Este es el cuarto artículo de la serie sobre migración infantil del Grupo de Trabajo sobre Infancias y Migración.
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Traducción de Laura Pérez Carrara.
En el año 2015, en la ciudad de Valparaíso, a unas dos horas de Santiago de Chile, la capital del país, dos carabineros tocan a la puerta de Nelly Reyes. Le traen una noticia sorprendente: “Hay un hijo suyo que la está buscando”.
Reyes, confundida, les explica que eso es imposible porque todos sus hijos están allí con ella, a lo que el oficial de policía le contesta: “No, señora, su hijo se llama Travis Tolliver. Tiene 41 años, vive en Estados Unidos y la está buscando. Usted lo dio en adopción en el Hospital Dr. Enrique Deformes”.
Nelly se ve obligada a revivir un trágico recuerdo de noviembre de 1973 cuando, con 19 años, dio a luz a su primer hijo. Pero en el hospital le habían informado que su hijo había muerto debido a problemas de salud. Nunca vio el cuerpo. Al enterarse de que había sido adoptado en Estados Unidos y de que la estaba buscando, se llenó de alegría y deseos de abrazarlo. Travis había viajado a Chile para encontrar a su madre y a su familia, con la esperanza de recuperar el tiempo perdido.
A lo largo de los siguientes cinco años, la historia de Nelly y Travis fue contada una y otra vez en distintas notas de diarios e informes televisivos. También surgieron otros relatos de madres que buscaban a sus hijos, muchos de los cuales llegaban a Chile con la esperanza de encontrar a sus familias biológicas. Ante el gran número de denuncias de niños chilenos adoptados en el exterior sin el conocimiento de sus familias, en 2015 los adoptados y las madres biológicas fundaron la agrupación Hijos y Madres del Silencio. Desde entonces, esta organización ha llevado adelante un proceso sistemático de presentación de denuncias y de ayuda para la reunificación familiar.
En 2014, gracias a investigaciones periodísticas de CIPER Chile se hizo público el tema de la sustracción de niños para darlos en adopción. El cura chileno Gerardo Joannon fue señalado como uno de los responsables de estas prácticas. Conocidas como “adopciones irregulares”, estas apropiaciones consistían en arreglos institucionales (médico-jurídico-asistenciales) por los que se separaba a los bebés de sus madres contra la voluntad de estas, bien al momento del parto o cuando ya estaban en casas cuna u hogares de menores. El objetivo era entregar a los bebés en adopción a familias que eran consideradas más aptas para criarlos. Miles de casos, concentrados en los años de la dictadura militar, de 1973 a 1990, revelan el establecimiento de un mecanismo sistemático de adopciones transnacionales de carácter forzado. Oficiales de la dictadura promovieron las adopciones para mejorar la imagen del régimen de Pinochet, cuyas violaciones de los derechos humanos lo habían convertido en paria en la comunidad internacional. Hoy, décadas más tarde, aún persisten muchas interrogantes sobre qué responsabilidad le cabe al Estado y qué relación hay entre estas adopciones y la dictadura militar.
Investigar las adopciones transnacionales forzadas
A raíz de la presión social y del interés del público, en 2017 el gobierno chileno inició una investigación en la Justicia. Inicialmente, las acciones judiciales se centraron en una organización de adopciones sueca acusada de gestionar adopciones irregulares de niños con destino a Suecia. Al año siguiente, la Cámara de Diputados de Chile formó una comisión investigadora, que documentó 8.000 denuncias de adopción irregular.
Es imposible saber cuántos niños salieron del país para ser adoptados en el exterior a través de estas prácticas. No obstante, toda la literatura internacional coincide en que Chile fue uno de los principales países de origen de niños adoptados internacionalmente durante las décadas de 1970 y 1980. Las leyes que regían la adopción en esos años no incluían disposiciones que regularan la adopción internacional, lo que hizo más fácil estos arreglos.
Durante el régimen militar, la jueza Gloria Baeza, jefa de la Oficina del Menor de Chile, implementó el Plan Nacional de la Infancia, que buscaba aumentar y facilitar las adopciones como forma de combatir la pobreza que se interponía a los objetivos económicos de la dictadura.
El Plan buscaba generar una “amplia campaña de difusión de la adopción”. Baeza dejó en claro la posición del gobierno en una declaración del 6 de marzo de 1978: “No existe norma alguna que prohíba la entrega de menores nacionales a extranjeros no residentes. La tendencia actual es que la adopción, siendo en beneficio del menor, no tenga fronteras”.
Según esta política, las instituciones de adopción internacionales que operaban en Chile—la fundación estadounidense New Opportunities, el Centro Italiano per l’Adozione Internazionale y el Centro de Adopción de Suecia, entre otras—“debían ser alentadas” (Jueza Gloria Baeza, resolución 279/1978, Ministerio de Justicia). Por otra parte, estas instituciones se convirtieron en aliadas para llevar a cabo esta política, que ostensiblemente estaba dirigida a resolver la situación precaria de los llamados “menores irregulares”.
A través de las reunificaciones familiares logradas y de la documentación en poder de los adoptados se han elaborado listas de agentes que participaron en la sustracción de niños y su colocación en familias en el extranjero. Todo un conjunto de funcionarios públicos y profesionales del ámbito privado trabajaron para gestionar las adopciones, entre ellos trabajadores sociales, médicos, abogados y jueces. Desde sus funciones en instituciones públicas, estas personas les decían a las madres que sus hijos recién nacidos habían “muerto”, o en el caso de las casas cuna u hogares de menores, simplemente les negaban información a las madres sobre el paradero de sus hijos.
Luego de la sustracción, el procedimiento institucional para sacar a los bebés fuera del país requería de una medida de protección validada a nivel judicial. Funcionarios de los Ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores certificaban que los niños eran “menores en situación irregular” y que sus madres no podían hacerse cargo de ellos. Normalmente, en estos dictámenes se aducía como argumentó la situación de pobreza de la madre o su comportamiento moral y sexual inapropiado. Los jueces respondían otorgando la custodia a un intermediario en representación de la familia adoptiva y autorizaban a llevarse a los niños del país.
En testimonios de personas afectadas, muchos adoptados recuerdan haber viajados solos cuando niños, bajo la supervisión únicamente de un auxiliar de vuelo. Al llegar al país de destino, representantes de la organización que había gestionado la adopción recibían a los niños y se los entregaban a sus padres adoptivos. Las adopciones eran posteriormente finalizadas con respaldo institucional de conformidad con la legislación de cada país.
Desentrañar las causas de un pasado doloroso
Las motivaciones económicas surgen como el elemento central de este sistema. Entre 1975 y 1986, los intermediarios profesionales contratados para facilitar adopciones recibían entre 6.500 y 150.000 dólares por cada adopción. Incluso las instituciones estatales que tenían niños bajo su “protección”—esto es, que estaban en posición de derivarlos a este circuito internacional—se beneficiaban a través de un sistema de “donaciones” por cada adopción.
Además de los factores económicos, los fundamentos ideológicos de los argumentos de los funcionarios públicos fueron particularmente importantes. Estos argumentos se esgrimían con el fin de descalificar a las madres—en su mayoría jóvenes, solteras y pobres—aduciendo que no eran aptas para la maternidad, lo que era un factor determinante que posibilitaba la adopción en el extranjero de los niños sustraídos.
En 1983, en un comunicado de prensa se informaba que Ruth Reyes, una madre soltera de 17 años con dos hijos, había presentado una denuncia penal contra la jueza Ivonne Gutiérrez en la ciudad de Valparaíso. Ruth sostenía que debido a su difícil situación económica había tenido que acudir a la jueza para solicitarle que colocara a sus hijos por un tiempo en un hogar de menores. La jueza le permitió que ingresara solo a su hijo más pequeño, que tenía 14 meses de edad. Ruth llevó al niño a Santiago y lo dejó en la casa de la jueza, quien le prometió que lo podría ir a visitar. La madre firmó varios documentos sin entender plenamente su contenido. Volvió en reiteradas ocasiones para ver a su hijo, pero la jueza siempre le negó la posibilidad de verlo. Según Ruth, Gutiérrez le decía en un tono “amenazante y burlón” que tenía que dejar de preguntar por su hijo y que si insistía, haría que la llevaran presa, ya que “siendo ella jueza, podía decidir sobre los niños, hijos de mujeres como yo, y que me tenía que quedar callada”.
Aunque esta práctica y tono no eran nuevos, durante la dictadura el miedo a las instituciones del Estado paralizó a muchas madres. Por otra parte, el impacto de la crisis económica de los ochenta, durante la cual el PIB chileno se contrajo en más de un 14 % y el desempleó llegó al 30 %, empeoró las condiciones de vida de los chilenos pobres y de clase trabajadora. En ese contexto, muchas mujeres debieron recurrir a casas cuna y hogares de menores para poder salir a trabajar.
A diferencia de Argentina, donde las sustracciones de niños se centraron en los hijos de disidentes políticos, en Chile, las víctimas de estas apropiaciones eran niños muy pobres. No obstante, la apropiación de bebés chilenos también tenía un componente político y se vinculaba con las políticas de bienestar social de la dictadura. Este aspecto quedó de manifiesto cuando las autoridades del régimen advirtieron sobre el aumento de hijos ilegítimos nacidos de madres solteras que aún eran menores de edad. Según datos oficiales, durante la dictadura el número de nacidos vivos disminuyó, pasando de 250.462 en 1974 a 218.581 en 1978.
Durante ese mismo período, los nacimientos llamados ilegítimos, de madres solteras menores de 19 años, aumentaron de 13.354 a 16.085. Estos niños “ilegítimos” y sus números crecientes contrariaban los valores de familia pregonados por el régimen militar y sus aspiraciones de desarrollo económico. Cualquier respuesta al problema de los “menores en situación irregular” se tornaba más complicada ante los progresivos recortes del gasto público destinado a la protección de la infancia. La adopción transnacional surgió entonces como una migración forzada de niños ilegítimos pobres que eran separados para siempre de sus madres en el contexto del control social del régimen militar y la privatización neoliberal de la protección de la infancia.
La adopción transnacional forzada permitió a la dictadura mantener relaciones diplomáticas a pesar de la condena internacional al régimen. En este sentido, fue particularmente significativa la presencia de niños adoptados en países con una alta concentración de exiliados chilenos, que denunciaban constantemente el terrorismo de estado. La adopción formó parte de la campaña de Pinochet para promover a Chile y a su cultura y revertir su imagen negativa en el exterior.
La comisión parlamentaria creada para investigar las denuncias de adopciones irregulares concluyó que era necesario establecer una Comisión de Verdad y Reparación en este tema. Pero también resaltó la necesidad de revertir uno de los peores legados de la dictadura cívico-militar: el paradigma que aún hoy sigue criminalizando a las familias pobres.
Recuperar las historias de niños que sufrieron migraciones forzadas a través de la adopción transnacional nos permite exponer el carácter político de la infancia y contextualizar históricamente las experiencias de los niños. Estas historias también dejan ver un marco institucional transfronterizo que permitió la separación de esos niños de sus madres. Este pasado nos advierte sobre las diversas formas de violencia dictatorial, pero también exige que interroguemos críticamente el proceso de adopción transnacional en el presente.
Karen Alfaro Monsalve, Doctora en Historia Social y Política Contemporánea, académica del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Austral de Chile, https://orcid.org/0000-0002-0162-8882, investigadora a cargo del Proyecto de FONDECYT-CONICYT No. 11170633: “Salvar la infancia pobre. Apropiaciones y adopciones internacionales de niños/as bajo la dictadura militar en Chile (1973-1990)”.
