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La fuerza política más importante de Bolivia desde su revolución de 1952, el Movimiento al Socialismo (MAS), se está desgarrando. Las desavenencias en el liderazgo amenazan no sólo al partido, sino también al proyecto político y a la unidad de los movimientos sociales que impulsaron al MAS inesperadamente al poder en 2005.
El expresidente Evo Morales, primer presidente indígena del país, está decidido a ser el candidato de su partido en 2025. Frente a él están su ex ministro de Economía, actual presidente y economista formado en el Reino Unido, Luis “Lucho” Arce Catacora, y el activista indígena y vicepresidente David Choquehuanca, quien trabajó como ministro de Asuntos Exteriores con Morales durante once años. Pero esta lucha por el liderazgo no es sólo entre el más moderado Lucho y el radical Evo, sino también económica. El descenso de la producción de gas natural, que ha sido la principal fuente de ingresos del gobierno del MAS, ha llevado a las dos facciones a pelearse por el acceso a los menguantes fondos estatales.
La profundidad de la división quedó patente el 14 de noviembre, cuando la facción de Morales se alió con la oposición conservadora en la Asamblea Legislativa para bloquear el presupuesto nacional. Sin dar nombres, Arce denunció a quienes "intentan acallar la voz de nuestras organizaciones fundadoras", refiriéndose a los principales creadores de movimientos sociales y partidarios de larga data del MAS, el Pacto Unidad.
Una encuesta de septiembre muestra que, entre los posibles candidatos presidenciales, Arce obtendría el 18 por ciento de los votos y Morales el 9 por ciento. El declive de la popularidad de Evo era inequívoco mucho antes de las disputadas elecciones bolivianas de 2019, como explicó el instalador de gas natural Damián López en una entrevista de 2019: "Queremos que continúe el proceso que Evo y su movimiento político iniciaron, pero es hora de que se vaya y una nueva generación de líderes lo reemplace".
Raíces de la crisis actual
Ese sentimiento es un elemento en la crisis actual, cuyas raíces inmediatas se remontan a 2016, cuando Morales perdió un referéndum para presentarse a un cuarto mandato prohibido por la Constitución del Estado. Su rechazo a los resultados permitió a la oposición centrista y de derechas acusarle de fraude en las elecciones de octubre de 2019.
Durante tres semanas de protestas de la derecha contra la victoria electoral de Morales en 2019, su base tradicional de movimientos sociales estuvo notoriamente ausente de las calles. El economista Armando Ortuno describe la respuesta tardía como "una extraña indiferencia, desmovilización, ‘nomeimpor-Tismo’ o madura distancia". Una combinación de factores alimentó la tibia respuesta: una clase media en expansión cuyos intereses se habían vuelto más individualistas y orientados al consumo, movimientos sociales debilitados, votantes más jóvenes que no se identificaban con Evo como lo habían hecho sus padres, y la fatiga de los votantes tras 14 años del MAS en el poder. "Cuando las políticas de un gobierno de izquierda transforman las condiciones materiales de los pobres, permitiendo el ascenso de clase, el imaginario colectivo cambia", reconoció el ex vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista poco antes de las elecciones disputadas de 2019.
Tras la expulsión inconstitucional de Evo, juró el cargo la evangelista cristiana agresiva Jeanine Áñez. Su gobierno de transición, autoritario e incompetente desató de inmediato a los militares contra los manifestantes desarmados que se habían movilizado para protestar contra la destitución de Morales, matando a unas 30 personas.
Cuando el gobierno de facto prometió finalmente elecciones para mayo de 2020, los movimientos sociales del país optaron por una candidatura electoral representada por Choquehuanca y Andrónico Rodríguez, con la esperanza de sustituir a Morales por un nuevo liderazgo. Rodríguez, cocalero del Chapare de 35 años, es vicepresidente de la asociación cocalera más importante y actualmente preside el Senado de Bolivia. Morales y García Linera desecharon la elección de los movimientos sociales desde el exilio en Buenos Aires y optaron en su lugar por Arce y Choquehuanca.
Morales y sus partidarios siempre vieron al nuevo presidente y vicepresidente como líderes interinos. "Te toca a ti, Luis", dijo García Linera en 2019, "después (el liderazgo) pasa a los legítimos dueños, los campesinos e indígenas de este país". Pero Arce y Choquehuanca estaban decididos de gobernar de forma independiente. “La pelota está en nuestra cancha", declaró inequívocamente Lucho. Esto enfureció a Evo, que veía en Arce el principal obstáculo para su regreso al poder presidencial en 2025. Desde entonces, la división dentro de un partido que tiene poca solidez institucional y gira en torno a lealtades personales no ha hecho más que crecer, con Evo proclamando repetidamente que "El MAS no está en este gobierno".
Cuando García Linera entró en liza el pasado marzo, haciendo un llamamiento a la negociación entre los dos bloques enfrentados y, recordando la razón por la que se formó el MAS en 1995, abogó por "la continuación de un proyecto social transformador", Morales se volvió contra él. Aunque había sido su confidente más cercano, Evo no tardó en llamar a su exvicepresidente "un enemigo más".
El mítico líder masculino
Durante los catorce años de mandato de Morales, el MAS fue incapaz de identificar un sucesor, y los que podrían haber asumido el papel se vieron marginados. Este fracaso suele achacarse directamente a Morales, pero Bolivia nunca ha tenido mucho éxito hasta la hora de desarrollar mecanismos que impidan a los individuos concentrar el poder en sus manos. La última vez que un partido político cedió el poder entre dirigentes fue hace 35 años, y antes de eso, 33 años antes, en 1956. Ambas transiciones—entre Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazo en la década de 1950, y Paz Estenssoro y Gonzalo Sánchez de Lozada en 1989—se produjeron en el seno del partido político más antiguo de Bolivia, el ahora mayormente extinto Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que había sido el principal impulsor de la revolución de 1952.
Aunque ya no gobierna, el poder de Morales es indiscutible: sigue siendo el jefe del partido MAS y de los poderosos sindicatos cocaleros del Chapare. Mientras que las organizaciones indígenas y sindicales de Bolivia, sobre todo a nivel local, dan prioridad a lo colectivo sobre lo individual, insisten en un liderazgo responsable y hacen obligatoria la participación, las configuraciones regionales y nacionales—tanto obreras como campesinas—han girado con frecuencia en torno a la lealtad a un líder masculino fuerte y carismático. Esto se combina a menudo con una buena dosis de clientelismo y jerarquía, y una relación directa entre un líder y sus seguidores, un modelo que Morales siguió con gran éxito. Las constantes visitas de Evo a las comunidades rurales para inaugurar proyectos le granjearon un fuerte seguimiento entre los más pobres de la nación que se acerca al mesiánico.
Entre los habitantes con mayor movilidad ascendente en las ciudades, el apoyo se inclina hacia Arce y Choquehuanca. “Tendrías mucha suerte si encontraras a un evista en El Alto", me dijo el profesor jubilado y escritor Félix Muruchi en un mensaje de Whatsapp; "ya no quedan". Esto refleja una creciente opinión fuera del Chapare que ve a Evo como divisivo e irrespetuoso con el actual presidente y, particularmente, con el vicepresidente. Choquehuanca cuenta con un fuerte respaldo en la ciudad de El Alto, de mayoría aymara, así como en las zonas rurales del interior, de donde procede.
En el otro lado del enfrentamiento, muchos de los cocaleros del Chapare, base de Morales, desconfían del presidente Arce, que no tiene fuertes vínculos con el movimiento social. Los cocaleros dijeron al antropólogo Tomás Grisaffi en julio de este año que temían que el gobierno de Arce planeara traer de vuelta a la odiada Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). "Sólo estamos esperando que pasen los próximos dos años para que termine el mandato de Lucho, entonces tenemos que traer de vuelta a Evo", insistió la dirigente sindical cocalera Faustina Casillas. Otro motivo de recelo es la caída en picada del acceso a la financiación estatal de la que se habían beneficiado los cocaleros durante la presidencia de Morales. Dirigentes sindicales, como la ex reportera de la radio cocalera Alieta Ortiz, perdieron sus empleos en el gobierno.
A pesar de estas preocupaciones de los cocaleros, el gobierno de Arce adoptó en 2021 un plan de desarrollo de cuatro años y 69 millones de dólares dirigido a los cocaleros y cocaleras.
Entre Arcistas y Evistas
La división en el MAS pone en peligro la unidad, a menudo tenue, que tanto ha costado conseguir entre los heterogéneos movimientos sociales del país, que a lo largo de la historia se han disputado el liderazgo nacional. Los movimientos bolivianos siempre han estado entre los más combativos del mundo, con una desafiante tradición de resistencia que se remonta a la invasión española. Los movimientos de clase e indígenas fueron esenciales para la revolución boliviana de 1952, forzaron el retorno de la democracia en 1982 tras 18 años de dictadura y lucharon resueltamente contra la guerra anti-drogas respaldada por Estados Unidos en la década de 1990. En 2000 bloquearon los intentos de privatizar el agua de Cochabamba, y en 2003 se movilizaron con éxito contra un plan para enviar gas natural al norte a través de Chile.
El "instrumento político" que más tarde se convirtió en el MAS se consideraba el brazo electoral de los movimientos sociales. "La idea era formar un partido en el que participara el 100 por ciento de las bases [en la toma de decisiones] y que los dirigentes respondieran ante nosotros", declaró un exdirigente sindical a Grisaffi en 2005.
Una vez que el MAS estuvo en el poder, estos movimientos impulsaron una de las constituciones más radicales del mundo en 2009. Sin embargo, a lo largo de los años de gobierno del MAS, los movimientos sociales bolivianos se fueron debilitando continuamente a través de su incorporación, marginación y cooptación por parte del partido gobernante. Pero frente a la represión del gobierno de Áñez en 2019-20, los impactos de la epidemia de Covid-19 y la dirigencia del MAS en el exilio o la clandestinidad, los mismos movimientos lograron reagruparse.
No sólo reafirmaron su centralidad en el "proceso de cambio", como se denomina al proyecto político del MAS, sino que forzaron nuevas elecciones en octubre de 2020 que Arce y Choquehuanca ganaron ampliamente con el 55 por ciento de los votos. Su victoria se basó en los 14 años de éxito del MAS en la supervisión del periodo de crecimiento económico más largo de la historia del país, así como en una estabilidad política sin parangón y un notable descenso de la pobreza.
Arce y Choquehuanca establecieron una administración "tecnocrática" compuesta por más profesionales que la de Morales, que sobre todo al principio, había incorporado a más representantes de movimientos sociales en puestos claves del gobierno. Entre las medidas que ha adoptado el gobierno de Arce figuran un impuesto especial sobre las fortunas personales superiores a $4,3 millones de dólares, un bono a los trabajadores del sector informal para ayudarles a recuperarse de Covid que benefició a un tercio de la población, igualdad de salario para las mujeres y nuevos impuestos a las importaciones agrícolas en un esfuerzo por proteger la producción nacional a pequeña escala.
Pero la pelea desagradable entre arcistas y evistas amenaza la capacidad del MAS para mantenerse en el poder. En agosto, en un congreso de la mayor confederación sindical campesina, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), ambos bandos se lanzaron sillas y se dieron puñetazos, causando más de 450 heridos. Hasta la fecha, la única organización principal del movimiento social que ha evitado la división es la Central Obrera Boliviana, que ha declarado su lealtad a Arce y Choquehuanca.
A principios de octubre, los cocaleros, determinados a mantener su hegemonía histórica dentro del MAS, organizaron un congreso del partido. Los arcistas no asistieron, sobre todo los "interculturales" de Santa Cruz, una circunscripción clave del MAS que representa a los campesinos de las tierras altas que han emigrado a las tierras bajas. En ausencia, Arce y Choquehuanca fueron expulsados del partido y se les informó de que no podían concurrir a las elecciones nacionales de 2025, y Morales fue proclamado candidato presidencial del MAS. Esta decisión fue pronto anulada en los tribunales. Dos semanas después, Arce y Choquehuanca demostraron cuánto apoyo podían recabar celebrando un gran mitin público en El Alto al que asistieron 100 organizaciones.
El resultado de esta batalla campal sigue siendo incierto. Pero lo que está claro es que, si no se llega a una resolución, los grandes perdedores serán los movimientos sociales y su centenario proyecto de justicia social y económica. Tras la elección del ultraderechista Javier Millei en Argentina el 19 de noviembre, Andrónico Rodríguez instó al MAS a resolver su crisis interna o poner en peligro las elecciones de 2025. "No podemos poner en riesgo las grandes transformaciones del país que comenzaron en 2006", escribió en su cuenta de la plataforma X.
Linda Farthing es una periodista y académica independiente que ha reportado y comentado desde Bolivia para The Guardian, The Economist, Al Jazeera, Americas Quarterly, NPR y la BBC. Es coautora de cuatro libros sobre Bolivia; el último con Thomas Becker es Golpe: a story of violence and resistance in Bolivia (Haymarket 2021).
