Ecuador vive días de intensa protesta y movilización social, luego de que el gobierno decretó la elevación de los precios de los combustibles, continuando con la aplicación de las políticas contempladas en el acuerdo suscrito con el Fondo Monetario Internacional en febrero 2019. En consecuencia la economía entró en recesión, con pérdida de empleos y aumento de la pobreza, mientras las grandes empresas y grupos económicas han recibido amplios beneficios.
El gobierno del Presidente Lenin Moreno ha venido aplicando políticas de ajuste del gasto y de la inversión pública, en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) suscrito con el Fondo Monetario Internacional en febrero del 2019, políticas que han afectado a las clases medias y a las clases populares, empujándolas hacia la pobreza y la miseria, mientras han beneficiado a empresas trasnacionales, a los bancos y los grandes grupos económicos en general. Moreno acordó en negociaciones con los grupos indígenas derrogar la eliminación de los subsidios a la gasolina, pero el espiritu del movimiento también representa mucho más.
En el marco de las negociaciones con el FMI, el actual gobierno dictó una ley, denominada “Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal”, vigente desde agosto del 2018, mediante la cual se reinstauró en el país la política neoliberal para la reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, colocadas como prioridades nacionales.
A la fecha en que entró en vigencia dicha Ley, el sector privado debía al Estado, solamente por impuestos no pagados al SRI—$ 4.291,1 millones de dólares—sin considerar intereses-, cifra superior al monto del crédito aprobado por el FMI; luego del acuerdo suscrito con dicho organismo -4.200 millones de dólares- crédito cuyos desembolsos se irán realizando en cuotas, luego de la evaluación del cumplimiento por parte del país de las condiciones que dicho organismo impone.
La lista de grandes beneficiarios de la remisión estuvo encabezada por empresas petroleras y de energía, empresas trasnacionales telefónicas, varios bancos privados, y Odebrecht. Alex Bravo, ex gerente de Petroecuador, poseedor de cuentas en Paraísos Fiscales, actualmente en prisión, y se le perdonarían 3.9 millones. Igualmente cabe recordar que los actos de corrupción asociados con operaciones de la empresa Odebrecht, así como con sus cómplices y beneficiarios aún no han sido juzgados en el Ecuador, lo que marca una diferencia flagrante con lo que ocurre, por ejemplo en el Perú.
Luego de la aplicación de las remisiones, el Servicio de Rentas Internas (SRI) reportó que las recaudaciones ascendieron a 1250 millones de dólares, pero no explicó qué pasó con los más de 3.000 millones restantes, cifra que duplica el monto que el gobierno estima recaudará por los subsidios a los combustibles, gasolina extra y diésel eliminados desde el 1 de octubre 2019: 1.300 millones de dólares.
Se desconoce el monto al que ascendieron el resto de remisiones contempladas en la mencionada ley con otras instancias públicas. Tampoco se cuenta con información sobre el monto al que habría ascendido el sacrificio fiscal por las exoneraciones de impuestos contempladas en la misma Ley, lo que evidencia la absoluta falta de transparencia que caracterizó a la aprobación de dicho cuerpo legal y de sus reales alcances.
La Asamblea aprobó esta Ley sin siquiera solicitar esa información mínima, con los votos de Alianza País—movimiento formado por el ex presidente Rafael Correa, luego de que se retiraron los partidarios de Correa y se quedó la fracción de asambleístas morenistas—y el Partido Socialcristiano.
Mientras los grupos económicos más poderosos del país se beneficiaron de remisiones y exoneraciones tributarias, el actual gobierno ha venido tomando medidas para financiar el déficit fiscal, en el marco del acuerdo suscrito con el FMI, que afectan a la clase media y a los sectores populares.
El "Paquetazo"
En el Memorando de Políticas Económicas y Financieras se detalla el “programa de políticas públicas para los próximos tres años”, que incluye metas de reducción del déficit fiscal y de la deuda pública, mucho más drásticas que las metas acordadas por el FMI con Argentina.
Para reducir el peso de la deuda pública y del déficit fiscal, en el marco del acuerdo con el FMI, el gobierno ha venido aplicando medidas para reducir el gasto público y la inversión pública, despidiendo empleados públicos, eliminando subsidios y reduciendo la inversión pública de una manera drástica.
El último paquete de medidas anunciado por el Presidente Moreno, el 1 de octubre 2019, incluyó la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel, cuyos precios se incrementarían en 24 por ciento, en el caso de la gasolina extra, mientras el precio del diésel Premium se incrementaría en 119 por ciento. Con esta medida, el gobierno espera recaudar 1.300 millones de dólares en un año.
Además de la eliminación de los subsidios a estos combustibles, las medidas anunciadas incluyeron un amplio paquete de nuevas reducciones arancelarias, un recorte de impuestos, y una reducción de contratos de empleados públicos.
Pero la medida de mayor impacto sobre el ingreso de los sectores más empobrecidos, constituye la eliminación de los subsidios a los combustibles, en condiciones en que los ecuatorianos ya veníamos afectados por el estancamiento económico y la competencia de productos importados, sobre todo procedentes de los vecinos países Colombia y Perú, cuyas monedas se han devaluado en los últimos meses. Las provincias fronterizas, en particular la provincia de El Carchi, fronteriza con Colombia, venía reclamando medidas de apoyo por parte del gobierno para superar una profunda crisis económica, recurriendo incluso a medidas de hecho.
La reacción social frente al “paquetazo,” fue inmediata, en particular por parte de los sectores organizados: transportistas, movimiento indígena, organizaciones de trabajadores y organizaciones sociales en general.
El acuerdo con el FMI contempla también, los siguientes elementos el traspaso de negocios rentables desde el Estado ecuatoriano al sector privado, el ingreso del Ecuador a la Alianza del Pacífico, reformas laborales, y liberalización financiera.
Mientras tanto el gasto del gobierno en Desarrollo Agropecuario, en los primeros seis meses del 2019, ha ascendido apenas a 53 millones de dólares, lo que significa que en el año completo, la cifra bordearía los 106 millones de dólares. Esta cifra equivale a la cuarta parte de los 422 millones de dólares que el sistema financiero obtiene por cada 1 por ciento de los intereses que cobra.
El sector agropecuario es muy importante como fuente de generación de empleo. El 28.3 por ciento de la población ocupada, se encuentra en este sector."
En el Ecuador está pendiente una profunda reforma financiera, con una drástica reducción de las tasas de interés vigentes, tasas que en todas partes del mundo se reducen cuando se quiere estimular la reactivación productiva.
Las políticas implementadas por el gobierno, en el marco del acuerdo con el FMI, han provocado el estancamiento de la economía. El propio FMI prevé un decrecimiento del PIB de -0.5 por ciento en el año 2019. El desempleo ha continuado en ascenso—apenas el 37.9 por ciento de población económicamente activa, en situación de empleo adecuado. La incidencia de pobreza ha crecido, pasando de afectar al 35.3 por ciento de la población en diciembre 2014 , al 43.8 por ciento a junio 2019, esto es dos millones adicionales de pobres, ascendiendo a 7.6 millones de ecuatorianos en condición de pobreza, de una población total de 17.3 millones de habitantes. Las políticas del FMI, continúan orientadas a favorecer los intereses de los países acreedores de la deuda pública.
Las políticas aplicadas en el marco de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no resuelven las crisis fiscales, sino que las agudizan, forzando a las privatizaciones y a la apertura al capital extranjero, mientras profundizan los problemas estructurales de los países en los que intervienen: precarización del mercado laboral, aumento de la pobreza y de la indigencia, mayor concentración del ingreso, desindustrialización y reprimarización de la economía, promoviendo el extractivismo de amplios efectos nocivos sobre el medio ambiente y deterioro de las condiciones de vida de los pueblos donde se aplican sus políticas.
La principal demanda del pueblo movilizado es la derogatoria del decreto que aumenta los precios de los combustibles. Antes de que finalmente acordara a esta demanda, el gobierno ha respondido endureciendo su posición, y decretando Estado de Excepción, suspendiendo derechos y garantías por treinta días, escalando los niveles de represión y acusando a los pueblos indígenas de actos vandálicos ocasionados por infiltrados, según denuncias de dirigentes indígenas.
Wilma Salgado es doctora en economía, analista económica, ex ministra de finanzas, ex gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, ex profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, ex funcionaria del Banco Central del Ecuador. Articulista de la Revista Ecuador Debate.
