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Consecuencia de las acciones del gobierno de Maduro y de las agresivas políticas intervencionistas de los gobiernos de los Estados Unidos, Venezuela está atravesando por la crisis más profunda y prolongada de su historia. Conjuntamente con la crisis política, una recesión sostenida durante los últimos siete años ha generado un intenso impacto humanitario que se expresa en niveles alarmantes de desnutrición infantil y el colapso de los servicios públicos, particularmente en las áreas de la salud y la educación. Para una elevada proporción de la población el salario no alcanza ni para pagar el transporte para llegar a su centro laboral. Se ha producido una reducción significativa de la expectativa de vida al nacer. Ante una sensación generalizada de falta de futuro, más de cinco millones de venezolanos y venezolanas han optado por emigrar del país. En el último año, la pandemia del Covid-19 ha contribuido a profundizar esta crisis multidimensional.
No hay duda posible sobre el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro tiene una elevada cuota de responsabilidad en lo que ha transcurrido en el país durante estos años. Es un gobierno cada vez más autoritario y represivo. La corrupción ha sido generalizada, con una ausencia total de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Las contrataciones públicas y estadísticas económicas son tratadas como secretos de Estado. Ha predominado la improvisación tanto en la política económica como en la gestión pública. Se le ha dado prioridad a la lealtad partidista, grupal y personal sobre la capacidad requerida para la administración de los bienes comunes de la nación. Esto ha sido particularmente claro en la amplia gama de instituciones y empresas públicas cuya gestión ha sido asignada a militares.
Un determinante igualmente medular de esta profunda crisis multidimensional que vive el país lo constituyen las sanciones económicas y la sostenida injerencia política de los gobiernos de los Estados Unidos, particularmente durante el gobierno de Trump. En el ámbito económico, ha bloqueado la operación de la industria petrolera, y el acceso a financiamiento externo; ha confiscado bienes del Estado venezolano y limitado severamente el comercio exterior del país mediante un amplio régimen de sanciones. El impacto de estas unilaterales medidas coercitivas sobre los derechos humanos en Venezuela ha sido recientemente documentado en el informe preliminar presentado por la Relatora Especial enviada al país por la Oficina de la Alta Comisionada para Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los gobiernos de los Estados Unidos han apoyado política y financieramente a los sectores opositores de la más extrema derecha. Han amenazado con intervenciones militares y activamente saboteado todos los intentos de negociación que se han realizado en el país en búsqueda de una salida pacífica, electoral y constitucional.
Hoy en Venezuela se ha desdibujado la anterior polarización política y la mayoría de la población venezolana rechaza tanto al gobierno de Maduro como a la oposición dirigida por Juan Guaidó, e igualmente se opone a las sanciones económicas y a toda salida violenta a la crisis. Reconoce esta mayoría que sin un acuerdo político no hay posibilidad alguna de salir de la crisis humanitaria que está produciendo tanto sufrimiento a la población.
Sin embargo, esta posibilidad está negada mientras el gobierno de los Estados Unidos persista en su postura injerencista; mientras mantenga las sanciones económicas; las permanentes amenazas; continúe utilizando su enorme poder para presionar a los partidos de la derecha venezolana para rechazar toda posibilidad de salida negociada a la crítica situación que vive el país; y no reconozca el derecho que tienen las venezolanas y los venezolanos a decidir su propio destino.
¿Habrá, con el fin del gobierno de Trump y un nuevo gobierno demócrata llegado el momento en que sea posible un cambio en estas políticas que continúan causando tanto daño?
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución, colectivo de izquierda que tiene años luchando por la recuperación de la Constitución del año 1999, atropellada tanto por el gobierno como por los principales partidos de la derecha, ha dirigido una carta abierta a organizaciones y movimientos de izquierda y progresista de los Estados Unidos para que, en solidaridad con el pueblo venezolano, ejerzan presión sobre el nuevo gobierno para lograr dicho cambio en la política hacia Venezuela.
Esta comunicación aparece a continuación.
Edgardo Lander
Caracas, febrero 2021
Para: Amigos de la izquierda y movimientos progresistas de los Estados Unidos
De: Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (Venezuela)
Asunto: La política del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela
La política de los gobiernos de los Estados Unidos hacia el proceso bolivariano que se inició con la elección de Hugo Chávez Frías como presidente en el año 1998, desde sus momentos más democráticos y participativos iniciales, hasta las derivas autoritarias y represivas de los últimos años, ha sido de intervención directa e indirecta, apoyando política y financieramente a la oposición de extrema derecha y amenazando económica y militarmente al país. Esta ha sido en lo fundamental, durante estas últimas dos décadas, una política bi-partidista, aunque con mayores niveles de agresividad durante los gobiernos republicanos. El gobierno de George W. Bush apoyó abiertamente el fracasado golpe de Estado del año 2002 y el paro petrolero del 2003. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos se intensificó notablemente la ofensiva contra Venezuela, expresada en el intento de imponer un cambio de régimen, por vías no democráticas, las amenazas de intervención militar, la imposición progresiva de severas sanciones económicas y un incrementado apoyo a los sectores de la extrema derecha venezolana.
Hoy, el Partido Demócrata controla tanto la presidencia del país, como ambas cámaras del Congreso. Con las divisiones políticas al interior de dicho partido que ha conducido al fortalecimiento del su ala progresista, el auge extraordinario de movimientos populares progresistas como el Movimiento por la Vida de los Negros (Movement for Black Lives), los poderosos movimientos en defensa de los derechos de los migrantes, la justicia ambiental, los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, entre otros, hay razones para tener un cauteloso optimismo acerca de las posibilidades de cambio en las políticas del gobierno de los Estados Unidos. Esto incluye la posibilidad de cambios en las políticas bipartidistas que le han causado y continúan causando tanto daño a la población venezolana.
Apelando al internacionalismo, que ha constituido históricamente un eje medular de las luchas de las izquierdas y movimientos progresistas en todo el mundo, nos dirigimos a ustedes con el fin de plantearles los asuntos más críticos para los cuales requerimos su solidaridad.
1. Detener las sanciones económicas impuestas en forma progresiva desde el año 2017, sanciones que si bien no son la única causa de la severa crisis económica y humanitaria que vive el país, sí han contribuido y continúan contribuyendo a hacerla cada vez más profunda.
Estas sanciones han contribuido a la práctica paralización de la industria petrolera, que era la fuente principal de ingresos del país y de la cual depende la economía venezolana, bloqueando el acceso a créditos internacionales y las posibilidades de renegociación de la deuda externa, puesto obstáculos severos a la importación de alimentos, medicamentos básicos, así como equipos y repuestos necesarios para el deteriorado aparato productivo y el mantenimiento de servicios esenciales del país.
Consecuencia de estas sanciones y de la ineficiencia y corrupción del gobierno venezolano, la economía del país tiene ya siete años en sostenido deterioro. Hoy el producto interno bruto es aproximadamente 30% de lo que era hace siete años. Hay hoy en Venezuela una severa crisis alimentaria, la desnutrición infantil ha adquirido dimensiones dramáticas. Los servicios de salud y educativos, así como la mayor parte de los servicios públicos se encuentran en condiciones de colapso. Los pueblos indígenas del país y el ambiente han sufrido severamente tanto como consecuencia de la profundización de políticas extractivistas, en particular el Arco Minero del Orinoco, como por las sanciones económicas estadounidenses. Ante todas estas condiciones, y en ausencia de perspectivas el cambio, más de cinco millones de personas han emigrado del país en estos últimos años.
Estas sanciones económicas constituyen una abierta violación del derecho internacional, de los derechos humanos y de los Convenios de Ginebra. No son una alternativa a la guerra, sino una forma de guerra. El objetivo de los bloqueos y las sanciones económicas es producir el mayor daño y sufrimiento posible a la población del país sometido a dichas políticas. En esto, las sanciones han sido extremadamente exitosas. Reconociendo estos impactos, en forma sistemática, las encuestas de opinión registran que una amplia mayoría de la población rechaza las sanciones. Mientras una proporción significativa de la población está de acuerdo con sanciones personales contra funcionarios del gobierno, solo 5% expresa apoyo a sanciones en contra de la economía del país.
Como lo ha demostrado una y otra vez la experiencia internacional, las sanciones son instrumentos muy poco eficaces en términos de los supuestos objetivos de cambios políticos. Sin embargo, permiten, entre otras cosas, que los gobiernos sometidos a sanciones puedan eludir su responsabilidad en las fallas de su gestión, al atribuirle a éstas todos los problemas enfrentados por la población.
2. Retirarle el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela ya que carece tanto de legitimidad institucional como de respaldo popular. El período de gestión de la Asamblea Nacional del cual fue presidente concluyó en enero del año 2020. En la actualidad no ejerce ningún cargo de elección popular. Es un exdiputado. De acuerdo a la última encuesta de Datanálisis 67.4% de la población tiene una opinión negativa de la contribución de Guaidó al bienestar del país.
3. Liberar los miles de millones de dólares y activos pertenecientes al Estado venezolano que han sido confiscados o bloqueados por el gobierno de los Estados Unidos. Se pueden crear mecanismos para que, por lo menos inicialmente, estos fondos sean manejados conjuntamente con las Naciones Unidas para dedicarlos a responder a la crisis humanitaria. En el contexto de esta severa crisis, que ha sido profundizada por el Covid-19, la retención de estos recursos constituye un acto abiertamente criminal.
4. Quitar el bloqueo al acceso a fondos en organismos internacionales como el FMI y otros organismos multilaterales, fondos a los cuales el Estado venezolano tiene legítimo derecho.
5. Abandonar la política de cambio de régimen. No le corresponde al gobierno de los Estados Unidos decidir qué gobierno debe haber en Venezuela. Es ésta una decisión soberana que solo corresponde a los y las venezolanas. Más allá de los discursos, la historia de la política de los Estados Unidos hacia América Latina puede caracterizarse por todo menos orientaciones democráticas. Una y otra vez gobiernos democráticos con orientaciones populares como el de Jacobo Árbenz en Guatemala o Salvador Allende en Chile fueron derrocados con la intervención directa de los Estados Unidos, mientras que gobiernos autoritarios y genocidas como el de Pinochet en Chile y la Junta Militar argentina (tomando en cuenta solo la historia reciente) contaron con su pleno respaldo. La política de cambio de régimen no está orientada por motivaciones democráticas, sino por el objetivo de aplastar, tanto en la población venezolana, como en las poblaciones de América Latina, toda idea de que sean posibles cambios que entren en contradicción con intereses de grupos hegemónicos de los Estados Unidos. Con la idea de cambio de régimen se busca no solo la sustitución de un presidente, sino la derrota de todo imaginario de transformación posible.
6. Dejar de definir las políticas del gobierno de los Estados Unidos hacia América Latina en función de conveniencias políticas internas, como ha ocurrido con la búsqueda de votos de la comunidad migrante cubana y venezolana en Florida.
7. Reconocer que la población venezolana tiene derecho a decidir soberanamente su propio destino. La sistemática intervención del gobierno estadounidense, presionando a la oposición radical a rechazar toda salida negociada, a que no participe en elecciones para precipitar la caída del gobierno, lo que ha hecho es bloquear en forma sistemática toda posibilidad de negociación. Hoy la mayoría de la población venezolana quiere un cambio de gobierno. 92% de la población tiene una percepción negativa de la situación del país, y 82% una evaluación negativa de Nicolás Maduro como presidente. Pero no se busca cualquier cambio. Se rechaza toda salida violenta, sea ésta por la vía de un golpe de Estado, una guerra civil o una intervención militar externa. Las experiencias de Iraq, Siria, Libia, y Afganistán están dolorosamente presentes. Todas las encuestas de opinión señalan que la aspiración de la mayoría de la población venezolana es que se logre un acuerdo político, de salida democrática, constitucional, electoral a la actual crisis venezolana. Cada vez que esta posibilidad aparece en el horizonte, como fue el caso en las negociaciones patrocinadas por el gobierno de Noruega, ésta ha sido bloqueada por el gobierno de los Estados Unidos.
Creemos que la solidaridad de la izquierda estadounidense es fundamental para el logro de estos objetivos.
Por la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Oly Millán, Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Gustavo Márquez Marín, Ana Elisa Osorio, Juan García Viloria, Santiago Arconada Rodríguez, Roberto López Sánchez, Edgardo Lander
Caracas, febrero 2021
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución es un colectivo político de izquierda que durante los últimos cinco años ha venido trabajando por la recuperación de la Constitución del año 1999 que ha estado siendo desconocida y violada en forma sistemática tanto por el gobierno de Nicolás Maduro como por sectores de la oposición de derecha, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
