Este articulo fue publicado originalmente en ingles en la edición impresa de NACLA.
Dos edificios colapsaron en la comunidad de Muzema, Rio de Janeiro, matando 24 personas en abril de este año como resultado de las fuertes lluvias que golpearon a Rio durante el verano. Otros dieciséis edificios de características similares están con peligro de derrumbe. El gobierno municipal se ha debatido entre el desalojo, la demolición, y un peligroso status quo debido al recurso de amparo presentado por los habitantes del complejo para evitar su remoción. Las muertes, el daño material, y el caos generalizado en la ciudad como consecuencia de las tormentas dejaron en evidencia la desidia de los gobiernos municipal, estatal y federal y la falta de políticas urbanas y de viviendas consistentes, sobre todo para los sectores más pobres de la ciudad.
La tragedia de Muzema, sin embargo, no fue el resultado de causas naturales: fue el producto del accionar de las milicias de Rio de Janeiro, sus prácticas urbanas y sus negocios inmobiliarios. Muzema es una favela localizada en la zona Oeste de Rio, una región bajo el control territorial de las milicias—grupos paraestatales compuestos por policías, bomberos militares, guardias penitenciarios activos o retirados que ejercen su dominio sobre comunidades pobres. Las milicias están en pleno proceso de expansión y ya han tomado gran parte de las favelas de la ciudad. Son autoritarias, someten a las asociaciones vecinales y reprimen el disenso a través de la intimidación y el asesinato. Basan su legitimidad en la seguridad que ofrecen a sus residentes, especialmente frente al tráfico de drogas y al crimen. Sus negocios incluyen, además de la venta de servicios de “protección”, el comercio de cilindros de gas, TV por cable e internet, transporte de pasajeros, y la actividad inmobiliaria, entre otros. El control territorial les provee un caudal de votantes que les ha permitido elegir representantes en todos los niveles del poder ejecutivo del gobierno municipal, estatal y nacional, institucionalizando su poder y garantizando su impunidad.
Investigaciones policiales han vinculado a miembros de las milicias con el brutal asesinato de Marielle Franco junto con su chofer Anderson Gomes en marzo de 2018. Al momento de su muerte, la concejal y activista negra y LGTB de origen favelada, investigaba las prácticas milicianas en las favelas y sus conexiones con políticos y miembros del gobierno. Entre los sospechosos por el crimen se encuentran milicianos relacionados directamente a la familia del presidente Jair Bolsonaro demostrando el vínculo entre ambas partes.
Rio de Janeiro es hoy un caso de radicalismo distópico: las milicias avanzan violenta e impunemente sobre el espacio urbano y la vida cotidiana de los cariocas, y forman parte de las estructuras del estado al nivel municipal, estatal y federal, amenazando seriamente la vida democrática del país. A diferencia de otras ciudades en donde los movimientos sociales urbanos o la gestión de gobiernos municipales del Partido de los Trabajadores (PT) lograron reformas progresistas e inspiraron a radical scholars como David Harvey or James Holston para desarrollar los conceptos de rebel cities e insurgent citizenships, éste no fue el caso en Rio de Janeiro. La violencia urbana y el crimen fueron los ejes centrales que organizaron los debates públicos sobre la ciudad en donde la izquierda no tuvo siempre un peso decisivo ni transformador.
Las milicias: historia e desarrollo
La organización de grupos parapoliciales en Rio comienza hacia fines de los años 1950s con la creación del denominado “Grupo de Diligências Especiais” por iniciativa del jefe de policía de la entonces capital del Brasil, cuya misión principal fue la ejecución de criminales. Conocidos como “Esquadrões da Morte,” estos grupos formados por policías activos y retirados, se extendieron por la Baixada Fluminense, en la periferia carioca, un área que creció vertiginosamente a partir del loteamiento de tierras (en muchos casos de dudoso origen) a medida que migrantes llegados del interior no accedían a la vivienda en zonas más centrales de la ciudad.
Como analiza el sociólogo Michel Misse, estos grupos de exterminio, conocidos como policia mineira cobraban por protección a comerciantes y pequeños empresarios y realizaban asesinatos por encargo. Ya contaban por entonces con vínculos con líderes comunitarios y políticos, como Tenório Cavalcanti, el famoso caudillo de la Baixada, el “hombre de la capa negra” (se decía que escondía en su abrigo una ametralladora alemana a la que llamaba Lurdinha).
En su libro de 2003, Dos barões ao extermínio: uma história da violência na Baixada Fluminense, el sociologo Jose Claudio Souza Alves explica que la anulación del estado de derecho y el avance del terrorismo de estado durante la dictadura militar (1964-1985) permitieron la consolidación de los escuadrones de la muerte vinculados con la policía militar (creada en 1967). Se extendieron, así, las relaciones con otro líderes civiles y políticos quienes pasarían a ocupar cargos en la estructura del estado con el retorno a la democracia.
Las milicias actuales surgieron basadas en este modelo, ejerciendo un férreo control militar y territorial sobre las favelas ubicadas en la periferia carioca, dominando las organizaciones comunitarias y extendiendo sus vínculos hacia el exterior con políticos y funcionarios públicos, lo que les permitió el acceso a las estructuras de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Según Ignacio Cano y Thais Duarte, cinco elementos centrales definen las milicias: el control territorial y poblacional por parte de grupos irregulares armados en áreas reducidas; la coacción contra habitantes y comerciantes; ambición por el lucro individual; discurso legitimador basado en el combate al narcotráfico y la instauración de orden y protección; y la participación activa de agentes armados del Estado en posiciones de comando.
Rio das Pedras, en la zona Oeste de Rio, fue la primera favela bajo control miliciano a fines de los años 80s y desde donde comenzaría la expansión hacia otras favelas de la zona Oeste y, posteriormente, a toda la ciudad de Rio. Allí, la milicia tomó la Asociación de Moradores, expulsando o ejecutando a sus antiguos líderes, comenzó a vender “sus servicios” a comerciantes y a toda la población de la favela. Rápidamente, Rio das Pedras cobró fama de “matar bandido” (delincuentes) y de acabar con el narcotráfico. El discurso de seguridad y orden como contrapunto a la violencia del accionar de las facciones del tráfico de drogas, fue recibido positivamente por muchos residentes de favelas y por el público en general, en un contexto de auge de la violencia vinculada al tráfico (entre distintas facciones por el control de las favelas y el comercio ilícito o entre éstas y la policía). Rio das Pedras, por el contrario, era percibida como ejemplo de seguridad, protección y orden.
Como muestra el estudio de Michelle Airam da Costa Chaves sobre la cobertura periodística de las milicias, no hubieron mayores operaciones policiales en comunidades ocupadas por grupos milicianos en los últimos años, reforzando la idea del “mal menor” en comparación con el tráfico. Esta idea ya se había extendido en los años 2000 a medida que las milicias avanzaban sobre otras favelas y expulsaban al tráfico como analizaron Alba Zaluar e Isabel Siqueira Conceição. El propio alcalde de Rio, César Maia, llegó a clasificarlas como “autodefensas comunitarias” frente al narcotráfico y como posibles interlocutores con el estado, al tratarse de policías. En aquella época Rio se preparaba para organizar los Juegos Panamericanos (2007), el primero de una serie de mega eventos internacionales que incluyeron la Copa FIFA (2014) y los Juegos Olímpicos (2016). Para el estado, las milicias prometían una calma relativa en las favelas durante los eventos que tuvieron a la ciudad en el centro de la atención mundial.
Para las clases medias, siempre ansiosas por su temor a las favelas (aunque siempre necesitadas del trabajo barato que proveen) y el tráfico (a pesar de ser estas mismas clases las principales consumidoras de droga), las milicias representaron una solución antes que un problema. La prensa generalmente reproducía esta valorización positiva.
En mayo de 2008, sin embargo, las milicias de la favela de Batan secuestraron y torturaron a periodistas del diario O Dia que investigaban su accionar. A partir de este momento las milicias pasaron a ser percibidas como parte del crimen organizado y comparadas con las mafias. Este hecho, junto con la escalada de violencia, la expansión miliciana en otras favelas y la diversificación de sus negocios ilícitos, provocaron un cambio en la representación de los sectores medios. La legislatura de Rio finalmente abrió una investigación parlamentar, luego de varios intentos frustrados llevados a cabo por el diputado de izquierda por el Partido Socialismo y Liberdade, Marcelo Freixo (PSOL). Diez años después, una investigación de Datafolha junto con el Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicó que los milicianos son más temidos que los traficantes tanto en la comunidades de Rio como en los barrios más privilegiados de la zona sur carioca.
El urbanismo miliciano
Las actividades de la milicia son múltiples. Normalmente, comienzan con la ocupación de una favela y la expulsión de los traficantes. Una vez instalados pasan a vender protección a los residentes y comerciantes cobrando tasas de seguridad y asegurándose el control de otras áreas mencionadas más arribas. Más sorprendentemente, las milicias también se dedican al desvío y robo de petróleo de las cañerías mismas de distribución, la recolección de basura, extracción ilegal de arena, y la pesca de camarones fuera del período permitido. Existen relatos de que las milicias comercian drogas directamente o a través de acuerdos con determinadas facciones del narcotráfico.
El negocio inmobiliario es clave. Según el informe de la comisión de investigación parlamentaria sobre las milicias en 2008, el impuesto sobre la venta de viviendas variaba entre el 10 a 50 por ciento del valor de venta, además del cobro de tasas para legalizar la vivienda o para autorizar la autoconstrucción. Las favelas en rápido crecimiento ofrecen grandes lucros en el mercado inmobiliario informal y las milicias cuentan con acceso al mapa de la región y con capacidad operativa.
La tragedia de Muzema evidenció el grado en el que las milicias han invertido fuertemente en el mercado inmobiliario informal local, esta vez incluyendo la edificación en altura en serie, un nuevo tipo en la verticalización de la informalidad. Denominamos urbanismo miliciano a esta forma de intervención urbana que incluye la apropiación ilegal de tierra pública, su loteo, la construcción en serie edificios, y las operaciones inmobiliarias y de financiamiento a partir del crédito informal. Amparados por la impunidad o con el consentimiento tácito, las milicias evitan los controles municipales para apropiarse de las tierras y construir edificios sin ningún tipo de supervisión y sin siquiera tener un plan de urbanización avalado por las autoridades apropiadas. La falta de servicios e infraestructura urbana, además de la pobreza de la construcción, reproduce la vulnerabilidad de los futuros “propietarios” que ocupan las viviendas aún sin terminar para evitar la posibilidad de desalojo y el bloqueo a las obras.
Claro que este tipo de verticalización ocurre en otras favelas, inclusive en aquellas dominadas por el tráfico. Sin embargo, la escala y el tipo de lógica detrás de la construcción es distinta. En gran parte de las favelas, son los propios residentes quienes van construyendo nuevos pisos para vivir, vender o alquilar siguiendo también un esquema de lucro, pero lo hacen de modo más progresivo, siguiendo el modelo de autoconstrucción, de acuerdo a sus necesidades familiares o a sus posibilidades económicas, como analizó la antropóloga Mariana Cavalcanti. En muchos casos, los materiales de construcción y la infraestructura utilizada es mayor a la necesaria desde el aspecto de la ingeniería civil. En cambio, la construcción de edificios, como en el caso de Muzema, se desarrolla de modo integral, sin plan urbano alguno, racionalizando el proceso constructivo a escala pero aún de modo tradicional y economizando en materiales, buscando siempre la maximización del beneficio.
La milicia controla las actividades inmobiliarias y dirime, en última instancia, los conflictos entre los vecinos. No todos los constructores y vendedores son miembros de la milicia necesariamente, pero deben respetar las reglas impuestas y pagar las tasas exigidas. Es muy común que toda y cualquier transacción inmobiliaria sea registrada en la asociación de moradores, controladas por las milicias, mediante el pago de un porcentaje del valor del inmueble, además de la tasa mensual habitual por los servicios de seguridad.
Este avance de la milicia, desde luego, no ocurre sin tensiones que tienen que ver con la propia lógica de un estado que aún debe proveer algún tipo de solución a los problemas urbanos o mediar entre los sectores de la formalidad y la informalidad. La reciente erradicación de la favela Canal do Anil, por ejemplo, demostró la tensión entre los intereses del negocio inmobiliario informal (de la milicia) y el formal en donde la municipalidad intervino demoliendo casas que bajo el dominio miliciano. En este contexto, el rol de la defensoría pública queda definido en una encrucijada entre la necesidad de defender a los dueños de las casas que compraron y pagaron por su casa pero, al hacerlo, benefician indirectamente a la milicia.
Al mismo tiempo, el gobierno municipal del Prefeito evangelista Crivella planteó la construcción de conjuntos habitacionales en la misma comunidad de Rio das Pedras, la primera comunidad bajo el control miliciano. Estas contradicciones demuestran el grado de complejidad y el overlap de intereses que hacen de la cuestión habitacional y urbana en Rio un asunto de difícil resolución.
El modelo distópico carioca
En una ciudad en donde el constante temor a la violencia y el consecuente valor de la seguridad han determinado los patrones de vivienda de las clases medias y altas, se cuestiona que sectores socialmente más bajos pretendan los mismo estándares. La viabilidad de estos emprendimientos inmobiliarios tiene que ver, además, con el acceso a formas de crédito informales y el pago a plazos dado la imposibilidad de llegada al mercado hipotecario formal. El costo comparativamente más bajo de la vivienda en el mercado informal refleja, además, la ausencia de mecanismos públicos de control del valor del suelo y la ausencia de una política pública de vivienda social. El mercado como único mecanismo regulador lleva a una segregación espacial de las viviendas económicas hacia la periferia urbana y el abaratamiento del costo y calidad de las unidades.
Teresa Caldeira ya señalaba la relación entre mercado ilegal de seguridad privada, escuadrones de la muerte, y privatización del espacio público y de las formas del habitar. Esta misma búsqueda de seguridad que delineó los enclaves fortificados de los barrios cerrados de elite en el Brasil, se manifiesta ahora también en las favelas de Rio. Los habitantes que optan por comprar una vivienda en un edificio construido ilegalmente en una favela, eligen pagar el costo del control cotidiano de sus vidas y el pago de tasas extras para vivir en un lugar aparentemente seguro y previsible. Aún cuando, como ocurrió en Muzema, unas lluvias torrenciales expongan la pésima calidad constructiva de los edificios y el estado de vulnerabilidad constante de los residentes al quedar desprotegidos por la ley. Muchos de los sobrevivientes del derrumbe, además de velar a sus muertos, perdieron su inversión económico y debieron volver a vivir con otros parientes o amigos en favelas en áreas alejadas.
Asimismo, las milicias controlan gran parte de los conjuntos habitacionales construidos por el plan federal de vivienda social conocido como Minha Casa, Minha Vida. Este proyecto concibió a los nuevos barrios populares a imagen de los condominios cerrados de clase media. Las milicias se han entrometido a la fuerza en estas áreas con la oferta de seguridad privada organizando autoritariamente otras dimensiones de la vida cotidiana. Ese ciclo de violencia degrada peligrosamente el propio orden democrático y principios básicos de derechos humanos.
Sin dudas, la presencia del crimen organizado en el desarrollo de la informalidad urbana en Rio es tan antigua como la ciudad misma. No pretendemos argumentar en contra de la informalidad. Las formas de acceso a la ciudad para los sectores populares han tenido que ver desde su origen con mecanismos informales. Históricamente, como afirma Rafael Soares Gonçalves, el origen y la consolidación de las favelas estuvieron ligados a la informalización del mercado inmobiliario compuesto por leyes y códigos urbanísticos que ilegalizaron formas alternativas de ocupación y de tenencia de tierras. Así, la informalidad es un régimen urbanístico por el cual los sectores más empobrecidos han logrado el acceso a la vivienda y a la propia ciudad. La precariedad de los derechos y la vulnerabilidad de los habitantes de favelas, producto de la falta de reconocimiento oficial de su existencia, dio lugar a múltiples arreglos políticos entre residentes, especuladores y políticos locales, lo cual llevó, a su vez, a la formación y consolidación de dichos asentamientos, como demostraron los historiadores Rafael Soares Gonçalves y Brodwyn Fischer, entre otros.
Si bien históricamente la informalidad en las favelas ha producido prácticas vinculadas al crimen organizado y al abuso, incluso en conexión con los poderes públicos, el momento actual presenta un cambio cualitativo. La acción de las milicias significa una nueva dimensión del accionar de los grupos paraestatales, cuyo elemento central es precisamente la explotación de los recursos urbanos sin formas claras de control por parte del Estado o de asociaciones locales. Su presencia en las estructuras de los poderes públicos hacen altamente probable que continúen afianzándose en lugares claves del estado (tanto a nivel local, estatal y federal) y en el espacio urbano, vendiendo sus servicios e intimidando, militarizando progresivamente la geografía carioca.
Iluminando resistencias
A diferencia de otras ciudades brasileñas, como el caso de Porto Alegre o de São Paulo, Rio de Janeiro no desarrolló en los últimos años una tradición de gestión urbana de izquierda partidaria. Es que en el caso de Rio, la posición de relativa debilidad de la izquierda a nivel municipal y estatal tiene que ver, entre otras razones, con la historia del Brizolismo y la falta de arraigo del Partido de los Trabalhadores (PT) dentro de la política municipal. La política carioca fue profundamente influenciada por la elección de Leonel Brizola como gobernador del Estado por el Partido Democrático Trabalhista (PDT) en 1982. Político de envergadura nacional, Brizola representó el legado trabalhista del varguismo en los años posteriores a la apertura democrática. Como mostraron los historiadores Rafael Soares Gonçalves y Bryan McCann, Brizola fue pionero en intervenciones urbanas de envergadura en las favelas y reorganizó la educación pública en el Estado democratizando el acceso a todos los sectores sociales. Al mismo tiempo cuestionó abiertamente la violencia policial y rechazó la política de “mano dura” contra el crimen, lo que fue objeto de muchas críticas entre los sectores medios que le retiraron su apoyo. Entre los legados de Brizola está la fuerte influencia que ejerció sobre la izquierda en Rio y en la formación de toda una generación de políticos locales quienes, luego de la ruptura del PDT, migraron hacia otros partidos. A diferencia de otros partidos de izquierda como el PT o, más recientemente, el PSOL, a con una base social especialmente de clase media, el PDT de Brizola representó la última izquierda con una profunda inserción de base popular en Rio de Janeiro. Así, la cuestión de la violencia en Rio de Janeiro, especialmente, desde el auge de tráfico concentró los debates públicos en la agenda política de la ciudad y del estado, ocluyendo las posibilidades de un movimiento de izquierda más reformista y de masas.
Más recientemente, las protestas que tomaron las calles en 2013 contra el costo del transporte y de la corrupción asociada con la organización de los Juegos Olímpicos produjeron un desencanto político en una época de crisis económica e institucional que irían a llevar al impeachment de la presidenta Dilma Rousseff. Nuevos niveles dramáticos de violencia contra los pobres, de injusticia e impunidad palidecieron los intentos por ampliar los derechos a la ciudad. Así, las iniciativas del PT disminuyeron las desigualdades sociales, pero no cuestionaron el proyecto neoliberal en curso.
Así como un frágil castillo de naipes, muchas de las luchas históricas por la reforma urbana fueron abandonadas por el gobierno, sobre todo luego de la llegada al poder del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. A pesar de su agenda neoliberal y de la fuerte presencia militar en los barrios populares, el bolsonarismo logró un fuerte apoyo en esos espacios, apoyado por el miedo generalizado a la violencia urbana, el enojo contra la corrupción de todos los partidos, incluyendo el propio PT, y el discurso moralista de las iglesias evangélicas y sectores más conservadores de la Iglesia Católica.
A pesar de la profunda crisis política actual, que coloca en riesgo a la propia democracia brasileña, se observa también la emergencia de una nueva generación de políticos más combativos, particularmente mujeres y de color. A pesar de haber sido elegida con el voto tradicional de la clase media progresista, Marielle Franco (PSOL) inauguró una nueva forma de actuar como diputada, haciendo política de base en los barrios populares, incluyendo áreas controladas por la milicia. El intento de acallar a Marielle empujó a nuevas figuras a la escena política, ya que muchas de sus asesoras directas fueron elegidas como diputadas estatales y federales en las últimas elecciones de 2018. Así como Marielle, son mujeres, negras y faveladas y llevando a muchos espacios populares las prácticas políticas de la ciudad.
Como concluye el samba enredo de Mangueira, la escuela de samba campeona del carnaval 2019, cuya narrativa invirtió la historia de Brasil iluminando las resistencias de las minorías, colocando a Marielle dentro de un panteón de héroes populares que resistieron diversas formas de opresión como las revuelta de los esclavos malês, la lideresa Luisa Mahin y todas las “Marías de Brasil” en referencia a todas esas luchadoras cotidianas, comunes e invisibles:“Brasil, chegou a vez / De ouvir as Marias, Mahins, Marielles, malês.”
Leandro Benmergui (Ph.D. University of Maryland) es profesor en el Departamento de Historia en Purchase College, SUNY. Preside el Departamento de Estudios Latinoamericanos y es director de Casa Purchase, un centro de apoyo por estudios latinoamericanos. Su trabajo enfoca en los aspectos transnacionales de políticas urbanas y de vivienda en América Latina. leandro.benmergui@purchase.edu
Rafael Soares Gonçalves (Ph.D. Université de Paris VII) es profesor en el Departamento de Trabajo Social en la Pontifícia Universidade Católica-Rio de Janeiro (PUC-RJ), Brasil. Es coordinador del Laboratorio de Estudios Urbanos y Socioambientales y editor de la publicación O Social em Questão. Es autor del libro Favelas do Rio de Janeiro: História e Direito (2013). rafaelsgoncalves@yahoo.com.br
