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La rebelión del verano de 2019 en Puerto Rico, que forzó la renuncia del ex gobernador Ricardo Rosselló y reordenó la imaginación y voluntad políticas en el país, puso el archipiélago en la inusual posición de cobrar relevancia en la prensa estadounidense e internacional. En esos foros, se ha discutido bastante—y con mucha razón—el carácter horizontal, colectivo, creativo y diverso de la organización y ejecución populares de las protestas. Mas no se ha insistido suficiente en que, al interior del archipiélago, la escuela histórica de disidencia política, protesta artística y organización democrática ha sido la Universidad de Puerto Rico (UPR).
En el escenario político más reciente, la aprobación de la ley PROMESA en 2016 habilitó una nueva forma de imperialismo estadounidense: la imposición de la Junta de Control Fiscal (Fiscal Oversight and Management Board, FOMB), localmente conocida como “la Junta,” cuyos objetivos centrales son devolver a Puerto Rico a los mercados y pagar a los bonistas sin que medie siquiera una auditoría de la deuda. En otras palabras, el organismo persigue adecuar al país más nítidamente al capitalismo neoliberal. Las principales voces protagónicas en la resistencia a PROMESA y a la Junta han sido, desde el 2016 hasta el presente, aquellas al interior de la UPR –sobre todo, su movimiento estudiantil–, así como colectivos activistas que tuvieron su formación en la UPR o que de algún modo conectan su gestión con la institución. Por ello, la rebelión veraniega fue en parte el resultado de esa trayectoria de lucha desde la UPR.
Por ello también, a quienes llevamos las huellas de la UPR en nuestras vidas o seguimos involucradas en su gestión, nunca nos ha sorprendido que el poder colonial del gobierno puertorriqueño, sus cómplices en la administración universitaria y los descarados intereses del régimen económico dominante, exhiban particular saña en su contra. La recurrente movilización estudiantil en la UPR—más recientemente en las huelgas de 2010, 2011 y 2017—ha logrado instalar en la conciencia local y, hasta cierto punto, internacional, las amenazas a la educación pública y accesible que han supuesto diversas medidas y decisiones del liderato administrativo y gubernamental. Sin embargo, el escenario es radicalmente distinto para la docencia, pues a pesar del trabajo de ciertas organizaciones tales como la Asociación de Profesoras/es de la UPR (APPU) y PROTESTAmos, no existe tradición de “movimiento docente” en la institución. Así, la condición real de las y los docentes adjuntos —“sin plaza,” “temporeros” o “por contrato”— en la UPR es desconocida para muchos y las medidas que precarizan sus vidas pueden impulsarse con mayor vigor en una atmósfera política de escasa oposición.
Un Mero Headcount?
Enseñar, investigar, crear, publicar, organizar eventos, hacer evaluaciones de pares, ser mentores y mentoras, dirigir proyectos de investigación y tesis, presentar en eventos académicos dentro y fuera del país, preparar cursos nuevos cada semestre, mantener horas de oficina semanales, corregir trabajos y exámenes, recibir noticias del contrato a días (o el día antes) del comienzo de los semestres, firmar contrato después de iniciados los semestres, devengar el primer cheque del semestre semanas después de estar trabajando… Estos son solo algunos ejemplos de las condiciones de trabajo que la Universidad de Puerto Rico exige—de maneras a veces explícitas y otras indirectas– a su facultad adjunta. Son también instancias obvias, que pueden nombrarse y, en algunos casos, cuantificarse, pero que no contemplan la multiplicidad de efectos onerosos en las vidas, los cuerpos y los futuros de las generaciones más jóvenes del país.
Intento señalar a continuación algunos de esos efectos, que no por sutiles dejan de ser crudamente reales. Debemos ofrecer cursos en varias instituciones al mismo tiempo para poder “llegar a fin de mes.” Nos vemos obligadas manejar la expectativa de participación en procesos administrativos porque “así se puede robustecer el CV,” “porque le vean a uno la cara” o “porque si no, quizá no me contratan el próximo semestre.” Recibimos sueldos de miseria por igual o más trabajo que pares con plaza, mientras que no podemos enfermarnos porque no tenemos plan médico (aun a tiempo completo, no se tiene cubierta en los periodos del año en que no hay contrato). Tampoco podemos envejecer porque no contamos con aportaciones a retiro. Para colmar la ironía de nuestra situación, si queremos que haya algún cambio positivo, somos también responsables de investigar, documentar, divulgar y resistir lo que nos acontece.
En las plantillas de Excel de los tecnócratas, lo anterior se trata de un mero headcount de empleados adjuntos que hay que reducir, según dicta el credo neoliberal. En los cuerpos de la facultad adjunta, así se manifiestan las precarias condiciones de nuestras vidas, empeoradas por las que hoy enfrenta el país en pleno.
“Propiedad de, pero no parte de”
La condición adjunta es sinécdoque de Puerto Rico: “propiedad de, pero no parte de.” Tras la invasión militar de los Estados Unidos de América en 1898, tal formulación de estatus político—la treta del “territorio no incorporado,” que es colonia, pero no se llama así—se inventó y legitimó jurídicamente en las decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. respecto a varios casos entre 1901 y 1922 que, en su conjunto, se conocen como los Casos Insulares. En ese sentido, la profesora o trabajadora adjunta es una persona de la más honda “puertorriqueñidad.” Sin embargo, como vimos, sus condiciones de explotación laboral y, en algunos casos, intimidación y robo salarial, siguen siendo desconocidas para amplios sectores de la sociedad en el archipiélago puertorriqueño. Lo mismo puede decirse sobre los efectos de amplio y largo alcance que acarrea tal situación.
En la UPR, que es la institución pública de educación superior e investigación de mayor trascendencia en el país, constituyendo históricamente un motor de movilidad y transformación social, se han “congelado” más de mil plazas regulares docentes durante los pasados 10 años. La congelación de plazas responde a la promulgación, bajo la presidencia de la UPR del Lic. Antonio García Padilla, de las Medidas Cautelares de 2009. En ese documento ya se nombraba—desde hace 10 años—una “crisis” fiscal a la que la institución se enfrentaba y para la que debían tomarse medidas de ahorro cauteloso. Lejos de aliviarse, la “crisis” de la UPR parece haberse vuelto permanente. Durante los últimos 10 años, a la vez que la congelación de plazas continúa, se ha registrado un alza dramática—aunque diferenciada dependiendo del Recinto y de los programas académicos—en contrataciones temporeras injustas, desiguales e indignas.
En este panorama—a corto plazo, de “manejo de crisis” y, a largo plazo, de explotación colonial-capitalista del archipiélago—debe insertarse el recrudecimiento contemporáneo de las medidas de austeridad neoliberales como única receta para acercarse a todo cuanto aqueja a Puerto Rico. Desde la imposición de la Junta en 2016, que ha contado con la anuencia y complicidad del liderato político local en Puerto Rico y de la esfera administrativa en la UPR, se declaró a la institución universitaria bajo el control de dicho organismo. Entre otras, las medidas tomadas por el gobierno local y por la administración universitaria, a tono con las exigencias de la Junta, consisten en recortes dramáticos a la inversión pública en la institución (al presente, más de la mitad), a las exenciones de matrícula, al personal, a derechos laborales, a programas académicos, a la aportación patronal al plan médico (de $600 a $350 mensuales) y a las pensiones del antes solvente Sistema de Retiro de la UPR. A este último, cuyo modelo es de beneficios definidos, pretende convertírsele en uno de contribución definida, “respond[iendo] a una determinación ideológica de la Junta de Control Fiscal de imponer el mismo modelo a todos los sistemas de retiro de las instituciones públicas de Puerto Rico, independientemente de su grado de solvencia,” según el Centro de Periodismo Investigativo.
Al mismo tiempo, se incrementa dramáticamente el costo de matrícula, cuotas y otros renglones, cercando así el acceso estudiantil a la educación superior pública en Puerto Rico. Al comienzo del presente año académico se sabe, por ejemplo, que el Recinto de Río Piedras de la UPR canceló la matrícula de más de 1,400 estudiantes por falta de pago. También se ha divulgado, aunque no cuantificado, una merma de contratos a tiempo completo y un alza en contratos a tiempo parcial, muchos de estos últimos por 10 u 11 créditos, solo 1 o 2 créditos por debajo de la cantidad requerida para un contrato a tiempo completo. Ello se ha logrado por virtud de la constitución de grupos con más de los tradicionales 30 estudiantes y por el mecanismo de compensación adicional para docentes con plazas regulares.
Miradas en su conjunto, tales medidas denotan el afán de la Junta y el liderato local por achicar la UPR, lo que en términos reales significa elitizarla y transformarla en un espejo de las corporaciones privadas de bienes y servicios, tal como ha venido ocurriendo durante décadas recientes en todo el territorio continental estadounidense. Ana Lydia Vega, escritora y profesora en la UPR, ha señalado, con razón, que “la conversión de la universidad del pueblo en colegio exclusivo para jóvenes pudientes pondría en peligro la noción misma de educación pública.”
Así, como parte de la tendencia capitalista global de capturar la universidad en su manto for profit—fenómeno documentado, entre otros, por Bousquet (2008), Newfield (2008), Arsenjuk y Koerner (2009), y Moten y Harney (2013)—se persigue comodificar y devorar hasta la última víscera de la vida, aun si se trata de bienes abstractos, tales como el pensamiento crítico, la imaginación creativa y la reflexión sociopolítica, filosófica e histórica.
En el Puerto Rico actual, de los incontables individuos y organizaciones docentes, sindicales y estudiantiles que han denunciado y se han opuesto a tal escenario, destacan la huelga estudiantil de 2017, el trabajo del colectivo docente auto-convocado PROTESTAmos, el periodismo investigativo del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) de Puerto Rico, el trabajo del reconocido economista puertorriqueño José Caraballo Cueto, la investigación de Rima Brusi (“Por una Universidad pública, accesible, feminista,” conferencia inédita dictada en abril de 2019 en la UPR-Río Piedras) sobre los intereses privados que se benefician del debilitamiento de la UPR y la reciente columna “When Disaster Capitalism Comes for the University of Puerto Rico,” de Yarimar Bonilla, Rima Brusi e Isar Godreau.
Un Desgaste
Sin embargo, una medida de austeridad particularmente letal por silenciosa y por su capacidad de producir efectos escalonados de amplio y largo alcance, ha venido imponiéndose, en general, bajo el radar. A tono con la puertorriqueñidad adjunta, cada vez más precarizada, abandonada y dada por muerta, se nos somete hoy al llamado attrition (desgaste). Este vocablo se cuela en el mundo corporativo procedente del militar, en el que se refiere a agotar al enemigo por un continuo ataque a sus fuentes de renovación de soldados, materiales y artillería. En el contexto laboral, según revela cualquier búsqueda rápida, se refiere a reducir gradualmente el tamaño de una fuerza laboral mediante la no renovación de personal perdido a causa de retiro o renuncia. Es decir, muerte lenta, pero segura, parte de la “world risk society” nombrada por Ulrich Beck.
Solo por proveer un ejemplo concreto, el Departamento de Humanidades de la UPR-Recinto de Mayagüez (RUM), en el que laboro como docente sin plaza desde 2013, ha perdido más de 20 plazas docentes regulares durante los últimos 10 años (a razón de dos plazas anuales) como resultado, en su mayoría, de la no sustitución de retiros y renuncias. En el semestre que acaba de comenzar, las 40 posiciones docentes restantes se distribuyen entre 12 docentes sin plaza y 28 con plaza. Estos datos solo se agravarán más en los próximos años, mientras se ejecute el desgaste planificado que se ha consignado explícitamente en el Plan Fiscal Revisado de la UPR. La versión del 5 de abril de 2018 de dicho documento propone volver la eliminación de plazas no solo una medida explícita de “ahorros” y de “adelgazamiento de la estructura administrativa,” sino la más alta de entre todas las categorías. De cinco categorías de personal, el 25 por ciento del desgaste lo sentirá el headcount de temporeros, cada año, durante los próximos tres años, comparado con 0 por ciento en otras dos categorías (“Federal Funds Personnel” y “Faculty Personnel”) y 2 por ciento en las restantes dos categorías (“Faculty-Administrative Personnel” y “Non-Faculty”). En la versión más reciente del Plan Fiscal de la UPR, fechada el 5 de abril de 2019 y reseñada ampliamente en el periódico El Nuevo Día, se indica que “the UPR has experienced a more aggressive attrition ramp up than UPR and FOMB expected,” por lo que “total payroll and related cost is aligned with FOMB” (plantilla 27).
Según datos ofrecidos en abril de 2018 por su director, Eduardo Berríos Torres, al Senado Académico del RUM, el Fideicomiso de Retiro de la UPR proyecta 1,572 plazas eliminadas durante los tres años señalados, acelerando dramáticamente el proceso de supresión de plazas que viene realizándose, como vimos, desde el 2009. Mientras tanto, como documenta el CPI en su reciente investigación “Medidas de la Junta provocan una avalancha de jubilaciones en la UPR,” se registra un aumento dramático en los retiros del Sistema de la UPR, como era previsible –y se ha denunciado públicamente– desde que comenzaran a imponerse las medidas de austeridad de la Junta. Desde la aprobación de PROMESA en 2016, las solicitudes de pensiones en la UPR han aumentado un 53 por ciento, mientras que solo en lo que va de año 2019, sobre 500 personas han solicitado acogerse al retiro “antes que finalice el presente año fiscal el próximo 30 de junio [de 2019].” Al Sistema de Retiro de la UPR se le diseña así la insostenibilidad, pues es virtualmente imposible mantenerse con cada vez más pensiones que cubrir, pero sin las aportaciones del estimado de 37 millones de dólares “ahorrados” en salarios durante la última década y de 73.6 millones de dólares que proyecta “ahorrarse” en salarios de 2019 a 2023 por medio del desgaste planificado.
Por otra parte, como se señala en Cátedra, “la mayoría de las contrataciones temporeras son de mujeres,” lo cual confirma “lo que lxs especialistas llaman la feminización de la pobreza.” Por ejemplo, la muestra que respondió a Perfil y situación laboral de docentes sin plaza en la UPR-RUM (2008-2009 a 2016-2017), estudio preparado por la mesa de trabajo “Lxs sin plaza” del colectivo PROTESTAmos, de la que formé parte, confirma dicha tendencia en el RUM. De 21 personas que contestaron, 14 se identificaron como mujeres, versus siete como hombres. De esas 21 personas, asimismo, 12 indicaron tener la principal responsabilidad económica en su hogar.
De este modo, la juventud profesional, académica e intelectual del país enfrenta ahora un escenario aún más dramático, pues la tendencia de los últimos años en la UPR de aumentar los contratos temporeros en ausencia de convocatorias a plazas regulares se detendrá no porque se invertirá como se debe en condiciones de trabajo dignas y justas, sino porque dejará de contratarse. Serán, pues, despidos de facto. Y si las y los despedidos, criaturas coloniales, miran al norte imperial para migrar en busca de trabajo digno, solo encontrarán los trágicos resultados de un experimento de austeridad en la educación que lleva gestándose en los Estados Unidos desde hace mucho más tiempo, pues es ese, descrito por el Chronicle of Higher Education como un “ticking bomb,” el que pretende imitarse en la UPR.
Mantener Viva la Educación Pública
Por si todo lo anterior fuera poco, en enero de 2019 la Middle States Commission for Higher Education (MSCHE) colocó los 11 recintos de la UPR en probatoria (show cause)—medida que toma la agencia acreditadora cuando la institución acreditada no cumple con alguna o algunas áreas de las políticas de la Comisión—precisamente porque las políticas de austeridad antes señaladas, así como la ineficiencia administrativa en la UPR, atentan contra su capacidad de cumplir con el estándar VI (Planning, Resources, and Institutional Improvement) de la MSCHE. Como parte del proceso para atender la probatoria, entre otras cosas, la agencia acreditadora ha exigido a los Recintos que expliquen cómo podrían continuar su oferta académica y su labor investigativa en vista del desgaste planificado en la fuerza docente. El presidente actual de la UPR, Jorge Haddock, ha insistido en que se contrarrestará el desgaste aumentando en un 30 por ciento las propuestas sometidas para allegar fondos externos. Mas, como argumentan Brusi y Godreau, esa posibilidad, azarosa e incierta de por sí, se vuelve aún más dudosa sin suficientes recursos docentes con plazas regulares para someter propuestas y continuar las labores de investigación que tradicionalmente la UPR ha impulsado. La MSCHE no quedó convencida en marzo de este año, por lo que extendió el estatus de show cause. Aunque eventualmente, en junio, la agencia acreditadora removió al Sistema UPR del show cause, la presidenta de la Comisión, Margaret M. McMenamin, señaló: “The Commission understands that while the institutions are now in compliance, this is not the end but the beginning. The institutions, in collaboration with the system, need to address their sustainability into the future.”
Ante el escenario esbozado, varios grupos hemos liderado desde el 2017 al presente una campaña de investigación, visibilización y movilización sobre las condiciones de las y los docentes sin plaza. Algunos ejemplos de dichos esfuerzos son la creación en 2017 de la Coordinadora Nacional de Docentes sin Plaza (CoNaD); la celebración del Primer Pleno Nacional de Docentes Sin Plaza (26 de mayo de 2017 en Río Piedras); la organización y divulgación de conferencias, comunicados y entrevistas en varios medios de prensa escrita, radial y televisiva (2016-2018); y la investigación y preparación de trabajos analíticos y propuestas concretas para atender la condición sin plaza.
Al mismo tiempo, hemos coordinado múltiples acciones político-activistas, entre las que destacan Cartera pelá: manifestación de docentes sin plaza en UPR-Recinto de Mayagüez y la entrega del Dossier sin plaza al cuadro administrativo del Recinto (junio de 2017), así como la campaña #MásPlazasUPR, con visuales en redes y en varios espacios universitarios. También hemos librado luchas coyunturales por situaciones particulares en los diversos Recintos de la UPR: la oposición a la extensión de contrato sin paga, sin beneficios ni plan médico tras la huelga estudiantil del año 2017 y, luego, tras el paso del huracán María en septiembre de 2017 y la lucha contra despidos injustificados, condiciones humillantes y atropellos institucionales como parte del proceso de contratación.
No obstante, nuestros esfuerzos caen sistemáticamente en los oídos tapiados de los creyentes del fundamentalismo capitalista que hoy arropa al mundo. Si no tenemos éxito en aunar esfuerzos locales e internacionales para frenar el desgaste planificado y el desmantelamiento de la UPR, seguirán apilándose los muertos ante el altar del capital. Seguirá reduciéndose la fuerza laboral docente, que es lo mismo que decir la fuerza intelectual, investigativa y creativa de nuestro país. Una Universidad cada vez más reducida, precarizada, inaccesible para las mayorías y envejecida, ¿podrá cumplir con su misión? ¿Podrá ofrecer enseñanza de calidad? ¿Podrá mantenerse vigente y responder a los inmensos retos del país? ¿Podrá seguir forjando futuros, siendo agente de cambio, ofreciendo de manera protagónica los recursos y los saberes necesarios para la justa recuperación de Puerto Rico tras los huracanes de 2017? ¿Podrá allegar fondos mediante propuestas de investigación? ¿Podrá vincularse con la juventud? ¿Podrá darles razones para quedarse en Puerto Rico?
Por más comprometidas que estemos con el país, con la UPR, con la educación accesible, de calidad y pública y con el bien común, el diseño sanguinario de la austeridad desgasta no solo los números de la fuerza laboral docente, sino la innovación, el mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza, la capacidad de convocatoria y la accesibilidad para la juventud empobrecida del país, la diversificación de nuestros saberes y de nuestra facultad, y el compromiso con la Universidad como proyecto público, más urgente que nunca antes para un pueblo que atraviesa una seria crisis fiscal. Mañana se nos dirá, como ya se la ha dicho a múltiples programas académicos en la UPR, que no somos “pertinentes” para el siglo XXI porque no reclutamos suficiente, graduamos suficiente, publicamos suficiente, atraemos dinero suficiente y toda suerte de carencias que, de intrínsecas, no tienen nada. En el Puerto Rico en bancarrota fiscal—mas no política ni imaginativa, como demostramos este verano—, se nos va la vida en mantener viva la noción de otro futuro posible, que es lo mismo que decir mantener viva la educación pública, reconocida como el bien más preciado de cualquier pueblo e imposible, en última instancia, de mercadear. Esas lecciones, sin duda, nos las enseña la multitud volcada en las calles en el verano de 2019.
Beatriz Llenín Figueroa, Ph.D., es Profesora adjunta en el Departamento de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez.
La versión original de muchos de los contenidos de esta columna fue presentada como parte de la serie de diálogos “¿Qué hacer desde la UPR?: diálogos para la acción,” celebrados en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez, en abril de 2018. La información ha sido actualizada para propósitos de su publicación en NACLA.
