Read this article in English.
El presidente dominicano Luis Abinader anunció en una rueda de prensa desde el Palacio Nacional en Santo Domingo, el 11 de septiembre, el cierre y la militarización de la frontera con Haití como parte de una batería de medidas de retaliación por la construcción del canal de riego Pittobert en el río binacional conocido como Dajabón o Masacre. La primera pregunta para el presidente provino del viejo periodista Ramón Colombo. “Yo no sé lo que es, pero Haití no es (un) país. Y nosotros sí lo somos”, afirmó Colombo. En su respuesta, el presidente reafirmó este razonamiento.
El gobierno dominicano alega que el canal, cuya construcción a veces ha atribuido a empresarios y políticos y otras a “anarquistas”, viola el Tratado de Paz, Amistad y Arbitraje de 1929 entre la República Dominicana y la República de Haití, por su carácter inconsulto y por suponer un desvío del río. El tratado plantea que ambos Estados tienen derecho a usar “de una manera justa y equitativa... dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales”. La gestión de la disputa por parte del Estado dominicano amenaza la soberanía y el bienestar económico de Haití, lo que ha llevado a los haitianos, incluidos los de la diáspora, a manifestarse firmemente a favor de la construcción del canal.
Existe constancia de que la obra viene siendo promovida desde hace más de una década con conocimiento del Estado dominicano. Un estudio del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) dominicano de 2021 reconoció que el canal Pittobert, al demandar un caudal de entre 1,5 y 3 metros3/segundo, estaría “todavía por debajo de las extracciones que se hacen del lado dominicano” y que dos tercios de los terrenos agrícolas dominicanos irrigados con aguas del río se encuentran aguas arriba del canal en construcción. En base a esta evaluación técnica, una declaración de la comisión binacional integrada por representantes de ambas cancillerías en mayo de 2021, admitió que la obra “no consiste en un desvío del cauce del río”.
El estudio del INDRHI estableció varios hechos clave para entender por qué el Estado dominicano no recurre al arbitraje, que es el mecanismo previsto en el tratado de 1929 para resolver controversias. De 729 kms2 que abarca la cuenca del río, 374 kms2 se encuentran en Haití. El INDRHI contabilizó diez canales de riego del lado dominicano, con un caudal de operación total de 3,22 metros3/segundo, mientras que el canal Pittobert sería el primero conectado al río binacional desde el lado haitiano. El informe aboga por la cooperación técnica y la adopción conjunta de medidas para optimizar el aprovechamiento del agua y preservar la cuenca del río, siendo respaldado por las firmas de los ministros de Ambiente y Agricultura de aquel entonces.
A fines de mayo de 2021, sectores de extrema derecha criticaron la disposición del gobierno dominicano a acordar el uso común del río. En respuesta, el gobierno minimizó el alcance de lo acordado y desactivó la comisión técnica binacional. Dos años después, aplicó una serie de sanciones con el declarado objetivo de detener la construcción del canal: clausuró la frontera y la militarizó, suspendió la entrega de visas a ciudadanos haitianos, sancionó a individuos que acusa de apoyar la obra, y anunció dos obras de infraestructura cuyo objetivo es disminuir el caudal del río para inutilizar el canal Pittobert: la reactivación del canal La Vigía y la construcción de la represa Don Miguel. También anunció la construcción de una represa en las cabeceras del Río Artibonito, el más caudaloso de Haití, que nace en República Dominicana.
Las medidas tuvieron efectos diferentes a los que buscaba el gobierno dominicano. Se generó en Haití una movilización masiva de voluntarios para defender y concluir el canal, incluyendo campañas de solidaridad financiera en la diáspora. Además se fortalecieron coyunturalmente las protestas contra el gobierno de facto de Ariel Henry, que luego de semanas de una actitud vacilante se vio obligado a defender el canal públicamente. La movilización en Ouanaminthe, ciudad fronteriza del noreste de Haití a orillas del río Masacre, también generó una reacción tardía de apoyo de la oposición agrupada en el Acuerdo de Montana. El mismo grupo había hecho un llamado a un gobierno de transición a principios de 2022, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021 que llevó a Haití a una "parálisis política" y a una crisis de inseguridad aún más profunda.
La adjudicación del canal a “anarquistas” quizás hace referencia al componente de espontaneidad popular del movimiento en defensa del canal, pero se trata de una obra diseñada en 2011 por la empresa estatal cubana DINVAI. Un ex director del INDHRI declaró que las solicitudes del Estado haitiano para utilizar aguas del río binacional para riego fueron rechazadas en 2013, 2015 y 2017. En 2018 se inició su construcción. En abril de 2021, soldados dominicanos incursionaron en territorio haitiano ilegalmente para detener la obra. Bajo la presión del gobierno dominicano, la obra se paralizó poco antes del asesinato del presidente Jovenel Moïse, hasta que en agosto de 2023 un movimiento campesino reimpulsó la construcción, con la participación de la Asamblea de Secciones Comunales (ASEC). Reportes desde Haití dan cuenta de una fuerte movilización popular y un ánimo festivo con cientos de trabajadores voluntarios y vigilias multitudinarias, luego de las amenazas del gobierno dominicano.
Más allá de la agitación nacionalista a ambos lados de la frontera, tanto curas jesuitas que trabajan en la frontera dominicana como organizaciones sociales y de izquierda dominicanas se han pronunciado por un uso justo del agua del Río Masacre por parte de ambos países y han denunciado los planes de explotación minera en la misma provincia fronteriza dominicana de Dajabón, donde fue entregada recientemente una concesión de más de 9 mil hectáreas para la extracción de oro a la empresa canadiense Unigold, que posteriormente sumó al proyecto a otra empresa canadiense, Barrick Gold. Esta actividad minera consume y contamina enormes cantidades de agua.
Agendas superpuestas: Hidrohegemonía, expulsiones masivas de inmigrantes e intervencionismo en Haití
La defensa del canal es entendida por muchos en Haití como una defensa de su soberanía y parte de la lucha por superar la crisis alimentaria que se agravó aún más con el cierre de la frontera. Ha sido incorporada a las protestas exigiendo la salida del gobierno de facto de Ariel Henry. En República Dominicana, voceros del Partido de la Liberación Dominicana (centroderecha) y la Fuerza del Pueblo (derecha) han acusado al gobierno de Abinader de actuar en base a cálculos electorales.
El académico haitiano Maismy Mary Fleurant caracteriza la política dominicana para los ríos binacionales como orientada por la búsqueda de una “hidrohegemonía”, un “uso abusivo y unilateral, completamente desproporcionado y desigual”, violatorio del derecho internacional y los acuerdos bilaterales.
La estrategia de reducir el caudal del río para impedir el funcionamiento del canal Pittobert tiene oposición por parte de parceleros dominicanos aguas abajo que alegan que serían perjudicados. Las retaliaciones del gobierno dominicano también se han convertido en fuego amigo para los productores agropecuarios que dependen de las exportaciones a Haití y de la fuerza de trabajo inmigrante haitiana precarizada. Según las autoridades dominicanas, más de 61 mil personas haitianas fueron expulsadas o cruzaron voluntariamente hacia Haití en los primeros doce días del cierre de la frontera.
El Instituto de Migración dominicano estimaba a inicios de 2023 que en República Dominicana vivían unas 700 mil personas haitianas. Aunque las cifras oficiales son inconsistentes, tienden a indicar que durante el actual gobierno se han realizado más de trescientas mil deportaciones a Haití. Organizaciones de derechos humanos consideran que estas expulsiones son violatorias de las leyes dominicanas y de los acuerdos en materia de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano, afectando a mujeres embarazadas, niños no acompañados, inmigrantes con estatus migratorio regular y personas dominicanas de ascendencia haitiana.
En ese marco, el comunicado del 26 de septiembre de la secretaría general de la OEA afirmando que “Haití y República Dominicana tienen derechos iguales de uso sobre el río Dajabón o Masacre y que los recursos hídricos del mismo son vitales para ambos”, llamando a una solución negociada, cayó mal en la cancillería dominicana, que respondió que el río es parte del territorio dominicano y por lo tanto “inalienable”, mientras que el diálogo binacional se condiciona a ”las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio” que demuestre el Estado haitiano. En tal sentido, la cancillería dominicana mencionó la inminencia de una “misión multinacional de seguridad y apoyo en Haití, para restaurar el orden público y la institucionalidad”. Así, la ocupación militar extranjera de Haití se presenta como parte de la solución al impasse.
La vinculación entre el conflicto del canal y el apoyo del gobierno dominicano a la ocupación militar de Haití también fue planteada en el discurso del presidente Abinader ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2023: “El problema de Haití ya no está en Haití... respaldamos firmemente la postura responsable del presidente de los EEUU, Joe Biden... el Consejo de Seguridad tiene que autorizar de forma urgente la misión de seguridad”. El presidente dominicano celebró la disposición de los gobiernos de Kenia, Jamaica y Las Bahamas de enviar tropas.
La niebla ideológica oculta una vulnerabilidad ambiental compartida
En su discurso en la ONU, Abinader mostró una imagen satelital de la isla: “se percibe una diferencia palpable y desgarradora: una mitad verde y floreciente corresponde a la República Dominicana, que ha priorizado la conservación y gestión sostenible de sus recursos naturales. La otra mitad, desprovista de esa rica cubierta forestal, refleja el dramático paisaje deforestado de Haití”.
El discurso reflejó arraigados prejuicios contra el pueblo haitiano como agente de depredación ambiental. Según el observatorio Global Forest Watch, República Dominicana tuvo una pérdida neta de cobertura arbórea de 2,5% entre 2000 y 2020, al perder 68 mil hectáreas de árboles. En el mismo período, Haití tuvo una pérdida mucho menor, de 3,4 mil hectáreas, una pérdida de 0,29%. Haití tiene una cobertura arbórea del 29%, que aunque menor a la dominicana es casi igual al promedio mundial.
El mito del Haití desértico ha sido desmontado en el ámbito científico, pero sigue firme en el imaginario racial dominicano. Es un aspecto central de la disputa por el uso del agua del río binacional, pues el supuesto carácter destructivo del pueblo haitiano se invoca como obstáculo para el uso compartido del agua para riego. Esta actitud no es exclusiva de la derecha. Una agrupación dominicana cuyos dirigentes fueron activistas estudiantiles de izquierda en los años 60 y 70 emitió una declaración llamando a la “restauración de las zonas devastadas (de Haití) por el uso irracional de sus habitantes” (sic).
A seis semanas del inicio de las sanciones contra Haití, resulta claro que han fracasado para sus objetivos declarados. La construcción del canal no se ha detenido y crece el descontento entre las comunidades fronterizas dominicanas por el costo económico del comercio binacional. Mostrando elementos de crisis, el gobierno dominicano, luego de anunciar que reabriría la frontera, planteó el 9 de octubre lo opuesto: mayor militarización fronteriza, cierre migratorio indefinido de la frontera y suspensión indefinida de la entrega de visas, junto a una reanudación parcial del comercio, limitado a la exportación de alimentos y medicinas hacia Haití. Una de las medidas parecería no guardar relación con el canal: un programa de subsidios estatales para la mecanización agrícola para reducir la cantidad de trabajadores haitianos en el país. El presidente dominicano posteriormente declaró ante un grupo de empresarios de la construcción que “la mano de obra extranjera tiene los días contados en la República Dominicana”.
La madrugada del 11 de octubre, cuando estaba prevista la reapertura parcial de la frontera, se desató un incendio en el mercado binacional de Dajabón. Organizaciones de ultraderecha y pandilleros dominicanos habían amenazado públicamente con sabotear una reapertura de la frontera el 8 de octubre. El reinicio parcial de las exportaciones dominicanas hacia Haití encontró otro obstáculo: un boicot de los compradores haitianos.
Finalmente, al anunciar el largamente preparado “pacto nacional”, el 26 de octubre, el gobierno dominicano estableció una explícita articulación de todos estos aspectos de su política frente a Haití: promoción de la intervención extranjera para el “rescate de Haití”, expulsión masiva de inmigrantes haitianos, control de los recursos hídricos binacionales, entre las principales estrategias para la preservación de la ”integridad territorial y demográfica” nacional. Pese a que el gobierno aspiraba a presentar el documento como fruto de un consenso nacional, el pacto no fue suscrito por los principales contendores electorales del PRM.
El río Masacre recibió su nombre de una matanza de bucaneros franceses por parte de los colonizadores españoles en el siglo XVIII. En 1937, el río escenificó otra masacre, de haitianos y negros dominicanos, por parte del Estado dominicano. La lucha por el agua, característica de esta época de crisis climática, lo convierte de nuevo en eje de conflicto. La vulnerabilidad a los fenómenos climáticos extremos es compartida por los dos países y la necesidad de conservar un ambiente común y unos recursos naturales indispensables para la vida exige la cooperación entre ambos Estados. Pero, como escribió una vez el viejo Marx, "la tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos".
Simón Rodríguez es un periodista e investigador independiente radicado en la República Dominicana.
Pierre-Michel Jean vive y trabaja en Puerto Príncipe como fotoperiodista y cineasta independiente. Se puede encontrar más de su trabajo en su página en Instagram (@pmfotografi) y en su sitio profesional.
