Este artículo fue publicado oringalmente en inglés.
Están en las puertas de los restaurantes de hamburguesas o pizzas. Decenas de ellos revisan sus teléfonos celulares una y otra vez, observando cómo el reloj avanza. Hablan entre ellos, se ríen, se saludan, se despiden. Algunos llevan ahí una hora, otros solo minutos. Hasta que por fin sale el pedido: una bolsa de papel con la comida de alguien. Es el momento de ponerse la mochila y de ejecutar la entrega lo más pronto posible y de hacer lo único por lo cual saben que obtendrán alguna cantidad de dinero: montar en bicicleta o en motocicleta por la ciudad. Y así, una y otra vez.
Cada vez son más las personas que tienen la ciudad en sus bolsillos o lo que deseen y cuando deseen, con solo un clic en el celular. Miles de repartidores y conductores recorren las calles de las ciudades en las que operan las más famosas plataformas digitales: Glovo, UberEats, Deliveroo, Uber, Rappi y la lista puede continuar. Pero, ¿sabemos cuáles son los elementos que le dan la razón de ser a estas plataformas y por los cuales no serían lo que son ahora?
Nunca el poco tiempo de las personas había sido tan rentable para la aparición de un concepto innovador, flexible y dinámico de la economía: la sharing economy, la gig economy o la economía de plataformas, para otros. Se característica por lo que en el Foro de Davos, se reconoció como característica de un proceso mayor: la Cuarta Revolución Industrial.
La Cuarta Revolución Industrial es un gigantesco proceso de cambio global vinculado al desarrollo tecnológico e industrial que se centra en los sistemas ciberfísicos, la robótica, el internet, y la conexión entre dispositivos. Cuyos elementos fundamentales son el surgimiento de las compañías inteligentes que se adaptan, con facilidad, a las necesidades de la producción y una mejora en la eficiencia de los recursos. Al menos, eso es lo que sabemos. El aumento del internet, la robótica y la coordinación cooperativa de las unidades de producción de la economía, la llamada economía circular o colaborativa, es la base sobre la que se sustenta y proyectan las más famosas plataformas digitales.
A estas alturas de la historia, no queda duda que el capitalismo se ha volcado a los datos como una de sus fuentes de capital, para mantener de algún modo, cierto crecimiento económico que ya no obtiene en el alicaído sector de la producción tradicional. Es así que el surgimiento de estas plataformas; generan un nuevo modelo de negocios, capaz de controlar y de extraer una inmensa cantidad de datos. Mientras más información se controle, más valor adquiere este tipo de economía.
En la medida en que se transforman las formas de producción y se creen nuevas tecnologías, también aparecen nuevas formas empresariales y de hacer negocios. Estas transformaciones naturalmente implican cambios en la forma de organizar el trabajo y, en particular, en las relaciones laborales. Así mismo, también hay cambios en el propio desenvolvimiento en el mercado, en nuestras relaciones humanas, en nuestra comunidad. La tendencia son los negocios disruptivos, las ciudades inteligentes, los trabajadores flexibles y las compañías eficientes en términos de austeridad.
Uber, UberEats, Rappi, Cabify, Deliveroo y otras plataformas digitales operan bajo este esquema digital, introduciendo un cambio considerable en las relaciones laborales que, tradicionalmente, conocemos. Es un modelo económico en el que los trabajadores son considerados colaboradores y en algunos casos, trabajadores independientes, sin ningún tipo de compromiso legal, laboral y social de por medio. Pues argumentan que solo son empresas mediadoras para conectar colaboradores, servicio y usuarios. Se sostiene bajo la lógica de la “economía colaborativa”, un concepto que estas empresas han llevado a cabo de manera subliminal como una estrategia dedesarrollo comercial.
La estructura tecnológica de Uber y su modelo de financiamiento se basa en proporcionar la infraestructura digital para intermediar entre diferentes grupos de usuarios. Controlar una plataforma como Uber es ser dueño de software y hardware construidos con material de la “nube”. Con el tiempo pueden desarrollar su propio software, el cual pueden alquilar o incorporarlos a los nuevos servicios a ofrecer o demandas de otras empresas. Tal y como Amazon lo ha venido haciendo. Así mismo, es una estructura con tendencia a deslocalizar y tercerizar el trabajo. Las estimaciones sugieren que alrededor del 30 porciento de la fuerza laboral de los Estados Unidos participa en la “economía compartida”, donde los conductores de Uber, probablemente conforman la mayoría de esos trabajadores.
En estas plataformas no hay un sueldo o salario fijo. De hecho, no hay ni contrato, seguro de salud, horario de trabajo o alguna modalidad de vínculo laboral. Las ganancias que obtiene un repartidor o conductor, dependen del porcentaje que aplican en cada país, incluyendo otros aspectos como la distancia, tiempo llevado durante “horas punta” o las veces que el “colaborador” rechace o acepte las solicitudes.
Tal y como explica el profesor de Economía Digital, Nick Srnicek en su libro Capitalismo de Plataformas, Uber, Glovo, Rappi, Deliveroo, Beat y demás son modelos de plataformas austeras. Caracterizadas por no ser dueñas de los bienes y servicios que ofrecen: Uber no es dueña de los vehículos, ni Glovo de los productos que reparte. Sus ganancias provienen de la hiper-tercerización y descolocación de los trabajadores, sumado al control y obtención de datos.
Lo que no es otra cosa que la aparición de una nueva modalidad de trabajo que emplea a un número, cada vez, mayor de personas, en especial a los más jóvenes. Con bajos niveles de calificación para obtener un trabajo en un mercado laboral cada vez más competitivo. Una nueva modalidad laboral que se sostiene en una innovadora forma de crear trabajo, sin que éstos califiquen como tales y sin que, los que realicen las actividades, no terminen asumiéndose como trabajadores.
Una crisis de precariedad laboral
A la misma vez, en Latinoamérica, el problema de la precariedad laboral es una problemática sin resolver y, por el contrario, las cifras de desempleo, informalidad, subempleo y autoempleo, se han intensificado de manera acelerada durante los últimos 10 años, según informes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Son las realidades de un mundo laboral tradicional donde la figura clásica del contrato ya no existe con la aparición de estas plataformas digitales, ni el salario, ni el despido, ni el seguro social, ni mucho menos los sindicatos, por los cuales, generaciones pretéritas lograron avances importantes para los trabajadores. Es entonces que, trabajar bajo las órdenes de un algoritmo solo agrava de manera sustancial, la situación laboral de quienes recurren a ellas porque no tienen otras opciones de trabajo.
La desocupación y precariedad de jóvenes es una tendencia mundial sobre la que estas empresas se han montado para obtener millonarias ganancias. Un nuevo terreno para el capitalismo de plataformas como un gigantesco negocio de distribución en base a la explotación de cientos de miles de jóvenes. Los jóvenes constituyen el 40 por ciento de la población mundial y casi uno de cada cuatro (21.8 por ciento) no tiene empleo, educación o capacitación; afectando el desarrollo de sus habilidades, la propia capacidad de generarse ingresos y la oportunidad de empleabilidad a largo plazo porque precariza la vida e imposibilita hacer planes a futuro. Cada día que pasa, los jóvenes del mundo entero se enfrentan a una dificultad real, y cada vez mayor, para encontrar un trabajo decente.
En el Perú, estas empresas vienen desplegando una gran campaña publicitaria, que tiene como fin convencer a los jóvenes de ser colaboradores o emprendedores con oficinas en las calles, despachos en las aceras y seleccionadores de clientes por el celular. Cuando en realidad son trabajadores en el margen.
Esta nueva variable de la economía, tiene como motor fundamental la masificación del uso de celulares, internet y las plataformas socio-digitales. En el Perú, cuatro de cada 10 peruanos usa teléfonos inteligentes y siete de cada 10, acceden a internet. Combinando estos avances tecnológicos, con el creciente peso de los servicios en la vida de las grandes ciudades y la existencia de cientos de millones de jóvenes desocupados y precarizados, nos lleva a una situación favorable para acentuar un gran nicho comercial. Y al no existir reglas claras de competencia o un piso común que reconozca variedad y complejidad de relaciones y actividades que derivan en la generación de bienes y servicios, las tensiones inherentes a la economía contemporánea capitalista, termina otorgando ventajas a unos pocos.
Como diría el Doctor en Economía, Luiz Bresser Pereira, estamos sumergidos en un verdadero asalto al estado y al mercado. Añadiría que al lenguaje también. Con la implantación de la teoría económica neoliberal, en América Latina, los sindicatos se vieron enfrentados a un asalto a gran escala y fueron eventualmente, quebrados; sufrieron nuevas trabas, incluso legales y la desaparición de varias industrias provocó una dramática caída en la cantidad de afiliados. En el Perú, la Constitución Política de 1993, abrió las puertas a la liberalización del despido, la flexibilización laboral y la privatización de las principales empresas del Estado, lo que causó la reducción del número de trabajadores sindicalizados, debilitamiento y estancamiento del movimiento sindical en general.
Estas medidas, en Perú, han reducido la presencia programática y política—de los sindicatos—a tan solo reivindicaciones económicas específicas. En un escenario así, el sector empresarial más conservador aprovechó para reducir los salarios, la seguridad social, marginar la presencia del estado en el mercado y empezar a subcontratar o tercerizar cada vez más. También emplearon campañas mediáticas de desprestigio y criminalización de la protesta sindical.
Esto ha significado un cambio importante en el perfil de la clase trabajadora: hoy, la clase como tal tiende a dividirse cada vez más entre una minoría altamente calificada, contratada regularmente con salarios y beneficios sociales, y una mayoría compuesta por trabajadores informales y los que trabajan en condiciones atípicas: trabajo de duración determinada, trabajo a tiempo parcial, trabajo obtenido a través de agencias de empleo temporal y el trabajo autónomo.
A estos dos grupos se suma un sector significativo de excluidos, que sobrevive al margen del sistema, aquellos que ni estudian ni trabajan, enfermos, los “sin techo”, personas con discapacidades, los migrantes y todos aquellos con quienes el mito del desarrollo no se ha materializado. Es una modalidad de trabajo que, diversas notas periodísticas y estudios académicos, señalan que esconde condiciones laborales que bordean con las prácticas de esclavitud laboral en un mundo moderno.
Estas plataformas mencionan que los repartidores o conductores son emprendedores independientes, que tienen la posibilidad de tener mayores ingresos, que son sus propios jefes sin horario fijo y sin que exista una relación de subordinación o exigencia de resultados. Sin embargo, en la vida real sucede todo lo contrario: se trabaja más de ocho horas diarias para lograr acceder a una cantidad de dinero que les permita subsistir (en gran medida, por debajo del salario mínimo), son expuestos a calificaciones y de acuerdo a ello, algorítmicamente, se les otorga más pedidos o no. En caso de comenzar a rechazar los pedidos, el trabajador empieza a recibir menos solicitudes hasta que es suspendido de forma temporal o definitiva de la plataforma.
La OIT ya considera que estos modelos de empleo contribuyen a la precariedad laboral de los países donde estas prácticas están permitidas. Alerta a que, de no atenderse esta problemática, las generaciones futuras estarán conformadas por jornaleros digitales, con consecuencias como poco acceso a la seguridad social, presión a la baja de los salarios mínimos, perpetuo riesgo de exclusión social, cambio en las relaciones entre trabajo y sociedad, afectando considerablemente los elementos de cohesión social, entre otros aspectos.
Es una transformación cada vez más acelerada, en la que no todo el mundo percibe al mismo tiempo, los cambios. Mientras que, en Estados Unidos, Alemania, y China, ya han entrado a otra etapa de la revolución tecnológica, en América Latina y en otras regiones en vías de desarrollo, nos encontramos en los albores de una Cuarta Revolución Industrial que viene alterando nuestra forma de vivir, trabajar y relacionarnos en comunidad. Entendiendo este proceso, no por un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital.
Desafiando a los Gigantes de las Plataformas
A pesar de explotar un escenario complejo para el mundo laboral, tanto Uber como Glovo vienen afrontando batallas legales, sanciones económicas y la prohibición de ingresar a algunos países. En el 2013, tres conductores en San Francisco, Estados Unidos demandaron a Uber, solicitando se les reconozca como trabajadores a los que la empresa no otorgaba ningún tipo de beneficio, incluso el reconocimiento de vínculo laboral. Uber zanjó su litigio con la ciudad por $20 millones, pero no cambió el estatus de los trabajadores. El estado de California recientemente introdujo una propuesta para definir los contratores de Uber como empleados.
Lo que significó una victoria colectiva para los trabajadores demandantes, así mismo se desbarató uno de los argumentos más sólidos de este tipo de empresas: considerarlos trabajadores autónomos. También ha servido de mensaje y estímulo para que, en países como Argentina o España, los trabajadores obtengan resultados similares a sus demandas.
En el 2017, Uber vuelve a perder un juicio ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que sentencia que es un servicio de transporte y no una plataforma digital colaborativa e impide que siga operando bajo esa modalidad a través de vender su información tecnolóogiíca. Y en mayo de este año, en Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y otros lugares, miles de conductores demandaban un aumento de las tarifas dos días antes de que Uber cotizó en la Bolsa de Valores.
En el 2018, la plataforma digital Glovo afrontó uno de los momentos más tensos en las ciudades de Valladolid, Zaragoza, Madrid, y Barcelona en España. Donde miles de “colaboradores” dejaron de trabajar durante las horas de alta demanda. En abril de este año, la Unión General de Trabajadores (UGT) logró obtener, en Madrid, tres nuevas sentencias favorables para los trabajadores al considerar la existencia de un vínculo laboral con la plataforma. Glovo sigue lamentándose de la judicialización de sus casos y viene abogando por una regulación similar a la de Francia o Reino Unido que permiten establecer el marco que definirá la relación entre las plataformas y los trabajadores autónomos.
Uber pasó de ser rechazada por el Centro de Propietarios (CPATU) de Montevideo, al ser denunciada por competencia desleal. Meses después del inicio de las operaciones de Uber (febrero del 2017), una encuesta de Equipos Consultores señalaba que el 79 por ciento de los montevideanos encuestados consideraba que Uber debería haber tenido autorización municipal previa a comenzar a operar y el 70 por ciento señaló que la intendencia debería dialogar con la empresa para que siga funcionando, pero de manera regulada. El presidente de la República, Tabaré Vázquez, se refirió al tema y dijo que “si Uber quiere trabajar en Uruguay” debe cumplir “con la normativa”.
En agosto del 2018, el gobierno de Costa Rica declaró informal a Uber. En enero del 2019, el gobierno presentó el proyecto de ley titulada “Proyecto de Reforma al Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas de Plataformas Tecnológicas de Transportes” para que la plataforma de transporte compita con taxis nacionales en igualdad de condiciones. A los esfuerzos e iniciativas por regular el actuar de estas plataformas, se suma, Chile, Colombia y Brasil.
En Argentina, se ha conformado el primer sindicato de trabajadores de aplicaciones digitales del continente: la Asociación de Personal de Plataformas (APP), un sindicato que busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas en el marco de las nuevas plataformas digitales. A raíz del paro que protagonizaron los repartidores de Rappi en julio del 2018, los trabajadores comenzaron a reunirse y a discutir cómo mejorar sus condiciones de trabajo.
En Chile, se han presentado dos propuestas legislativas en la Cámara de Diputados, para intentar regular y otorgar vínculo laboral existente entre estas empresas y los miles de jóvenes que ponen sus recursos (motos, bicicletas, vehículos, celulares, combustible, etc.), fuerza de trabajo y tiempo. La campaña iniciada por el diputado Gabriel Boric, denominada “Mi jefe es una app y me explota”, espera otorgarle ciertas garantías, asociadas a la seguridad social, a estos trabajadores.
En el Perú se han presentado, desde el año 2017 hasta la actualidad, ocho propuestas legislativas ante el Congreso de la República, que intentan regular el servicio que ofrecen las plataformas como Uber, Beat, Cabify y las que intentar reconocer y establecer un vínculo laboral entre estas plataformas y los trabajadores. Especialmente, el presentado por el congresista Manuel Dammert propone que estos trabajadores ganen un salario mínimo, tengan derecho a un contrato en el que se deberá consignar la fecha de inicio, los datos del trabajador y la empresa, el tipo de contrato que se celebra, las condiciones bajo las que se realiza los servicios, el monto y periodo del pago de la remuneración, la duración de la jornada laboral y el lugar de trabajo.
El debate sobre el futuro del trabajo está cobrando creciente interés a nivel global, tanto en el mundo académico como en el político. En muchos casos, la discusión va revelando una gran preocupación sobre el efecto de estos cambios en el volumen, naturaleza y calidad de los empleos que se están generando y que se generarán en el futuro, así como en las nuevas relaciones laborales que se están produciendo y que conviven con nosotros en medio de una notable orfandad de vacíos legales, normativas fiscales, fiscalización laboral. Y una ausencia de herramientas de análisis, medición y, por ende, significa también una ausencia de políticas sociales; principalmente públicas.
En cuanto más sepamos de cuántas personas en el mundo, trabajan bajo esta modalidad, cuánto tiempo vienen haciéndolo y qué servicios básicos pueden cubrir, se podrá brindar propuestas óptimas. El trabajo y su evolución merece una atención especial, pues se trata de personas intercambiando su libertad por un pago correspondiente y su protección no debe quedar relegada a la posibilidad que cada uno de ellos, pueda cubrir.
Mientras el estado no resuelva este problema de manera efectiva, estaría privando a un segmento importante de la población, del ejercicio efectivo de los derechos reconocidos a todo trabajador y trabajadora por sus propias normativas nacionales y de los convenios internacionales suscritos para cada realidad. Todo esto conduce a la conclusión de que se deben llevar a cabo acciones inmediatas con el fin de mejorar y, en muchos casos, proteger a los trabajadores en el futuro (ya presente).
Esta discusión no debe perder de vista que ningún futuro es viable sin trabajo, y particularmente, sin trabajo decente que permite el desarrollo personal y laboral de los trabajadores y sus familias. Sino gran parte de la población estará condenada a aceptar bajos salarios y trabajos precarios, donde lo que menos importa es la calidad del empleo, sino más bien, lo que se pueda obtener para sobrevivir.
Alejandra Dinegro Martínez es Socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y actualmente maestranda de Política Social. Es articulista y analista política de diversos espacios académicos y de prensa nacional como Diario Uno, de Lima, Perú. También es autora de los libros “Pulpines y el trabajo digno: Crónica de una lucha victoriosa” y “Revalorizando la gestión social de los comedores populares: casos de Lima Norte”.
