En el Perú, los intereses privados no coinciden con los públicos. Mientras que el gobierno y la población hace lo, humanamente, posible por frenar la ola de contagios, el principal gremio empresarial presiona por reactivar la economía y critica la aplicación de protocolos y requisitos sanitarios que ellos consideran propios de “un país europeo”, por considerarlos estrictos.
Con la llegada del COVID-19 al Perú y basados en la información científica, así como de experiencias internacionales, fue necesario decretar el estado de emergencia y
declarar en cuarentena al país. La misma que en estos instantes, cumple su novena semana de extensión, luego de iniciarse el 16 de marzo. Decisión que resulta absolutamente necesaria para combatir la rápida propagación del virus y que, por ahora es la principal estrategia para contenerlo.
Una medida con consecuencias inmediatas y heterogéneamente significativas para las familias peruanas. Y he aquí la principal encrucijada del gobierno: mantener a las familias en sus casas y que, a su vez, la exposición de todos los problemas estructurales del actual modelo nacional, no logre quebrar ese objetivo. Pero el hambre es el principal enemigo y el mayor temor –superior- incluso, al de contagiarse por el virus.
El Perú vivía ya una situación precaria como sociedad desde antes de que llegara la pandemia. Nuestra economía es informal, primaria-exportadora y flexibilizadora de las relaciones laborales. En el 2018 un 72,4 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) trabajaba en el sector informal, mientras que un 27,6% ocupó empleos formales. Informalidad que se concentra en los sectores de mayor pobreza donde existen los trabajadores que ganan por debajo del salario mínimo legal, trabajadores del hogar e independientes (autoempleo, sub empleo, trabajo familiar, riders).
En términos sanitarios las medidas preventivas que tomó el gobierno del presidente Martín Vizcarra–previas a la cuarentena- fueron las adecuadas pero insuficientes. En términos económicos y sociales las acciones y decisiones no responden a las demandas de los principales sectores vulnerables de la sociedad: pobres y pobres extremos, trabajadores independientes, auto-empleados, informales, comunidades andinas y nativas, así como sectores endeudados de la clase media.
Para hacer frente a los efectos sociales, el gobierno adoptó, en un primer momento, un conjunto de medidas centradas en atender a los trabajadores más vulnerables: entrega de canastas básicas de alimentos, entrega de los primeros bonos de supervivencia (Bono 380) y la disposición de acceder a los ahorros de los trabajadores vía sus fondos de pensiones privados y la Compensación por Tiempo de Servicios (depósito que por Ley, le corresponde a todo trabajador, como beneficio social, por el tiempo de servicio brindado. El depósito lo realiza la misma empresa, sirve como fondo previsor en caso de cese). Tanto el fondo pensionario –privado o público- y la CTS, son derechos laborales. Del lado de las empresas: subsidios al 35% de las planillas, líneas de créditos con bajos intereses e implementación del trabajo remoto.
El gobierno recurrió a la focalización y al subsidio a las grandes empresas para paliar los efectos sociales de la cuarentena. En un segundo momento, se amplió nuevamente el Bono 380 (111 dólares aproximadamente), para 3,5 millones de hogares que han sido seleccionados para recibir el subsidio por su condición de pobreza o pobreza extrema contando con los registros estatales de censos y municipios. Los cuales presentan serias deficiencias y que imposibilitó la entrega adecuada de dicha transferencia de dinero a quienes verdaderamente lo necesitaban.
No solo el monto resulta escaso para cubrir la canasta básica familiar, sino que además no llegó a tiempo, ni termina de llegar a los millones de familias del registro estatal. Generando un desplazamiento forzado de miles de familias que decidieron caminar desde Lima hasta sus regiones de origen como Piura, Apurímac o Cusco. El éxodo de “Los Caminantes” continúa hasta el día de hoy.
Así mismo, se evidenció que no se contaban con las herramientas necesarias para evitar aglomeraciones en los centros bancarios (es los distritos más pobres de Lima las agencias bancarias están en avenidas principales y no en cada cuadra, como en los distritos menos pobres) y la sensación de desamparo y la no contemplación del panorama de los sectores populares se complica ante un escenario donde mucha gente, por ejemplo, recurre a los mercados de los barrios para consumir productos diarios. No se tomaron en cuenta que la crisis económica y la precariedad se evidencian en la falta de refrigeradores en el hogar, el hacinamiento en las viviendas y el poco acceso a servicios básicos como agua o desagüe, tal como lo señala la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2018).
Las personas no solo recurren a los mercados a comprar, sino también para vender y generarse un ingreso monetario. Expresiones que han sido calificadas como actos irresponsables, que de hecho los hay, como también en otras partes del mundo. Pero que viene siendo administrado por las fuerzas del orden y por la aplicación de multas a quienes incumplan la cuarentena. La atención mediática expone diariamente el “desacato” de los sectores populares por encima de los escándalos de corrupción en la compra de canastas de víveres, materiales sanitarios o material médico.
Con el pasar de los días, el Poder Ejecutivo complementó su plan de subsidios con la transferencia de recursos a través del programa “Reactiva Perú” de hasta 300 millones de soles a las empresas, por medio de créditos que otorgaran los bancos. Anuncio que despierta la crítica en relación a que el programa no cubre a los pequeños y medianos empresarios debido a que, quienes definen las tasas de interés, no es el gobierno, sino los bancos.
La presión de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP, que agrupa a las principales grandes empresas terminó por conquistar el otorgamiento de la “suspensión perfecta de labores” para miles de trabajadores. Esto significa que el gobierno ha dado libertad, a todas, las empresas para que puedan suspender sus relaciones laborales con sus trabajadores sin pago y dejar que estos sobrevivan con sus propios ahorros. No es irreal afirmar que es la clase trabajadora la que está asumiendo con los efectos de la crisis económica, social y sanitaria.
El presidente Martín Vizcarra reconoció fallas en la entrega del bono (Bono 380) al darse cuenta que la gente hace cola para preguntar si son beneficiarios. El desconocimiento de los procedimientos, demoras y accesibilidad provocaron que miles terminaran contagiándose en las colas. Lamentablemente, no se prestó atención a la implementación y el debate se centró en definir pobreza y vulnerabilidad. El problema sigue siendo la implementación y la focalización.
Es por ello, que diversos sectores izquierdistas como la agrupación Nuevo Perú, liderado por Verónika Mendoza, han propuesto la entrega de un Bono Universal, en el que se le otorgue a todo ciudadano peruano, con un Documento Nacional de Identidad, la suma de mil soles (300 dólares aproximadamente). La idea es pasar del enfoque focalizador a uno universalista. Economistas de amplia experiencia vienen insistiendo en la medida que no dejaría desfalcado al Estado, puesto que la propuesta va acompañada de otra medida a aplicar: el impuesto a la riqueza.
Uruguay, Argentina y Colombia son los países de América Latina que ya cobran un impuesto a la riqueza. En Europa, lo hacen Noruega, España, Suiza y Bélgica. El punto es que los estados buscan recaudar más dinero para enfrentar esta pandemia. Al Perú no le faltan millonarios. Según el ránking 2019 de los seis empresarios más millonarios del país, según Forbes se encuentra Carlos Rodríguez-Pastor dueño de la cadena de cine Cineplanet, el banco Interbank, los centros comerciales Plaza Vea y Vivanda, entre otras empresas que abonan la fortuna de US$4,100 millones.
Seguir abordando las medidas económicas absolutamente disociadas de las medidas sociales es un error. La estrategia de comunicación será crucial, especialmente en las comunidades donde se cuenta con interlocutores de amplia legitimidad. Ellos serán los principales aliados del gobierno en estos momentos, donde se debe invertir en reducir brechas sociales, frenar la pobreza y crear mejores condiciones para un cambio económico sostenible que promueva la igualdad y una normalidad donde el centro sea el ser humano y no el capital.
En esas condiciones, el ya próximo Bicentenario de la Independencia peruana, en el 2021, puede cobrar nuevos significados y convertirse en un hito histórico en la construcción de una nación con un nuevo contrato social que hasta ahora no hemos podido alcanzar por otras vías. Un contrato social que apunte a un futuro próximo con mayor solidaridad, justicia social, sostenibilidad e igualdad.
Al cierre de esta nota, según el portal web del Ministerio de Salud del Perú, se registraban 94,933 casos positivos de COVID-19 y 2,789 fallecidos. Las principales regiones con las mayores tasas de contagio son Lima, Callao y Loreto. Somos el segundo país de la región con el mayor número de casos confirmados, después de Brasil.
Alejandra Dinegro Martínez es socióloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), y actualmente maestranda de Política Social. Articulista y analista. Con experiencia en gestión pública y autora de dos libros sobre empleo juvenil y comedores populares.
