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“A nosotros, no nos mata ninguna mata. No nos mata ni la coca, ni la amapola, ni la marihuana. A nosotros nos mata el hambre”, expresó uno de los miembros de la Coordinadora Nacional de Cultivadora/es de Coca, Marihuana y Amapola (Coccam) del departamento de Cauca. El comentario se dio en el marco de un seminario sobre regulación de cannabis de uso adulto realizado el 22 de junio en la Universidad de Cauca en Colombia, un conversatorio que propuso ampliar la reflexión hacia la articulación de las “políticas de drogas” con alternativas y desafíos para la paz. Desde el ámbito académico, el evento reunió analistas, representantes estatales, productores y consumidores.
El comentario del líder es la réplica a un eslogan alzado durante la presidencia de Álvaro Uribe. Con una satanización de la coca, se refería a esta como “la mata que mata”. Más recientemente, semejante clasificación fue extendida a otras plantas que, cultivadas en territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes y/o campesinas, son procesadas para usos mayoritariamente calificados de ilícitos. Al lado de la coca, están así señaladas la marihuana y la amapola.
No obstante, las diabolizadas matas tienen virtudes alimenticias, terapéuticas y cosméticas reconocidas. Los pueblos indígenas repetidamente resaltan el papel ancestral, ritual y curativo que cumplen en su entorno. Mantey Yu’ce Tasx, el nombre de una de las organizaciones invitadas, significa “los remedios de antes” en lengua del pueblo Nasa, la importancia de lo cual fue subrayada durante el mencionado encuentro en referencia a “todas las plantas medicinales, los animales que hay en nuestra naturaleza”.
La llegada de Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia del país, marcó un giro desde un “gobierno del cambio”. Su aspiración de “paz total”—que prevé negociaciones con todos los actores armados, incluyendo los narcotraficantes—implicó revisar la cuestión de la legitimidad/legalidad de las “matas prohibidas”, y pensar en su transformación en vez de la erradicación o sustitución de sus cultivos.
Partiendo de esta apuesta, con motivo de las sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas en marzo del presente año, Colombia se unió a Bolivia para exigir que la coca sea extraída del listado de sustancias sujetas a fiscalización internacional de drogas. Y, desde el parlamento durante la primera legislatura del gobierno Petro, fue presentado y respaldado por la bancada de ese, el proyecto de ley a favor de la regulación del uso recreativo del cannabis.
Sin desconocer estos avances, lxs cultivadores del Norte del Cauca insisten en una reivindicación clara: que productores y consumidores sean tenidos en cuenta, cuando se trata de políticas de drogas y de su regulación.
Cambios en la legislación sobre drogas
Las palabras del delegado de la Coccam—y su resonancia en la asistencia—transmitieron otro mensaje potente. Las comunidades—indígenas, campesinas y afrodescendientes—dedicadas al cultivo de coca, marihuana y amapola padecen múltiples flagelos. Quienes se enriquecen son otros, mientras la combinación entre abandono estatal, falta de recursos económicos y presencia de actores armados en sus territorios deja poco margen de acción. En Colombia, el Cauca se caracteriza por contar con los cultivos de las tres matas y los más altos números de asesinatos de líderes sociales. Con el narcotráfico, “nos trajeron la desolación, nos trajeron el desastre ambiental, y nos dejaron la problemática”, se constató otrx de los cultivadorxs. Lxs representantes de lxs cultivadores no se identifican aquí por motivos de seguridad, pero todas las declaraciones reflejan el consenso entre lxs participantes.
Frente a dicha problemática, uno de los puntos del acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) apuntó a la “solución al problema de las drogas ilícitas”. Con la sustitución de cultivos de uso ilícito, se tenía el objetivo de superar las condiciones de pobreza de las comunidades involucradas en estos mediante nuevas oportunidades productivas.
El mismo año, el Congreso votó a favor de la creación de un marco regulatorio que permita el uso médico y científico del cannabis y sus derivados en el territorio colombiano conforme licencias otorgadas por entes oficiales—decisión posteriormente ratificada en el 2017 y ampliada en el 2021 hacia otras utilizaciones, alternativas e industriales, del cannabis incluyendo fibra, abono, alimentos, y bebidas, entre otros.
Fortalecer el cambio desde el “gobierno del cambio”
La exigencia de lxs productores y consumidores tiene especial eco en el actual contexto colombiano. Éste fue marcado en las pasadas semanas por una serie de cuestionamientos alrededor tanto de la figura de Gustavo Petro, como de sus políticas. El 20 de junio, el país fue testigo de unas marchas de protesta instigadas por oponentes al presidente. Este mismo día, se hundieron en el Congreso su propuesta de reforma laboral—central en su programa progresista—y la perspectiva del cannabis recreativo.
Contrario a lo que se podría intuir, los cultivadores caucanos presentes en el encuentro universitario manifestaron su alivio frente a lo que pudo considerarse como un retroceso de la regulación. Al respecto, aclararon varixs participantes: “Si hubiera pasado el proyecto de ley, hubiéramos quedado por fuera”. Y de agregar: “No es en las oficinas que se va a hacer esta política de drogas. Faltaba recoger insumos de los cultivadores y de los consumidores”.
Independientemente de dichas posiciones, lxs cultivadores no pretenden obstruir el gobierno de Petro. Al respecto, unx de ellxs resaltó: “Nuestros gremios fueron a Bogotá (…) Muchos pensarían que estábamos allá con los uribistas, apoyándo[los]. ¡No!”. Igualmente se hizo énfasis sobre avances realizados, que concurren a “desdiabolizar”, tanto a las matas en el centro de las polémicas como a sus productores y consumidores, y que ofrecen bases para preparar otro proyecto de ley. Esta vez, uno formulado a raíz de un diálogo amplio: “Nos dieron tiempo para organizarnos, tener una propuesta clara y ayudar a construir una política donde todos seamos beneficiados, especialmente los sembradores y los consumidores, que son muy estigmatizados”, se consideró desde la posición de un representante de los gremios.
Mientras tanto, son numerosos los problemas que preocupan a los productores del Norte del Cauca y frente a los cuales –dicen– tiene que orientarse el cambio esperado del “gobierno del cambio”.
Por un lado, se sienten en desventaja frente a las grandes empresas y los recursos de las multinacionales que ya se consagran a usos lícitos de las matas. Sobre este punto, se recordó que, de las 774 licencias otorgadas por el Ministerio de Salud en 2016 para el cannabis medicinal, solamente 22 llegaron al Cauca. Frente a esta situación quedaría entonces el temor de no estar preparadxs para insertarse exitosamente en el nuevo mercado. Por esta misma razón, se requiere ayuda estatal: “Si va a ser legal, vamos a decir ‘Gobierno, ¡prepárenos! Pedimos infraestructura, que nos pueda hacer competitivos”.
Por otro lado, si bien la inalcanzada ley se refería a una dimensión recreativa del cannabis—ligada a la libertad individual adulta—sus implicaciones podrían ser menos amables para quienes producen la “materia prima”. Reiteradamente acusados de ser narcotraficantes, están sometidos a presiones de quienes, desde la ilegalidad, sacan un mayor provecho de sus cosechas, a partir de su transformación, transporte y venta como producto final. Por eso, explicaron los cultivadores, se organizaron: “Nos juntamos a pensar, mirando la preocupación que tenemos en nuestro territorio. La violencia, los grupos armados… A nosotrs nos han hecho de todo. Somos víctimas de esa violencia”.
(Auto)regulación “para Colombia y el mundo”
Más allá de las dificultades que enfrentan, lxs cultivadores del Norte del Cauca recordaron la conexión de su actividad con la vida comunitaria y sus autoridades: “Somos quienes tenemos el conocimiento del cultivo, somos los dueños de las semillas, y hoy nosotros, como gobierno propio, como autoridades indígenas, como pueblos, cómo nosotros vamos a hacer esta política, de gobierno a gobierno”.
En la misma línea, se añadiría: “no vamos a hablar más de cultivos ilícitos. En mi pueblo, coca, marihuana y amapola no son ilícitos”.
Dentro de esta perspectiva, lxs cultivadores llamaron la atención sobre su experiencia de lo que definen como un proceso de “autorregulación” que llevaron a cabo desde sus propias asociaciones y que, consideran, puede convertirse en valiosa fuente de inspiración para la política de drogas—a la par con la ambición presidencial de convertir Colombia en “potencia mundial de la vida”.
De las propuestas de lxs cultivadores, se destaca la voluntad de cuidar el medio ambiente, “para Colombia y el mundo”:
"Hicimos un proceso de autorregulación fundado en el cuidado ambiental, en el cuidado de la familia, teniendo consciencia de que era la tierra que nosotros estamos dejando a las futuras generaciones [porque] el cultivo de estas matas para el narcotráfico implica dañar mucho nuestros suelos, los ojos de agua… Implica deforestación… Entonces fue necesario regularnos en cuanto a cantidad de plantas, a los insumos que le estamos echando a estos cultivos, en cuanto a los precios de venta."
Simultáneamente, aspiran a velar por la inversión social dentro de sus comunidades, para con ello fortalecer la autonomía alimentaria y económica: “Nos han enseñado a depender, a ser mendigos, y nosotros no queremos seguir siendo mendigos. Queremos tener nuestra propia empresa, nuestra propia economía”.
Frente a dicho reto, planean “cambiar la forma de siembra, para que se haga de manera orgánica, sin ‘veneno’, para que no haga daño”. Y, con ello, llaman atención respecto a las muchas hectáreas de tierra que fueron dañadas con glifosato, producto de los anteriores gobiernes que gastaron muchos recursos en acabar con la coca, la amapola, y la marihuana.
Hoy, los productores se preguntan “cómo le damos otra vida a estas plantas, cómo las volvemos útil, sin violentarnos. Hoy estamos buscando que esto se transforme, y que las ganancias no se vayan ni para los grupos armados, ni para los grandes entes empresarios, sino para las comunidades”.
Del encuentro con cultivadores de cannabis, coca y amapola del Cauca, quedó así explícita la necesidad de repensar la política de drogas y su regulación, también la de abrir espacios de concertación multi-actores. Porque, como ratificaron lxs participantes, la paz no se limita a la dejación de las armas. Más bien, “se hace en la familia, teniendo de qué comer, teniendo garantías, educación, salud, vías, bienestar, armonía…”. Para, con ello, “¡vivir sabroso, como dice [la vicepresidenta] Francia Márquez!”.
Virginie Laurent es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes in Bogotá. Agradece aquí a Axel Rojas, profesor de Antropología de la Universidad del Cauca.
