Bertha Quispe tenía 28 años cuando la eligieron alcaldesa de Collana, un pequeño municipio del Altiplano boliviano de poco más de 5.000 habitantes que se dedican a la ganadería y a la minería a cielo abierto. Quispe es joven, indígena aimara—como la mayoría de los habitantes de Collana—y originaria de una pequeña comunidad en el municipio.
Entraba a un mundo dominado por hombres en un país donde la participación política de las mujeres crece a marchas forzadas. Desde 2014, la mitad del Parlamento nacional son mujeres y, desde las elecciones municipales de 2015, las mujeres tienen un 51% de representación en los concejos municipales. No obstante, Quispe es una de las 29 alcaldesas que hay en Bolivia: sólo el 8% de los municipios están gobernados por una mujer.
Hasta entonces, todos los alcaldes de Collana habían sido varones, de más edad que ella y residentes en el núcleo urbano principal del municipio. Pero también las autoridades indígenas y los representantes sindicales locales, interlocutores cotidianos de la alcaldesa, son mayoritariamente varones.
Quispe había comenzado sus estudios en el municipio y terminó la Secundaria en la ciudad de El Alto, a una hora de distancia en transporte público. En esa misma ciudad, la segunda más grande de Bolivia, estudió la carrera universitaria de Trabajo Social antes de volver a su pueblo, donde trabajó como maestra de escuela y comenzó a participar en las organizaciones de base, como el sindicato de mujeres campesinas Bartolina Sisa.
Antes de las elecciones municipales de 2014, cada uno de los siete territorios en los que se divide Collana hizo una asamblea para presentar candidatos a alcalde y concejales, una suerte de caucus locales del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Evo Morales. Atendiendo a los principios de igualdad y complementariedad entre el género masculino y el femenino, cada asamblea debía proponer dos candidatos: un hombre y una mujer. A ella la consultaron por teléfono e, identificada con “el proceso de cambio” liderado por Morales, aceptó postularse.
Después, una asamblea con todos los candidatos eligió a Quispe para representar al MAS en la elección local. El 29 de marzo de 2015, ganó las elecciones con un pequeño margen de 51 votos. La victoria fue tan estrecha que su partido se quedó con minoría en el Concejo, con dos representantes de cinco, producto de que algunos electores votaron por ella para la alcaldía, pero no por los candidatos a concejales que la apoyaban.
Pocos meses después de que asumiera la Alcaldía, en junio de 2015, Bertha Quispe comenzó a sufrir acoso y violencia política. Antes hubo tensiones con concejales y dirigentes sociales varones, pero el verdadero conflicto se desencadenó a finales de febrero del año siguiente.
La alcaldesa ideó una nueva planificación urbana que cambiaba los límites entre las diferentes comunidades de Collana y sus oponentes la acusaron de beneficiar a su comunidad, Ichuralla Chico, y de actuar sin la aprobación del Concejo, lo que ella niega. El cambio del que se la acusaba consistía en una ampliación del territorio de su propia comunidad a expensas del de la comunidad principal —llamada simplemente Collana—. “Por un malentendido se ha empezado a malinterpretar la gestión”, dice. Quienes hicieron las acusaciones durante unos trabajos topográficos en los que Quispe no estaba presente—el día 27 de febrero—fueron algunos concejales, además de un líder indígena y el presidente de la cooperativa minera local CIMCO, que es el principal poder económico local con 1.200 socios y otros 300 empleados en tareas auxiliares. La queja desencadenó una protesta en el pueblo principal y un grupo de personas cerró las oficinas del Ayuntamiento.
El día 28 estaba programa una rendición pública de cuentas del municipio, pero en su lugar hubo una manifestación donde se detonaron petardos y cartuchos de dinamita,Bertha Quispe no pudo participar por el clima de violencia, según relató. “Entramos a la asamblea y había gritos de ‘fuera’; cuando yo quería dar uso de la palabra, no me permitían…y pues tuve que retirarme del lugar, salvaguardando mi integridad física porque era fea la manifestación que se realizó ese día”, rememora Quispe. Sus oponentes pedían su dimisión, sin permitirle dar explicaciones.
Dos semanas después, los oponentes políticos de Quispe tapiaron la entrada de las oficinas municipales. La alcaldesa, que no aceptó dimitir de su cargo, pasó cuatro meses sin poder entrar en sus oficinas ni aparecer públicamente en el pueblo principal de Collana. En todo ese tiempo siguió realizando su trabajo de alcaldesa, pero tuvo que desplazar los servicios y la actividad del municipio a otra comunidad más pequeña y a la ciudad El Alto.
Bolivia es el tercer país del mundo con más mujeres parlamentarias, según la Unión Interparlamentaria. Sólo están por delante Cuba, que no tiene elecciones convencionales, y Ruanda. Esto es resultado de una reforma de la ley electoral que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia aprobó en 2010, que requiere que la mitad de todos los candidatos de cada partido sean mujeres al nivel federal, estatal, y municipal.
Como resultado de esta norma, las mujeres pasaron de ocupar el 28% de los escaños de la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2009 a conseguir la paridad total tras las elecciones de 2014. Durante la gestión de 2015, la Cámara de Diputados la presidía una mujer, Gabriela Montaño, y las jefas de las tres bancadas representadas eran mujeres. A día de hoy hay 70 mujeres en la Cámara de Diputados, que tiene 130 miembros, y 18 senadoras en una cámara con 36 representantes. En total, las mujeres son el 53% de la ALP.
Los efectos de esa reforma electoral también se hicieron notar en el ámbito municipal. Mientras que en 2004 sólo había un 18,7% de concejalas electas, en 2015—dos elecciones y una reforma electoral después—se eligieron al 51% de concejalas titulares, según recoge un informe de la Coordinadora de la Mujer, la principal red de organizaciones de mujeres en Bolivia.
El aumento de mujeres representantes ha puesto en el punto de mira el asunto de acoso y la violencia política contra ellas. Katia Uriona, presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), asegura que las instituciones ponen obstáculos extra a las mujeres. “Las mujeres ingresan a un sistema patriarcal y machista que va a generar mecanismos de contención, de exclusión y de violencia y acoso político”, dice, y asegura que antes esos fenómenos no eran visibles porque “antes no había mujeres en la política”.
El problema del acoso y la violencia política con motivos de género es tan notorio que en 2012 Bolivia fue pionera al aprobar una ley específica para afrontarlo. Se trata de la ley 243, que ONU Mujeres calificó como “una ley histórica”. En la norma, el acoso y la violencia política se definen como actividades ejercidas en contra de mujeres candidatas, designadas o electas para la función político-pública o sus familias con el objetivo de “acortar, suspender, impedir o restringir el ejercicio de su cargo o para inducirla u obligarla a que realice, en contra de su voluntad, una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones o en el ejercicio de sus derechos.” El acoso y la violencia política se diferencian por la gravedad de las crímenes. Es decir, el acoso y la violencia política son actos contra las mujeres dirigidos específicamente a restringir sus derechos políticos. Incluyo actos concretos como divulgar información falsa sobre la actividad institucional de las mujeres políticas para desprestigiar su gestión, o la presión para que una mujer renuncie a un cargo para el que fue electa antes de terminar su mandato. En Collana, Bertha Quispe sufrió las dos.
Para Bernarda Sarué, directora ejecutiva de la Asociación de Concejalas de Bolivia —Acobol, una red de apoyo entre mujeres en cargos de representación locales surgida en 1999 y principal impulsora de la ley contra el acoso y la violencia política—lo que originó el conflicto en Collana fue que Quispe se enfrentó a los grupos de poder local al tratar de crear una planificación moderna para el aprovechamiento de los recursos del municipio. En particular, contra la cooperativa minera, que explota la tierra caliza del territorio, utilizada para la fabricación de cemento.
Quispe admite que ella planteó varias iniciativas que podrían afectar a la cooperativa minera en reuniones con el Concejo: comprobar sus licencias de operación, indagar sobre el pago de impuestos y limitar el impacto ambiental de la minería a cielo abierto. Cree que esa información pudo llegarles a los dirigentes de la cooperativa, que habrían impulsado el hostigamiento.
Cuando Quispe presentó una denuncia penal acogiéndose a la ley 243, una de las personas que ingresó en prisión en régimen de detención preventiva entre mayo y julio como presunto instigador de los actos de hostigamiento contra la alcaldesa fue el director de la cooperativa, Antonio Tancara. La otra fue Zenobio Chambilla, el hombre que perdió la elección municipal contra ella. Ambos fueron puestos en detención preventiva como medida cautelar por un presunto delito de violencia política contra la alcaldesa Quispe.
Según una sentencia firme del Tribunal Constitucional Plurinacional datada en Sucre el 22 de agosto de 2016, Tancara usó su poder para movilizar a los trabajadores contra la alcaldesa bajo amenaza de descuentos salariales y multas.
Bertha Quispe cree que, más allá de poder afectar a los intereses mineros en el territorio, ella sufrió acoso por ser mujer joven y provenir de una comunidad pequeña. En entrevistas por separado, las dos concejalas de Collana reconocieron haber sufrido prácticas discriminatorias por parte de los otros tres concejales varones y habitantes del pueblo. Aunque ninguna de las dos recurrió a la Justicia, los actos que sufrieron también están recogidos en la ley contra la violencia y el acoso político.
La concejala María Luz Chipana, del partido opositor de centro derecha Unidad Nacional, acusa a los concejales varones de cuestionar su experiencia por ser demasiado joven—tenía 25 años cuando la eligieron—de no atender a sus convocatorias de reuniones oficiales y de tratar de apartarla de sus funciones por haber tenido un hijo durante su mandato. La regidora denuncia que el Concejo llegó a retener un subsidio para la maternidad que todas las mujeres pueden cobrar a través de los municipios.
Evitar que una mujer electa participe en reuniones oficiales, restringir la reincorporación a sus funciones tras una licencia justificada o discriminar a una autoridad pública por estar embarazada o en estado de recuperación del parto son tres conductas recogidas en la ley 243 como ejemplos de acoso y violencia política.
Chipana dice que tuvo que pagar asesorías jurídicas de su propio bolsillo para salir de esa situación. Pensó en hacer una denuncia por acoso político al que entonces era presidente del Concejo, Antonio Tito, del MAS, presunto responsable de negarle el acceso y el voto en las reuniones oficiales. No lo hizo por falta de confianza en el proceso y la amenaza de otras acciones penales contra ella.
La otra concejala de Collana, Graciela Mamani, es ganadera y madre de siete hijos adultos, también sufrió violencia política. Después de que la alcaldesa Bertha Quispe hiciera la denuncia penal por acoso político, personas cercanas al presidente de la cooperativa la retuvieron y dejaron durante ocho horas en la iglesia del pueblo sin ni siquiera permitirle comunicarse con su familia. Mamani no denunció para no perjudicar a la población. “Eso era ya acoso político. Pero por querer al pueblo yo no lo hice esa denuncia”, dice.
En opinión de Mamani, la alcaldesa tenía derecho a hacer una denuncia penal, pero considera que se equivocó porque debía haber tratado de solucionar las cosas de otra manera. “Primero debía dar la cara al pueblo, si no le escuchaba el pueblo hacía la denuncia”.
El acoso a las mujeres políticas es una dinámica transversal, pero es especialmente fuerte a nivel local, donde la exposición pública es menor y los mecanismos de denuncia son menos accesibles. Acobol reportó 65 denuncias de acoso y violencia política hacia concejalas durante el año 2017, pero este año ya se han superado esas estadísticas. Sólo en la primera mitad de 2018, recibieron 79 denuncias. A pesar de los esfuerzos de Acobol, la mayoría de los expedientes se pierden en un mar de burocracia y procesos que se retrasan, de modo que pocos concluyen satisfactoriamente.
Durante un periodo de 21 meses entre 2016 y 2017, Acobol recibió 89 denuncias que afectaban a 114 víctimas, según datos proporcionados para esta investigación. Veinte de ellas eran denuncias penales, pero ninguna ha terminado en una condena firme desde que la ley contra el acoso y la violencia se aprobó en 2012, que abrió la puerta a condenas de hasta diez años en casos con agravantes.
Otra limitación de la igualdad política es la brecha que existe entre la participación de las mujeres en instancias legislativas y la poca representación que tienen en cargos ejecutivos. Las mujeres siguen siendo una minoría en los más altos niveles de gobierno: no hay ninguna gobernadora en las nueve regiones y el gobierno nacional, con 18 ministerios, sólo cuenta con tres ministras.
Gabriela Montaño es la mujer con más poder político en Bolivia. Dirigente del MAS, presidenta del Senado entre 2012 y 2013, y presidenta de la Cámara de Diputados desde 2015 hasta la fecha, vincula el acoso político en el ámbito municipal a las denuncias de irregularidades.
“El hecho de que las mujeres hayamos ingresado al ámbito de los espacios de toma de decisión, de la responsabilidad pública, genera una reacción por parte de aquellas fuerzas que plantean mantener las cosas como estaban”, afirma Montaño.
Sarué, la directora de Acobol, se expresa en términos similares. “Nos hemos dado cuenta de que muchas de nuestras compañeras concejalas, por lo menos en municipios con poblaciones dispersas y rurales, son mujeres que se niegan a firmar ciertos documentos”, dice, en alusión resoluciones que permiten prácticas corruptas. “A mayor nivel de educación de nuestras compañeras concejalas, mayor acoso y violencia”, subraya.
Montaño cree que el acoso político contra parlamentarias como ella es menos frecuente porque una asambleísta nacional tiene más fácil denunciar y “podría rápidamente generar un escándalo público en relación a ese tema”. Sin embargo, reconoce que en etapas anteriores de su carrera política sí sufrió acoso, especialmente a través de su familia.
“A las mujeres políticas generalmente no nos atacan directamente, atacan a lo que queremos. A nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras parejas. A las mujeres políticas nos juzgan por si tenemos una vida ordenada como no juzgarían a un hombre”, reflexiona.
A seis años de su promulgación, es evidente que la ley contra el acoso político y la violencia no ha logrado erradicar el fenómeno. Para Uriona, presidenta del Órgano Electoral, es un valor que la norma exista porque reconoce el delito y es un mecanismo para exigir derechos. “La ley no es el mecanismo que cambia el acoso, pero genera condiciones desde las cuales las mujeres vamos a pelear la protección, el ejercicio, el conocimiento de derechos”, dice.
La alcaldesa Bertha Quispe pudo solucionar su caso, en parte gracias a la ley. Ella ganó un amparo constitucional que le permitía volver a su cargo y a sus oficinas, pero eso no le garantizó automáticamente la restitución de sus derechos. Tuvo que negociar con las personas que la acosaron, porque cuando debía volver al Ayuntamiento, el Gobierno no garantizó su seguridad por no disponer suficientes efectivos policiales.
Para la intervención en contextos de violencia política, la ley prevé la formación de una comisión interinstitucional con representación de los ministerios de Justicia y Gobernación, el Defensor del Pueblo o la propia Acobol. Eso hicieron en Collana, y una delegación de esa comisión se desplazó al pueblo para respaldar a la alcaldesa a su vuelta. Un grupo de personas opuestas a su gestión atacaron su vehículo y secuestraron a tres personas de ese comité.
Durante los tres días que esas personas estuvieron retenidas, Quispe negoció su liberación y su vuelta al gobierno municipal a cambio de retirar la denuncia penal que tenía contra el presidente de la cooperativa y el que había sido su oponente en las elecciones, además de otros seis dirigentes cívicos que no entraron en prisión preventiva. También obligaron a dimitir al consejero legal del municipio, Christiam Nattes, un joven abogado muy cercano a la alcaldesa.
Como resultado de retirar los cargos, Tancara y Chambilla recobraron la libertad y el pueblo poco a poco recuperó la normalidad. Quispe asegura que, como resultado de la inestabilidad, el municipio perdió oportunidades de inversión de programas nacionales y de fondos internacionales.
Es inevitable que algunos se queden con la sensación de que la violencia política es un delito que, a pesar de haberse visibilizado, permanece impune. “A la fecha no tenemos ni una sentencia clara, condenatoria, que muestre jurisprudencia clara y legítima que muestra que existe el acoso político”, lamenta Nattes, que defendió a la alcaldesa en todo este proceso.
A seis años de una ley pionera en el mundo, los casos de impunidad le recuerdan al país que tiene una deuda con la justicia y con la igualdad política más allá de los números y los derechos formales. Las mujeres ya ocupan todos los espacios públicos, pero aún tienen que transformarlos radicalmente para vivir una vida libre de violencias y con derechos políticos plenos.
Alice Campaignolle is a multimedia journalist and freelance correspondent for French-speaking media in Bolivia.
Irene Escudero is a journalist based in Nairobi as Sub-Saharan Africa correspondent for Spanish News Agency EFE and former correspondent in Bolivia.
Carlos Heras is a freelance journalist based in Mexico City and former correspondent in Bolivia for Spanish News Agency EFE.
This story is part of Where Women Make the Laws, a multimedia project supported by the European Journalism Centre.
