El Orejón, una comunidad rural y aislada en el departamento colombiano norteño de Antioquia, se está deshabitando poco a poco. Hace un par de años, 88 personas vivían en fincas en el valle del río de Cauca. Solo 48 se han quedado. Los cultivos de maíz, fríjoles, café, caña y yuca de las familias que todavía están, hacen un contraste con las tierras abandonadas que la selva está, gradualmente, recuperando. Pero en contraste con el modelo clásico de comunidades rurales abandonadas por el estado, el gobierno colombiano ha hecho una inversión considerable en el Orejón, una zona clave para el proceso de paz colombiano.
El Orejón era el sitio del programa de desminado de 2015, que fue la primera colaboración entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), antes de ser elegido durante las negociaciones de los acuerdos de paz como una de las 11 veredas en el municipio de Briceño, para lanzar el programa piloto de sustitución de coca en 2017. Hace un poco más de dos años, plantas de coca cubrieron las colinas arriba del río. Las plantas ya se han desaparecido, removidas voluntariamente por campesinos locales que buscaban una transición a la agricultura legal.
Mientras que El Orejón se deteriora, un asentamiento al otro lado del río, con piscina y canchas de tenis, ha crecido en los últimos diez años. Es el campamento de los trabajadores de Hidroituango, la represa hidroeléctrica más grande de la historia de Colombia, que se encuentra justo debajo de El Orejón. Empresas Públicas de Medellín (EPM), la empresa pública-privada que está construyendo Hidroituango, ha sido criticada últimamente por prácticas ilegales e irresponsables de construcción, que han tenido consecuencias catastróficas. En mayo 2018, un túnel para desviar las aguas del río Cauca se bloqueó por semanas y luego se destaponó, causando una inundación masiva que desplazó a 25.000 personas en comunidades aguas abajo.
Pero el desplazamiento en El Orejón y otras comunidades cerca del proyecto no tiene nada que ver con errores técnicos o la inundación. Las historias de estas comunidades demuestran un aspecto menos conocido de Hidroituango: la manera en que el proyecto ha alterado los sustentos locales, principalmente por limitar el acceso al río. Esta exclusión va de la mano con la sustitución de la planta de coca y el proceso de paz. Juntos, conforman un proceso más amplio de pacificación en la región, que primero utilizó la violencia, y ahora la paz, para servir a los intereses de elites a costa de la forma de vida campesina.
Sustentos Campesinos—Y su Desaparición
Las personas de El Orejón dicen que el río Cauca era su “patrón”. Les dio pescado, arena para usar en proyectos de construcción, tierras fértiles y lo más importante, la oportunidad para barequear, palabra que aquí se usa para el minado de oro—una fuente de ingresos garantizada en una región pobre. Cuando necesitaban dinero, bajaban al río, quedándose por días en viviendas improvisadas, comiendo pescado fresco y batiendo la arena de las orillas, en la búsqueda de oro. El barequeo también apoyó otra actividad económica, como la de las mujeres que vendieron comida a los barequeros y arrieros—hombres que transportaban mercado y pescado entre los campamentos del río y las comunidades de arriba.
Para construir la represa, EPM necesitaba que las orillas del río estuvieran, permanentemente, libres de personas. Legalmente, la empresa tuvo que compensar a los que dependían del río para su sustento—básicamente la comunidad entera de El Orejón. En 2008, EPM hizo un censo de familias afectadas para determinar quién tenía derecho de la compensación. Sin embargo, anunciaron el censo en el mismo (y único) día que lo hicieron. Además, lo hicieron solamente en dos zonas. Cada una quedaba a más de dos horas en mula de El Orejón. Los que estaban trabajando en las playas—zonas sin señal celular—estaban aún más lejos de donde censaron. Los habitantes locales dicen que EPM nunca intentó incluirlos.
De las 30 familias de El Orejón, todos con derecho a las indemnizaciones, solamente nueve pudieron registrarse. Las otras no recibieron nada. Aunque EPM solo empezó a sacar gente de las playas cuando inició la construcción en 2011, la empresa nunca ofreció otra oportunidad para que la gente pudiera registrarse a ellas. Como dijo Wilder* (del video de arriba), un campesino nacido y criado en El Orejón que llevaba más de 30 años barequeando en el río, “nos pisoteó como quiso… No tengo qué agradecerle a EPM, que me haya chupado un confite de cuenta de EPM o una gaseosa. Nos quitaron los derechos totalmente a la brava.”
Si bien el barequeo había existido en El Orejón desde que los residentes locales tienen memoria, el cultivo de coca solo empezó en el 2000, llegando a su cima después del 2013, cuando la comunidad perdió del todo su acceso al río. Diferente a productos agrícolas tradicionales, que son pesados y costosos para transportar, la base de coca—un extracto crudo, en forma de roca, de la hoja de coca que es una etapa intermedia en la producción de cocaína—se comercializó fácilmente. Compradores organizados por las FARC, el grupo armado izquierdista que controló la región y cobró impuestos sobre la producción de la cocaína para financiar su insurrección, llegaron cerca de las fincas para comprar la base de coca. Como el barequeo, la coca brindó varias oportunidades económicas: hombres jóvenes recolectaban la coca, pagada por kilo; mujeres cocinaban para los trabajadores; químicos llegaron a las fincas a mezclar las hojas de coca con productos químicos, para convertirlas en rocas de base de coca; y dueños de fincas arrendaron sus tierras para su cultivación, recibiendo el 10 por ciento de la ganancia.
Aparte de sus beneficios económicos, la coca tenía grandes desventajas: la cultivaron con una mezcla nociva de químicos que causaba mareo, sangrado nasal, inflamación e impotencia sexual. Además, la coca traía violencia y grupos armados a la comunidad, particularmente paramilitares que llegaban para competir con las FARC por el control territorial. Por ende, la comunidad de Briceño, acogió su selección como sitio del programa piloto de la sustitución de coca, negociada en los acuerdos de paz. El programa ofreció un año de subsidios de sostenimiento a los participantes, mientras implementaban tres niveles de proyectos productivos, diseñados para permitirles la transición hacía los cultivos lícitos.
Después de que empezara el programa de sustitución en junio 2017, participantes arrancaron sus plantas de coca de manera voluntaria, empezaron a recibir los pagos del subsidio y esperaron los proyectos para reemplazar la coca. Se supone que los insumos para el primer y más pequeño nivel del proyecto, para promover huertas caseras, llegaría en dos meses. Llegaron después de un año y dos meses. Más de dos años después de arrancar sus plantas de coca—y más de un año después de que terminaron los subsidios—solamente una pequeña parte de la población ha recibido el segundo nivel de proyectos de corto plazo, que se supone que estaría generando ganancias ya dentro del primer año. El resultado en todo Briceño ha sido de un colapso económico. Mientras que, al principio, el proceso de paz en Briceño impulsó una inversión en programas de reforma rural integral, que conllevaron a mejoramientos concretos en vías y escuelas locales, no ha podido generar la infraestructura necesaria para apoyar a una economía lícita y reemplazar a la coca. Además, estos programas se han ido estancando desde la elección, en junio 2018, del Presidente derechista Iván Duque, lo cual en Briceño ha resultado en la desaparición de funcionarios estatales, encargados de implementar los programas de desarrollo rural. Mientras que en otras zonas la gente ha vuelto a sembrar coca, en El Orejón, todavía no. En cambio, sin el barequeo, la coca, o los proyectos productivos y de reforma rural prometidos, muchas familias se han ido del todo.
Megaproyectos en Violencia y Paz
Según Luis, un hombre de 73 años de El Orejón, las FARC, que han estado en Briceño desde el año 1981, por mucho tiempo les pareció, a residentes locales, como “un grupo útil… la presencia de la ley ante la ausencia del estado”. En zonas donde nunca habían llegado policía o funcionarios del gobierno, las FARC organizaron convites para arreglar caminos, impusieron un salario mínimo, resolvieron disputas domésticas y castigaron a los criminales. Las dinámicas de la presencia de las FARC en la región cambiaron a finales de los años 90 hasta el 2003, cuando grupos paramilitares de derecha entraron a la región con fuerza. Campesinos fueron atrapados en medio de intensos combates, y muchos fueron asesinados o desplazados, incluyendo 15 masacres de civiles en los municipios de alrededor de Hidroituango entre 1996 y 1998. Oficiales del gobierno como el ex-Presidente colombiano Álvaro Uribe han sido relacionados con muchas de estas masacres; Uribe, el entonces Gobernador de Antioquia, estaba simultáneamente liderando la creación del proyecto de Hidroituango.
Residentes locales entendieron la incursión paramilitar como una manera de, según Jorge, otro hombre la comunidad, “desocupar el cañón, para poder entrar con el proyecto (de Hidroituango) que no pudo entrar porque la guerrilla lo iba a sacar del todo”. La violencia obligó a las FARC a subir las colinas del valle y alejarse del sitio de la represa, mientras que también desplazó a muchos campesinos de la región y redujo los precios de la tierra que EPM necesitaba adquirir para seguir con el proyecto. El ejército siguió la incursión paramilitar, instalando tropas en 2007 para proteger el proyecto de ataques de las FARC y alejar, aún más, a la guerrilla. Ésta respondió con la siembra de minas para detener el avance militar.
En 2015, con las FARC metidas en negociaciones de los acuerdos de paz con el gobierno, ambos lados convinieron en un programa de desminado, y eligieron como primer sitio a El Orejón, conocido como la zona más minada de Colombia. La comunidad participó en el programa, dando información acerca de la ubicación potencial de las minas. Sin embargo, aunque el programa operó hasta el 2018, nunca desminó las zonas que más afectaron a la comunidad local. “Nosotros opinamos en una reunión, que a nosotros nos gustaría mucho que empezaran en la partida de El Orejón (una zona estratégica con muchas minas que permite el acceso a comunidades vecinas)”, dijo Angélica Mazo, que trabajó como cocinera para el desminado. “Y la partida de El Orejón nunca fue desminada”.
En cambio, el programa llegó a tierras bajas que pertenecían a EPM. Según Fabio Muñoz, un miembro de la comunidad y un activista contra la represa: “Ellos toman la decisión de desminar en los lados que si habíamos dicho nosotros (que tenían minas), pero… que eran más terrenos que había comprado Hidroituango, terrenos que casi no utilizábamos nosotros. El desminado fue para Hidroituango, no para la comunidad”. Aunque al principio estaban emocionados por la posibilidad de eliminar las minas de su comunidad, muchos miembros sentían que simplemente fueron usados para publicidad y un programa que en última estancia estaba dirigido a apoyar a la hidroeléctrica.
Convencidos de que el proyecto estaba pisoteando sus intereses, residentes locales en El Orejón y comunidades vecinas crearon “Ríos Vivos”, un movimiento social en oposición a la represa. Ganó visibilidad en 2013, cuando 400 activistas campesinos marcharon más de una semana a Medellín y se instalaron en el coliseo de la Universidad de Antioquia para atraer la atención pública, al ataque del proyecto contra el medio ambiente y los sustentos locales. En los ocho meses que se quedaron en Medellín, Ríos Vivos se manifestó en público a diario y organizó diferentes comités para hablar con la prensa, buscar comida y controlar la entrada a la universidad, limitando el acceso de noche a los que tenían carnés del movimiento. Cuando caía la noche, antes de que cada familia se retirara a su carpa en la cancha del coliseo, los campesinos compartieron sus experiencias—historias desgarradamente similares de amigos y familia asesinados o desaparecidos por grupos armados.
Muñoz, quien vivió en el coliseo por ocho meses junto a otros activistas de Ríos Vivos, dijo que escuchar esas historias le permitió entender, que todo lo que había pasado en El Orejón era parte de una estrategia más grande por el gobierno y las elites para despoblar el territorio y despejar el camino para Hidroituango. Como dijo Muñoz, “dejar (el territorio) limpio de gente para ellos es una ventaja inmensa, porque se ahorraban indemnizaciones, se ahorraban todos los problemas que tienen las demandas, y se ahorraban lo principal, que era quién les protestara.”
Aunque Ríos Vivos y activistas como Muñoz han seguido resistiendo en los años transcurridos, su resistencia ha tenido un costo. No resulta sorprendente, en el país más peligroso del mundo para ser un líder social, cinco miembros del movimiento han sido asesinados, con muchísimos más amenazados. Aunque una mesa técnica está evaluando el impacto y estabilidad ambiental del proyecto—y todavía existe el riesgo de otro desastre como la inundación de mayo 2018, con una inversión total por parte de EPM de casi 4 mil millones de dólares en Hidroituango, es imposible imaginarse que el proyecto se detenga.
Mientras tanto, aunque los residentes ya no se desplazan en El Orejón, por la violencia, la necesidad económica conduce a que muchos abandonen la región. La mayoría llega a Medellín o sus alrededores a lugares donde pueden pagar arriendos. Actualmente, 14 personas que hace menos de tres años vivían en El Orejón, ya están viviendo en barrios de escasos recursos de Bello, el municipio al norte de Medellín—zonas donde los grupos armados tienen el mandato, por lo que los padres de familia, recién reasentados, comentaron que por la amenaza constante de violencia, no dejan que los niños salgan después de las 6 de la tarde.
El Futuro para Briceño y Colombia Rural
La comunidad de El Orejón todavía sigue movilizada, exigiendo que Hidroituango los compense. También siguen esperando los proyectos productivos del programa de sustitución de la coca. Mientras tanto, buscan la manera de sobrevivir, vendiendo café, chocolate, panela (azúcar no refinada) y otros productos agrícolas. Pero el aislamiento de El Orejón hace que muchos cultivos que crecen en la región como el plátano, la yuca, y el maíz, sean demasiado costoso transportarlos a puntos de venta. Hasta cultivos como el café de alta calidad—el mismo café que puede costar más de $10 por libra en tiendas—están sometidos a los caprichos del mercado, y actualmente pagan al caficultor menos de $1 la libra. Formas tradicionales de vivir son difíciles de mantener sin las ganancias extras del oro o la coca, o el tipo de reforma rural prometido en los acuerdos de paz que podría convertir a los cultivos lícitos en una opción más realista y rentable.
Sin embargo, lo más preocupante para Briceño es otro megaproyecto que está amenazando la forma de vida de la región. Aunque históricamente no pudieron operar por la presencia de las FARC en la zona, la empresa canadiense Continental Gold ha sido dueño de concesiones mineras en Briceño por varios años. Después del desarme de las FARC, inmediatamente la empresa mandó representantes a Briceño, para hacer pruebas de suelo y convencer a la comunidad del dinero y desarrollo que una mina de oro de gran escala podría traer. Una zona propuesta para el desarrollo de la mina queda directamente arriba de El Orejón. Residentes locales entienden que el plan de taladrar para acceder a vetas de oro destruiría el ecosistema local y amenazaría su suministro de agua. Aunque generalmente están en contra del proyecto, sienten que no serán capaces de detenerlo a través de medios institucionales. Fernando, un miembro de Ríos Vivos de otra parte de Briceño, comparó la posibilidad de que el movimiento detuviera el nuevo proyecto de minería, con su inhabilidad de detener el de Hidroituango. “No hay remedio que nos dejen como estábamos. (Detener) la minería a gran escala es como la pelea de una hormiga contra un elefante.”
Mientras la comunidad continúa con estratégicas pacíficas para detener el proyecto, un grupo de disidente de las FARC—que ha surgido en la región tras el incumplimiento del gobierno hacía el proceso de paz—ha tomado el asunto en sus propias manos. Tras amenazas repetidas a Continental Gold y sus funcionarios, en Septiembre 2018, los disidentes mataron a tres geólogos por la frontera con Briceño que estaban trabajando para la multinacional canadiense. Después de la tragedia, la empresa se retiró de la zona completamente, lo cual, aparte de detener el proyecto temporalmente, tiene dos consecuencias. Primero, promueve la vuelta del control a los grupos armados, ofreciendo legitimidad a los guerrilleros que demostraron su poder al defender a la comunidad de los proyectos de minería. Esta legitimidad adquiere aún más fuerza, cuando se opone a la exclusión de los campesinos en los procesos de toma de decisiones por parte el estado colombiano, cuya Corte Constitucional ha eliminado recientemente las leyes que permiten a las comunidades, votar acerca de proyectos de minería y otros proyectos extractivos. Y segundo, tiene la posibilidad de conllevar a un futuro conflicto. El otro proyecto minero de Continental Gold, al occidente de Briceño, en Buriticá, ha sido relacionado con violencia paramilitar que causó desplazamiento masivo y permitió que la empresa asumiera el control de las tierras abandonadas. El miedo en la comunidad es que los paramilitares, que prepararon el camino para Hidroituango y el proyecto de Buriticá, entren a Briceño para expulsar a la guerrilla y posibilitar la minería de oro de gran escala de una manera similar. Grupos paramilitares ya están establecidos en municipios vecinos, y rumores de su presencia y crecimiento en Briceño ya están circulando entre los residentes locales.
Como sitio de los primeros programas de desminado y sustitución de la coca, a Briceño le pusieron el nombre del Laboratorio de Paz. Se supone que la inversión estatal en la zona ofrecería un ejemplo de cómo los acuerdos de paz abordarían la desigualdad y pobreza extrema rural, que han sido las raíces fundamentales del conflicto por más de medio siglo. Sin embargo, la historia de su pacificación al servicio del desarrollo para las elites, ilumina algunas de las contradicciones fundamentales del proceso de paz. El Presidente Iván Duque, que ha estancado o desmantelado partes importantes del proceso de paz tras su elección en 2018, publicó su plan nacional de desarrollo en mayo 2019, con un énfasis en proyectos de energía y minería como motor de la economía. Pero incluso la administración anterior del Presidente Juan Manuel Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por negociar los acuerdos de paz, dependía de la minería a gran escala y proyectos de energía para financiar el proceso de paz.
Las casas vacías de El Orejón son testigos del hecho de que esta inclinación hacía megaproyectos como Hidroituango, se opone directamente a la inversión en comunidades rurales que fue prometida en los acuerdos de paz—un apoyo que se necesita para mitigar la pobreza y el conflicto en la ruralidad de Colombia.
Alex Diamond es un estudiante doctoral en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. Su investigación se centra en la implementación de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano y la experiencia local del proceso de paz en áreas previamente bajo control insurgente.
Se le agradece a Catherin Graciano por su ayuda con la corrección de estilo de la versión en español, y a Johana Sierra por su apoyo con la transcripción de entrevistas.
*El uso de nombres refleja seudónimos utilizados a petición de las fuentes.
