Este artículo fue publicado originalmente en inglés en la revista impresa de NACLA y la versión en español es una co-publicación con Jacobin América Latina.
Bajo la presidencia Nayib Bukele, un millonario y populista autoritario de 40 años, los derechos humanos en El Salvador han experimentado un marcado retroceso. Bukele revirtió los avances de los gobiernos anteriores del partido de la izquierda, el FMLN, en materia de reformas sociales y democráticas. Pisoteó la frágil institucionalidad de los Acuerdos de Paz que, en 1992, cerraron una guerra civil de 12 años. Ha provocado múltiples crisis constitucionales y profundizado la militarización—tendencias exacerbadas durante la pandemia del Covid-19.
En esta entrevista, realizada en agosto de 2020, el defensor de derechos humanos David Morales conversa sobre los desafíos que el gobierno de Bukele presenta para la precaria democracia salvadoreña de la posguerra, y los horizontes de resistencia en un contexto cada vez más autócrata. Morales es abogado querellante en el caso contra los autores de la masacre en El Mozote de 1981. Fungió como Procurador de Derechos Humanos de El Salvador entre 2013-2016, y hoy es Director de Litigio Estratégico en la organización no-gubernamental Cristosal, donde trabaja temas del desplazamiento forzado y justicia para víctimas de violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
Hilary Goodfriend: Antes de la pandemia del Covid-19, El Salvador ya experimentaba múltiples crisis—desde la violencia de los feminicidios y las pandillas hasta la represión del Estado de las mismas y la criminalización de los migrantes en el exterior. A esto agregamos la crisis constitucional provocada por la incursión del presidente con las Fuerzas Armadas a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero. ¿Cómo se ha vivido este primer año de gobierno de Bukele?
David Morales: Después de un ano de gobierno, no tenemos avances relevantes sino retrocesos. El perfil de la actual gestión del gobierno es un perfil que simpatiza con la militarización y la está acentuando, que centraliza las decisiones, que debilita políticas publicas de corte social, que simpatiza con una política exterior muy adepta al actual presidente de los EEUU. Ha supuesto un ejercicio del poder muy autoritario.
Usted mencionó la seguridad pública. Hay una reducción de homicidios, presentada oficialmente como el mayor logro de la gestión del presidente. En realidad, es un logro muy discutido, en la medida de que no existen explicaciones claras para lograr esta reducción.
El nuevo “Plan de Control Territorial” no es una política publica transparente. Las pandillas, al parecer, continuaría en el control de los territorios de acuerdo a diversas investigaciones periodísticas y también la labor de organizaciones civiles en los territorios, de tal manera que se ha vuelto a especularse sobre los posibles acuerdos con los liderazgos de pandillas para bajar los homicidios. [Revelaciones periodísticas del medio El Faro posteriormente confirmaron la existencia de negociaciones secretas entre el gobierno de Bukele y la dirigencia encarcelada de las pandillas.] Acuerdos que se podría haber dado al margen de la legalidad, y por lo tanto tener consecuencias de fortalecimiento de la criminalidad organizada como había ocurrido durante la gestión del presidente Funes, al adoptarse a una estrategia ilegal de concesión de privilegios y al margen de la participación comunitaria. Esto generó una oleada mayor de violencia en el año 2015.
El Salvador ha pagado un precio alto por adoptar una estrategia de corte populista en sus políticas de seguridad pública, conocidas como el “mano durismo”, que han tenido este enfoque de atacar efectos de la violencia con militarización e intervenciones policiales. Esto hasta el gobierno del presidente Sánchez Cerén entre 2014-2019, que se gesta oficialmente una política desde una perspectiva más integral, que consideraba no solo la represión sino también la prevención, el acompañamiento a victimas, el fortalecimiento de las instituciones, etc. Lamentablemente, los esfuerzos más integrales quedaron en segundo nivel de prioridad o focalizados a experiencias pilotos que fueron positivas, pero que al final no pudieron dar un cambio de rumbo a la política de la seguridad publica en El Salvador.
Hemos experimentado también otros retrocesos. Me parece un desacierto muy grande el cierre de la Secretaria de Inclusión Social a los inicios del gobierno de Bukele. Destacó el liderazgo de esta Secretaría en la implementación de políticas para erradicar la violencia contra las mujeres, que tuvo un escenario favorable por la aprobación de leyes especiales importantes y que derivaron en un programa bastante exitoso que fue el programa Ciudad Mujer, para otorgar una atención más eficiente de los servicios públicos hacia mujeres de poblaciones en vulnerabilidad o victimas de violencia. Ha sido notable también el debilitamiento del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y tenemos un debilitamiento similar en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, que era uno de los logros institucionales importantes en materia de derechos humanos de los últimos anos.
La vulnerabilidad ambiental parece estar ahora más expuesta: hay señalamientos de los movimientos de la aceleración de tramites de permisos para proyectos con impactos ambientales considerables, sobre todo en afectación del derecho humano al agua. Se debilitó fuertemente el Sistema Nacional de Protección Civil, que se había construido en los gobiernos anteriores: se activaba ante eventos naturales que generaban consecuencias muy graves, sobre todo a poblaciones pobres y rurales. La crisis de la pandemia ya ponía en evidencia el desmontaje, sobre todo a niveles municipales y comunitarios, del Sistema de Protección Civil, que derivó en tragedias y muertes que pudieron evitarse muchas de ellas.
Debo, también, poner el ejemplo de la población que fue victima de crímenes de lesa de humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto armado, abandonados por todos los gobiernos desde el fin de la guerra, pero al menos tardíamente durante los gobiernos del FMLN, población que recibió un reconcomiendo de la verdad y procesos mínimos de reparaciones, que supone un avance histórico, pero todavía insuficiente. Con el actual gobierno, estos procesos se deterioraron o paralizaron. Tuvimos meses de parálisis en los procesos de reparaciones en las comunidades victimas de la masacre de El Mozote, y un debilitamiento grande de comisiones de búsqueda de desparecidos.
También se ha generado una crisis política a partir de posicionamientos del presidente Bukele en contra del sistema constitucional básico de división de poderes y pesos y contra pesos. El 9 de febrero fue la expresión muy grande cuando, buscando la aprobación de un préstamo, tomó militarmente la Asamblea con una clara amenaza de disolución de esa entidad del Estado.
Ya, además, han comenzado a surgir investigaciones periodísticas que hablan de corrupción durante la administración de la pandemia, así que iniciamos un segundo año de la presidencia de Bukele con grave deterioro de la democracia en El Salvador, a partir de esta forma autoritario de ejercer el poder que está dañando algunos avances positivos que tenía la joven y todavía muy deficiente democracia salvadoreña desde los Acuerdos de Paz.
HG: Como señaló usted, la pandemia de Covid ha provocado nuevas vulnerabilidades y víctimas en El Salvador. ¿Cómo ha sido la respuesta del gobierno salvadoreño a la pandemia, y qué es la situación en el país en este momento?
DM: [Bajo los gobiernos anteriores] había una reforma al sistema de salud que había permitido ciertos niveles de descentralización e intervención en los territorios, con un enfoque de prevención bastante fuerte, también con algunos enfoques a favor de poblaciones en vulnerabilidad, como victimas de violencia, victimas del conflicto armado, veteranos de la guerra, entre otras. Había también una posición clara contra la privatización de esos servicios. Este proceso de reforma prácticamente fue abandonado en la gestión del actual gobierno.
Frente la pandemia, se adoptaron medidas rigurosas, oportunas y realmente quizás necesarias, entre ellas la búsqueda de cierre de fronteras y de restricciones apropiadas para prevenir el contagio. Sin embargo, desde el primer momento fueron administradas no solo con improvisación, sino con abusos de poder y violaciones que derivaron en impactos muy negativos no solo a los derechos humanos en general sino a la vida y salud de personas.
El cierre del aeropuerto trajo consigo la inmediata privación de libertad de todos los pasajeros que arribaron al país y su confinamiento en centros totalmente inapropiados para el distanciamiento social y para un trato digno básico. Comenzaron a sufrir estos cientos de personas tratos inhumanos, y comenzó a producirse la figura del contagio forzado del Covid. Tuvimos tragedias de muertes ocasionadas por la deficiente atención de pacientes diabéticos, enfermos renales, hipertensos, que fueron completamente desatendidos o tratados de forma inadecuada. Hubo muchas detenciones arbitrarias documentadas por la prensa, las organizaciones de derechos humanos: personas que buscaban alimentos fueron detenidas o metidas, algunas, a privaciones de libertad que excedieron hasta los 40 o 50 días sin ningún criterio.
La Asamblea aprobó regímenes de excepción sin cumplir los estándares constitucionales adecuados y sin establecer limites claros a las restricciones que el Ejecutivo iba a llevar a la práctica. La Sala de lo Constitucional ha declarado ya que estos decretos legislativos son inconstitucionales, pero que también fueron inconstitucionales todos los decretos del gobierno del presidente Bukele. Estos decretos no consideraban en modo alguno la situación de personas con condición de vulnerabilidad, ni poblaciones rurales, ni personas con enfermedades crónicas, ni niñez y adolescencia, mujeres, ni victimas de violencia. No fueron cumplidas muchas resoluciones de procesos de habeas corpus ordenadas por la Sala en relación a las detenciones arbitrarias.
Durante muchas semanas, El Salvador estuvo debajo de un régimen de excepción de facto por ordenes de la presidencia. La Sala de lo Constitucional ordenó que debía existir un dialogo entre el órgano ejecutivo y legislativo para acordar una ley de atención a la pandemia y de administración de la emergencia. Estos diálogos fracasaron. Leyes para administrar la pandemia que incorporan no satisfactoriamente, si ya en mayor grado, la perspectiva de garantía de derechos, han sido vetadas por el presidente.
Tenemos un debilitamiento grande del acceso a la información pública. Ha causado mucha preocupación la revelación periodística del abandono del sistema de vigilancia epidemiológica que ya estaba construido desde el gobierno anterior, para reducir el uso de los datos de la pandemia a un grupo más cercano a la élite del gobierno que los estarían manejando con criterio político, lo cual agrava la condición de sub-registro [de casos]. Es una serie de incidentes que, igual que las revelaciones de compras irregulares durante el régimen de emergencia, son datos muy preocupantes que han salido a luz ahora por medio de investigaciones periodísticas.
HG: Bukele fue el primer presidente desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992 que no conmemoró esta fecha histórica. ¿Qué significa la presidencia de Bukele para la memoria histórica en el país y las deudas pendientes del conflicto armado—especialmente con respeto al desarrollo del caso de El Mozote?
DM: [Presidente Bukele] ha tenido una posición de rechazo, desatención, incluso contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos a los que está obligado El Salvador por que es Estado parte de numerosos tratados, basado en prejuicios o intereses de poder. Ha sido particularmente fundamentalista e ideológico hacia ciertos temas, como la penalización absoluta del aborto. De manera similar, observamos una posición de este tipo frente a los procesos de verdad, justicia y reparación de las victimas de las graves violaciones a derechos humanos durante el conflicto armado.
Desconoció a los Acuerdos de Paz, al ignorar su último aniversario. Los anhelos de los procesos de paz, sobre todo las partes incumplidas—entre ellas las reformas económica-social, la consolidación de la independencia del judicial, la democratización de las Fuerzas Armadas o la vocación civil de la policía—eran temas urgentes para retomar una nueva agenda inspirado en los Acuerdos de Paz que el capital político del presidente, con su amplio nivel de favorabilidad electoral y su discurso de ruptura con lo antiguo, le hubiera permitido retomar. Sin embargo, optó por los viejos males de la militarización y el autoritarismo.
Hace cuatro años, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional plenamente la Ley de Amnistía del año ‘93, lo cual eliminaba las escusas para reabrir los juicios de la guerra. Esto ha traído un escenario esperable pero negativo de continuidad y inercia de la impunidad y el olvido. La Asamblea igualmente mantiene su compromiso por proteger criminales de guerra. Deliberadamente ha buscado un fraude a la sentencia, [pero] la lucha de las victimas, familiares y organizaciones de derechos humanos ha logrado impedir esto.
Aunque a partir de la sentencia, la Fiscalía General de la República aceptó su obligación por primera vez de investigar a los crímenes y llevarlos a juicios, y creó un equipo especial, pues no se ha dado el apoyo necesario al tema. Después de cuatro anos, la Fiscalía no concluye investigaciones de la guerra para judicializar los casos. [Pero] las denuncias están bajo un régimen de la antigua Ley Procesal Penal, y esos jueces tienen la potestad y la obligación de impulsar investigaciones. El rol de la Fiscalía como quien monopoliza el ejercicio de la acción penal es a partir de una reforma amplia del sistema procesal penal del año 1998.
Estos jueces han incumplido en general, y tenemos una excepción notable en caso del Mozote y sitios aledaños, esa masacre tan emblemática. Es un tribunal pequeño en una ciudad muy remota de la capital, en el departamento de Morazán donde ocurrió la masacre. Son cuatro años en fase de instrucción. Obviamente rebasa los plazos legales, pero realmente sigue siendo razonable en la medida que el Estado bloqueó la investigación por más de 30 anos, se vuelve más compleja.
Las organizaciones que representamos las víctimas, Tutela Legal “Doctora María Julia Hernández” y Cristosal, hemos enfrentado bloqueos de información militar muy relevante para el caso. Hemos también enfrentado la problemática del paso de tiempo, esto ha limitado los alcances de las pericias forenses en algunos trabajos de exhumación y estudio de los restos, pero también muchos sobrevivientes testigos directos han fallecido. Han fallecido también victimarios presuntos, que debiesen estar enjuiciados. El más reciente es Rafael Flores Lima, general, que fue del Estado Mayor en la época, y que es uno de los directores de la política de masacres, desapariciones forzadas, y violaciones de derechos humanos durante la guerra.
Sin embargo, el avance en instrucción es relevante. Consolidamos la prueba testimonial mediante decenas de sobrevivientes. Se obtuvo prueba documental. La existencia de la masacre fue establecida con una fuerte prueba forense desde el año ‘92, [cuando] se abrió la Fosa 1 con los esqueletos de 136 niños y niñas. Fueron asesinados por 24 tiradores que utilizaban fusiles de M-16. Está comprobada plenamente el nivel del daño. Está comprobado que fue la Fuerza Armada, que fue el Batallón Atlacatl. Se están acusando principalmente a 15 oficiales con vida, incluye el Ministro de Defensa, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe de Artillería, el Ministro de Defensa Guillermo García es el máximo responsable de la operación, junto al ya fallecido Rafael Flores Lima y a los oficiales con vida que pertenecieron al Batallón Atlacatl, entre ellos Natividad Cáceres, que era el numero dos al mando durante el momento de la matanza. El Batallón lo dirigía Domingo Monterrosa, ya fallecido.
Uno de los obstáculos más grandes es el bloqueo a información militar esencial. El presidente incumple su promesa de desclasificar la información militar. Esto ha derivado en una última y más reciente orden del tribunal a petición de la acusación de inspeccionar archivos militares en diferentes unidades, pero obviamente la pandemia esta imponiendo muchas limitaciones a las actividades del sistema judicial, y esto ha retrasado. [A pesar del orden judicial, el gobierno ha negado acceso al archivo militar.]
HG: A pesar de las crisis acumuladas a lo largo de este primer año de gestión, las encuestas indican que el presidente mantiene un nivel de aprobación histórica. ¿A qué lo atribuye usted esta persistente popularidad?
DM: No soy especialista en el análisis de la opinión o en las técnicas de sondeo, pero si puedo decirle desde la experiencia que El Salvador tiene una historia muy dolorosa de regímenes dictatoriales, violaciones a derechos humanos y regímenes autoritarias. Vivimos dos momentos de verdaderos genocidios en un solo siglo: el etnocidio de 1932 y las practicas genocidas de los años ‘70s y ‘80s. Además, la violencia estructural y la desigualdad fueron generando una especia de cultura de naturalización de las violencias. La violencia política encontraba justificaciones: “En algo estaban metidos”, “Pues ellos se lo buscaron”. Igual, una cultura de naturalización de las violencias de diferente tipo—la violencia contra la mujer, en el hogar, la violencia contra la niñez, la violencia contra la población LGBTI. Es un escenario favorecido por la falta de [inversión] en educación para la paz, la educación para la democracia, la educación para los derechos humanos.
Es, por lo tanto, un terreno fértil para el populismo. Uno de los favoritos de los políticos es populismo punitivo. Venden anuncios de guerra contra las pandillas, cero tolerancia, militarización. También el desgaste de los actores políticos por sus errores, sus corrupciones, el descredito del sistema de los partidos políticos. Pues, dio lugar a lo que ha pasado en tantos países: discursos populistas de cambio, de erradicación de las viejas practicas políticas. El presidente, al dar una imagen de fuerza, de conducción única autoritaria, está apelando a esta cultura negativa.
La falta de vivencia de una democracia real, participativa, más igualitaria, también se ha naturalizada, entonces tenemos una población que no ha vivido una democracia real, sobre todo ha vivido una democracia formal después de la guerra. Esto permite este tipo de manejo político. Sin embargo, el natural desgaste de los gobernantes parece estar ya trascendiendo a diversas maneras de opinión. Sería interesante, el próximo año, ver este ejercicio [en las elecciones legislativas y municipales].
HG: En este paisaje autoritario, ¿dónde ve usted espacios y oportunidades para el disenso, resistencias y solidaridad?
DM: Siempre han existido liderazgos sociales o políticos que han generado posibilidades de resistencia y de cambio de perspectivas más democráticas o liberadoras. El Salvador tiene los símbolos tan liberadores de Monseñor Romero, los padres jesuitas: mártires que representan luchas por la liberación de la opresión, a pesar de ser parte de una estructura tan conservadora como la Iglesia Católica. Pero obviamente tenemos los impactos fuertes que dejaron las practicas genocidas de los ‘70s y ‘80s y después el neoliberalismo exacerbado de los ‘90s, que desarticula los movimientos sociales y sindicatos.
Sin embargo, la actual coyuntura trágica, difícil de la pandemia y los sucesos del autoritarismo están demostrando un funcionamiento mínimo de resistencia. Si bien hemos tenido temores en los últimos meses de un golpe militar a los otros poderes, pues esto no se ha concretizado. El temor se fundó a partir del 9 de febrero, pero luego ha habido otros momentos en los cuales esta tensión ha crecido. El Ministro de Defensa es un cargo político que esta demostrando total sometimiento al presidente Bukele como persona y no un respeto, un sometimiento al poder civil en general del Estado.
Entonces [no] ha permitido, hasta hoy, concretar lo que teníamos el 9F, que era un golpe de Estado. Creo yo que esto da perspectivas positivas de movimientos de resistencias de construcción de la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Ha tenido eco internacional. Los organismos de derechos humanos se han pronunciado con preocupación: la Alta Comisionada [de la ONU] Michelle Bachelet, la Comisión Interamericana, Relatorías Especializados de la ONU y también organizaciones internacionales, entre ellos Human Rights Watch y Amnistía Internacional. En esta medida puede generar un eco internacional importante, y no solo poner la alerta sobre la política exterior hacia El Salvador de la comunidad internacional, sino también de movimientos y organizaciones en diferentes países.
Hay una tradición histórica de solidaridad con El Salvador desde la guerra civil. Es una tradición que se mantiene especialmente en EEUU, donde hay comunidad salvadoreña organizada muy fuerte. Es importante mantener el tema sobre todo por las amenazas del 9F y el militarismo que el presidente Bukele ha exacerbado durante la crisis, y su alto nivel de confrontación con otros poderes que podrían dar un giro de profundización muy grande.
Hilary Goodfriend es una escritora e investigadora radicada en la Ciudad de México, donde es estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es integrante del comité editorial de NACLA.
