Las parlamentarias venezolanas marcan la culminación de un período en el que la oposición y más de 50 países del mundo han desconocido el gobierno de Venezuela. Empezó con las presidenciales de 2018 y el interinato de Guaidó desde 2019, en el que ocurrieron un conjunto de eventos violentos como el golpe militar del 30 de abril, y incluye amagos de intervención desde el Comando Sur, llamados a la insurrección popular de la oposición radical impulsada abiertamente por Washington. Absolutamente todos, fracasados.
También venimos de un tiempo cercano marcado por medidas de control político por parte del oficialismo como inhabilitación de candidatos, intervención de partidos políticos y nombramiento de sus juntas directivas.
Ahora se ve una estruendosa refriega política en medio de una crisis sin precedente en la historia del país producida por la debacle de su industria petrolera y de un bloqueo financiero efectivo que ha cambiado el enfoque geopolítico sobre Venezuela. Y también ha cambiado su cultura y su economía. Por primera vez los ingresos del país, aunque mermados, no dependen del ingreso petrolero sino de las remesas, la venta de oro y otros rubros que hace pocos años no tenían la connotación actual.
Es una Venezuela que, al menos por los momentos, es pospetrolera y debe analizarse como tal.
También es una Venezuela que enfrenta una política agresiva por parte del gobierno de Donald Trump. Su administración dio luz verde al halconato republicano—desde el vicepresidente Mike Pence, secretario del estado Mike Pompeo, secretario del tesoro Steven Mnuchin hasta el encargado para asuntos sobre Venezeula, Elliot Abrams—para que desarrollara una política de sanciones que no se habían visto en el continente desde los años ‘60.
Además, es una Venezuela de un gobierno que ha venido asfixiando cualquier opción de cambio político y que ha sido incapaz de enfrentar la crisis económica con otra salida que no sea la típica neoliberal.
¿El evento parlamentario podría cambiar en algo la situación del país?
Hay cuatros escenarios posibles. Los resultados del 6 de diciembre podrían: fortalecer una oposición electoral; evidenciar una ruptura a lo interno del chavismo debido a la escisión existente de aliados históricos; crecer mucho la abstención y develar la desafiliación del venezolano al sistema político actual; o—y esta es la opción más probable—terminar de otorgarle la hegemonía política total al oficialismo chavista.
Empecemos por el más probable.
Triunfo chavista
El partido de gobierno, Partido Unido Socialista de Venezuela (PSUV), cuenta con un cúmulo numeroso de votos duros, gracias a la impronta de Hugo Chávez y a una maquinaria que logra movilizar gracias a su organización territorial. Si bien es posible que no supere la movilización de las presidenciales de 2018 de poco más de 6 millones, espera al menos llegar a los 5 millones de votos, de un padrón electoral que supera los 20 millones. Con eso le basta para ganar en escenarios de abstención elevada.
La mayoría parlamentaria que perdió el chavismo en las legislativas 2015 podría recuperarla sin mayores obstáculos debido al llamado a la abstención al que se ha plegado casi todo el liderazgo opositor, sin aclarar su estrategia para lograr objetivos concretos fuera del sistema electoral existente. Especialmente después de la inefectividad política del interinato de Guaidó y el fracaso de todos los intentos rupturistas.
El triunfo electoral holgado del oficialismo en la cita supone tomar el único poder público que le había sido esquivo y prolonga su dominio político. En tanto, la nueva Asamblea Nacional tendrá la facultad de nombrar casi todos los poderes públicos. Rectores del Consejo Nacional Electoral, fiscal, contralor y defensor del pueblo que sean nombrados culminarán sus períodos en el segundo lustro de esta década, y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán, según la Ley, hasta entrada la década de los 2030.
Sin duda, la abstención impulsada desde Washington y los sectores radicales le puede permitir una clara victoria al gobierno.
Algo similar ocurrió en 2005 cuando las fuerzas opositoras consensuaron la línea abstencionista, proceso que culminó con el control total del chavismo. Esto le permitió gobernar establemente incluso cuando perdió elecciones, debido a que tenía la mayoría holgada de cargos en los poderes públicos.
En las presidenciales de 2018 la oposición convocó nuevamente a la abstención. Y el presidente Maduro logró su reelección sin obstáculos.
Ni la abstención de 2005 que fue de 85 por ciento, ni la de 2018 que fue de 54 por ciento lograron desestabilizar al poder constituido y el objetivo de la “deslegitimación.” Más bien, sigue siendo un constructo muy abstracto que en nada tiene que ver con el poder efectivamente existente.
Muchos países no reconocieron estas dos elecciones y utilizaron una confrontación abierta con el gobierno venezolano que supuso contribuir con el bloqueo financiero, lo que ha incrementado la crisis económica existente, pero no ha debilitado al gobierno.
Mientras en toda América caen presidentes por diversas razones, en Venezuela el presidente Maduro ha demostrado un nivel de estabilidad política que viene a sellarse en este evento electoral.
¿Esto podría variar?
Oposición electoral apuesta a la sorpresa
La oposición moderada que asiste a la elección apuesta por un resultado positivo que impida la mayoría oficialista y mostrar al mundo una vía diferente de conflicto contra el gobierno que no pase por salidas rupturistas. También esta facción espera un cambio de carácter en las relaciones de la oposición con el nuevo gobierno del presidente electo de EE.UU. Joe Biden, que baje agresividad al conflicto y aúpe salidas políticas.
Las sanciones de EE.UU. han llegado a este sector. En septiembre fueron sancionados 5 líderes opositores por el departamento de tesoro de EE.UU. una vez decidieron participar en la cita electoral. Se sancionó a Bernabé Gutiérrez, secretario general interino de Acción Democrática el partido más votado de la oposición, entre otros. También se ha sancionado a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo, y al rector José Luis Gutiérrez que fue un cargo negociado con estos sectores de oposición. Por órdenes de la oficina de control de activos extranjeros del departamento del Tesoro, ninguno de ellos podrá manejar cuentas ni tener propiedades en EE.UU., lo que puede hacerse efectivo en países aliados.
El resultado electoral que pueda conseguir esta oposición dependerá fundamentalmente del grado de participación en unos comicios que no parecen generar mucha empatía en sectores de votantes antigubernamentales que han sido sistemáticamente desalentados tanto por la misma oposición radical como por el gobierno.
El Tribunal Supremo de Justicia intervino un conjunto de partidos opositores, despojó a sus líderes visibles y nombró juntas directivas ad hoc. Así, el tarjetón electoral está lleno de partidos cuyos líderes llaman a la abstención como Acción Democrática, Copei y Voluntad Popular.
El resultado permitirá evaluar si sus bases prefirieron votar por su partido, o si al contrario decidieron obedecer el llamado abstencionista de sus líderes.
Antes de saberlo deberán enfrentar a sus principales enemigos del momento: los megazolanos.
El trumpismo venezolano
El enemigo más acérrimo de los partidos de oposición electoral durante esta coyuntura son los megazolanos, como se les ha llamado a los venezolanos radicales en el exterior, especialmente en Florida, que apoyaron al presidente Donald Trump. Estos votantes abogan abiertamente por una invasión militar estadounidense, y consideran “colaboracionista” o “entreguista” la propia participación electoral en Venezuela. Es el trumpismo criollo que habla desde el exterior y utiliza todo su poder de veto en las redes para aniquilar ya no tanto al chavismo, sino sobre todo a la oposición política.
Una vez Trump pierde, este sector parece quedar huérfano políticamente, pero con mucho poder económico y mediático.
Juan Guaidó, por su parte, está organizando una consulta para el 12 de diciembre, para que la gente responda si rechaza las parlamentarias del 6 de diciembre. Una convocatoria que ningún otro líder opositor impulsa.
La era de Trump significó abrir un escenario de guerra para Venezuela que fue animado entusiastamente por este sector quien llamó sistemáticamente a la abstención sin generar opciones políticas.
La agresividad discursiva de este sector puede reproducirse si los niveles de abstención son muy altos, lo que no tendrá incidencia jurídica ni política real, pero si podrá obstaculizar la normalización de las relaciones con otros países.
¿División en el chavismo?
El partido de gobierno tiene todo para ganar salvo dos situaciones inéditas que podrían poner en riesgo su control en el legislativo y el resto de los poderes públicos.
Primero, el modelo heterodoxo adoptado por Maduro para enfrentar la crisis económica y las sanciones ha supuesto el fortalecimiento del dólar y la importación. Paralelamente ha visto debilitarse la economía nacional, el bolívar y la institucionalidad social producida por el chavismo como las misiones sociales, la distribución de alimentos, los planes de vivienda, etc.
La gramática oficialista ha tenido que cambiar su relato de nacionalismo económico y de culpabilizar a los factores económicos internos por el de legitimar la dolarización y culpar al bloqueo económico.
Segundo, sufre la escisión de varios partidos minoritarios pero históricos de la izquierda que han roto con Maduro y se han lanzado por cuenta propia. Aquellos incluyen la Alianza Popular Revolucionaria, un conglomerado de partidos, movimientos y líderes que están utilizando las siglas y tarjetas del Partido Comunista de Venezuela (PCV). El PCV, que forma parte de esta alianza, es el único partido de este sector que no fue intervenido este año por el Tribunal Supremo de Justicia y por ende le permitieron usar su tarjeta electoral. En cambio, otros partidos del chavismo disidente que forman parte de este conglomerado como el partido Patria para Todos (PPT) y Unión Popular Venezolana (UPV), entre otros, fueron intervenidos. El TSJ les nombró a ambos una nueva junta directiva ad hoc para facilitar que participaran en la alianza del gobierno, Gran Polo Patriótico.
A pesar de los nuevos escollos, la falta de participación de la oposición permite que el partido de gobierno esté en camino de convertirse en mayoría sólida en la Asamblea Nacional desde donde va a rehacer su hegemonía política de cara al próximo sexenio 2024-2030, a menos que ocurra una sorpresa. Todo esto ocurrirá con un porcentaje relativamente bajo de la participación electoral, sobre todo en comparación con las pasadas parlamentarias de 2015 donde la participación llegó al 74%, o en las del 2010 que fue de 66%.
Si no hay sorpresa, el PSUV logrará un total dominio político del país, y por una vía electoral. Sería como la consolidación al estilo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México largas décadas, prácticamente sin oposición. Mientras tanto, en Venezuela, la oposición radical y poderosa tiene que conformarse con actuar desde Miami o Bogotá y esperar las nuevas señas de Washington.
Ociel Alí López es analista político, profesor de la Universidad Central de Venezuela y colaborador en diversos medios de Venezuela, América latina y Europa. Con su libro Dale más Gasolina fue ganador del premio municipal de Literatura mención investigación social.
