Este articulo fue publicado originalmente en inglés en The Abusable Past.
El viernes 25 de octubre, 2019, cerca de 1.5 millones de personas se congregaron en la principal arteria de Santiago para defender la democracia. En un país con sólo 18 millones de habitantes, esta manifestación fue la más grande de la historia de Chile y, proporcionalmente, del mundo entero. La marcha tuvo lugar después de una semana de manifestaciones a lo largo de todo el país en protesta contra la declaración de Estado de Emergencia y el despliegue de las fuerzas armadas para acabar con los incendios y saqueos, que comenzaron el 17 de octubre en respuesta al aumento de la tarifa del metro. Por primera vez desde el fin de la dictadura militar del general Augusto Pinochet (1973-1990), un gobierno democrático recurría a los militares para reprimir una protesta civil. Para los chilenos, la imposición del toque de queda recordó los peores días de la dictadura. Al declarar que “estamos en guerra contra un poderoso enemigo”, Sebastián Piñera repitió las palabras del propio general Pinochet tras el 11 de septiembre de 1973 de que Chile estaba en “guerra” contra “el enemigo marxista”. Más grave han sido las detenciones masivas de manifestantes, el uso extensivo de balines de goma e incluso de munición de guerra, y los documentados casos de torturas, incluyendo abusos sexuales. Los diez días de Estado de Emergencia resultaron en 4.000 detenidos, 1.000 personas heridas (disparos preferentemente), 20 muertos, y más de 800 denuncias formales de violaciones a los derechos humanos.
Esto no fue un golpe militar ni una repetición del 11 de septiembre de 1973, sino un cuestionamiento profundo al tipo de democracia que ha existido en Chile desde 1990. Esta vez los militares fueron convocados por un presidente democráticamente electo (Piñera), no actuaron por iniciativa propia en contra de un presidente elegido democráticamente (Allende). Desde un comienzo, la ciudadanía impugnó la implementación del Estado de Emergencia y lo calificó como una extralimitación del gobierno, movilizándose para proteger los derechos civiles (Una de las razones por las que existen detallados informes de abusos de derechos humanos es que ahora se cuenta con procesos legales formales para registrar e investigar dichas denuncias; varios militares y policías han sido formalmente acusados). La democracia chilena demostró su fuerza más que su fragilidad cuando las protestas, intensas pero inmensamente pacificas, se extendieron por todo Chile—barrios de clase media, populares e incluso de clase alta—para condenar la acción del gobierno y redefinir el debate político. Pancartas y rayados que proclamaban “¡No estamos en Guerra! ¡Chile Despertó!” y “No es por 30 pesos, pero por 30 años!” demuestran la legitimidad del descontento popular contra las falencias de los últimos 30 años de gobierno democrático. Cada noche de toque de queda, la gente se asomó a las ventanas y veredas para golpear cacerolas, una forma tradicional de protesta conocida como cacerolazos. El simbolismo de los cacerolazos como forma de protesta contra la presencia de los militares en las calles fue evidente. Pinochet siempre destacó que las mujeres habían organizado grandes cacerolazos contra el gobierno de Allende y, a través de estas protestas, “implorar[on] la intervención de las instituciones uniformadas” para salvar al país. Ahora, los cacerolazos surgieron para defender la democracia y responsabilizar al sistema político de sus fracasos.
La indignación que existe hoy en Chile es resultado, en parte, del legado histórico de la dictadura y la oposición de las clases políticas a resolver estos problemas. Efectivamente las protestas son sobre los últimos “30 años” de gobierno democrático, pero, también sobre los 17 años de una dictadura militar que estableció los términos bajo los cuales se construiría esa democracia. Una de las herencias más importantes es el sistema económico. Bajo Pinochet, Chile se convirtió en la economía más privatizada del mundo. Lo que se llama ahora comúnmente “globalización capitalista” o “neoliberalismo” sucedió primero y con mayor profundidad a escala nacional en el Chile autoritario. A partir de mediados de la década de 1970, se vendieron las empresas públicas y se eliminaron las protecciones a la industria nacional y la agricultura. El Estado Bienestar quedó en ruinas cuando se privatizó la educación, salud, vivienda, seguridad social, y el sistema de pensiones. En los últimos 30 años, los gobiernos (en general coaliciones de centro-izquierda) han mantenido prácticamente intacto este sistema híper-privatizado y con mínimas regulaciones estatales. Como resultado, unos pocos grupos económicos y empresas extranjeras concentran la riqueza y mantienen un control monopólico de la electricidad, telecomunicaciones, agua, y gas. Incluso la minería del cobre, uno de los sectores que no fue privatizado bajo Pinochet, está siendo subcontratada cada vez más a empresas multinacionales. Hoy en día, la mayoría de los chilenos financian sus fondos de pensiones y seguros de salud a través de cuentas de ahorro individuales que son administradas por fondos privados (AFP e ISAPRES), pero ni los empleadores ni el Estado contribuyen financieramente. Las autopistas, los puertos, los parques, el transporte, y gran parte del sistema de educación escolar no son completamente públicos, sino que están en manos de privados o son administrados por privados y resultan altamente costosas para la población. El detonador de las protestas del pasado mes de octubre fue el aumento del pasaje del metro porque casi la mitad de la población de Santiago gasta el 10 % o más de sus ingresos en “transporte público”.
La imagen internacional del Chile del siglo XXI como un “oasis de prosperidad” se construyó sobre la antigua premisa de que la dictadura creó un “milagro económico” que distingue la modernidad Chilena del caos de otras naciones Latinoamericanas. Esta exageración chauvinista oscurece una realidad mucho más compleja, marcada por profundas desigualdades y la destrucción sistemática del sector público. No es que “nada ha[ya] cambiado” en Chile desde el fin de la dictadura. Cuando Pinochet abandonó el poder, casi la mitad de la población vivía en condiciones de extrema pobreza; hoy menos del 20 % vive por debajo de la línea de pobreza y menos del 10 % en condiciones de extrema pobreza. Tanto en el campo como en la ciudad, las clases populares, incluyendo a la mayoría de los pueblos originarios, tienen mejor acceso a la alimentación, la vivienda, la educación y la salud que durante los años de la dictadura y sus hijos tienen, en general, mejores empleos. Estos avances se deben, en parte, a las políticas sociales implementadas por los gobiernos democráticas. Sin embargo, estas políticas se han enfocado fundamentalmente en aumentar los salarios y expandir el crédito para que la población pueda satisfacer sus necesidades sociales a través de los mecanismos de mercado existentes. Es más, las políticas sociales no han contribuido a frenar la desigualdad ni a crear una red de seguridad social pública. Actualmente Chile gasta menos dinero por ciudadano en beneficios o servicios públicos que cualquier otro país miembro de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que reúne a las democracias capitalistas) y ocupa uno de los últimos lugares en el mundo en cuanto a distribución del ingreso.
La otra herencia importante que dejó la dictadura es de carácter político. La constitución vigente fue escrita y promulgada por los militares en 1980 con el propósito explícito de institucionalizar el modelo económico del régimen y destruir el poder histórico de los partidos políticos de izquierda y del movimiento sindical. La constitución continúa vigente. Aceptar la constitución fue una condición para el retorno a la democracia a fines de la década de 1980. Las fuerzas democráticas utilizaron el plebiscito que estipulaba la constitución—plebiscito que buscaba extender el régimen militar—para derrotar a Pinochet y convocar a elecciones libres. Pero la constitución de 1980 definió los términos para elegir el Congreso Nacional y garantizó que los militares y los partidos políticos de derecha tuviesen una participación desproporcionada en el poder legislativo y, de esta forma, pudiesen fácilmente bloquear las reformas. A lo largo de los últimos 30 años, muchos de los aspectos mas anti-democráticos de la constitución han sido reformados o abolidos; pero, la constitución todavía limita el poder del Congreso y autoriza fácilmente la suspensión de los derechos civiles a través del Estado de Sitio y el Estado de Emergencia, como lo hizo Piñera el pasado mes de octubre. Quizás una de las peores y más profundas consecuencias de la constitución de 1980 ha sido la pérdida sostenida de la confianza pública en el sistema político y en la capacidad de sus representantes de aprobar leyes que respondan a las demandas de la población. Solo el 46 % de los chilenos votó en las últimas elecciones, y solo lo hizo un tercio de los jóvenes menores de 30 años. Con contadas excepciones, la mayoría de los partidos políticos están dirigidos por camarillas internas que han hecho poco por expandir y empoderar a nuevas generaciones de dirigentes.
Los chilenos están cansados de la política electoral, pero no son políticamente apáticos. El descontento popular no es novedad. Si bien el tamaño de la protesta de octubre de 2019 sorprendió a la comunidad internacional, las movilizaciones masivas y las condenas a la desigualdad tienen raíces profundas en la cultura política chilena y han adquirido mayor visibilidad durante la última década. Entre el año 2006 y el 2012, estudiantes de escuela secundaria y universitarios protagonizaron protestas multitudinarias a lo largo del país contra la privatización de la educación pública y el sistema de crédito universitario. Durante la “revolución pingüina” (en alusión al uniforme blanco y negro de los escolares), ciento de miles de jóvenes se movilizaron y ocuparon recintos educacionales, logrando que el primer gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010) aprobara algunas reformas para reducir los costos de la educación (no es casualidad, entonces, que los estudiantes comenzaran las protestas en octubre). En mayo de 2018, cientos de miles de mujeres, activistas LGBT, y simpatizantes ocuparon las calles de Santiago y las principales universidades para protestar contra la violencia y acoso sexual y exigir la legalización del aborto. Mujeres de torso desnudo con pasamontañas (un giño a las Pussy Riot de Rusia) ocuparon el campus de la conservadora Universidad Católica por primera vez desde las protestas contra Pinochet. En el sur, las comunidades Mapuche continúan luchando contra la presencia de las empresas forestales en tierras indígenas, condenan el uso de leyes de la época de la dictadura para reprimirlos y exigen que el Estado reconozca los derechos a la autonomía de los pueblos originarios. La bandera multicolor Mapuche, con un cultrún (tambor tradicional mapuche) que representa la tierra, ahora flamea junto a la bandera chilena en todas las protestas y marchas, y es especialmente importante para el movimiento ambientalista.
El debate sobre el significado de la democracia no solo va a continuar, sino que también va a abrir oportunidades para cambios significativos. Frente a la masividad de las protestas y la atención internacional que éstas han recibido, es difícil que los dirigentes políticos vuelvan tranquilamente a sus actividades habituales o continúen transmitiendo al mundo una imagen de prosperidad. Reconociendo esta imposibilidad, Piñera canceló la organización del Foro Asia Pacífico (APEC, noviembre 2019) y la cumbre de Naciones Unidas sobre la Acción Climática (diciembre 2019), dos reuniones que buscaban robustecer la imagen internacional del país. Chile se destacaría mejor como líder mundial si sus representantes y partidos políticos demostraran que pueden responder a las demandas de la ciudadanía de una mayor equidad y de profundas reformas estructurales. Ya se han presentado algunos proyectos de ley para aumentar las pensiones solidarias y los impuestos y garantizar un ingreso mínimo mensual. Además, parte del congreso apoya la idea de convocar a una Asamblea Constituyente, la cual escribiría una nueva constitución que finalmente reemplazaría a aquella escrita por la dictadura. La sociedad civil está más activa que nunca, se discuten diferentes proyectos políticos, hay expresiones creativas de solidaridad, hay indignación pero también esperanza. Es una oportunidad para que la democracia funcione.
Traducción por Angela Vergara.
Heidi Tinsman es profesora de historia en la Universidad de California, Irvine y es miembro del RHR Editorial Collective. Ha publicado Buying into the Regime: Consumption and Grapes in Cold War Chile and the United States (Duke, 2014; Se compraron el modelo. Consumo, uva y la dinámica internacional: Estados Unidos y Chile durante la Guerra Fría, Editorial Universidad Alberto Hurtado, 2016) y Partners in Conflict: The Politics of Gender, Sexuality, and Labor in the Chilean Agrarian Reform, 1950-1973, (Duke, 2002; La tierra para el que la trabaja: género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena, LOM, 2009), y co-editora de Radical History Review núm. 124, The Other 9/11: Chile, 1973: Memory, Resistance, and Democratization (Winter, 2016).
Angela Vergara es profesora de historia en California State University Los Angeles. Es autora de Copper Workers, International Business, and Domestic Politics in Cold War Chile (2008) y co-editora de Company Towns in the Americas (2011) y de Radical History Review, núm. 124, The Other 9/11: Chile 1973 – Memory, Resistance and Democratization (2016)
