Acción ecológica, uno de los grupos ambientalistas más conocidos en América Latina, ha liderado la pelea en contra de los planes del presidente Correa de Ecuador por expandir la industria minera. Mientras el estatus legal del grupo se mantiene en el aire, sus más de 20 años de trabajo han tenido una palpable influencia en el movimiento socio-ambiental del país. El grupo fue fundado en 1986, cuando grupos universitarios de Ecuador unieron fuerzas: uno coformado por tres mujeres especializadas en comunicaciones, y el otro formado por varios biólogos que andaban haciendo un documental sobre problemas ecológicos. La organización comenzó haciendo campañas en contra de la problemática asociada a perforaciones petrolíferas, y ya en los 90s en contra de la destrucción de los manglares (o selva costera). Para 1993, sus esfuerzos educacionales y de lobbies habían crecido e incluían acciones legales contra compañías de petróleo.
Los principios o fundamentos del grupo incluyen la no-violencia, acción directa y soporte a las comunidades. La presidente del grupo, Ivonne Ramos, hace la diferencia entre ambientalismo de mercado, al cual se opone, y el ecologismo popular, el cual apoya. De acuerdo con Ramos, el ambientalismo de mercado de, por ejemplo, Nature Conservancy y World Wildlife Fund usan el capitalismo de mercado para vender y apropiarse de tierras ancestrales. Esta aproximación no cuestiona la ruta de los problemas generados por la explotación de recursos naturales, y en su lugar enfatiza el marketing de commodities “verdes” u “orgánicos”, predicados en el precepto de que la Naturaleza es un bien que puede ser comprado y vendido. En contraste, el ecologismo popular enfatiza la co-existencia con la tierra, el Andino Pachamama, y una “cosmovisión” del universo.
El trabajo de Acción Ecológica ha sido conducido desde hace mucho a favor de comunidades indígenas que ha sufrido problemas de salud, limitación de acceso a la tierra, y violencia en relación con la explotación de petróleo y otros recursos naturales –problemas que en el caso de la étnia indígena Tetete, los llevó a su extinción. No era de sorprender que este hecho provocara una fuerte corriente de resistencia y rebelión de muchas otras comunidades afectadas, y que el camino recorrido por Acción Ecológica le concediera la confianza de muchos de esos grupos. Por ejemplo, en 1997, el grupo fue un actor clave para echar a Bishi Metals (subsidiaria de Mitsubishi) de las tierras comunales de Junín en los Andes, en la región ecuatoriana de Intag al norte de la provincia de Imbabura.
En 2004, el alcalde de Quito, Paco Moncayo, y la multinacional PricewaterhouseCoopers (con base en Londres) tuvieron la intención de privatizar el agua, provocando un conflicto que terminó en 2007 con la victoria del frente opositor al proyecto agrupado en la Coalición por la Defensa del Agua, del cual Acción Ecológica fue una de sus principales organizaciones líderes. De acuerdo con Ricardo Buitrón, antiguo secretario de la Coalición, este fue un importante evento que estimuló con un amplio apoyo la prohibición de todas las formas de privatización y concesión del agua, las cuales fueron ratificadas dentro de la Constitución del 2008.
No obstante que la oposición a la privatización de los servicios del agua constituye un pedido crucial y conveniente que congregó a los movimientos sociales emparentados con este tema, Ramos dice, que Acción Ecológica ha sido uno de los grupos más significativos para generar conciencia pública alrededor de muchos otros tipos de proyectos que amenazaban los derechos sobre el agua –proyectos forestales, perforaciones petroleras, agronegocios, al igual que los 230 proyectos hidroeléctricos, y por supuesto, la minería. Sin las campañas educacionales de Acción Ecológica y otros grupos aliados, no se hubiera concientizado a los moradores de zonas pobres urbanas sobre la complejidad de los derechos del agua, típicamente sólo enfocada en la difusa creencia de corporaciones codiciosas que buscan imponer a la gente pobre altos precios por el servicio de agua y/o en la contaminación producida por industrias extractivas.
Acción Ecológica ha ayudado a una amplia coalición de fuerzas sociales a entender cómo las garantías sobre el agua solicitadas por compañías mineras y otras corporaciones pueden mermar severamente toda la oferta disponible de agua potable. Armados de una mayor comprensión sobre el tema, el movimiento social que fue recientemente más visible –durante este año de crecimiento minero– se va acercando a la problemática sobre los derechos del agua en un sentido más amplio, e incluso, quizás más efectivo.
