Los habitantes de Soyapango se encontraban ya hartos de la escasez crónica de agua cuando El Salvador se convirtió en uno de los primeros países del mundo en sumirse en un bloqueo militar para evitar la propagación del coronavirus. A la vez que el presidente Nayib Bukele anunciaba una cuarentena nacional y la Organización Mundial de la Salud promovía el lavado de manos frecuente como la mejor defensa contra el virus, varias comunidades de Soyapango sufrían una interrupción prolongada de suministro de agua, en las que algunas pasaron hasta 22 días sin servicio. Los residentes acudían en masa a los camiones cisterna municipales enviados por el alcalde, para llenar recipientes como botellas de refresco vacías, jarras de gran tamaño y grandes cubos de plástico, y así racionar su uso de agua. Pero según el propio alcalde, el suministro de emergencia no fue suficiente para cubrir la demanda. Al mismo tiempo, la petición de una respuesta nacional coordinada a la crisis del agua, como parte clave de los esfuerzos de salud pública en medio de la pandemia, quedaron sin respuesta.
En Soyapango, un centro urbano de 285,000 habitantes del gran San Salvador y la segunda zona con alta densidad poblacional en el país, las comunidades hacinadas han enfrentado la amenaza inminente de la escasez hídrica durante años la cual, para algunos, se ha intensificado en los dos últimos. En 2019 el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, estimó que más del 70 por ciento del municipio no recibe agua suficiente para sustentar sus hogares, y a menudo pasan semanas sin que corra una sola gota por sus cañerías. Incluso cuando llega a fluir el agua a través de las tuberías, a menudo es un goteo intermitente de presión mínima, por lo que tratar de almacenar agua para el próximo corte inevitable es una tarea exasperante. En otros cantones y barrios más alejados a la red oficial, la infraestructura para el suministro simplemente no existe. Y, por si fuera poco, debido a la sobreexplotación de los acuíferos junto con una remediación deficiente y una sequía prolongada, las disminuyentes fuentes de agua dulce están altamente contaminadas.
La actual crisis de El Salvador en torno a los recursos hídricos y la correspondiente infraestructura expone una serie de desigualdades entre los poderosos y los precarios. El agua potable se ha convertido en el principal motivo de lucha por la supervivencia presente y futura de las comunidades. No existen mecanismos en todo el país para regular el uso del agua por parte de las empresas o para obligar a estas a realizar tratamientos, remediaciones o incluso una limpieza básica de las fuentes que contaminan. Sin embargo, la prolongada lucha para asegurar una legislación que regule el agua como un derecho humano —conocida como la Ley General de Aguas— se ha enfrentado repetidamente a fuerzas pro-empresariales que intentan la privatización de facto. Más allá de la disponibilidad cada vez menor del recurso, existe una profunda crisis "hidrosocial" resultante de la deformada economía política del país y su territorio agraviado. Juntos, estos factores lanzan este problema a una tensa batalla cuya resolución parece continuamente pateada en el camino, ya que incluso cuando los niveles de agua dulce retroceden, el consumo aumenta y las estrategias de reabastecimiento y sostenibilidad siguen siendo inadecuadas.
El Salvador ha superado constantemente los índices de degradación ambiental en las Américas desde principios de la década de 1990, cuando el país se estabilizó después de su guerra civil de 12 años. Como uno de los países más deforestados del hemisferio junto a Haití, y hogar de un modelo de agricultura industrial intensiva solidificado en los años neoliberales de la posguerra, el país sigue siendo incapaz de superar la extrema degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y los niveles alarmantes de contaminación por agroquímicos que impregnan su paisaje volcánico, sucios ríos y lagos menguantes. Ahora, en el sexto año de una prolongada sequía debido al cambio climático y la escasa cobertura forestal, El Salvador, al igual que otros países del Corredor Seco Centroamericano, sigue siendo frágil debido el clima. Incluso cuando llega la lluvia, los suelos agotados y la infraestructura de aguas pluviales envejecida evitan que el agua de lluvia reponga las reservas subterráneas.
Hoy, la lucha por el agua potable en El Salvador es una lucha por un nuevo contrato social que se centra en la dignidad de las personas. También impulsa un tipo diferente de negociación ciudadana sobre el uso del agua al tomar en serio el papel de los miembros de la comunidad como partes interesadas para guiar el uso de este recurso vital para el beneficio colectivo de las generaciones venideras. Comunidades como la localidad rural de Tacuba, por ejemplo, han montado campañas de años en defensa del agua que acentúa su particular realidad histórica e Indígena. Los defensores del agua de Tacuba, a través de su Asociación para el Desarrollo Comunal, han innovado un sistema de distribución democráticamente controlado que ha atendido a más de 5,000 personas desde 1996. Este sistema, sin embargo, ha estado bajo ataque continuo desde su inicio.
El panorama actual del uso del agua y la provisión de servicios está, por diseño, orientado hacia la maximización económica y las ganancias trimestrales. Este sistema otorga concesiones a corporaciones y proyectos de desarrollo privados para la explotación de acuíferos y el uso indiscriminado de fuentes limitadas de agua limpia para el enriquecimiento corporativo. Esto permite a los usuarios industriales explotar el agua con poca consideración por el bienestar ambiental y la salud del ecosistema. Al mismo tiempo, el suministro hídrico es una mezcolanza débilmente regulada, que deja muchos vacíos en el servicio y que a menudo llevan a las comunidades a diseñar estrategias locales para almacenar agua. Los desechos industriales vertidos en los ríos contaminan las fuentes que, en un gran número de casos, la gente aún utiliza para bañarse, beber, divertirse, lavar ropa y enseres domésticos y, sobre todo, para el riego de cultivos de subsistencia. Las consecuencias de la mala calidad del agua pueden incluir diarrea crónica, así como una drástica reducción en la expectativa de vida y un bajo rendimiento de los cultivos.
En este contexto, las empresas embotelladoras se han apropiado de las aguas del subsuelo para vender agua potable embotellada a los salvadoreños. En la Asamblea Legislativa, una lucha de más de una década para hacer del acceso al agua potable y, en consecuencia, la soberanía alimentaria un derecho constitucional, es permanentemente aplazado. Alcanzar estos objetivos ha sido imposible en una legislatura consistentemente pro-empresarial cuyos intereses son irreconciliables con las demandas de la amplia alianza de movimientos populares, ambientales y de soberanía alimentaria, sindicatos, universidades y líderes religiosos que piden una regulación integral del agua. En resumen, mientras que los intereses a favor de las empresas buscan apilar cualquier junta de gestión pública futura de una manera que los críticos dicen que equivale a una privatización, las comunidades quieren autonomía para gobernar el uso del agua.
Aguas tumultuosas
Los barrios marginales en expansión de Soyapango son representativos de la dimensión urbana de la crisis hídrica en El Salvador, la cual ha sido menos discutida que la situación en las áreas rurales. Aunque el municipio reposa sobre muchos ríos emblemáticos, como todos los ríos que atraviesan la zona metropolitana, estos están ahora contaminados sin posibilidad de recuperación. Soyapango tiene una enorme reputación negativa como resultado de las altas tasas de delincuencia, pobreza, hacinamiento y contaminación. También alberga una infraestructura deficiente y vulnerable, agravada aun más por la reciente tormenta tropical Amanda y la actual crisis del coronavirus. Su endémica necesidad de agua es solo otro síntoma de un profundo abandono. Esta situación presenta tanto un reflejo de la urbanización descontrolada que ha hecho de la zona un microcosmos del país por si solo, como un atisbo distópico de su futuro colectivo.
A raíz de que Soyapango quedó sin agua durante semanas a comienzos de este año, la multitud sedienta salió a las calles a protestar y avergonzar al gobierno y a su distribuidora de agua, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), por su incapacidad de satisfacer esta necesidad fundamental. Para las familias de bajos recursos, verse obligadas a comprar agua embotellada significa asumir cargas económicas adicionales, restando recursos familiares limitados para pagar en los bolsillos de las principales embotelladoras como La Constancia o Coca-Cola. Las comunidades bloquearon calles y marcharon hacia las carreteras principales. Sus acciones obligaron al gobierno a enviar camiones cisterna durante marzo y abril mientras ofrecían una serie de promesas de perforar nuevos pozos para mejorar el servicio de forma permanente. Estas familias movilizadas también destacaron que, sin agua potable, sus comunidades están efectivamente condenadas a la muerte por enfermedades comunes como la disentería, el dengue, la diarrea y ahora el coronavirus, además de otras infecciones derivadas de una higiene inadecuada. En efecto, la protesta comunitaria empujó a ANDA a bombear una escasa cantidad de agua a través de tuberías con fugas a modo de calmar el descontento. Posteriormente en mayo, bajo los auspicios del Plan Nacional de Agua de Bukele, la ANDA finalmente fue autorizada para iniciar un proyecto masivo de rehabilitación de pozos disfuncionales, incluyendo una gran cantidad que atienden a la población de Soyapango.
En algunas comunidades, como Altos de Cerro de Soyapango, la gente ha rechazado las soluciones provisionales como los camiones cisterna y sigue exigiendo agua del grifo. En general, hay poca fe en las instituciones gubernamentales para resolver la crisis del agua. En la cercana Altavista, otra zona poblada que se extiende a lo largo de tres municipios, los residentes han protestado repetidamente por el fracaso constante de los gobiernos de proveer acceso a agua potable. Más de otras 2,000 comunidades en todo el país han avanzado en el establecimiento de sus propias redes de suministro y distribución de agua a través de sistemas comunales, como en el caso de Tacuba.
Infraestructuras goteantes
ANDA, la agencia autónoma encargada de distribuir agua a nivel nacional, es también responsable de mantener y administrar la existente y envejecida infraestructura hídrica del país. La agencia construye pozos, administra estaciones de bombeo y coloca tuberías de suministro y drenaje en todo el país, desde los núcleos urbanos superpoblados como Soyapango hasta las periferias más alejadas de Usulután y La Unión. También trabaja junto con las comunidades rurales para fortalecer la activa infraestructura de bombas que impulsa el agua a áreas más remotas, y construir sistemas de drenaje de aguas residuales y pluviales. Apreciada y a menudo ridiculizada, la ANDA es el principal órgano público que interactúa con la población en torno a cuestiones relacionadas con el uso del agua. En instancias de grave escasez hídrica, se forman filas en las subestaciones de ANDA que disponen de grifos públicos para uso general.
ANDA, que a menudo enfrenta crisis de solvencia, incluso durante la pandemia, tiene la tarea de satisfacer con menos recursos y maquinaria vieja las crecientes necesidades de agua. El deterioro de la infraestructura hídrica da como resultado la presencia de fugas, roturas y explosiones periódicas de las líneas de suministro tanto subterráneas como superficiales, y demuestra la incapacidad de ANDA en proporcionar el mantenimiento necesario. Incluso cuando la lluvia llega a este rincón del Corredor Seco, casi nunca llega a las plantas de saneamiento para purificarse; las grandes tormentas a menudo destruyen las tuberías de suministro y abruman los sistemas de alcantarillado.
Una importante iniciativa política encabezada por activistas por los derechos del agua busca financiar adecuadamente a ANDA como parte del establecimiento de un sistema nacional sólido que pueda satisfacer las necesidades de la comunidad al tiempo que disminuye la necesidad de cavar nuevos pozos en las áreas rurales. Además, la tarea a largo plazo de ANDA es disminuir la dependencia de la comunidad de los ríos para las necesidades del hogar, desde la lavandería hasta el vertido de aguas residuales, mediante la instalación y mantenimiento de más dispositivos portátiles de purificación, la rehabilitación de ríos de manera más consistente y la educación de la gente sobre el manejo de cuencas.
Actualmente ANDA no puede cumplir con este mandato ya que los recurrentes recortes presupuestarios han hecho que la agencia sea propensa a errores, como tiempos de respuesta prolongados y deterioros en la calidad del trabajo. En enero de 2020, por ejemplo, el agua teñida de naranja se abrió paso por los grifos del área metropolitana de San Salvador. La administración de Bukele, incluido el Ministerio de Salud, declaró públicamente que el agua era segura para beber a pesar de su color oscuro, sabor metálico y mal olor, y afirmó que las algas estaban afectando la calidad del agua. El gobierno tardó casi una semana en corregir parcialmente el rumbo, utilizando el herbicida agrícola sulfato de cobre para desinfectar el agua, sin mayor estudio en si la sustancia era segura para el consumo humano. Como era de esperar, el gobierno de Bukele difamó a las administraciones anteriores por su fracaso en apoyar a ANDA. Al mismo tiempo, reprendió a la agencia del agua, una entidad supuestamente autónoma, por ineficaz, sugiriendo que de hecho podría beneficiarse de una nueva administración a través de la privatización.
La devaluación sistemática de ANDA no se limita al actual gobierno. Las administraciones anteriores también desviaron la atención de la escasez de agua al enfocarse en otros problemas clave y aparentemente inmediatos, como la seguridad, a expensas de la inversión en ANDA. La oferta respaldada por las empresas para privatizar el agua, especialmente en las áreas urbanas de San Salvador que albergan a la mayoría de la población del país, depende de la depreciación de ANDA: enmarcar a la agencia como ineficaz explota la creciente frustración pública con el empeoramiento del servicio para posicionar la privatización como una forma de impulsar la eficiencia y mejorar los servicios, principalmente el acortar los tiempos de inactividad del servicio. El presidente Bukele utiliza un discurso flexible sobre ANDA y, a menudo, asiente con un tono de disculpa sobre la terrible realidad del agua en el país mientras promete mejorar la capacidad operativa de esa institución. A raíz del episodio de agua contaminada a principios de de este año, Bukele anunció que ANDA recibirá nuevos sistemas de tratamiento y filtración, sugiriendo que si la agencia mejora operacionalmente, no habrá necesidad de considerar la privatización. Estas reparaciones y actualizaciones son realmente urgentes. Sin embargo, como señaló Sandra Gutiérrez Poizat de la Universidad Centroamericana (UCA) en San Salvador, una nueva planta de filtración no puede sustituir a un plan de agua exhaustivo y dirigido por expertos para la ciudad y el país.
Estas infraestructuras gestionadas por ANDA son clave para comprender cómo las tormentas se convierten rápidamente en desastres cuando los sistemas de alcantarillado deficientes no pueden drenar las aguas torrenciales. Las aguas de lluvia se acumulan rápidamente y provocan grandes inundaciones, lo que obliga a las personas a evacuar sus hogares, como sucedió durante la tormenta tropical Amanda. Centroamérica es una de las regiones más vulnerables del mundo al cambio climático, y los suelos exhaustos de El Salvador, junto con una preparación institucional deficiente ante desastres naturales, lo ponen en un riesgo aún mayor frente a las sequías y las lluvias intensas, las cuales están proyectadas a intensificarse a efectos del cambio climático.
Éxodos hídricos
Las preocupaciones por el agua en diferentes partes del país a menudo se centran en los niveles de contaminación del agua superficial, el estado de los acuíferos y los preexistentes usos industriales en el área. En Nejapa, ubicada al norte de San Salvador, por ejemplo, la población debe recolectar agua de lluvia en cisternas para la realización de tareas básicas. Otras comunidades rurales dependen de un solo pozo comunal poco profundo para dar servicio a varias familias. Cuando no hay pozo, las personas se ven obligadas a depender de arroyos contaminados, a menudo con materia fecal, o a utilizar el agua expulsada de los barrios residenciales privados aledaños.
En respuesta a esta profunda desigualdad en el acceso al agua, una amplia coalición organizada como el Foro del Agua presentó la Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa en 2006. La iniciativa es un esfuerzo liderado por la comunidad para impulsar una distribución más justa del agua potable. El proyecto de ley, que en su versión actual propone un organismo regulador compuesto por actores públicos, está diseñado a poner límites a la abrumadora explotación del agua por parte de grandes empresas como embotelladoras, cafetales y otras operaciones extractivas que han contribuido a la asombrosa escasez y contaminación del recurso vital.
Sobre la base de la declaración del agua como derecho humano por parte de las Naciones Unidas en 2010, la Ley General de Aguas propuesta ampliaría las disposiciones reglamentarias para que las comunidades gestionen sus propias fuentes de agua locales, afirmando que el agua es, como sostienen los defensores del medio ambiente, la base misma de la dignidad humana. También introduciría responsabilidades posteriores al uso para las empresas a las que se les otorguen concesiones de agua, como limpieza y restauración, e introduciría multas por exceder los límites permitidos. En resumen, la Ley General de Aguas es el resultado de un proyecto crucial más amplio: proteger el acceso al agua como un derecho inalienable y construir un Consejo Nacional del Agua institucionalmente formidable que defienda los intereses de las comunidades, no de las corporaciones, a modo de salvaguardar la salud de la población y garantizar distribución equitativa del agua. La propuesta se basa en el movimiento en contra de la minería que resultó en la expulsión de las empresas mineras transnacionales de El Salvador, y el aseguramiento de la primera prohibición mundial de la minería de metales en 2017.
La Ley General de Aguas se opone directamente a una contrapropuesta de la derecha, la Ley Integral o Universal de Aguas, presentada en 2017. Este proyecto de ley representa un intento de los intereses pro-empresariales de usurpar la energía detrás de la Ley General de Aguas y bloquear los esfuerzos de convertir el agua en un bien público no negociable y protegido como derecho constitucional. En cambio, la Ley Integral de Aguas busca garantizar que los intereses privados estén sobrerrepresentados en el organismo administrativo encargado de supervisar el uso nacional del agua, configurándolo para centrarse en la explotación a corto plazo en lugar de la sostenibilidad para las generaciones futuras. Como han señalado los frustrados defensores del agua y otros activistas de diversos movimientos sociales salvadoreños, la propuesta es una estrategia para privatizar funcionalmente el agua al permitir que las élites económicas continúen con el uso excesivo no regulado y manteniendo a ANDA ineficaz. Este enfoque también perpetuaría la dependencia al agua embotellada, privilegiaría el desarrollo de complejos habitacionales cerrados que brinden incentivos de ganancias para la industria inmobiliaria y obligaría a ANDA a actuar como una empresa con fines de lucro que busca la solvencia como meta trimestral. En resumen, esta propuesta equivale a un plan maestro para mantener el estatus quo.
El agua es política, y la incapacidad de los legisladores para avanzar en cualquier ley que regule el uso del agua es una clara indicación del estancamiento legislativo actual. La hidropolítica salvadoreña es una cuestión de desigualdad, institucionalización y creación de mecanismos para mejor gestión del agua limitada. Mientras continúan los lentos debates legislativos, los salvadoreños siguen con sed y sin el agua necesaria para garantizar una vida saludable en el día a día. El trabajo de la organización de solidaridad internacional sin fines de lucro SHARE El Salvador y el Foro del Agua siguen siendo fundamentales en esta lucha. Como subraya el ecologista Andrés McKinley, el futuro del agua en el país en su totalidad descansa en el desarrollo de modelos colaborativos y mecanismos de buena gobernanza para asegurar la rendición de cuentas de los malos actores y garantizar el acceso de todos los sectores para usos de subsistencia.
La gestión hídrica también es fundamental para la dinámica de la migración. Las personas a menudo se trasladan de los espacios rurales a los urbanos, como Soyapango, por estas mismas razones, estableciendo nuevos asentamientos que extienden el alcance metropolitano de San Salvador. Estar en una red de agua disfuncional, por supuesto, no equivale a abundancia de agua. Los cantones de Soyapango, similares a los de muchos otros lugares como San Martín, Nejapa, Ilopango y San Bartolo experimentan una escasez recurrente de agua y un servicio inadecuado que eventualmente hará que más personas abandonen el país por completo. Este es un resultado predecible de una mala gestión profunda de los recursos que otorga a grandes intereses comerciales—incluido el desarrollo de proyectos inmobiliarios privados y complejos de viviendas construidos por empresas locales y transnacionales—líneas prioritarias de acceso a pozos y acuíferos locales para llenar sus enormes cisternas a expensas de las necesidades diarias de las familias.
El futuro, reseco
El abandono de comunidades en lugares como Soyapango forma parte de un patrón de negligencia rutinaria por parte del gobierno central con los sectores populares, incluso en su actual enfoque de gestión hídrica. Enfrentando un estancamiento político en la Ley General de Aguas, han surgido iniciativas lideradas por comunidades a lo largo de todo el país, que abordan urgentemente el estrés hídrico presente y futuro. El pueblo de Suchitoto, por ejemplo, ubicado a orillas del lago Suchitlán, realizó una consulta popular el año pasado para abordar la escasez de agua local y la usurpación empresarial de las finitas reservas de agua subterránea. En esta votación pública, los vecinos decidieron declarar el agua como un derecho humano. Otras comunidades han formado consejos de agua o juntas de gestión locales. Estos esfuerzos liderados por la comunidad eluden el lento movimiento de la legislación al afirmar el derecho humano de las personas al agua y, por lo tanto, su derecho a usarlo de manera sensata y decidida a nivel local.
La tormenta tropical Amanda y el COVID-19 han expuesto dramáticamente cómo la falta de inclusión del agua como un elemento clave de los planes de seguridad ciudadana y salud pública solo puede producir estrategias inadecuadas de gestión de riesgos. Estos fenómenos naturales convertidos en desastres sociales han demostrado que El Salvador sigue estando muy poco preparado para cumplir con los protocolos básicos de higiene de la OMS o para prevenir la destrucción de viviendas debido a variaciones climáticas extremas y lluvias prolongadas. Queda demostrado claramente la vulnerabilidad de comunidades populares como Soyapango y la vecina Ilopango, que se han quedado al margen de las estrategias de mitigación de desastres por eventos como deslizamientos de tierra, inundaciones y sistemas de alcantarillado disfuncionales puestos a prueba más allá de sus capacidades. La zona rural de El Salvador también se ve muy afectada por problemas similares de erosión del suelo y alteración de la cuenca. Estos problemas hacen que los ríos sean susceptibles a eventos de desborde que amenazan con arrasar las comunidades pobres construidas en sus riberas inestables. Sin lugar a duda, el sistema de gestión del agua del país no está bien mantenido y es incapaz de soportar incluso las lluvias ligeras, y mucho menos de proporcionar un servicio adecuado.
Las lógicas excluyentes que impulsan el debate sobre el agua en El Salvador enfrentan hoy una visión lucrativa encarnada por el sector empresarial contra una visión centrada en el uso comunitario y el aspecto más esencial de la reproducción social: la supervivencia colectiva. En la actualidad, con Bukele a la cabeza y una mayoría de derecha en la Asamblea Legislativa, es poco probable que se apruebe la Ley General de Aguas. La incompetencia percibida de ANDA ha envalentonado los llamados a la privatización y los legisladores no ven el valor de la participación ciudadana en la futura gestión del agua. Parece que el bloque de derecha a favor de las empresas hará más avances para aflojar las protecciones contra la contaminación y permitir que el sector privado administre el uso local del agua. El agotamiento de los acuíferos continúa, la deforestación persiste y la sequía prolongada de El Salvador hace que la reposición de las agotadas aguas subterráneas sea exasperantemente lenta. Las protestas sociales contra estas condiciones continúan estallando en todo San Salvador. Como explica un informe reciente de la organización ambiental salvadoreña Fundación PRISMA, si bien ha habido mejoras en el suministro por parte de ANDA, el sector de mayor crecimiento en términos de uso de agua en San Salvador es comercial y no, como cabría esperar, las poblaciones de esta ciudad en constante expansión.
En los escenarios estadísticos y climatológicos de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe sobre la disponibilidad a futuro del agua en Centroamérica, proyectan que El Salvador será el más afectado. Si bien los países vecinos con costas caribeñas enfrentarán una disminución en el agua consumible, las lluvias activas aún promoverán la reposición de los acuíferos. Pero en El Salvador, una combinación de sequía, sobrepoblación y una temporada de lluvias más corta augura un futuro de gran estrés hídrico. La creciente intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, junto con la necesidad inmediata de abrir nuevos pozos para acceder a fuentes de agua subterránea más profundas y frágiles, hacen que el país sea especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Si bien las soluciones temporales pueden satisfacer las necesidades de agua en el presente, pondrán en peligro la capacidad de recuperación del agua en el futuro. Sin nuevos enfoques, los suelos áridos y los recursos hídricos mínimos podrían hacer que el país sea inhabitable en solo 80 años, según la oficina de derechos humanos del país.
Seguido al Foro del Agua, El Salvador requiere un replanteamiento integral de la gestión hídrica que priorice los usos agrarios y de subsistencia, construya asociaciones estatales-locales y fomente modelos comunitarios sostenibles para la soberanía hídrica. Cualquier institucionalización de una Ley General de Aguas debe partir de la premisa de que las necesidades de la comunidad son primordiales sobre la sed de las grandes empresas que, con pajillas y bolsillos más profundos, continúan deshidratando los acuíferos y consumiendo el agua subterránea que nos sustenta a todos.
Traducido por Cristina Tedman Lezcano.
Jorge E. Cuéllar es un académico interdisciplinario cuyo enfoque es Centroamérica y sus diásporas. Recientemente fue nombrado Mellow Faculty Fellow y Profesor Asistente (2021-) de Estudios Latinoamericanos, Latinos y del Caribe en Dartmouth College. Actualmente Cuéllar trabaja en su primer libro centrado en la política de la vida en El Salvador contemporáneo.
