En el polvoriento camino entre el manantial y su casa, Laura Morales acarreó toda el agua que pudo soportar: su décima cubeta ese día. Agua para cocinar frijoles y preparar tortillas, agua para lavar las playeras y pantalones de sus hijos. Y ahora, con el coronavirus acercándose a su pico en el sur de México, dos veces la cantidad de agua para lavar los manos y limpiar las superficies de uso común.
“Tenemos miedo porque sabemos que alguien se puede contagiar”, dice Morales, una promotora de salud de la comunidad mixe de Ayutla, Oaxaca. “Todo el tiempo estamos acarreando más agua, es más cansada para nosotras”.
Morales es una de los miles de habitantes de Ayutla quienes no han tenido acceso al agua corriente desde 2017. Ese verano, hombres armados del pueblo vecino de Tamazulapam del Espíritu Santo tomaron el control de lo que decían que era suyo: el manantial Jënanyëëj, la fuente de agua potable para Ayutla desde los años 70.
También invadieron 150 hectáreas de las tierras de cultivo de Ayutla. Arrasaron casas, hacharon manzanos y quemaron campos de maíz que proporcionaban sustento a las familias de la zona. Veinte de los 23 propietarios desposeídos eran mujeres, una rareza en una región en la que los derechos de tenencia de la tierra siguen estando marcados por profundas disparidades de género.
El gobierno de Oaxaca atribuye la tensión en Ayutla a uno de los muchos conflictos agrarios que existe en el estado. En 2019, la Secretaría General de Gobierno (Segego) informó que existen más de 300 conflictos agrarios, incluso 27 con un alto riesgo de violencia. Sin embargo, los y las investigadores indígenas señalan que las narrativas sobre conflictos territoriales suelen ocultar los legados de la violencia del estado. En la región mixe, siglos de despojo—desde la conquista española hasta la actual expansión del crimen organizado—han sentado las bases para el conflicto sobre recursos vitales como el agua. Cuando el estado no cumple con su obligación de proporcionar este derecho humano, son las mujeres que se encargan de llenar el vacío.
‘Se ha Perdido la Paz en la Sierra’
El conflicto por el agua en la zona mixe se ha prolongado durante tres años, pero sus raíces se remontan más atrás. En junio de 2017, después de la invasión del manantial y los campos aledaños, las propietarias agraviadas de Ayutla visitaron la zona en disputa con peritos de la Fiscalía del Estado. Pero el grupo de Tamazulapam—conocido localmente como Tama—bloqueó el paso de la caravana, primero con piedras y machetes, y luego con disparos de alto calibre.
Recuerda Morales: “Prácticamente los balazos salían de la montaña...Nosotros no íbamos ni armados ni nada.... Lo único que hicimos cuando empezaron a balacearnos, a rafaguearnos, fue correr y escondernos”.
Las tensas grabaciones de ese día dan evidencia de los disparos que hirieron a seis habitantes de Ayutla, que no encontraron donde refugiarse en la carretera abierta rodeada por bosques de pinos y robles. El vídeo también ofrece una última mirada a los ojos de Luis Juan Guadalupe, primo de Morales, de 35 años, que murió por un disparo en la cabeza mientras se trasladaba al hospital.
Después de subir a los heridos en camionetas, los habitantes de Ayutla se dieron cuenta de la ausencia de cuatro personas de su comunidad. Todas eran mujeres propietarias. “Creían que tomaban a las más débiles, creyeron que podrían llevárselas, lastimarlas como si fuera su derecho y quitarles sus tierras”, dijo Laura Morales al periodista Antonio Mundaca, quien reporteó sobre el abuso físico y sexual que sufrieron las mujeres.
Esa noche, al regresar a sus casas las familias de Ayutla encontraron que ya no tenían agua corriente. En agosto esta situación se volvió más permanente: los agresores dinamitaron todo su sistema de distribución de agua, construido durante décadas a través del tequio.
Las disputas fronterizas en la región mixe se remontan al siglo XVIII, cuando el virreinato español incluyó a Ayutla, Tama y otros pueblos en una mancomunidad con fronteras compartidas. Habría que esperar varias generaciones de lucha—y décadas de invasiones, más que nada por grupos de Tama— para que el gobierno concediera a las comunidades derechos independientes sobre la tierra en 2007. Pero incluso entonces, Ayutla y Tama quedaron fuera, atrapados en una hermandad condenada por la frontera irresuelta entre ellos.
Hasta la fecha, el estado continúa exacerbando el conflicto que ayudó a crear. En 2019, años de negociaciones fallidas llegaron a un punto crítico cuando el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, montó un acuerdo falso entre las dos comunidades. Las autoridades locales no sabían del plan hasta que fueron llevadas a la foto oficial frente la prensa. “No hubo acuerdo, ni papel firmado, pero si hubo en cambio una estrategia de comunicación que el gobierno del estado tenía preparada”, resumieron las organizaciones de derechos humanos en un informe.
“Si uno se acerca a los llamados conflictos agrarios se va a dar cuenta—es un ejercicio que yo hice—que en gran parte de ellos hay en realidad otros tipos de intereses”, dice Yásnaya Elena Aguilar Gil, una reconocida lingüista e investigadora de Ayutla. “Pero en una narrativa racista al estado le conviene narrar, ‘bueno, los indios son violentos, se pelean entre ellos, yo no puedo hacer nada’. Cuando en realidad lo que hace es estar solapando a estos intereses”.
Los pobladores de Ayutla, periodistas y observadores de derechos humanos señalan que un aspecto que se pasa por alto del conflicto entre Ayutla y Tama es el comercio de opio y marihuana a lo largo de esta ruta estratégica en el sur de México.
“El hecho de que haya habido armas de alto calibro para agredirnos...me hace pensar que detrás de todo esto puede haber delincuencia organizada, a lo mejor buscan tener estos terrenos para cosas ilícitas”, dice un ex representante del gobierno comunitario de Ayutla, cuyo nombre se reserva debido a las amenazas de muerte por hablar abiertamente sobre el tema.
“No es un tema muy abierto”, añade otro miembro de la comunidad, que observó sembradíos de amapola y marihuana en la región mientras realizaba trabajo de campo para el instituto electoral. “Todos los pueblos lo saben, pero nadie lo dice”.
Aunque rara vez se le reconoce como participante en el comercio de opio en México, Oaxaca—con amplias extensiones de tierra escondidas entre sierras escarpadas—ha desempeñado un papel cada vez más importante. En abril de 2017, las Fuerzas Armadas de México talaron y quemaron más de 30.000 plantas de adormidera en Santo Domingo Tepuxtepec, a pocos kilómetros al sur de Ayutla. En octubre de 2018, un operativo militar en la Sierra Mixe condujo a la destrucción de 10 mil metros cuadrados de marihuana y amapola. Ese año el cultivo de adormidera—en su mayor parte destinado al mercado de heroína de los Estados Unidos—casi se duplicó en el estado, ya que las células del crimen organizado provenientes de Guerrero promovieron la práctica entre los campesinos marginados.
“Junto con los problemas de colindancias, ha habido desencuentros entre comunidades por la producción y siembra de la adormidera silvestre desde 1980”, señaló Mundaca, el periodista.
“De unos años para acá algo cambió en la sierra,” dijo la lingüista Aguilar Gil a Pie de Página el año pasado. “Se ha perdido la paz. No sabemos de dónde sacaron tantas armas los habitantes de Tamazulapam del Espíritu Santo. Pero después del ataque, la Base de Operaciones Mixtas de la Policía entró en nuestro pueblo como ladrones, sin avisar, para patrullar un terreno que no conocen”.
Las Mujeres Lideran la Lucha por el Agua
Cualquiera que sea la fuente de la violencia en la Sierra Mixe, ha dejado a miles de hogares a enfrentar a la pandemia de coronavirus sin acceso a agua corriente. Lejos de ser un caso aislado, esta violación de los derechos humanos es frecuente en México, donde el 34 por ciento de los hogares sufren de un acceso insuficiente al agua potable. De ellos, 2 millones de hogares carecen completamente de agua y más de 10 millones reciben agua cada tercer día o menos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La falta de acceso al agua tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, según Brenda Rodríguez Herrera, especialista en agua y equidad de género de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM). “Efectivamente, son las mujeres las que por los mandatos y los roles de género…tienen la responsabilidad de acudir a la llave, al pozo o a acarrear el agua”.
Rodríguez Herrera ha demostrado que en algunas comunidades rurales e indígenas, este trabajo puede sumar dos horas o más. “Con esto que las mujeres hacen, están haciendo un gran subsidio de género a la gestión del agua, porque en realidad le tocaría al estado satisfacer todas estas necesidades”, dice.
Durante la pandemia, la mayor demanda de agua ha alargado las jornadas de trabajo de las mujeres, a la vez que ha aumentado sus niveles de estrés.
Ayutla no es una excepción. Las mujeres de la comunidad han acarreado el doble de la cantidad normal de agua desde que el gobierno lanzó una campaña de higiene pública esta primavera. Pero justo cuando el suministro de agua era más crítico, las temperaturas altas y la falta de lluvia ejercieron aún más presión sobre los recursos disponibles. A finales de marzo, el mayor incendio forestal de los últimos años asoló Ayutla, dañando 80 hectáreas y matando a un habitante. Para abril el gobierno federal declaró una emergencia local por los incendios forestales, junto con una emergencia nacional por la grave sequía en las cuencas hidrográficas de México.
A la luz de la emergencia de salud pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ordenó al estado garantizar el suministro de agua para Ayutla. Pero el gobernador de Oaxaca se negó a hacerlo, culpando a la inacción gubernamental en las demandas no resueltas entre las comunidades. En respuesta, Ayutla lanzó una campaña internacional exigiendo #AguaParaAyutlaYa, con la participación de destacados artistas.
Las crisis agravadas de este año han dado una nueva urgencia al trabajo del colectivo de mujeres de Ayutla, que se formó en 2017 para apoyar a las mujeres afectadas por la violencia en la región.
“Ahorita nuestro trabajo principal es recuperar nuestro manantial”, dice Gloria Martínez, miembro del colectivo y ex representante del gobierno comunitario de Ayutla. Sin respuestas del Estado, las mujeres se preparan para lanzar una nueva estrategia no violenta para reconectar el sistema de distribución de agua de la comunidad. “Estamos conscientes que hay un riesgo, sin embargo, estamos dispuestas como colectivo de mujeres de llevar a cabo este planteamiento”.
El colectivo también ha recaudado fondos para apoyar a mujeres como Martínez, que se enfrentan a desafíos adicionales durante la pandemia. Tras el ataque de 2017, se le diagnosticó diabetes y fibromialgia “por el estrés y el miedo, el impacto de todo lo que pasó”. Este año el colectivo de mujeres le proporcionó a ella y a docenas de otras mujeres apoyo material y emocional.
En términos más generales, Martínez dice que el colectivo ha sido una fuente de empoderamiento personal y mutuo: “Me ha dado la fortaleza de poder recuperar...me ha dado el ímpetu de decir que tenemos que seguir en pie de lucha y lograr nuestro objetivo”.
Samantha Demby es una periodista freelance en Oaxaca, Mexico.
