Este artículo fue publicado originalmente en el número de primavera 2023 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Mientras el primer gobierno nacional de izquierda de la historia de Colombia asumía el cargo, en agosto de 2022, las comunidades indígenas de las zonas productoras de caña de azúcar del departamento suroccidental del Cauca enviaron un mensaje claro a la administración: a través de su ocupación directa, reclamaron las tierras que les fueron usurpadas. Al igual que las que son llevadas por otras organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, estas tomas de tierras aumentaron las exigencias de larga data a favor de una reforma agraria. En cuestión de semanas, el gobierno Petro-Márquez prometió acciones a favor de dicha reforma agraria, pero también pidió el fin de las “invasiones” de tierras, haciendo eco del lenguaje de los terratenientes y del poderoso sindicato de ganaderos.
El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) no tardó en responder. En un comunicado, condenó al gobierno por intentar “fragmentar la propuesta de nuevo país que se espera construir en la que todos quepan”. La organización recordó las vidas indígenas perdidas en la “lucha constante” por defender y recuperar tierras de los verdaderos “invasores”. Concentrada en manos de una pequeña élite, la propiedad de la tierra en Colombia es muy desigual y este problema está a la raíz de conflictos sociales, políticos y armados que han seguido por generaciones.
Unos pocos meses antes, previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de junio de 2022, el CRIC había movilizado una caravana amplia a favor de la candidatura ganadora de Gustavo Petro y Francia Márquez. El año anterior, la organización igualmente jugó un papel central en las históricas protestas, conocidas como “el estallido social”, que rechazaban el gobierno del entonces presidente, Iván Duque, y sus políticas fundadas en el neoliberalismo. Entre otras demandas, las movilizaciones del CRIC, conocidas como Mingas, han denunciado reiteradamente la continua violencia ejercida contra las comunidades indígenas y los líderes sociales, especialmente marcada tras la firma de los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC. Solo en el 2022, 47 de los 216 defensores de derechos humanos asesinados en el país eran indígenas.
Fundado en 1971, el CRIC fue la primera organización indígena en Colombia. Representa a la mayoría de los pueblos y comunidades indígenas del departamento del Cauca, trabajando directamente con 139 autoridades locales. A lo largo de las décadas, la organización se ha convertido en un actor nacional importante, coordinándose con otras organizaciones y movimientos sociales para combatir las desigualdades y la violencia que han afectado el país durante décadas.
En enero de 2023, hablamos con tres líderes del CRIC, conocido/as como Consejero/as Mayor/as. Carmen Gembuel Quiguanas, del Pueblo Misak, representa el Consejo Territorial de Autoridades Indígenas del Oriente Caucano (COTAINDOC). Ancizar Majin Tintinago representa el Pueblo Yanakuna. Eduin Capaz Lectamo, del Pueblo Nasa, es representante de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca –Çxhab Wala Kiwe (ACIN-CWK). Si bien hicieron énfasis en sus altas expectativas frente al gobierno Petro-Márquez, también siguen siendo pragmáticos: insisten en que el cambio transformador probablemente solo se producirá a través de la presión y de la movilización constantes, desde abajo.
Esta conversación, traducida del español, ha sido editada y reorganizada para mayor claridad y por cuestión de extensión.
Cuéntennos un poco sobre la historia del CRIC.
Ancizar Majin: En el CRIC llevamos [52] años en esta lucha de resistencia por lograr que se haga un cambio estructural en el país. Ya llevamos mucho tiempo orientando la resistencia, la lucha en diferentes pueblos, y nosotros consideramos que somos los pioneros en Colombia, de los pueblos indígenas del departamento del Cauca, en poder haber hecho todo este proceso de resistencia y de direccionamiento político organizativo. Ahora, tanto negritudes como campesinados están organizándose. Incluso, muchas organizaciones han retomado lineamientos políticos que ha venido trabajando el CRIC, como, por ejemplo, la Guardia Indígena. Hoy en día, ya hay una Guardia Cimarrona, una Guardia Urbana y una Guardia Campesina.
[Cuadro explicativo: Como se describe en el sitio web del CRIC, la Guardia Indígena es una organización de la sociedad civil que trabaja para mantener la autonomía indígena a través de la defensa de sus territorios y formas de vida. Sus miembros llevan una acción pacífica y no están armados. Solamente cargan un “bastón de mando”, símbolo de su autoridad. En los últimos años, la experiencia de la Guardia Indígena ha inspirado otros proyectos de resistencia pacífica comunitaria, como la Guardia Cimarrona, organizada entre las comunidades afrodescendientes. La palabra cimarrón hace referencia a lo/as esclavo/as que escaparon y crearon comunidades autónomas, conocidas como palenques.]
No es fácil que las clases populares sociales lleguen a los Estados porque las normas, las constituciones y el sistema judicial no están hechos para los pueblos. Están hechos para las élites, para las familias que siempre han gobernado. No es fácil hacer esa transición para que nuestros pueblos puedan asumir el manejo del país. Por eso, es necesario caminar hacia la creación de Estados plurinacionales, porque nosotros, desde la colonización, hemos sido desconocidos y apartados de la participación en los tradicionales sistemas de gobierno occidentales.
Nos gustaría conocer los puntos en común y las diferencias entre los procesos organizativos de base y la política electoral. Antes de las elecciones presidenciales de 2022, ¿cuál era la relación del CRIC con los candidatos Gustavo Petro y Francia Márquez, y con sus propuestas?
Eduin Capaz: Petro y Francia [Márquez] tienen un proceso de vida cercano a muchos de los liderazgos de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales en el país. Petro, desde su militancia por el M-19 [movimiento de guerrilla desmovilizado en 1990], estuvo en los territorios indígenas. Y las comunidades indígenas incidieron en muchos momentos de su vida, a nivel personal y dentro del M-19. Nos confesaba en uno de nuestros encuentros cómo él, mucho antes de ser presidente, cuando él era guerrillero, pasó por nuestros territorios indígenas, por ejemplo, por Mosoco, en Tierradentro. También estuvo en algunas zonas del norte del Cauca, en Corinto.
Francia Márquez ha estado involucrada en la lucha de los pueblos afrocolombianos, en el municipio de Buenos Aires, uno de los 13 municipios del norte del Cauca. Esta zona tiene un contexto particular, con presencia indígena y campesina, y con fuertes luchas alrededor de la tierra y por detener el avance de la extracción minera, en particular del oro, en especial en Buenos Aires y en Suárez. Allí se ha dado la lucha por la recuperación de tierras, que involucró a comunidades afro y a comunidades indígenas. Entonces, el movimiento social caucano –el indígena y el afro– tiene una profunda conexión con las experiencias de vida de los dos personajes.
El levantamiento social de 2021, conocido como el estallido social, marcó un punto de inflexión en la política colombiana. ¿Cuál fue el papel del CRIC y de otras organizaciones y cómo pudo haber contribuido a la victoria de Petro y Márquez?
Eduin Capaz: Siempre hubo una propuesta política alternativa que, a través de la movilización, se ha venido construyendo, durante mucho tiempo. Muchas de esas propuestas no solamente son del Departamento del Cauca. Tuvieron un alto nivel de articulación en el suroccidente de Colombia y en todo el país, a través de distintos escenarios. Por ejemplo, la Minga Social del Suroccidente Colombiano, ha sido un escenario importante de articulación de la lucha indígena con la lucha campesina, la lucha afro y la de varios otros sectores sociales. Más allá del Suroccidente, la Minga Indígena y Popular a nivel nacional, también es un escenario de construcción de propuestas sociales y políticas que involucra a distintos sectores. Han sido muchos los escenarios de encuentro entre pueblos y organizaciones. Estos han tenido una relación fuerte con la construcción de una visión alternativa de país que el gobierno Petro, de alguna forma, recoge.
Nuestra participación en el estallido social fue directa y fuerte. Nuestra participación también fue ligada a la transformación del estallido social hacia una participación en las urnas, para hacer posible el cambio. Sumamos nuestra voz a muchas otras voces, para articular acciones en torno a ese cambio. Esto sucedió primero en las elecciones legislativas [de mayo de 2022], en las que ganamos tres congresistas. Luego, se dio la dinámica que llevó a Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia. Hubo mucho trabajo con anterioridad a eso. Salimos a las ciudades, nos trasnochamos, nos mojamos, ¿qué no hicimos? Hicimos caravanas, recorrimos ciudades haciendo pedagogía a favor del voto… El CRIC, no se quedó quieto frente al reto, a un anhelo de país que no era sólo el movimiento indígena. Nos llamaron como figuras importantes, para participar de forma activa, proactiva. Y así se hizo. En medio de las dificultades, lo hicimos.
Tras la victoria de Petro y Márquez, se produjo otro momento histórico cuando las organizaciones indígenas fueron invitadas a reunirse con el equipo de Petro como parte del empalme, una serie de encuentros con sectores poderosos de la sociedad colombiana realizados en el momento de la transición presidencial. Unos consejeros del CRIC también se reunieron personalmente con Petro. ¿Pueden hablarnos de ese encuentro?
Ancizar Majín: Nos reunimos con Petro en el Palacio [presidencial] para conversar de gobierno a gobierno. Le hemos dicho al presidente que mientras los derechos de los pueblos en Colombia sean progresivos, nosotros lo apoyaremos. Pero si hay regresividad, tendremos que recurrir nuevamente a nuestras formas tradicionales de lucha y de resistencia. El Consejo Regional Indígena del Cauca nunca bajará su bandera, sus símbolos o su expresión de la resistencia durante estos [52] años. ¿Por qué? Es cierto que Gustavo Petro es un presidente alternativo, progresista. Pero eso no garantiza del todo que se puedan materializar los derechos que por siglos hemos venido peleando.
Colombia es un país diverso. Las organizaciones indígenas no solo deben movilizarse para defender sus derechos frente al Estado, sino que también hay un sinnúmero de relaciones complejas con otros actores y organizaciones sociales. Uno de los temas principales es la reforma agraria y las demandas de tierras por parte a la vez de las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades campesinas. Por no mencionar a los ganaderos y la agroindustria. ¿Puede hablarnos de estas relaciones y de cómo se vinculan con la coyuntura actual?
Ancizar Majin: Un eje fundamental del actual gobierno es la “paz total” en Colombia. Y todos la añoramos y queremos que se establezca. Pero es complejo dialogar con todos los grupos que existen en Colombia, hasta los narcotraficantes. Es muy difícil, en especial ahora, ya que todo el mundo quiere tener estatus político. Pero tenemos una larga experiencia, que nos permite sentarnos, conversar, ponernos de acuerdo, buscar soluciones para que pueda concretarse esa política absolutamente necesaria.
De alguna manera, se complica por las dificultades –no “conflictos”, pero “dificultades”– que hemos tenido entre grupos étnicos en Colombia, por la pelea por la tierra. Ni siquiera es entre grupos étnicos, por desentendimiento o por desconocimiento. Por el contrario, el CRIC ha ayudado muchísimo en el proceso organizativo de los campesinos y de las negritudes. Pero, hoy en día, se presentan dificultades porque queremos que este gobierno haga la reforma agraria y resuelve ese punto de discordia.
Entonces Petro dice “hagan un pacto étnico, pónganse de acuerdo y, cuando se pongan de acuerdo, les compro la tierra”. Pero nosotros, como CRIC, sabemos que tenemos derecho a nuestros territorios ancestrales. Y eso no está en negociación, no debe ser un condicionante. Petro no puede sugerir que, si no nos unimos, no se va a poder adquirir las tierras. Porque, entonces, va a continuar el conflicto.
Carmen Gembuel: Para nosotros es importante reconocer que cada una de las organizaciones tiene sus dinámicas propias, pero que tenemos que encontrar un espacio de acuerdo en este momento de cambio. Tenemos que resolver problemas estructurales, tenemos que definir qué estamos pensando en cuanto al tema de la salud, al tema de la educación, al tema de la tierra. Hoy, en el Cauca, hay varias organizaciones que comparten las mismas exigencias, después de tantas décadas de desigualdad. Y eso nos ha permitido crear también estrategias.
Una de las estrategias en que se está implementando –no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo– en cuanto a la tenencia de la tierra, es, por ejemplo, la Mesa Interétnica e Intercultural. Esto nos permite encontrarnos como organizaciones sociales, como movimiento indígena, frente a las grandes expectativas que tenemos para realmente fortalecer el país –y para no quedarnos satisfechos, solo por cuatro años, con un gobierno alternativo. Planteamos proyectarnos mucho más lejos, en la medida en que no se van a ver cambios estructurales en solamente cuatro años. Como siempre hemos dicho, los planes de vida nuestros son continuos y ese “tejer y destejer” nos debe llevar a encontrarnos con otras organizaciones sociales.
Ancizar Majin: No podemos permitir que el gobierno sacrifique nuestros territorios ancestrales. No nos pueden decir “no, ahorita vamos a crear las reservas campesinas y las reservas campesinas van a traslapar los resguardos, esos territorios ancestrales culturales”. Es imposible para nosotros. Entonces, ahí viene la incomprensión, porque, entonces, el gobierno interpreta que no nos ponemos de acuerdo. Ahí se amerita un debate más profundo, es necesario que el gobierno tenga claridad sobre los escenarios territoriales.
¿Cuáles son las perspectivas de cambio con el gobierno de Petro y Márquez? ¿Cuáles son las diferencias entre los gobiernos “progresistas” o “alternativos” y los de derecha?
Eduin Capaz: Como dicen los mayores [ya que hemos ganado], “y ahora, ¿qué vamos a hacer?”. Ahí está el problema. Nosotros entendemos que –como decía el consejero Ancizar–, estamos hablando de un Estado que tiene unas dinámicas y una estructura que tienen una larga historia. Generar transformación no será fácil.
Carmen Gembuel: Nuestra perspectiva es que tenemos relaciones “de gobierno a gobierno”, como decimos en el movimiento indígena en Colombia, y tenemos muchas expectativas. Pero también entendemos que el gobierno actual se confronta a una triste realidad. Recibe un país en donde, desafortunadamente, no son muy buenas las condiciones para poder desarrollar unas políticas de cambio. Y que nosotros, como movimiento indígena –uno de los más fuertes a nivel nacional, a nivel latinoamericano y hasta a nivel internacional– también estamos llamados a ayudar a orientar. Jugamos un papel fundamental para lograr el cambio [de gobierno] que hoy se quiere y estamos haciendo una autoevaluación que nos permita aún fortalecer nuestra política indígena, para seguirla implementando en nuestros territorios.
Entonces, en este momento de cambio, tenemos un gobierno alternativo y tenemos también un espacio para gobernar en nuestros territorios indígenas. Podrán pasar gobiernos, así sean de derecha, alternativos o de izquierda, tendremos nosotros que seguir fortaleciendo realmente el ejercicio político al interior de nuestras comunidades. Creo también que el papel de las mujeres es bastante importante para la realidad que hoy tenemos en el gobierno. El actual gobierno ha subrayado el papel que cumplen las mujeres en cada uno de los espacios y por eso ha nombrado mujeres en varios de los ministerios y demás cargos que asigna. Ha tenido en cuenta el papel que juegan las mujeres en estos espacios políticos.
Anizcar Majín: Tiene que haber un cambio en las normas y la legislación para lograr cumplir lo que el gobierno ha propuesto. Eso se va a demorar. A Gustavo Petro, le ha tocado hacer muchos acuerdos para que, por lo menos, la derecha lo deje gobernar, lo deje avanzar. Y eso es muy claro. Hasta tuvo que conversar con el mismo Álvaro Uribe. Y con Felix Lafaurie. Petro prometió hasta comprar tres millones de hectáreas a los ganaderos para poder hacer la reforma agraria y tuvo que incluir de manera estratégica a Félix Lafaurie en el equipo de diálogos de paz con el ELN en Caracas.
[Cuadro explicativo:El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) es percibido por muchos como responsable de gran parte de la violencia paramilitar y de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército colombiano. Tras su victoria electoral, Petro se reunió con él en privado. Para algunos de sus seguidores, fue un gesto decepcionante, pero igualmente se consideró necesario para hacer posible un acercamiento de Petro a la derecha. Al respecto, él tuiteó “Dialogar es de humanos. Dialogar construye civilizaciones”. Félix Lafaurie, esposo de una senadora uribista y amigo de Uribe, es presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), una organización de terratenientes. A pesar de que Lafaurie, al igual que Uribe, fue un crítico vocal del acuerdo de paz con las FARC, Petro nombró a Lafaurie, en noviembre de 2022, dentro del equipo de negociación con el grupo guerrillero ELN. Anteriormente, en octubre, el gobierno había firmado un acuerdo con FEDEGAN, en lugar de emprender expropiaciones forzosas, para comprar tres millones de hectáreas de tierras privadas destinadas a ser redistribuidas a través de la reforma agraria. Este proceso de “reforma rural integral” es un componente de la “paz total” propuesta por Petro para el país.]
Eduin Capaz: El movimiento indígena debe, primero, reconocerse, como diferente del Estado colombiano y del gobierno nacional. Somos un gobierno de comunidades indígenas, somos un gobierno indígena, un gobierno ancestral. Somos un gobierno que basa su acción en sus costumbres, en el derecho propio, en la ley de origen. Que ha creado de alguna forma, durante muchos años, estructuras propias, mecanismos propios, ritualidad, visión, procesos y otros... Entonces, diferenciarse del gobierno [de Petro] va a ser fundamental para lo que sigue.
De alguna forma, un gobierno alternativo como el de Gustavo Petro ha incluido al movimiento indígena con personas muy visibles para el movimiento indígena, como Giovani Yule, la compañera Leonor Zalabata, la compañera Patricia Tobón. Eso ya es una forma de participación del movimiento indígena. Sin embargo, hay muchos aspectos que no han sido resueltos, que serán difíciles de resolver. Por supuesto, los pueblos indígenas siempre han tenido complicaciones con todos los gobiernos.
Lo que los gobiernos de derecha han hecho para los pueblos indígenas, que siempre han estado en resistencia, es marcar una voz muy fuerte, muy definida, casi que alinearlos porque el otro los ataca. Con estos gobiernos alternativos, [el riesgo] es que los movimientos indígenas se dispersen. A veces no se sabe cuándo hay un retroceso de los derechos o cuando hay una oportunidad para avanzar. Siempre tiene que haber una lectura muy fina de los pueblos indígenas, alrededor de estos gobiernos alternativos. Implica este tipo de cuestiones. Y uno de los errores de los gobiernos progresistas o de izquierda es que tienden a desconocer sus responsabilidades como instituciones del Estado [para] cumplir los derechos ganados a través de las luchas sociales. Entonces, a veces, nos chocamos con eso, con los gobiernos alternativos.
Creemos que va a haber escenarios de desencuentro con este gobierno. Eso no implica que estemos en contra de unas propuestas alternativas para el cambio en el país. Por supuesto que no. Sin embargo, no se puede hacer marcha atrás en cuanto a los derechos de comunidades indígenas. Y, desafortunadamente, la realidad en nuestros territorios no nos permite ser pacientes. Acá estamos, salvándonos en el día a día, sobreviviendo todos los días, con compañeros asesinados y con el asedio sobre nuestras comunidades. No es posible que nos quedemos quietos.
Además de nombrar a líderes/as indígenas para cargos en el nuevo gobierno, la administración Petro también creó un nuevo Ministerio de la Igualdad. Esta fue una propuesta que vino de Francia Márquez y seguramente será relevante para los pueblos indígenas. ¿Pueden hablarnos sobre la visión del CRIC acerca de este proyecto?
Carmen Gembuel: Vemos el ministerio de la Igualdad como la realización de una de las expectativas frente al actual gobierno, encabezada por la vicepresidenta. Pero también hay algo que es importante recordar. En el marco del Convenio 169 de la OIT y ratificado en Colombia en 1991, se supone que el Estado tiene la obligación de adecuar sus propuestas al mundo indígena, a lo que llamamos nuestros “planes de vida”. En este sentido, hemos sido muy enfáticos en decir que iremos a revisar, que haremos una “minga de pensamiento”, que queremos un espacio colectivo para mirar las ventajas y desventajas de la idea. Porque pensamos que las condiciones para el cambio no se deben plantear desde arriba, desde el gobierno nacional. Como movimiento indígena y como gobierno propio, hemos nacido desde las bases y con las bases. Por eso, se nos debe permitir revisar ese tema del ministerio de la Igualdad, para que sean las mismas comunidades las que deciden.
El ejercicio del gobierno indígena tiene que ser transversal a todos los ministerios. La adecuación institucional debe partir de ellos, no de nosotros hacia ellos. Con el actual gobierno, debemos tener la posibilidad de decir “miren, debemos vernos reflejados en todos los espacios del Estado y, frente a eso, pedimos que la adecuación institucional sea tenida en cuenta para dar respuesta a esos planes de vida que hoy tenemos en cada una de nuestras comunidades”. Como hemos dicho, nosotros no vamos a reversarnos en derechos ganados.
Virginie Laurent es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes in Bogotá.
Bret Gustafson es coeditor ejecutivo de NACLA y profesor de Antropología en la Universidad de Washington en St. Louis.
