Este artículo fue publicado originalmente en inglés en el NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Traducción del inglés por Rosario Lozada Franco.
Al finalizar la sesión legislativa de la primavera del 2023, el representante demócrata Raúl Grijalva, junto a 93 copatrocinadores —incluyendo la representante sin derecho a voto de Puerto Rico en Washington, DC, la Comisionada Residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista Jenniffer González-Colón— presentaron al Congreso un proyecto de ley proponiendo la ruta para que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de los Estados Unidos. “El pueblo de Puerto Rico ha votado a favor de la estadidad en varias ocasiones y este proyecto de ley provee el vehículo para lograrla”, expresó González-Colón, quien anunció su candidatura para la gobernación de Puerto Rico de parte del Partido Nuevo Progresista (PNP) a favor de la estadidad de la Isla.
El proyecto de ley, conocido como La Ley del Estatus de Puerto Rico (H.R.2757), autorizaría un plebiscito vinculante en el cual les puertorriqueñes elegirían entre la estadidad, independencia y libre asociación de Puerto Rico. A pesar de su aprobación por la Cámara de Representantes, la medida no fue autorizada en el Senado el año anterior. La restitución del proyecto de ley, según González-Colón, marcó un esfuerzo por finalmente “acabar con más de cien años de desigualdad y ciudadanía de segunda clase”. Aún no se ha votado sobre este proyecto de ley.
Les patrocinadores de este proyecto de ley —mayormente defensores de la estadidad de Puerto Rico, como González-Colón— han tratado de ilustrar esta pieza legislativa como una forma de “descolonizar” a Puerto Rico, argumentando, de forma hipócrita, que dicho referéndum constituye un ejercicio de autodeterminación puertorriqueña. El proyecto de ley se alinea más con la estadidad y con la incorporación gradual de Puerto Rico al ámbito político de los Estados Unidos, profundizando así los enlaces coloniales del archipiélago. Más aún, el resultado de un referéndum impuesto y monitoreado por los Estados Unidos nunca permitirá la descolonización completa y verdadera, incluso aún si el voto general favorece la independencia. La descolonización no puede ser impuesta desde arriba; tiene que surgir desde abajo.
Sentipensar la descolonización
Somos dos puertorriqueñes desplazades viviendo en la diáspora en los Estados Unidos que apoyamos y trabajamos por la descolonización de Puerto Rico. Somos dos activistas boricuas que hemos amado y apoyado directamente a familiares y amistades que sufren por dependencia de sustancias, tanto en el archipiélago como en la ciudad de Nueva York, antes y durante la pandemia de Covid-19. Nuestras perspectivas nacen de nuestra experiencia íntima con las consecuencias transgeneracionales de la violencia colonial; dentro de nuestro entorno social y personal, la supervivencia colectiva es quebrantada por una constante lucha contra la ideología genocida de la supremacía blanca que nos atiene. Nuestra cultura y forma de vida están basadas en la rebelión y extendida resistencia de nuestras comunidades ancestrales, al igual que sobre sus saberes encuerpados y formas de sentipensar que heredamos. El trauma intergeneracional del que somos testigo y sobrevivientes requiere nuestra participación en procesos que contemplan el colonialismo y las posibilidades de sanación que ofrece la reconexión con nuestra tierra, agua, ecología y cultura. La anexión de Puerto Rico a los Estados Unidos no facilitará procesos descolonizadores, ni nos permitirá lograr estas metas.
Hemos aprendido de nuestros pares en la Isla de Tortuga, Hawái, Alaska, Guam, las Islas Marshall, Samoa Americana, Las Filipinas y Palestina entre otros. Ni los plebiscitos impuestos para lograr la estadidad o la supuesta libre asociación, ni el encarcelamiento en reservas o campos de concentración, ni siquiera la independencia (siempre y cuando sea solo en nombre y mientras carece de libertad política-económica real) han detenido la pérdida de territorios, ni la pérdida del libre acceso a recursos locales. Toda opinión oficial presentada por el Congreso estadounidense para Puerto Rico y otros territorios colonizados han fortalecido sus poderes plenarios y sus relaciones imperiales con el pueblo puertorriqueño. Nuestro derecho a la autodeterminación, soberanía e independencia nacional ha sido reconocido anualmente por el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y la comunidad internacional por al menos los pasados cincuenta años. No obstante, las limitaciones y contradicciones de los actuales paradigmas políticos, la descolonización de Puerto Rico requiere la actualización de nuestra soberanía popular inherente, así como la oportunidad de ejercer nuestro derecho a la autodeterminación con relación a nuestro futuro político de manera holística y consecuente.
La Ley del Estatus de Puerto Rico activamente influye al electorado en favor de la estadidad mientras define quienes tienen la capacidad de votar y excluyen la educación pública requerida para que se comprendan las diferencias críticas entre la libre asociación, estadidad e independencia. La Ley implementa el mismo formato utilizado durante el voto de la anexión de Hawái en 1898: luego de atraer a estadounidenses de altos recursos a mudarse y desarrollar sus empresas en el territorio colonizado, el Congreso les cedió poder al voto. De manera similar, bajo la Ley del Estatus propuesta, personas con capacidad de voto solo tendrían que vivir en Puerto Rico por seis meses del año para votar en el referéndum. Mientras tanto, seríamos prohibides del voto miles de puertorriqueñes en la diáspora como nosotres, incluyendo aquelles que emigraron durante la última década, mantienen vínculos cercanos con la Isla y desean regresar a vivir en Puerto Rico.
Este proyecto de ley surge mientras cantidades crecientes de puertorriqueñes migran a los Estados Unidos y estadounidenses de buenos recursos se han adueñado de propiedades abandonadas en una ola de capitalismo de desastre tras el choque del Huracán María, alterando así la base del votante local de maneras no antes vistas. En caso de aprobación, la Ley del Estatus arriesga consolidar aún más la relación forzada y desigual entre Puerto Rico y los Estados Unidos, de manera que la descolonización se verá cada vez más imposible y el “genocidio lento” descrito por Loida I. Martell y demás, se verá fomentado. En el 2023, la tasa de natalidad en Puerto Rico disminuyó al menor nivel dentro de la historia documentada de Puerto Rico—a este paso, con una población isleña envejeciente como resultado de la masiva emigración de jóvenes puertorriqueñes, no habrá un reemplazo generacional en la Isla.
Mientras la población envejeciente de Puerto Rico enfrenta los impactos de la austeridad, el cambio climático, la infraestructura inadecuada, la disminución de la población, el aburguesamiento y la creciente intrusión de especuladores en el territorio, políticos estadounidenses han promocionado la Ley del Estatus como liberadora. Alexandria Ocasio-Cortez, patrocinadora del proyecto de ley, expresó: “Es verdaderamente histórico tener un proceso de autodeterminación y descolonización de la Isla y que estemos realmente considerando acabar con el estatus colonial”. Otra patrocinadora, Nydia Velázquez, admiró la pieza legislativa de manera similar por el hecho de que asegura “que la descolonización de la Isla se mantiene en el centro del Congreso”. Estas declaraciones nos parecen evidentemente falsas.
El marco liberal y egoísta creado por los demócratas, sin ninguna responsabilidad con las personas del archipiélago, es muy cínico, ya que un voto de estatus político impuesto por los Estados Unidos prácticamente equivale a otra maniobra que fortalece el poder colonial estadounidense y asegura el poder político-económico de la supremacía blanca sobre la política, territorios, agua y otros recursos de Puerto Rico. En el marco de la invasión de 1898 y sus consecuencias, el gobierno estadounidense le debe reparaciones a les puertorriqueñes y la ecología de Puerto Rico por su continua violencia, abuso y explotación. Por el contrario, la insistencia por parte de las élites políticas de que la anexión de Puerto Rico es un hito de la justicia social oculta el significado real y el poder liberador de la descolonización, enmarcando aquellos horizontes revolucionarios como aún más mistificados y remotos.
Nuestra historia colonial
Por más de un siglo, la relación entre los Estados Unidos y Puerto Rico ha sido motivada por el interés de Washington en conquistar naciones isleñas para beneficios económicos, estrategias militares y ganar poder geopolítico. En 1898, el mismo año de la anexión de Hawái y del fervor revolucionario que inspiró la liberación de Cuba y Puerto Rico del imperio español, los Estados Unidos invadieron y conquistaron el archipiélago de Puerto Rico. La ofensiva expresó una idea colonial y blancosupremacista de la doctrina del Destino Manifiesto y su expansión extranjera vía la Doctrina Monroe. De hecho, los mismos comandantes que dirigieron a los colonizadores en una campaña de genocidio hacia el oeste y el norte durante las supuestas Guerras Indias, prosiguieron a invadir y colonizar territorios y puertos en las Filipinas y en Puerto Rico de manera que su influencia política económica se expandió al Caribe y las Islas Pacíficas.
El año 1898 marcó un momento crítico en la historia de Puerto Rico mediante el rechazo al control colonizador y militar europeo. Conforme a sus propias ambiciones imperialistas y con la Doctrina Monroe como brillante justificador, Estados Unidos estableció control militar y político sobre Puerto Rico y Cuba, así como sobre localidades lejanas del Pacífico como Samoa, Guam, las Islas Marshall, las Islas Marianas del Norte, Hawái y Alaska. Fue un momento de gran expansión territorial, como ha argumentado la coautora Garriga-López con Lisa Uperesa. A lo largo del tiempo, los discursos de liberación y descolonización se han utilizado y tergiversado para profundizar el arraigo del colonialismo, sometiendo así poblaciones locales o indígenas a proyectos de expansión colonial y asentamiento bajo otros nombres y justificaciones.
Al igual que otras “posesiones” coloniales de los Estados Unidos, Puerto Rico fue y sigue siendo considerado un botín de guerra, entonces el poder colonial procedió a privatizar y explotar el territorio, la ecología y los recursos humanos en todo el archipiélago. En los años que siguieron a la invasión, el gobierno de los Estados Unidos nombró a capitanes industriales estadounidenses, reconocidos por su avaricia y egoísmo como gobernadores de Puerto Rico e impuso un régimen de fronteras internacionales que, efectivamente, aseguró control sobre los puertos y territorios de Puerto Rico. Igualmente, han monopolizado el comercio de la Isla a través de la Ley Jones, la cual promulga un embargo en el comercio internacional con Puerto Rico. Estos arbitrios tienen el único propósito de proteger el comercio estadounidense y darle precedencia sobre todo Puerto Rico. Como resultado el costo de la vida sube y se perjudica el comercio local, impidiendo la participación local en intercambios mercantiles regionales que podrían fortalecer la economía de Puerto Rico y también ser de gran valor en situaciones de emergencia como huracanes y sismos.
Durante el infinito “siglo americano” los Estados Unidos subyugaron a Puerto Rico de manera política y cultural mediante la imposición unilateral de la ciudadanía estadounidense en el 1917, la fallida campaña de sistema educativo en inglés buscando la aniquilación cultural a través de la “americanización”, el alistamiento forzado de hombres puertorriqueños en las fuerzas armadas de los Estados Unidos por varias llamadas de reclutamiento y la esterilización de casi un tercio de las mujeres puertorriqueñas durante los años.
Tras las décadas, los Estados Unidos ha reprimido cualquier resistencia activista mediante la censura, persecución policíaca, encarcelamiento, tortura y asesinato, mientras los militares estadounidenses han tenido un impacto devastador en la ecología isleña y la salud pública. En las décadas jóvenes tras la invasión estadounidense, trabajadores de las haciendas repetitivamente resistían sus condiciones de trabajo. Fuera de esa lucha laboral surgieron los movimientos independentistas, centrados y liderados por el Partido Nacionalista de Puerto Rico. El movimiento enfrentó mucha represión intensa, la cual llegó a altos niveles a mediados del siglo 20. En 1948, el gobernador asignado de Puerto Rico aprobó una ley que prohibía la resistencia al poder político y militar estadounidense en Puerto Rico con la intención de suprimir el movimiento independentista. Esta ley estuvo en vigor por casi una década y la misma prohibía el uso de la bandera puertorriqueña al igual que cualquier actividad pro-independencia.
Luego, en 1952, como resultado de un referéndum impuesto por el Congreso estadounidense, Puerto Rico se convirtió en “Estado Libre Asociado”, un estatus que no existe más allá de Puerto Rico y que ahora se reconoce como un vehículo territorial, es decir, de carácter puramente colonial. Muchas veces se traduce al inglés como “Commonwealth of Puerto Rico”, pero esto es incorrecto, ya que el ELA no es un commonwealth. A pesar de que Puerto Rico aprobó una constitución en 1951, el Congreso estadounidense rechazó y borró cláusulas claves específicamente en la Declaración de derechos del acta constitutiva que buscaban consagrar derechos civiles fundamentales como el derecho a la salud y a vivir en balance con el medioambiente.
Capitalismo colonial y la Junta
Al ratificar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el 1952, el gobierno de los Estados Unidos implementó leyes para incentivar el establecimiento de compañías y negocios en el archipiélago a cambio de la creación de trabajos para la población local. Sin embargo, durante la década del 90 se redujeron paulatinamente muchos de estos incentivos bajo el mandato del entonces presidente Bill Clinton. La pérdida consecuente de ingresos en Puerto Rico—cruciales para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura—provocó que el gobierno de Puerto Rico distribuyera bonos compensando el déficit económico, consecuentemente proveyendo espacios para la corrupción. En el momento que los bonos cesaron, la gran deuda profundizó, creciendo a proporciones inmanejables hasta el 2015 cuando el entonces gobernador Alejandro García Padilla declaró la deuda irreversible.
Bajo la imagen de reparar la crisis de la deuda, el Congreso aumentó sus esfuerzos en propiciar intereses corporativos en la Isla. En 2016, el entonces presidente Barack Obama firmó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, también conocida como PROMESA. Como bien lo estableció un informe compuesto por el Centro para una Nueva Economía en el 2021, PROMESA fue un esquema para combatir la quiebra diseñado originalmente por “defensores de la gobernanza autoritaria en nombre de la prudencia fiscal”. La ley le cedió control a la Junta de Control Fiscal, impuesta y no transparente, sobre las finanzas de la Isla, vigilando sobre todo el presupuesto estatal. Se conoce en Puerto Rico como “La Junta”, un término que invoca un gran legado de autoritarismo y dictadura patrocinado por los Estados Unidos en Latinoamérica y más allá.
La Junta privatizó la red eléctrica de Puerto Rico, incrementó los impuestos e impuso medidas de austeridad que resultaron en el cierre, deterioro acelerado o la venta privada de cientos de escuelas públicas y varios hospitales. En resumidas cuentas, les residentes de Puerto Rico enfrentan circunstancias socioeconómicas urgentes: una población llena de personas que sufren de condiciones urgentes y crónicas de salud y adultos mayores sin el necesario respaldo de un sistema de salud competente, una red eléctrica inestable e ineficiente, y una juventud que, a pesar de sus formas creativas y energéticas de resistencia y asistencia mutua, enfrenta muchas barreras.
Actualmente, una coalición de demócratas liberales continentales y boricuas adinerados estadistas (alineados con el partido republicano) quieren presentar la estadidad como una solución reparativa. Nos informan que es nada más y nada menos que la misma descolonización. Las patrocinadoras de la Ley del Estatus Ocasio-Cortez y Velázquez son anexionistas que apoyan la estadidad, a pesar de su reputación como liberales progresistas. Esta realidad enfatiza la importancia de la autorrepresentación y autodeterminación en el proceso político, ya que les puertorriqueñes de la diáspora en el Congreso estadounidense no son elegidos por, ni responden a, ni representan los intereses del electorado del archipiélago. En cambio, son consecuentes con los intereses políticos del Partido Demócrata dentro de los Estados Unidos. De tal modo no se deben ver como representantes legítimos de los puertorriqueños. Otros respaldan la Ley del Estatus por interés financiero, como por ejemplo el gobernador Pedro Pierluisi y su hijo Anthony Pierluisi, quienes se benefician económicamente de la privatización al por mayor de los bienes públicos de Puerto Rico y el desplazamiento de la población a través de la compra de residencias para el desarrollo de propiedades comerciales turísticas en áreas residenciales. Ricardo Rosselló, el exgobernador exiliado (2017-2019) del Partido Nuevo Progresista quien fue removido de su cargo por exigencia popular durante el verano de 2019 ha aclamado esta Ley. A pesar del impulso estadista por establecerla, los republicanos han declarado que no atenderán el tema del estatus de Puerto Rico y lo dejaron fuera de su plataforma electoral para el 2024.
Esta orientación ideológica no debe sorprender. Como Nick Estes, Melanie Yazzie, Jennifer Nez Denetdale y David Correia postulan en su libro Red Nation Rising, publicado en 2021, el liberalismo, “se ofrece como una solución a la supremacía blanca”. Escriben: “La asimilación y el reconocimiento estatal se encuentran dentro de las soluciones propuestas por el liberalismo, es decir que la solución a la supremacía blanca se encuentra en la expansión del estado colono, la cual se basa y no puede existir sin la supremacía blanca”. La estadidad de Puerto Rico profundizaría violencia estructural mediante la consolidación y expansión de instituciones estadounidenses que restablecen una orden supremacista colonial que incluye, de acuerdo con les autores de Red Nation Rising, “la policía, cortes judiciales, escuelas, hospitales, organizaciones sin fines de lucro [y] las fuerzas armadas”. En el contexto de Puerto Rico, incluiríamos que esta orden incorpora también los departamentos que han abandonado y rechazado los mandatos para proteger nuestras tierras y calidad del agua, ecología y habitantes. La consolidación de estas instituciones, en otras palabras, directamente opone la descolonización. Como argumentó Frantz Fanon en The Wretched of the Earth, publicado en el 1961, un proceso descolonizador requiere “el nacimiento de una nueva nación, el establecimiento de un nuevo Estado, la renovación de sus relaciones diplomáticas, y sus tendencias políticas y económicas”; requiere que “toda la estructura social se transforme desde abajo hacia arriba”.
Casi todos los aspectos de la vida puertorriqueña han sido interrumpidos y ocupados por los Estados Unidos, sus fuerzas armadas y sus instituciones culturales. Nuestras tierras y aguas han sido contaminadas, privatizadas y desheredadas continuamente a través del acaparamiento de recursos de parte de corporaciones y la aplicación de leyes de propiedad estadounidenses diseñadas para expropiar a la clase obrera. El ejército estadounidense controla nuestras costas bajo prioridades estratégicas establecidas en espacios donde no tenemos representación, con consecuencias letales que incluyen ahogamientos de inmigrantes perseguidos en nuestras aguas y playas por las autoridades. Como un “Estado Libre Asociado”, Puerto Rico es incapaz de entablar relaciones ni acuerdos internacionales. Todo envío a Puerto Rico debe pasar primero por un puerto estadounidense continental y luego el viaje a Puerto Rico tiene que ser en un buque construido en los EE. UU. con bandera y matrícula estadounidense, y con una tripulación estadounidense, incrementando así el costo de la importación de alimentos y otros bienes esenciales e imponiendo de facto altos impuestos sobre estos materiales. La Ley Jones efectivamente funciona como un embargo sobre Puerto Rico, prohibiendo el intercambio directo con países vecinos del Caribe y Latinoamérica.
Los residentes de Puerto Rico pagan impuestos sumamente altos por los alimentos y otra mercancía importados, los cuales han fomentado tanta dependencia para el archipiélago que la industria local ha sido excluida del modelo económico que estos parámetros establecen y perpetúan. Después de haber sido una sociedad agraria al principio del siglo 20, el proceso promocionado como industrialización de la Isla ha conducido a un bloqueo alimenticio. Desde el Huracán María y dadas las experiencias de necesidad críticas sufridas en su estela, el interés por recuperar la agricultura y las tradiciones ancestrales de alimentación y medicinales ha renacido, especialmente entre jóvenes. Muchas personas se han dado a la tarea de aprender a cultivar la tierra y a pescar de manera sostenible. Sin embargo, el archipiélago se mantiene vulnerable al cambio climático y eventos atmosféricos altamente impredecibles. Al mismo tiempo, el dominio estadounidense sobre el sistema educativo y los medios de comunicación de Puerto Rico aseguran que la mayoría de puertorriqueñes sepan más de la historia de los Estados Unidos que de la nuestra, fomentando la corrupción en el sistema educativo e incentivando instituciones académicas privadas en vez de públicas. Esta falta de control sobre nuestro propio sistema de salud y educativo y la incapacidad de establecer prioridades financieras y sociales produce y mantiene una relación de dependencia subordinada, estrangulando a las industrias y el potencial creativo de Puerto Rico.
En este contexto, la única solución reparativa al conflicto es deshacer por completo la relación con los Estados Unidos, no su fomento. Deshacerla requeriría establecer control sobre nuestros territorios, aguas y otros recursos naturales, fomentar la educación, estimular la economía de forma que responda a las necesidades y particularidades culturales, y priorizar la calidad de vida de las personas que viven en Puerto Rico y dependen de sus recursos naturales y patrimonio cultural. Finalmente libres del tutelaje estadounidense, seremos libres para proteger la ecología de nuestras islas, establecer controles y contrapesos necesarios en nuestro turismo contra intereses privados, elevar la prioridad de asuntos locales, transformar nuestro sistema eléctrico en uno confiable, sostenible y ambientalmente responsable, abrir nuestros puertos al Caribe y Latinoamérica, educar jóvenes que conozcan su historia y valoren su cultura propia mediante el cuidado colectivo centrado en el bienestar de las personas y comunidades de las islas.
Educación para la liberación, no anexión
Una de las provisiones claves de la Ley del Estatus de Puerto Rico es su propuesta para crear una “campaña educativa de votantes objetiva, no-partidaria y financiada federalmente” que dirija hacia el voto del estatus de Puerto Rico. Sin embargo, la convocatoria para una campaña educativa pública resuena en un son siniestro luego de que la Junta de Control Fiscal y sus comerciantes han cortado de manera significativa el financiamiento de la educación, causado que puntuaciones estudiantiles bajen al grado más bajo en tiempos recientes. Han cerrado más de 500 escuelas y vendido los edificios a aquellos con la oferta más alta. La Universidad de Puerto Rico, la institución de investigación y estudios posgraduados más reconocida y la única pública del país, ha perdido más de la mitad de su presupuesto operativo (de $1.5 billones en el 2014 a menos de $500 millones en el 2024, abandonando la institución académica más importante del país y poniéndola en riesgo extremo de perder programas, profesionales, estudiantado, investigaciones, planteles, etc. Bajo tales condiciones, ¿podrán les jóvenes del archipiélago boricua aspirar a otra cosa que no sea la emigración?
Les puertorriqueñes no necesariamente requieren una campaña de propaganda imperialista y paternalista diseñada en Washington DC para respaldar al Partido Democrático en el Senado estadounidense. El relato de que la Ley del Estatus representa la descolonización de Puerto Rico es falso y en cambio le uniría permanentemente a la gobernación federal. En cambio, necesitamos reparaciones y una campaña educativa para el público basada en el desarrollo de capacidades de comunidades autónomas y la autodeterminación guiada por personas que han vivido con las consecuencias de 531 años de colonialismo euro y estadounidense. Realmente, es el público estadounidense el que requiere una campaña educativa sobre su propia historia colonial y las realidades tan depresivas y aterrorizantes que el colonialismo estadounidense ha establecido en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica. En las vidas de les puertorriqueñes, la realidad imperial es una condena a la muerte, un imperio necro político asesino.
Entre les puertorriqueñes, nuestro reto más grande es romper con nuestras propias limitaciones cuando imaginamos un futuro distinto. Como ha argumentado frecuentemente la antropóloga y coautora de este comentario Adriana María Garriga-López, la descolonización es una propuesta orientada hacia el futuro, cuyo proyecto de deshacer el colonialismo no postula un retroceso al pasado sino una visión de un futuro alterno informado por el pasado. Como ha declarado Melanie Yazzie de manera semejante, este proyecto hacia el futuro “requiere imaginar, construir y batallar por modos de nacionalidad y autodeterminación no basado en dinámicas de explotación, desposesión, eliminación y extracción”. No obstante, cientos de años de colonización han ocultado nuestro poder y atenuado nuestra capacidad de valorarnos como personas capaces de vivir autosuficientemente de manera colectiva.
La tarea más importante es educarnos sobre nuestra historia, compartir nuestras habilidades y percatarnos el poder que tenemos de cambiar nuestras condiciones materiales y resistir las políticas, programas y represión de los Estados Unidos. Exigimos una educación descolonizadora de acuerdo con la tradición de les pensadores Ana Livia Cordero, Paulo Freire y bell hooks que apoya nuestra liberación a través de la autodeterminación y solidaridad interseccional colectiva y que abre nuestras mentes a posibilidades más allá de la hegemonía estadounidense. Las personas tienen que empoderarse a rechazar el renombramiento del colonialismo como descolonización y desarmar lo que la artista Denise Zubizarreta llama nuestro “síndrome de Estocolmo colonial”. Respaldándonos sobre nuestro conocimiento y modos de pensar ancestral e indígenas, de acuerdo con nuestras tradiciones históricas, puede guiarnos a un modo de vida que nutre nuestra tierra, nuestros cuerpos y nuestras comunidades. Les puertorriqueñes tenemos la capacidad de forjar nuestro propio camino al andar y de explorar estos cambios. Seamos fuente de apoyo e inspiración para cada cual.
El gobierno de Puerto Rico, creado bajo la imagen del poder imperial de los Estados Unidos, es un gobierno simbólico, una marioneta diseñada para permitir el control y extensión de sus políticas imperiales extranjeras de los Estados Unidos en el Caribe y Latinoamérica. La Ley sobre el Estatus de Puerto Rico restablece este hecho nuevamente. A pesar de que el primer intento de aprobar el proyecto de ley pasó en la Cámara de Representantes, recibió poco apoyo de parte de representantes republicanos, recibiendo meramente 16 votos. Así las cosas, el resultado más probable es que nada cambie. Esta medida no mejorará las condiciones de vida de en Puerto Rico por ser esta meramente una pantomima de la descolonización ahora convertida en un mero disfraz a conveniencia.
Les puertorriqueñes deben exigir reparaciones y un proceso profundo y real de descolonización desde abajo, todo mientras nos acercamos a la autonomía e independencia política. Tenemos el derecho de vivir de manera digna, de poder vivir en y regresar a Puerto Rico y de no ser desplazados. Dentro del orden global actual, solo un proceso de soberanía nacional e independencia puede asegurar la sobrevivencia de nuestra cultura en el futuro.
Adriana María Garriga-López es Editora de Poesía de la publicación del NACLA. Ella nació y se crio en San Juan, Puerto Rico y posee un doctorado en Antropología Cultural de Columbia University en Nueva York (2010). Actualmente vive y trabaja como académica en Florida. Adriana agradece la ayuda de la doctora Dorothy Bell Ferrer y de Jimena Riccó Castromán en la traducción de este artículo.
Jac Quiles (elle/él) es un organizadore en comunidades cuir/trans y abogade de derechos civiles y ley criminal basade en Nueva York. Elle es muy cercane a su familia y a la comunidad diáspora puertorriqueña. Realiza trabajo político organizativo entre comunidades Latinas, inmigrantes y Negras en Nueva York para mejorar la salud comunitaria y su seguridad a través de la ayuda mutua y la resistencia colectiva al imperialismo estadounidense.
Rosario Lozada Franco (ella), nacida y criada en San Juan, Puerto Rico, es estudiante en Haverford College y galardonada de la beca José Padín. Se encuentra actualmente cursando su último año como estudiante de bachillerato en Ciencias Políticas con concentración en Estudios Latinoamericanos. Su tesina de Ciencias Políticas aborda la dinámica entre la violencia política en contra de la sociedad civil y la movilización democrática como respuesta a la represión gubernamental en Latinoamérica.
