados, sus sitios de encuentro, sus sitios de congregación, sitios de sentimiento sagrado y en general sus proyectos de vida. Todo esto es producto del desplazamiento forzado causado por la minería. En estos últimos 34 años el desplazamiento forzado por la minería ha afectado de manera severamente creciente a las comunidades étnicas y campesinas las cuales hemos tenido que lanzarnos a un mundo desconocido, dejando atrás nuestra cultura y nuestras creencias o simplemente “olvidar” siendo este un elemento adicional el silenciamiento al no permitir que exista memoria histórica sobre los crímenes de lesa humanidad. Todo indica que la tendencia de ocupar y controlar los territorios que ancestralmente han pertenecido a los grupos étnicos en la guajira y en el país tiende a incrementarse en corto y mediano plazo, sin que vislumbre medidas de protección alguna a estas comunidades que nos encontramos alto grado de vulnerabilidad dada la grave situación económica y social que estamos viviendo. Cada día vimos cómo se alejan las posibilidades de reconstrucción de sus bases solidarias y de participación. El estado debe dar a conocer las causas graves que ha traído la minería y los efectos sobre la población civil mostrando los efectos psicosociales que ha originado la minería, utilizando sus tácticas de guerra fría para poder llevar acabo el desalojo forzado y el control territorial realizando operaciones encubiertas. De este modo se ve claramente el accionar irrespetuoso, de militares camuflados de civil protegidos clandestinamente por autoridades actuando con gran afectividad y altísimo barbarie, realizando el trabajo sucio que no pueden realizar de manera evidente y publica las multinacionales.
Rogelio Ustate Arrogoces es un líder comunitario de la comunidad afrodescendiente de Tabaco. él es representante nacional para Afrocolombianos desplazados por la minería. Ustate también es artesano y un poeta publicado.>
