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Una version de este artículo fue publicado originalmente en Fundación Solón.
El 28 de diciembre el gobierno de Bolivia detuvo de manera violenta al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, porque no se presentó a declarar en el “caso Golpe I”. Camacho es acusado de terrorismo por su rol en las protestas de octubre y noviembre de 2019 que llevaron a la renuncia de Evo Morales y al gobierno de Jeanine Añez.
Grupos de la población de Santa Cruz reaccionaron de forma inmediata frente a la detención de Camacho. Tomaron dos aeropuertos, salieron a bloquear las principales carreteras y empezaron una serie de movilizaciones y enfrentamientos con la policía que continúan a diario. Más de diez edificios públicos y privados han sido quemados, una treintena de movilidades carbonizadas, varios heridos y casi un centenar de detenidos.
Las tensiones entre Santa Cruz y los gobiernos del MAS de Evo Morales y Luis Arce son de larga data. Camacho es un empresario de extrema derecha que fue dirigente del comité cívico de Santa Cruz desde 2013, y llegó a ser presidente de esta entidad en 2019. En 2020 se postuló a la presidencia y obtuvo 14,07% de los votos frente a Luis Arce que ganó con 54,73%. En 2021 Camacho fue electo Gobernador de Santa Cruz por el 55,64% de los sufragios. A fines de 2022, las dirigencias cívicas sostuvieron un paro de 36 días exigiendo la anticipación del censo que fue postergado por el gobierno de Luis Arce de 2022 a 2024. Durante este conflicto se hizo muy visible la pelea en el MAS entre Evo Morales y Luis Arce.
Después de su detención, Camacho fue trasladado en helicóptero a La Paz y le dieron detención preventiva por 4 meses para continuar las investigaciones del “caso Golpe I”. El gobierno pide ampliar la detención preventiva a 6 meses, y organizaciones ligadas al Movimiento al Socialismo realizan marchas en la sede de gobierno y vigilias para que el gobernador de Santa Cruz “no se escape” y quede detenido por 30 años.
Según el gobierno se trata de hacer justicia por las muertes de Sacaba y Senkata, dos masacres que dejaron 21 personas muertas en noviembre del 2019 durante los primeros días del gobierno de Jeanine Áñez. Sin embargo, el “caso Golpe I”—por el que también está detenida Añez desde hace 20 meses— no abarca dichas masacres sino las acciones que llevaron a la renuncia de Evo Morales.
Para las dirigencias cívicas y empresariales de Santa Cruz ésta es una persecución política, es “terrorismo de estado” y una afrenta a Santa Cruz porque Camacho es su máxima autoridad elegida democráticamente. Según estos dirigentes esta es una cacería de brujas que conducirá a la detención de otros líderes de oposición.
En este contexto analicemos tres posibles escenarios:
Desgaste de la movilización en Santa Cruz
Los estrategas del gobierno apuestan a un escenario de desgaste de la movilización en Santa Cruz. El gobierno detuvo a Camacho principalmente por la disputa interna del MAS. Evo Morales quiere ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones y Luis Arce es su principal contrincante. Evo y sus operadores han acusado al gobierno del MAS de encubrimiento al narcotráfico, corrupción y realizar acuerdos con la derecha de Camacho para la aprobación de la ley del Censo que puso fin al paro de 36 días de Santa Cruz. La detención de Camacho frenó la censura del gobierno de Arce por parte de un ampliado del MAS, pero no calmó las críticas de Evo ni de sus operadores.
El gobierno consideraba que Camacho estaba desgastado después del paro por el Censo, sin embargo, su detención ha dado renovada energía a su liderazgo y a las fuerzas más conservadoras que lo respaldan. El apresamiento de Camacho, lejos de debilitar a la extrema derecha, la fortaleció y reposicionó en el escenario cruceño y nacional.
La estrategia que plantean los dirigentes cívicos de Santa Cruz es una lucha de largo aliento a través de bloqueos, acciones sorpresivas, enfrentamientos de desgaste con la policía y afectación de la estabilidad económica del país.
Los estrategas de Luis Arce creen que pueden debilitar esta resistencia implementando la lógica del garrote y la zanahoria. Por un lado, están recrudeciendo las acciones contra Camacho, amenazando con detener a otros dirigentes de la oposición y trasladando más policías a Santa Cruz. Por otro lado, quieren neutralizar al sector empresarial de Santa Cruz, y para ello no es de descartar ofrecimientos de transgénicos, ampliación de la frontera agrícola, exportación sin límites, y otras demandas añoradas por el agronegocio. Algunos empresarios pueden aceptar las zanahorias como lo hicieron en el pasado (2010-2019), pero es poco probable que la mayoría del sector empresarial abandone a Camacho.
En este enfrentamiento, Santa Cruz busca usar su peso económico para hacer retroceder al gobierno. Este elemento no lo tomó en cuenta el gobierno a la hora de detener a Camacho. Las élites y sectores empresariales con el apoyo de amplios sectores de la población de Santa Cruz están obstaculizando el envío de alimentos hacia el resto del país, plantean no pagar impuestos, retirar aportes departamentales a la policía, frenar las exportaciones que generan divisas al país y otras medidas que pueden afectar a la economía y al sistema bancario.
Estas medidas aumentarán la presión sobre la inflación y la devaluación del boliviano en un contexto en el cuál las reservas internacionales han bajado de 15.000 a 3.800 millones de dólares en los últimos 7 años. El logro más preciado de Luis Arce es la estabilidad económica del país. De continuar la confrontación la inflación se puede disparar y podemos estar frente al principio de una devaluación del boliviano. Si esto ocurre, el gobierno tendrá que enfrentar conflictos no sólo en el oriente, sino en el altiplano, empezando por la ciudad de El Alto.
Estado de Sitio y militarización de Santa Cruz
El segundo escenario, que barajan algunos sectores del MAS, es la declaratoria de estado de sitio y militarización de Santa Cruz. Esto ocurrió en el departamento de Pando en 2008 cuando el gobierno de Morales declaró estado de sitio por un conflicto con el gobierno departamental, que no está plenamente aclarado y en el que murieron 19 personas. Sin embargo, una cosa es militarizar una ciudad de menos de 50.000 habitantes como Cobija la capital de Pando, y otra una urbe de casi 1,5 millones de personas como es Santa Cruz de la Sierra. Un estado de sitio en el departamento más grande de Bolivia sólo insuflará más la resistencia y cohesionará aún más a amplios sectores cruceños y no cruceños contra el gobierno llevando a Bolivia al borde del harakiri.
En el primer gobierno de Evo (2006-2009) la confrontación entre las élites del oriente y el gobierno se resolvió principalmente a través de procesos democráticos en los cuáles sectores conservadores fueron perdiendo hegemonía: elecciones a la Constituyente 2006, referéndum revocatorio 2008, referéndum constitucional 2009, y elecciones presidenciales 2009. El asesinato de tres extranjeros durante un operativo en el hotel las Américas (abril 2009) en Santa Cruz de la Sierra -que hoy tiene un informe de violación de derechos humanos contra el Estado de Bolivia en la Comisión Interamericano de Derechos Humanos- fracturó a las elites de Santa Cruz entre los que aceptaron la zanahoria y los que terminaron en el exilio o a la cárcel. A partir de 2010 y hasta su intento de reelección el 2019, el gobierno de Evo dio varias concesiones a los empresarios del oriente cómo soya transgénica, agrocombustibles, no verificación del cumplimiento de la función económica social de las grandes propiedades y exportación de carne a la China que repercutieron gravemente en la deforestación. El sector empresarial de Santa Cruz fue el último en sumarse al pedido de renuncia de Evo Morales en 2019, y desde entonces las tensiones entre ambos han venido creciendo.
Dar marcha atrás
El tercer escenario es que el gobierno retroceda en la detención de Camacho. Esto es muy complejo para el gobierno porque significa su derrota en la disputa interna del MAS, y frente a sectores reaccionarios de la oposición cruceña. Evo mostrará tal decisión como la confirmación de la alianza Camacho-Arce. Varios sectores sociales del MAS se movilizarán contra el gobierno azuzados por el grito de traición de Evo. Luis Arce está entre la espada y la pared, y la espada es Evo.
Lo grave en Bolivia es que no hay un poder judicial ni una fiscalía independientes del poder ejecutivo. Los operadores de justicia se acomodan al gobierno de turno. Así lo hicieron durante los últimos gobiernos del Evo Morales, durante el corto gobierno de Jeanine Añez, y en la actualidad bajo la presidencia de Luis Arce. En Bolivia la instrumentalización de la justicia acaba deslegitimando e inviabilizando a la justicia.
Luis Arce debió haber buscado desde el principio la conformación de una comisión de la verdad imparcial, y de un equipo de fiscales y jueces idóneos, que no sean títeres del ejecutivo, y que investiguen a propios y extraños por los trágicos acontecimientos de octubre y noviembre de 2019. Solo así es posible hacer justicia a las víctimas de Sacaba, Senkata y otros sucesos de 2019.
En un principio Luis Arce habló de reconciliación con justicia y su vicepresidente dijo que el cóndor para volar necesita del ala derecha e izquierda. Sin embargo, el gobierno no supo implementar esta vía. En vez de desenmascarar el discurso revanchista de Evo acabó replicándolo y cayendo en la dinámica de ver quién es más duro con la derecha. Tampoco el gobierno buscó aprender de otras experiencias como las de Colombia en las que el presidente Petro plantea la paz incluso con grupos armados paramilitares de extrema derecha.
La verdad es que detrás del peligro de suicidio de Bolivia sigue estando muy presente la ambición de Evo de ser reelegido a cualquier costo.
La situación es en extremo compleja, cambiante y rápidamente puede escalar y ser incontrolable. Para hacer frente a este peligro hay que pensar con cabeza fría, sentarse a dialogar, buscar alternativas, y anteponer la vida y el bienestar general al cálculo político mezquino.
Pablo Solón es activista social y ambiental y ex embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (2009-2011). Actualmente es director de la Fundación Solón-Bolivia.
