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Quince días antes de su boda en 1990, Sandra* fue secuestrada y violada por un grupo de hombres armados. Sobrevivió el ataque y hoy trabaja con la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, una coalición de asociaciones de mujeres de base de los 13 municipios del departamento de Putumayo, Colombia.
Habitante del municipio de San Miguel, en la frontera con Ecuador, Sandra es una de las muchas víctimas del conflicto armado de Colombia. En 2014, una amiga la llevó a una reunión de la Alianza donde “comenzó a escuchar otras historias sobre la resistencia de las mujeres en este territorio violento”.
Las mujeres líderes fundaron la Alianza en 2005, en medio de niveles asombrosos de violencia, con la esperanza de unir la “fuerza femenina” para reconstruir el tejido social de las comunidades después de años de terror. Hoy sirve como un ejemplo de resistencia frente a la actual reconfiguración del conflicto armado en Colombia, empoderando a las mujeres del Departamento para que denuncien los delitos, brindándoles oportunidades económicas y enseñándoles cómo convertirse en constructoras de paz en sus comunidades.
Sandra participó en el programa de construcción de la paz a través de Alianza, donde ahora es Mediadora de Paz, promoviendo la Alianza en espacios tanto urbanos como rurales. Su participación la ha convertido en un objetivo militar. Desde que la amenazaron los disidentes de las FARC y los paramilitares, viaja con un guardaespaldas proporcionado por el estado. “En mayo vinieron a mi casa ... Y me dijeron que tenía que unirme con ellos o que iban a matarme a mí y a mis hijas”. Más tarde, un grupo de paramilitares la siguió y la amenazó por su liderazgo comunitario.
“Vinieron los paramilitares, una mujer y dos hombres, todos armados ... Me pidieron información. Dijeron: ‘si no nos ayudas, sabemos dónde trabajan tus hijas’”. Cuando Sandra negó irse con ellos, aparecieron en el casino donde trabajaba su hija. Su hija se escondió y sus colegas la protegieron hasta que Sandra y una amiga pudieron sacarla disfrazada cuando ya había caído la noche.
Sandra no es la única mujer que ha experimentado violencia desde que se firmaron los Acuerdos de Paz con las FARC, que a finales del 2016 pusieron fin oficialmente a más de cinco décadas de conflicto con esta guerrilla. Por ejemplo, el 2 de mayo de 2018, Deyanira Guerrero, tesorera de una de las asociaciones afiliadas a la Alianza, desapareció en la vereda El Placer, en el municipio de Valle de Guamuez. Desde entonces, no se ha visto ni oído hablar de ella. Lo único que se sabe es que su nombre había aparecido previamente en un panfleto amenazador enviado por un grupo paramilitar.
La verdad es que situación de seguridad para las mujeres en la zona ha empeorado considerablemente. En febrero, la Alianza denunció y condenó una “alarmante ola de violencia contra las mujeres y feminicidios”. En lo que va del 2019, la Alianza ya ha identificado trece casos de feminicidio y diez desapariciones forzadas, que atribuyen a los intentos de “intimidar y silenciar a quienes buscan promover los derechos de las mujeres en la región”. Un informe periodístico de marzo de 2019 documenta siete casos de feminicidios en solo un fin de semana, incluido el caso de Sonia Yanabeth Rosero, una líder que aspiraba a postularse para alcaldesa de Puerto Asís, también en el departamento de Putumayo.
Las mujeres están siendo atacadas, dice Sandra, porque “tenemos fuerza y esa es la mayor amenaza que planteamos ... [los grupos armados] no quieren líderes. Quieren un control social completo”.
Una historia de violencia en Putumayo
Bajo Putumayo es una sabana amazónica en el sur de Colombia, en la frontera con Ecuador y Perú. Desde fines de la década de los 70 la región ha sido un centro de producción de coca, con una variedad de actores armados compitiendo por el control de esta lucrativa economía ilícita. Para 1991, el Frente 48 de las FARC había ganado la hegemonía territorial. Sin embargo, en 1999, el Bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzó a disputarle el control a las FARC.
Como señala el informe del Centro de Memoria Histórica, CMH, desde 1999 hasta la desmovilización de las AUC en 2006, “terror, amenazas, ansiedad, miedo, confinamiento, combates armados, estigma, tortura, violencia sexual e imposición del orden social” marcaron esta parte del país. Pueblos como El Tigre y El Placer fueron testigos a las masacres públicas. Las mujeres fueron atacadas específicamente durante este período de control paramilitar. Sus cuerpos “se convirtieron en objetos de deseo y control para los paramilitares”, según narra el mismo informe. La Unidad de Víctimas de Colombia documentó casi 237.000 casos de desplazamiento, 29.000 asesinatos y 1.500 casos de violencia sexual en el departamento entre 1985 y 2019.
Muchos paramilitares también acusaron a las mujeres de ser colaboradoras de la guerrilla simplemente por vivir en el territorio de las FARC. El informe de CMH documenta la historia de una mujer acusada de haber tenido relaciones sexuales con miembros de las FARC anteriormente. En retribución, dice, las AUC la violaron brutalmente en grupo, matando al feto que llevaba, rompiendo su cadera y dejándola desfigurada permanentemente. De esta manera, los cuerpos de las mujeres “se convirtieron en vehículos para [enviar] mensajes terroristas a la población”, concluye el informe. Tales prácticas eran comunes. Las mujeres también fueron torturadas y asesinadas frente a sus vecinos y seres queridos, afirma el informe.
Construyendo tejido social en sombra del horror
Durante el periodo de confrontación entre las AUC y las FARC, doña Fátima Muriel fue una supervisora educativa. A medida que viajaba por todo el departamento, le quedó claro “que esto era una guerra”. Hablaba con familias, maestros y niños, y se dio cuenta de que “el tejido social estaba dañado. Si una mujer es asesinada, toda la casa es asesinada”.
La necesidad de construir una red de protección específicamente para mujeres llevó a doña Fátima y un grupo de líderes mujeres a organizar reuniones con varias asociaciones de mujeres de la comunidad para trabajar por un objetivo común. Hoy en día, la Alianza es la organización de mujeres más fuerte del departamento. Reúne a 115 asociaciones de mujeres constituyentes “para empoderar a las mujeres y sus organizaciones ... con el objetivo de recuperar el tejido social que fue afectado por el conflicto armado y la violencia social, y construir un Putumayo con igualdad de género y paz”, según su sitio web. Esperan lograr este objetivo a través de tres programas principales: (1) mujeres, derechos humanos y construcción de paz, (2) mujeres y participación política, y (3) mujeres y desarrollo social y económico.
Los miembros de Alianza estuvieron presentes en las mesas de diálogo en La Habana, donde hablaron ante la Subcomisión de Género y ofrecieron sus consejos sobre cómo el proceso de paz podría adoptar un enfoque de género para responder a las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres. Durante esta experiencia, decidieron capacitar a 65 mujeres como “Mediadoras de Paz”. Originalmente financiados por la Fundación Colombia Transforma, ahora operan en todo el departamento, replicando lo aprendido y enseñándolo a otras mujeres que sobrevivieron el conflicto armado, transformando así los territorios de violencia en espacios de paz. “Lo que queremos es reconciliación. Las mujeres aquí están muy cicatrizadas, llevan dolor”, explica Doña Fátima. “Sin la verdad, nunca podrán perdonar”.
Su trabajo enfrentó un momento difícil en 2016, cuando un grupo de guerrilleros de las FARC salió de la selva a la zona de desmovilización la Carmelita, cerca de Puerto Asís, como se estipuló en los acuerdos de paz. Muchos otros miembros de la comunidad se negaron a trabajar con los excombatientes, de quienes desconfiaban después de vivir años de conflicto armado. Pero los miembros de la Alianza decidieron que, con el espíritu de construir la paz, necesitaban hacer un gesto de buena voluntad hacia ellos. “Somos las únicas que fuimos a recibir [a las FARC] con nuestros corazones abiertos”, dice doña Fátima. “Cuando nos pusimos a trabajar con ellos, nos pidieron perdón y los perdonamos”.
En 2018, la Alianza comenzó la campaña “No Estás Sola”, que en parte busca brindar asistencia legal y psicológica a las víctimas de violencia de género, así como monitorear y documentar casos. En nueve meses registraron 53 casos de violencia de género; más que la mitad eran casos de violencia sexual. Es probable que este número sea incluso más alto, pues “Hay muchas mujeres que todavía no quieren hablar de esto. Tienen miedo”, señala una sobreviviente que pidió permanecer en el anonimato.
La Alianza también rinde homenaje a sus compañeras que han sido asesinadas, con iniciativas a gran escala, como crear murales de verdad en las ciudades más grandes de cada municipio. Estas pinturas difieren en tamaño y contenido, pero todas buscan recordar a las mujeres que murieron o desaparecieron en el contexto del conflicto armado.
Uno de los más elaborados se encuentra en el aeropuerto de Puerto Asís, donde representaron tres rostros de mujer indígena con miles de tapas de botellas recicladas. En Villagarzón, un impresionante mural muestra el rostro de una mujer cuyo cabello está hecho de un árbol y hojas. Debajo de ella hay una serie de placas con los nombres de mujeres fallecidas de la región y una inscripción que dice: “arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron matar nuestras raíces…”
Un enfoque hacía la frontera sur de Colombia
La frontera sur de Colombia no recibe la misma atención internacional que la frontera con Venezuela. Sin embargo, no es una región que autoridades y legisladores pueden permitirse olvidar. Según la UNODC, Putumayo fue una de los departamentos con mayor producción de coca en 2017 (24 por ciento del total nacional); cifra que aumentó otro 20 por ciento entre 2017 y 2018. Dada la falta de oportunidades económicas, muchas mujeres trabajan en la industria de la coca, exponiéndolas a múltiples peligros a manos de grupos armados.
A pesar de los esfuerzos continuos de construcción de paz de las mujeres del departamento, la situación de seguridad en el Bajo Putumayo está cambiando. Como en otras partes del país, allá la desmovilización de las FARC dejó vacíos de poder que otros grupos armados organizados buscan controlar para apoderarse de la producción de coca y otras economías ilegales.
Por ejemplo, en enero de 2019, un panfleto firmado por el contingente Bloque Sur Putumayo AUC (de lo que antes era el grupo paramilitar más poderoso de Colombia) se distribuyó a nivel local en San Miguel, advirtiendo limpieza social contra organizaciones indígenas, líderes sociales y periodistas.
A pesar de esto, la Alianza continúa luchando por la justicia de género. Las mujeres han pedido activamente al gobierno que proteja los derechos de las mujeres en el contexto de “una epidemia de violencia machista”.
Hoy en día, sin embargo, intentan mantener un perfil más bajo, evitando usar ropa que las identifique o pasar mucho tiempo en espacios públicos. Se cuidan unas a las otras. Como señala Sandra: “Ahora somos hermanas. Cuando algo le sucede a una de nosotras, le pasa a todas”.
**Su nombre ha sido cambiado por razones de seguridad.
La Dra. Julia Zulver es investigadora postdoctoral en la Universidad de Oxford, cuya investigación pretende documentar la movilización de mujeres en contextos de alto riesgo. Sus proyectos actuales se centran en la violencia de género en las zonas fronterizas de Colombia. Twitter: @JZulver
