Este articulo fue publicado originalmente en inglés en la edición impresa de NACLA.
Mientras América Latina se vuelve epicentro del coronavirus, las desigualdades en términos de género y sexualidad se intensifican. Los crímenes en general en las ciudades se reducen, excepto el feminicidio y la violencia contra las mujeres, que no solo no disminuye, sino que aumenta. Las cifras en el cono sur indican un incremento de la violencia de género durante las cuarentenas por la pandemia: las denuncias en marzo aumentaron en un 39 porciento en Argentina, en tanto que en Chile las llamadas a la línea de ayuda para estos casos crecieron en un 70 porciento en el mismo mes. Como recordó Diana Miloslavich, del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, citando a Gloria Montenegro, ministra de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables de Perú, “los violadores están en casa.”
Por ello sorprende que el aborto apenas haya estado presente en las conversaciones públicas del coronavirus, aún con el reconocimiento de que las violencias sexuales hacia mujeres y niñas se agravan en el confinamiento. Al tiempo, se restringen los servicios de salud sexual y reproductiva. Mi país, Colombia, es uno de los más afectados en América Latina por cierres de prestadores de este servicio. Los grupos antiderechos, por su parte, han asegurado en redes sociales que la mayor causa de muerte en la región es el aborto y no la Covid-19. En la mayoría de los países latinoamericanos las legislaciones sobre aborto son restrictivas y las condiciones estructurales de pobreza y violencia, así como el aumento de las migraciones, hacen aún más difíciles las vidas de las mujeres. Y es que los embarazos no deseados, en estas condiciones, aumentarán, en tanto que el dinero destinado a anticonceptivos, Pastillas de Anticoncepción de Emergencia (PAE) e interrupciones de embarazo se ve reducido al no ser considerado vital, aún en contra de las directrices internacionales al respecto.
En este estado de cosas tiene sentido interrogar el lugar de la intensa virtualización de las actividades cotidianas y extraordinarias en la vida y las geografías de las mujeres en términos de género y sexualidad a propósito de este tema. El filósofo Paul B. Preciado escribió hace poco que “las medidas biopolíticas de la gestión del contagio impuestas frente al coronavirus ha hecho que cada uno de nosotros nos transformemos en un trabajador horizontal, playboyesco,” refiriéndose a “la erosión (por no decir la destrucción) de la distancia entre trabajo y ocio, entre producción y sexo.” Preciado retoma del filósofo francés Michel Foucault el concepto de biopolítica, que consiste en la administración más eficiente posible de la vida, considerada como el valor máximo en las sociedades modernas. “Hacer vivir y dejar morir,” escribió Foucault en el primer tomo de su famosa Historia de la Sexualidad.
En esta pandemia y bajo medidas de cuarentena, estas biopolíticas se despliegan en las geografías de los cuerpos feminizados. Ésta dinámica también afecta al activismo por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos forzados a distanciarse. En Argentina y Chile—epicentro de recientes debates y movilizaciones públicas relacionadas con sexualidad, género y derechos, que pusieron al aborto en la región, una vez más, en lo público—las activistas feministas y redes de apoyo que acompañan a las mujeres que quieren abortar están adaptándose a esta nueva realidad.
Activismos a la calle
Poco antes de que la pandemia alcanzara América Latina, las feministas de la región se habían hecho muy visibles en el espacio público, movilizando las geografías de las mujeres en medio las grandes protestas motivadas por profundas desigualdades en la región, especialmente de clase, de las cuales las chilenas fueron las más visibles. En el cono sur, el aborto había estado en el centro de las agendas feministas, demandando legislaciones menos restrictivas, heredadas de las dictaduras militares recientes.
En Argentina, el debate público se intensificó durante 2018, cuando un proyecto de ley que legaliza el aborto—el septimo en un lapso de 15 años—, fue debatido y aprobado en la Cámara de diputados, pero luego rechazado por el senado con 38 votos en contra y 31 a favor. Las colectivas feministas se habían movilizado bajo el lema “Que sea ley” con sus pañuelos verdes, un símbolo de la lucha por el aborto libre en Argentina desde 2003 que se volvió emblemático de la “marea verde” regional, inundando las calles de América Latina y el Caribe en los últimos dos años para exigir el derecho a decidir. La ley Argentina permite el aborto únicamente en casos de violación o peligro para la salud de la mujer, por lo que muchas mujeres abortan en condiciones inseguras.
El nuevo gobierno de Alberto Fernández, quien se autodenomina de izquierda peronista, buscó dar cabida al activismo feminista en el gobierno actual con la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en 2019, según lo indica la socióloga argentina Maristella Svampa en “Reflexiones para un mundo post-coronavirus.” Así, las colectivas esperaban un mayor respaldo oficial para las iniciativas que benefician a las mujeres que durante el gobierno anterior de derecha encabezado por Mauricio Macri (2015-2019).
Mientras el congreso argentino debatia la propuesta, las feministas chilenas con sus pañuelos verdes marcharon también en 2018, bajo el lema “Con tres causales no alcanza.” En Chile en 2018 se había aprobado una ley, presentada y promulgada por la entonces presidenta Michelle Bachelet, que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales: “peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y embarazo por violación.” La normativa reemplazó la prohibición total del aborto vigente por cerca de 30 años, desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Recientemente, el movimiento se ha hecho muy visible a escala mundial por cuenta del himno Un Violador en Tu Camino, de la Colectiva Las Tesis retomando los estudios de la antropóloga Rita Laura Segato, que reunió a mujeres de diferentes generaciones, con sus ojos vendados, en las calles. El presidente, Sebastián Piñera, afirmó en marzo de este año en plena promulgación de la Ley Gabriela, que finalmente tipifica el feminicidio, que “no sólo es voluntad de los hombres abusar, sino también de las mujeres ser abusadas.” Este 8M, el Día Internacional de la Mujer, bajo el lema “mujeres a la calle contra la precarización de la vida,” participaron más de 120 mil marchantes según los cálculos más conservadores de los organismos de gobierno y cerca de 2 millones de acuerdo con la Coordinadora Feminista 8M. Poco después empezaron a ser detectados los primeros casos de coronavirus en la región, transformando este panorama.
Prácticas de encierro
En su décima rueda de prensa semanal del 2 de junio la Organización Panamericana de la Salud (PAHO) declaró a América Latina el centro de la pandemia. En la fecha 15 de septiembre, las cifras indican que Argentina tiene más de 577 mil casos y 138 mil pacientes activos, con más de 11 mil fallecimientos. En tanto, Chile se acerca los 438 mil casos, con 28 mil activos y tiene 12 mil fallecimientos. El descontento en ambos países crece por las crisis económicas derivadas de las medidas contra la pandemia.
El gobierno de Fernández en Argentina ha cerrado fronteras y ha puesto barreras sanitarias, además del fortalecimiento de la red hospitalaria. Desde el 20 de marzo se ha implementado un aislamiento obligatorio general con excepciones en servicios básicos de alimentación y salud, inicialmente decretado por 11 días, pero extendido hasta el 28 de junio y flexibilización de las medidas desde mediados de mayo, que se suma a la prohibición de los despidos y a la aplicación Cuidar Covid-19 Argentina para para el registro de contacto entre personas y de sus movimientos. Al final de julio, el Área Metropolitana de Buenos Aires, que concentra el 40 porciento de la población del país, tuvo más del mitad de los casos, en particular en los barrios más pobres.
En Chile, en tanto, se han implementado cuarentenas obligatorias desde mediados de marzo particularmente en el Gran Santiago, capital del país con casi el 36 por ciento de la población total, además de las medidas económicas y de mejora sanitaria.
El 17 de mayo el presidente Piñera se refirió a dos pandemias, la sanitaria y la social, para las que viene preparando el país. “[N]ada será suficiente si no contamos con la colaboración de toda la ciudadanía,” para cuidar población de riesgo, mayores, personas embarazadas y con condiciones preexistentes, asegura el presidente. La “pandemia social” a la que se refirió Piñera, ha sido atendida invirtiendo casi el 7 por ciento del PIB en enfrentar la crisis económica, programas para la oferta pública y privada de salud mental incluyendo una plataforma digital; y el fortalecimiento de red de residencias sanitarias especialmente para personas mayores. A esto se suma la aplicación CoronApp, con funciones similares a las de la aplicación argentina.
En ambos casos, las estrategias para atender la vida y la salud de las mujeres se han concentrado en la violencia machista en las casas. En ambos países, pedir en las farmacias un barbijo rojo en el caso de Argentina y una Mascarilla 19 en Chile activan protocolos de atención a las violencias. En el segundo caso las organizaciones feministas han criticado las iniciativas al ser implementadas sin considerar la realidad nacional y al no capacitar a las personas que atienden esos llamados, que puede llevar a la revictimización. La salud sexual y reproductiva, sin embargo, no ha merecido mayor atención.
Feminismo en pandemia
El feminismo se había visibilizado en las calles, pero la desigualdad se intensifica en las casas. Bajo las medidas de cuarentena, la búsqueda por estrategias no hospitalarias para interrumpir sus embarazos ha crecido en los dos países. Esto se debe en parte a sus legislaciones, pero también al desabastecimiento general de medicamentos y reducción de servicios no considerados vitales. Estos dos planos se tejen en la conformación de unas geografías desiguales, injustas y violentas. En las palabras de las geógrafas Sidney Calkin y Cordelia Freeman, “las estrategias para abortar dependen de las relaciones entre embodiment, movilidad y tecnología” y son “prácticas basadas en el lugar.”
Las mujeres mismas han intervenido estas geografías del aborto en América del Sur cruzando la frontera entre Chile y Perú, como dijo ya Freeman en 2016, para acceder a estos servicios. En tanto, las colectivas feministas en lo público han reorganizado sus redes de distribución de medicamentos, que venía transformándose desde antes por los medicamentos como el misoprostol, que facilita el llamado aborto autogestionado y trastoca ordenamientos espaciales. Las pastillas sí pueden viajar.
Argentina: Feministas que abortamos
Socorristas en Red (SenR), una red compuesta por 54 colectivas feministas, acompaña abortos seguros en casa en Argentina. Han atendido más de 3.800 personas en Argentina desde que comenzaron las medidas contra la pandemia, según ellas mismas informan, “algunas de ellas con los agresores en sus casas, algunas de ellas sin que sus familias sepan.” Estos acompañamientos se suman a los 4.158 hechos ya en los meses previos a la pandemia a lo largo de este año 2020. Las desigualdades estructurales que atraviesan la forma en que vivimos la pandemia son las mismas que atraviesan nuestros cuerpos con capacidad de gestar.
Para brindar el apoyo, organizan talleres con las mujeres que buscan su ayuda a través de videollamadas, donde proporcionan la información y la solidaridad que ellas necesitan para hacer su aborto por cuenta propia. Y si en algún momento se requiere, hacen las derivaciones correspondientes al sistema de salud, enseñando a las mujeres a comunicar apropiadamente su situación para obtener la atención más ajustada.
SenR había operado antes con acompañamientos personalizados con las mujeres que acudían a ellas y había estado en la calle haciendo parte de las marchas con las cuales se demandaron cambios legales en Argentina. También han sido centrales en la Campaña por Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, activa en Argentina desde hace 15 años. En medio del encierro, este 28 de mayo, celebraron un aniversario más de la campaña con un streaming en Facebook e inauguraron Archivo Rosa, una colección de testimonios de acompañamientos a mujeres que abortan. A lo largo de esta lucha, es posible que hayan sufrido censura por ello: en agosto de 2018 Facebook bloqueó su página y han recibido amenazas telefónicas en varias ocasiones, según lo han denunciado en esa red social.
En diciembre de 2018 la Asociación Contra la Violencia Institucional lanzó la aplicación ¡Socorro! Quiero Abortar. Solo en la primera semana después de su lanzamiento obtuvo 1.600 descargas y hasta el momento cuenta con más de 10 mil. La aplicación emplea la geolocalización para proporcionar contactos cercanos de SenR a sus usuarias. Si bien la aplicación es legal, varios grupos antiderechos han amenazado con acciones legales en su contra.
En 2019 el juicio al ginecólogo Leandro Rodríguez Lastra por violencia obstétrica expuso a las SenR a nuevas amenazas. El profesional medicó contra su voluntad a una adolescente de 19 años con 22 semanas de embarazo, producto de una violación. La mujer había comenzado la interrupción de su embarazo con Misoprostol que obtuvo a través de la red, y el doctor obstaculizó el aborto legal. Rodríguez Lastra fue condenado en marzo a 2 años apenas, mientras que la mujer fue forzada a parir. En redes, grupos antiderechos calificaron de absurdo que SenR no fuesen sujetas de persecución legal, asegurando que ellas se enriquecen con el aborto.
Debido a la emergencia del coronavirus muchos servicios de salud están siendo reformados, lo que pone en peligro los servicios de aborto al no considerarlos prioritarios. Es por eso que la Red de Profesionales de la Salud por el derecho a decidir, que están en conexión con SenR, ha puesto a disposición del público un listado de instituciones que están prestando este servicio. Ante las dificultades que implica el encierro obligatorio, la Red está actualizando constantemente este listado, de modo que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones seguras.
Chile: Aborta con las tortas
En Chile, donde hay por lo menos cuatro colectivas apoyando abortos, las medidas por la Covid-19 han obligado a repensar las estrategias de apoyo, así que ahora capacitan usando plataformas de videollamada. Ha sido una estrategia exitosa, si bien los suministros de Misoprostol y Mifepristona están escasos y hay mucha especulación en los precios. Su trabajo también se ha desarrollado más allá de la atención personal, organizando encuentros y debates, como “Pandemia: Salud y derechos sexuales y reproductivos,” de la Mesa Acción por el Aborto en Chile, donde señalaron que la cuestión ya estaba difícil antes del coronavirus, en lo público y en la cultura.
El feminismo chileno en el último quinquenio ha hecho el necesario trabajo de compartir información, pero una red va un paso más allá. La red Con las Amigas y en la Casa, compuesta en una buena parte por feministas lesbianas, fue creada en 2016 y es heredera de otras colectivas, como la Línea de Aborto. “Lo que hacemos es entregar información y acompañar el proceso de aborto antes, durante y después. Además, de facilitar el acceso a medicamentos de manera segura para que no se arriesguen con el mercado ilegal,” cuenta Viviana Díaz, una de sus fundadoras, médica lesbiana e integrante de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. En el Foro Objetar es Torturar, que tuvo lugar el año pasado en Valdivia en la Universidad Austral de Chile, al sur del país, Díaz añade que “una amiga hace más que lo mínimo: corre riesgos…usa ese lugar de la hegemonía médica para abrir grietas donde entre el aborto y la existencia de las mujeres.” Hacen referencia explícita a que trabajan con mujeres migrantes.
El año pasado, participaron en varias actividades de protesta como tomas de plazas públicas y pañuelazos. Durante la pandemia, se unieron al pañuelazo virtual el 28 de mayo que llenó las redes con imágenes de pañuelos en alto y lemas por el derecho a decidir.
Durante el 2019 recibieron alrededor de 180 correos electrónicos diarios al correo central, publicado en Facebook y manejado desde Santiago, solicitando apoyo, y las sedes locales en las 17 ciudades donde trabaja la red también tienen sus propios correos electrónicos. Las mujeres escriben a los correos dejando su información de contacto y ellas se comunican de vuelta, solicitan una ecografía y las citan a un taller en línea en donde se refieren al aborto con pastillas y teleconsultas en directo con ginecólogas y matronas de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, que se considera un espejo de la red argentina. Allí presentan el grupo y su posición política y luego explican el protocolo médico, riesgos y cosas a considerar; luego ella sigue recibiendo acompañamiento telefónico que termina cuando las mujeres lo decidan.
Para fortalecer su acompañamiento, las Amigas se asocian con la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir. Esta alianza es necesaria, cuenta Viviana Díaz, de las Amigas, porque “siempre que creemos que estamos progresando llega otro gobierno y lo derrumba todo…siempre tenemos que estar preparadas para protegernos o acompañarnos o exigiendo nuestros derechos.” Poco después de su inauguración, el gobierno de Piñera introdujo nuevas reglas que permiten la objeción de conciencia y así amenazan con socovar la ley de aborto. Además, el presidente ha nombrado funcionarias controvertidas para encargar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.
Para esta Red, las restricciones al aborto se cruzan con las herencias de la dictadura tanto en el sistema mixto (publico-privado) de salud, como en la posibilidad de objetar como profesional y, en el caso privado, como institución. Más aún, todas los ginecólogo del sistema publico en una ciudad completa, Osorno, se han declarado objetores bajo el ala protectora del actual gobierno de derecha: es así que ven la imposición del embarazo como una tortura. Más allá de Osorno, un reporte del Ministerio de Salud en el país dice que alrededor del 50 por ciento de los obstetras en el sistema público se ha declarado objetor de conciencia
En su página también se encuentra Un Objetor en Tu Camino, la versión del famoso himno feminista referido esta vez al aborto, hablando acerca de la obligación de dar a luz y de la impunidad para los profesionales que se declaran objetores de conciencia aun cuando se encuentre dentro de las causales de despenalización: “El estado represor es un médico objetor.”
La Lucha Sigue
En los tiempos más recientes la única pandemia de enfermedades emergentes que puso en el debate público el embarazo y el aborto en el orden de género y sexualidad y sus múltiples opresiones había sido la de Zika, entre 2015 y 2016. Entonces la salud de los fetos motivó las discusiones incluso en los países con legislación más restrictiva, debido al Síndrome de Zika Congénito, un conjunto de anomalías congénitas que pueden generar problemas de desarrollo y cerebrales. Otros virus problemáticos que atraviesan la barrera placentaria y que se han presentado con particular virulencia en la región no refieren a esa discusión, como el dengue.
Hoy, el gobierno biopolítico del coronavirus reta a estos movimientos que conquistaron la calle, a mantener sus luchas vivas. Lo personal es más político que nunca. Para Preciado, con quien comencé este escrito, como para María Galindo, feminista anarquista boliviana, la distancia social y el confinamiento tienen el potencial de destejer nuestras redes. De aquí que Galindo propuso pensar el contacto como práctica subversiva, para que la enfermedad “nos pesque cantando y abrazándonos, porque el contagio es inminente…que nos encuentre el coronavirus, listas para el contagio.” En tanto, Preciado nos invitó desde la desconfianza a “reapropiarnos críticamente de las técnicas de biopolíticas y de sus dispositivos farmacopornográficos” para resistir “a la descolectivización y al telecontrol” que reconfiguran las geografías de los cuerpos bajo los principios de la vigilancia epidemiológica.
Sin embargo, aun con la separación, nuestros vínculos resisten. Las redes sociales han sido ya nuestras, al menos en parte, con fenómenos como #MeToo y #NiUnaMenos, entre muchos otros, y nos facilitaron hilarnos antes, con nuestros pañuelos, en una gran marea verde. Por eso las feministas del cono sur están recurriendo a la virtualización para sus activismos: es justamente porque esas tecnologías existen que el apoyo y la compañía son posibles, amorosas y sentidas. No nos desconectaremos.
Claudia Rivera Amarillo es antropóloga e historiadora y trabaja en estudios feministas de las ciencias, especialmente en los cruces entre ciencia y sexualidad. Su investigación gira en torno a las ciencias y las tecnologías en enfermedades emergentes, más recientemente la pandemia de Zika (2015-2016). Explora las relaciones entre cuerpos y espacialidades en la forma en que estas pandemias son investigadas e intervenidas.
