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El 23 de agosto de 2021, en las faldas del cerro Kiwakumbaih (Roca del Diablo), ubicado en la reserva Bosawás, la más grande de Centroamérica por sus veinte mil kilómetros cuadrados, fueron asesinados quince indígenas de las etnias mískitu y mayangna. Bercinia Celso de 41 años y su hija Katia Pérez Celso de 14 años fueron violadas y obligadas a presenciar el homicidio atroz de sus familiares.
Esas víctimas son el resultado del último de los ataques que con regularidad mensual o quincenal vienen realizando los colonos mestizos para arrebatar, acaparar, y convertir en potreros las tierras de la reserva de la que los indígenas son custodios. Lideresas de la zona han sido atacadas y amenazadas de muerte. El ejército y la policía, únicos representantes del Estado nicaragüense en esa zona, guardaron silencio, como han venido haciendo durante años, aunque no haya ningún misterio que resolver: el terror de los colonos tiene el propósito de facilitar su avance y despojos al servicio de mafias exportadores de carne y madera.
Mientras tanto, Daniel Ortega estaba en plena campaña electoral y su esposa y vicepresidente Rosario Murillo predicaba la paz y el vivir bonito. La sangre y los lamentos no llegaban hasta su bunker. Algunas de las izquierdas latinoamericanas debatían si darle o no su respaldo. Para algunos, ni la masacre ni el encarcelamiento de siete precandidatos presidenciales hicieron mella en su adhesión disciplinada. Dentro de Nicaragua circulaba la consigna “No hay por quién votar.”
Pero nadie tenía la certeza de que habría coraje suficiente para realizar una rebelión pasiva de abstencionismo porque el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) estaba moviendo sus piezas y recursos para fomentar el voto. Miles de miembros de los Comités del Poder Ciudadano (CPC), que están directamente bajo el mandato de Rosario Murillo desde su fundación en 2007, fueron enviados casa por casa antes y durante la jornada de votaciones. Debían estimular el voto por invitación y por amedrentamiento. A los empleados públicos se les advirtió que tendrían que presentar pruebas de haber votado. La aplicación de las vacunaciones contra el Covid-19, que en Managua había estado concentrada en tres hospitales—con la subsecuente aglomeración de personas y proliferación del caos—fue descentralizada y llegó a numerosos centros de salud. Pequeños fragmentos de caminos rurales fueron cubiertos con una fina y efímera película de asfalto. Dos expresidentes de El Salvador, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ahora prófugos de la justicia en Nicaragua, fueron a estrenar sus ciudadanías recién otorgadas y depositaron un voto de agradecimiento con un despliegue en las redes sociales equiparable al de un socialité.
Todos esos esfuerzos y muchos más fueron desplegados en función de que el FSLN saliera bien parado del triple test que representaban unas elecciones donde mediría el músculo de su militancia, su capacidad de forzar el voto de los empleados públicos y sus habilidades para seducir a los indecisos y captar su voto blando. Como mínimo, esperaban que los centros de votación no se mostraran tan vacíos como finalmente estuvieron. A pesar de los acarreos de votantes y de que los empleados públicos fueron obligados a enviar una fotografía de la boleta electoral, hubo un abstencionismo del 81 por ciento, según la entidad de monitoreo Urnas Abiertas.
El Consejo Supremo Electoral habló de un 65 por ciento de participación y declaró a Ortega vencedor con un inédito 76 por ciento. Pero Ortega no se mostró “Implacable en el combate y generoso en la victoria”, como rezaba un eslogan de los años ochenta. Decretó decenas de detenciones antes, durante y después de la jornada electoral. Ordenó despidos y ostracismo a estudiantes de instituciones públicas que no presentaron el dedo manchado en sus universidades. Aumentó las retenciones migratorias, que incluyen a empresarios, periodistas y obispos. Cerró y allanó la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG), cuyo director fue ministro de Economía durante la revolución sandinista. Y utilizó su primer discurso postelectoral para llamar “hijos de perra de los imperialistas yanquis” a los presos políticos a los que priva de los más elementales derechos: visitas, alimentación suficiente y protocolos judiciales.
En suma: subió los niveles de intolerancia. No parece la actitud de un ganador. Parece la de quien piensa: si solo esos pocos fueron a las urnas, ¿cuántos irían a las trincheras? La rebelión pasiva funcionó en un contexto donde las marchas, plantones y piquetes están explícitamente prohibidos y son furiosamente perseguidos. Envió un mensaje inequívoco al mundo de Ortega, donde un levantamiento insurreccional es el fantasma permanente que inspira cada movimiento.
Capitalismo Amiguista en Centroamérica
Un sector de las izquierdas internacionales sigue aquejado de falsa conciencia. Desde el interior de Nicaragua no se entiende su resistencia a comprender que Ortega no forma parte de un proyecto emancipador, sino de una fase de acumulación donde los capitales nacionales, regionales, y globales trabajan codo a codo. En los cuatro países del norte de Centroamérica es posible identificar los mismos eventos y tendencias del capitalismo autoritario: el despojo y acaparamiento de tierras, el desarrollo de megaproyectos a costa de campesinos e indígenas, el asesinato y expulsión de periodistas, la destitución de funcionarios independientes, las reelecciones anticonstitucionales consumadas en Honduras y Nicaragua y propuesta en El Salvador, el acaparamiento de magistraturas y otros poderes del Estado, las leyes de agentes extranjeros que dicen defender la soberanía y son un recurso maestro del poder en Nicaragua y El Salvador, y otras estrategias del mismo tenor. El logro emblemático de esas mutuas mimetizaciones es la élite tecno-cleptócrata del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que se auto-concede salarios desproporcionados y otras regalías, según denunció Ottón Solís, exrepresentante de Costa Rica en esa institución.
La integración regional es emulación regional de la perpetuación en el poder, la intolerancia, y la acumulación de capital. Su fuerza unificadora trasciende fronteras ideológicas. Cada uno con sus propios métodos, todos los presidentes del norte de Centroamérica han asestado golpes al estado de derecho: Jimmy Morales y Alejandro Giammattei con su desmantelamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la destitución del fiscal anticorrupción, Juan Orlando Hernández con sus sicarios militares y paramilitares que asesinan a líderes ecologistas por denunciar megaproyectos, Bukele y Ortega con su acaparamiento de todos los poderes, uno en olor de multitud y otro en olor de soledad.
La integración tiene otras vertientes poco exploradas. Se empiezan a documentar los lazos entre el capital orteguista y la cúpula de Bukele y de Juan Orlando Hernández, fundamentalmente encarnados en la constitución de sociedades comerciales y lavado de activos mediante personas que tienen la doble función de testaferros y operadores políticos. Figuran en ese selecto grupo, entre otros, el tesorero del FSLN y exvicepresidente de Albanisa, Francisco López, en Nicaragua, el presidente de la Comisión del Valle de Sula Gerardo Arcángel Meraz en Honduras y el exviceministro de Inversión Extranjera y exasesor de la Junta Directiva de Alba Petróleos de El Salvador José Luis Merino, que a su vez se vale de una red de testaferros.
El régimen de Ortega se apuntala con esa integración y se nutre de la integración económica regional y global. La burguesía guatemalteca apoya a Alejandro Giammattei en Guatemala y a Ortega en Nicaragua. Los grupos San José, Progreso, Leal, Campollo, Pantaleón, Desidero y su Agrícola Nicavista, la Corporación Multi Inversiones, DISAGRO, MULTIGROUP y Centrans Energy Services (CES) tienen inversiones multimillonarias en ingenios azucareros (Monte Rosa y Magdalena), complejos de vivienda y turismo en San Juan del Sur, generación de energía eléctrica, producción de arroz y harina, plantaciones de palma africana, ganadería, cemento, fertilizantes, y otras industrias. Varias de estas empresas han logrado apoderarse de miles de hectáreas en la era de Ortega. Solo el Grupo Campoco adquirió en 2017 más de siete mil hectáreas en la costa caribe. Además de estos capitales rancios, están los recién llegados y espurios: Alejandro Sinibaldi, empresario y político corrupto, lavó una fortuna a través de varias empresas inscritas en Nicaragua: Inversiones Benelli, Inversiones Don Nico, Inversiones MJS y Agropecuaria Piedra Santa. Todos esos grupos e inversiones están ligados a Ortega por un intrincado sistema de comisiones bajo la mesa y coinversiones. El crony capitalism ha engendrado una lumpemburguesía regional que no le hace ascos a ningún credo político. La acumulación es la única brújula y las fortunas descomunales obtenidas en tiempo récord son la meta principal.
Ese es el vivir bonito al que todos esos potentados esperan que Ortega le dé continuidad con su cuarto mandato presidencial. Otro tanto esperan los importadores de carne y oro de los Estados Unidos. Según las estadísticas oficiales del Banco Central de Nicaragua para el sector externo, entre 2007 y 2020 el valor de las exportaciones de oro pasó de 61.4 millones a 665.1 millones de dólares. Y el de la carne saltó de 179.5 millones a 541.5 millones de dólares. En ese lapso se convirtieron en los dos principales productos de exportación, desplazando al tradicional café. Estados Unidos compra el 45 por ciento de la carne y el 97 por ciento del oro, según estadísticas de 2021. La producción de ese oro sigue causando destrozos al medioambiente y las comunidades campesinas.
Pero es la producción de carne el rubro más sangriento, pues se asienta en parte sobre los asesinatos de los indígenas en Bosawás. El despojo y la acumulación para abastecer a los mercados estadounidenses han tenido en el régimen de Ortega a su más decidido instrumento. ¿Quién pidió respeto a la soberanía? ¿El comandante? ¿La izquierda de Latinoamérica? ¿La de Estados Unidos?
José Luis Rocha es un periodista, escritor y sociólogo nicaragüense, investigador asociado de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" de El Salvador.
