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Traducido por Liza Schmidt.
En enero, las nanzin tamatxtiani (maestras) de Cuna Nahuat recibieron una llamada: el Ministerio de Educación decidió no seguir apoyando el programa lingüística para la revitalización del idioma Nahuat que lideran. “Me llaman a mí casi aterrorizadas las señoras: ‘¿Qué pasó con la cuna? ¡Nos dijeron ya que no existe!’”, dijo el fundador del programa y lingüista Doctor Jorge Lemus. “Es una cuestión así como un shock, verdad, un proyecto que venía caminando, que tenía resultados.”
En 2001, investigadores de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) clasificaron el idioma indígena Nahuat en la categoría de “peligro severo de extinción.” Ante esto, en 2003, Lemus y cuatro mujeres Nahuat sin educación formal empezaron a desarrollar el programa Cuna Nahuat para revitalización del idioma con el apoyo de la Universidad Don Bosco. En 2010, comenzaron a trabajar con el Ministerio de Educación, que ayudó a financiar el proyecto. Lanzaron un espacio de inmersión de Nahuat en Santo Domingo de Guzmán para revitalizar, conservar, y promover la identidad cultural indígena.
Una parte integral del desarrollo del programa Cuna Nahuat es que “la comunidad está involucrada”, dijo Lemus. “Se beneficia directamente la comunidad. Ellos pueden identificarse como cuna.” Antes del Cuna Nahuat, había solamente alrededor de 70 personas mayores que hablaban el idioma en el país. Según Lemus, 800 niños han pasado por el programa Cuna Nahuat desde que se comenzó y un 5 por ciento ha llegado a niveles de clases avanzadas. Grupos en Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos están en el proceso de implementar el modelo de revitalización Cuna para recuperar sus lenguas en peligro.
A pesar del éxito del programa, el Ministerio de Educación estableció su propia versión llamada los Nidos de Inmersión Lingüística, que se apropia de los estudiantes, maestras, directores, y plan de estudios del Cuna Nahuat. En lugar de un programa basado en la comunidad originaria que trabaja para revitalizar la lengua y la cultura Nahuat, los Nidos de Inmersión Lingüística se centran únicamente en la formación lingüística. En adición al Nahuat, dice Lemus, los niños tendrán la opción de recibir “clases de español, y eventualmente clases de inglés y hasta de chino”. Aunque el gobierno está promoviendo el idioma y la cultura Nahuat al publicar libros en esta lengua y transcribir cuentos orales tradicionales al español, muchas de sus acciones se apropian de los esfuerzos de la comunidad originaria y descuidan el labor que llevan décadas haciendo. Por ejemplo, en una entrevista sobre la importancia de la cultura indígena en el Día Nacional de la Lengua Nahuat, el Viceministro de Cultura Eric Doradea no reconoció al programa Cuna como precedente de los Nidos.
El desmontaje del programa Cuna Nahuat hace parte de una larga historia de silencio y invisibilización por parte del Estado, que se remonta a un episodio sangriento en el que el gobierno mató a más de 30,000 personas originarias en la parte oeste del país en 1932. Aterrados, en la década siguiente muchas comunidades indígenas renunciaron o escondieron su cultura.
Después de que el gobierno aplicara políticas que imponían la asimilación a una raza mestiza genérica, los indígenas salvadoreños parecían haber “desaparecido”. No fue sino hasta 2014 que, bajo el partido izquierdista FMLN, el Estado modificó la constitución para reconocer a los pueblos originarios del país. Pero a pesar de las afirmaciones del gobierno del reconocimiento oficial de sus pueblos ancestrales, las comunidades indígenas aún enfrentan desafíos, como el desmontaje del programa Cuna Nahuat, que perpetúan el legado del Estado de invisibilizar su cultura.
El 21 de enero pasado, el mismo mes que se desmontó el programa Cuna, asistí a la conmemoración de la masacre de 1932, organizada por la comunidad originaria de Izalco, Sonsonate. Cuando entré a la Alcaldía del Común Italku a las siete de la mañana, me recibieron las madres de la comunidad, ofreciéndome dos tamales y un café. En el edificio abierto sin techo, había filas de sillas azules de plástico sobre el piso de tierra y en la pared cuadros y afiches sobre la masacre de 1932. Mientras la gente buscaba donde sentarse, se proyectaba un video de YouTube titulado “Caminata de los pueblos originarios en Resistencia”. Algunos asistentes habían viajado desde comunidades en Guatemala y Honduras para ofrecer su apoyo.
El título de la conmemoración, “¡Rompamos el Silencio! 91 Años (1932-2023)”, es una llamada a la acción contra las décadas de violencia y represión contra las poblaciones originarias ignoradas por el Estado y la población de El Salvador. Este silencio ha costado miles de vidas indígenas a lo largo del siglo 20. En la Matanza de 1932, los pueblos originarios y los simpatizantes comunistas se rebelaron contra los latifundistas en protesta de condiciones laborales duras e injustas. El gobierno militar del General Maximiliano Hernández Martínez le ordenó a la Guardia Nacional recuperar los territorios tomados. Fue una campaña violenta que en los siguientes meses dejaron más de 30,000 indígenas muertos. Los sobrevivientes recuerdan cómo soldados balearon a grupos de indígenas en la plaza principal y dispararon a ciegas hacia las casas de paja, dejando innumerables cadáveres abandonados en las calles.
Después de la masacre de 1932, las comunidades originarias empezaron a “auto disolverse” por miedo a ser ejecutados, humillados o ligados al comunismo. Esto se vio reflejado en que dejaron de lado sus atuendos tradicionales y su idioma. Grandes parcelas de tierra indígena fueron transferidas a los ladinos (o mestizos). Eran tierras de los hombres originarios asesinados en la masacre; en otros casos, los ladinos engañaron a las viudas analfabetas, prometiendo ayudarlas a cuidar de los terrenos a cambio de los títulos de propiedad. A nivel nacional, en 1933, la administración de Hernández Martínez pasó una serie de leyes migratorias que prohibieron la llegada personas de cualquier país que no fuera blanco o europeo, con el propósito de fomentar unidad nacional para crear una raza mestiza. Luego, en 1941, el gobierno excluyó indígena de las categorías étnicas en el censo nacional. La gente indígena, entonces, en los ojos del Estado y del público, dejó de existir en el país, combinándose con la clase campesina.
A pesar de los esfuerzos de la comunidad originaria de esconderse para la auto preservación y los intentos por el Estado de invisibilizarlos, activistas indígenas continuaban luchando por el reconocimiento político durante los mediados del siglo 20. En 1954, por ejemplo, el cacique Adrían Esqino Lisco y Andrés Refugio Sánchez Ramírez fundaron la Asociación Nacional de Indígenas de El Salvador (ANIS) para exigir el reconocimiento de títulos de tierra indígena bajo la ley salvadoreña. Para generar atención internacional, Esquino Lisco asistió a conferencias globales de pueblos originarios a finales de los 1970s. Luego en 1980, estalló la guerra civil salvadoreña, y el gobierno usó el conflicto para ocultar violencia contra los líderes de ANIS. El 22 de febrero, 1983, por ejemplo, un escuadrón paramilitar junto con el partido derechista la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) masacró 74 miembros de ANIS en las Hojas, Sonsonate. Esquino Lisco publicó boletines en varios periódicos, proclamando que 74 hombres de un pueblo originario en la parte oeste del país fueron detenidos por el gobierno, amarrados de los pulgares detrás de la espalda, y asesinados con un tiro en la nuca. A pesar de sus esfuerzos, la masacre de Las Hojas todavía no está formalmente reconocida como una masacre indígena. Incluso la Comisión de la Verdad para El Salvador de 1993 de las Naciones Unidas, que se considera ampliamente un hito importante, refiere a los 74 miembros de ANIS matados en Las Hojas como campesinos.
Hasta 1995 El Salvador negó la existencia de sus pueblos originarios. Un informe que entregó al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación Racial declaró: “El Gobierno desea expresar, en forma clara y categórica que en la composición de su población no se presentan grupos definidos que presenten características raciales diferenciadas, y que, en consecuencia en El Salvador no se presenta ningún tipo de discriminación por ese motivo.” El documento solo menciona dos veces a las comunidades indígenas —ambas en relación a la colonización española—omitiendo incluir la responsabilidad del Estado para la muerte de decenas de miles de ellos en 1932. No era hasta el 2014, cuatro años después de que se fundó el programa Cuna Nahuat, que el gobierno salvadoreño oficialmente reformó la constitución para reconocer los pueblos originarios y “la importancia de adoptar políticas para mantener su identidad, valores y espiritualidad étnica y cultural.”
Aunque el gobierno oficialmente reconoció la población originaria en 2014, Lemus cree que el Estado ha hecho lo más mínimo para preservar las culturas indígenas en El Salvador. Desde las primeras fases del proyecto de revitalización de Nahuat en 2003, el gobierno ha brindado y retirado su apoyo financiero como le ha convenido. El retiro de fondos del programa lingüístico Cuna Nahuat ocurre en un contexto de un Estado cada vez más autoritario. Durante más de un año, El Salvador ha permanecido bajo un estado de excepción que ha despojado a ciudadanos de sus derechos constitucionales y detenido a más de 65,000 personas. Adicionalmente, el presidente Nayib Bukele anunció que se va a presentar como candidato en las elecciones de 2024, aunque la constitución lo prohíbe. Desde que asumió el cargo de presidente en 2019, Bukele se ha mostrado reacio a reconocer la responsabilidad del Estado para el terror infligido en la gente rural durante la guerra civil (1980-1992). Aunque hay unos ejemplos reconocidos de violencia por motivo étnico, la falta de registros oficiales dificulta los esfuerzos de los investigadores y activistas de señalar a un patrón de violencia con motivo étnico y así producir informes que ayuden a que se exijan reparaciones. Las décadas de invisibilización también complican el proceso de identificar cómo las políticas contemporáneas impactan hoy a los originarios. Aunque el gobierno actual no les ataca explicitamente, si lo hace através de la implementación de políticas más sútiles, como quitar los fondos al programa Cuna Nahuat, que reprime a los indígenas e ignora lo que han logrado a pesar de décadas de indiferencia, discriminación, y asesinato.
Sin embargo, las comunidades originarias siguen demostrando formas de resistencia y resiliencia. El 6 de febrero pasado, la comunidad originaria de Santo Domingo de Guzmán, con la ayuda de Lemus, reestableció el programa Cuna Nahuat, una semana después de recibir las noticias que se lo descontinuaba. El programa ahora recibe apoyo financiero del Colectivo El Salvador ElKartasuna, la Universidad de Alberta en Canadá, UNESCO, UNICEF, y la diáspora salvadoreña en los Estados Unidos.
Pero el restablecimiento del programa es solo una frente en una batalla más amplia para el reconocimiento y los derechos de los pueblos originarios de El Salvador. Lemus cree que “unirse como pueblo y luchar con una sola voz es lo que se necesita en El Salvador” para seguir impulsando los esfuerzos más amplios de los indígenas, que incluye la continuación del programa Cuna Nahuat. “Es increíblemente una demostración de cómo una comunidad puede resistirse aún a un poder grande, al poder del Estado.” Y la única forma para lograr romper el silencio es juntos.
Kevin Ramírez es candidato a doctor en Historia de América Latina y el Caribe en New York University (NYU). Sus estudios se enfocan en las comunidades indígenas de El Salvador en el siglo 20 y la visibilización de su historia ignorada. Estudia la relación entre La Matanza de 1932 y la guerra civil de los 1980s.
