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Por segunda vez consecutiva, un gran empresario derrota en las urnas la candidatura presidencial forjada bajo el liderazgo del expresidente Rafael Correa Delgado. En la votación del domingo, ensombrecida por la reciente crisis de seguridad del país, el candidato de centro-derecha Daniel Noboa obtuvo el 51,8 por ciento de los votos, frente al 48,2 por ciento de Luisa González.
Detrás de la sorprendente distribución territorial de la votación entre 2021 y 2023 se esconden muchas paradojas. Noboa era un candidato semi-desconocido, un joven y gris parlamentario de un poder legislativo desprestigiado, cuya única carta de presentación era su padre, el magnate bananero Álvaro Noboa Pontón, que había competido infructuosamente en cinco oportunidades como candidato presidencial. Fue la gran sorpresa de la primera vuelta, sacudida por el impensable asesinato a manos de sicarios colombianos del candidato presidencial Fernando Villavicencio el 9 de agosto, a pocos días de los comicios, celebrados el 20 del mismo mes.
Algo así no había ocurrido en Ecuador desde que el candidato presidencial Abdón Calderón Muñoz fue asesinado en diciembre de 1978 bajo órdenes del ministro de gobierno de la junta militar de ese entonces.
Días antes había sido asesinado el alcalde de la porteña ciudad de Manta, otro drástico anti-correísta, igual que Villavicencio, en otro hecho sin precedentes. En medio de esa auténtica conmoción, el debate presidencial del 13 de agosto concitó una atención desmesurada. Daniel Noboa destacó en él por su discurso calmado, preciso en las medidas que adoptaría, moderado, y sorprendió con su apoyo a la consulta popular para detener la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, basado en argumentos de eficiencia económica. Su campaña había sido hasta entonces, una serie de discretos recorridos por los territorios más empobrecidos del país repartiendo comida, medicina y atención médica gratuita en un hospital ambulante propiedad de la fundación dirigida por su madre, Annabella Azín.
El resultado fue un ascenso meteórico en la última semana de una campaña excepcionalmente volátil.
Alianzas territoriales cambiantes
La candidata del correísmo no fue una sorpresa. González era desconocida incluso ante los ojos de los periodistas que cubren noticias legislativas, porque hablaba poco; solo destacó por su oposición a la despenalización del aborto en caso de mujeres embarazadas producto de una violación. Estuvo acompañada en la fórmula presidencial por Andrés Arauz, el candidato presidencial del año 2021.
Igual que Arauz, González había sido funcionaria de segundo rango en la administración de Rafael Correa y nadie votó por ella. Su apoyo se lo debe enteramente a su mentor. Así, obtuvo en primera vuelta menos votos que los obtenidos por Arauz en 2021 en su provincia natal, Manabí, obtuvo ligeramente más votación en la Sierra y la Amazonía, y tuvo menos votación de mujeres que de varones. El eje central de su campaña fue el recuerdo de los felices tiempos anteriores a la traición de Lenin Moreno, y su eslogan ante cada pregunta programática consistió en afirmar que “ya lo hicimos; lo volveremos a hacer”.
Su apuesta básica fue que dado que las calamitosas administraciones post-correístas fueron tan nefastas, el anti-correísmo debía haberse debilitado. Y, en efecto, el paso del tiempo combinado con la inoperancia e insensibilidad de los gobiernos de Moreno y Lasso hizo su trabajo. Noboa arrancó la campaña de segunda vuelta con menos resistencias y, según diversas encuestas, con una ventaja de entre 10 y 12 puntos. Terminó en menos de 4 puntos porcentuales. El principal temor del electorado es, por supuesto, una posible reencarnación del gobierno de Lasso, caracterizado por la inacción, la ineptitud y la inoperancia.
Quizá la mayor paradoja sea que la votación de Noboa provino fundamentalmente de las regiones y zonas que en 2021 habían votado por el candidato indígena Yaku Pérez y el partido socialdemócrata Izquierda Democrática, en lo que figuraba como una imponente resurrección del centro izquierda. Esas regiones, en grueso la Sierra y la Amazonía, fueron históricamente dominadas por los partidos de centro e izquierda, e incluso el propio Rafael Correa ganó allí su primera elección en noviembre de 2006, precisamente en las provincias que a la vuelta de los años le propinaron dos sucesivas derrotas de 2021 y 2023.
Inversamente, su partido es ahora fundamentalmente costeño, con sus bastiones electorales más fieles allí donde siempre dominaron los partidos más conservadores, como el Partido Social Cristiano o el propio Álvaro Noboa Pontón. No se trata de una inversión de las preferencias ideológicas o de un cambio sustancial en la opinión predominante sobre el papel activo que debe tener el Estado en la economía. Se trata de que en la Costa, el déficit de infraestructura y presencia estatal ha sido históricamente mayor que en la Sierra, por lo que, durante el boom de los commodities, el crecimiento de ese tipo inversiones por parte del gobierno de Correa, le granjeó un electorado fiel. Mientras tanto, en Sierra y la Amazonía del sur, donde ese déficit era menor, los beneficios materiales recibidos por la expansión de los servicios estatales durante los años de vacas gordas del correísmo no alcanzan a compensar la combinación de autoritarismo y corrupción que se asocia a sus gobiernos.
En las zonas indígenas más empobrecidas, con la mayor densidad de redes organizativas comunitarias de base, es donde el patriarcalismo y la imposición del líder máximo resultan más repudiados. No es casual tampoco que el voto femenino, por lo general más adverso al autoritarismo, se haya alejado del correísmo desde 2021; en primera vuelta, Noboa tuvo 350 mil votos más de mujeres que de hombres, mientras González tuvo 70 mil votos más de hombres que de mujeres.
Una gestión truncada
El próximo gobierno de Noboa durará solo un año y medio, hasta mayo de 2025, consecuencia de la invocación por Lasso de la ‘muerte cruzada’, un mecanismo constitucional nunca antes utilizado que le permitió disolver el Congreso y llamar elecciones anticipadas con el fin de eludir un procedimiento de destitución. No es difícil prever que se tratará de un gobierno en campaña electoral desde el primer día. Nadie puede hacer o siquiera plantearse hacer grandes reformas estructurales en un año y medio. Difícilmente será un gobierno de rápidas privatizaciones o reformas laborales, siempre impopulares. Lo que puede plantearse razonablemente es el objetivo de construir una base electoral propia y una mayoría política más estable, para imponer un proyecto de más largo plazo a partir de 2025.
El candidato ya anunció una consulta popular en los 100 primeros días de su gobierno sobre temas de seguridad. Seguramente sus estrategas políticos medirán los efectos negativos de semejante promesa, totalmente innecesaria, una auténtica distracción de las tareas de gobierno. Pero no dispone de un equipo de gobierno, de especialistas en la gestión pública, ni de políticos diestros en el manejo de los conflictos propios de la tarea de gobernar. No es una ausencia insubsanable; pero el tiempo apremia y no hay margen para empezar a aprender. Se han mencionado unos pocos nombres de empresarios que podrían ocupar los primeros ministerios; pero faltan los ministerios clave de Economía, Gobierno, Seguridad y Energía, donde se han prometido inversiones estratégicas.
Lo cierto es que no puede bajo ningún pretexto obsesionarse por el déficit fiscal y por las políticas de austeridad ante un país que vive en la angustia de la falta de empleo, una estampida migratoria y una crisis delincuencial inédita.
El partido de Rafael Correa apostará por esperar el desgaste de esta nueva opción empresarial que ganó no por méritos propios sino por la desafección que el electorado todavía mantiene con su líder. No apostará a hacer ninguna autocrítica o cambio en su estrategia, sino a dejar que el tiempo y el fracaso de sus adversarios, lo vuelva más potable. Los líderes políticos del mundo empresarial buscarán acercarse al joven presidente, que proviene de sus círculos y con quien mantienen obvias afinidades, pero que pertenece a un grupo que nunca fue bien valorado por sus pares desde que su padre, Álvaro, se hizo cargo de los negocios del fundador, su abuelo, Luis Noboa Naranjo. Aspiran a un Lasso más eficiente, pero por el momento no es más que una aspiración incierta.
El movimiento indígena, por su parte, perdió una oportunidad dorada en 2023, debilitado por sus fracturas internas y por una candidatura que no supo adaptarse a un escenario político marcado por la necesidad de enérgicas respuestas ante la disgregación social, el miedo y el desorden. La reconstrucción de una alternativa centrada en las organizaciones populares y de la sociedad civil tiene ahora una travesía cuesta arriba.
Pero así ha sido siempre; de la adversidad vivimos.
Pablo Ospina Peralta es Docente de la Universidad Andina Simón Bolívar y militante de la Comisión de Vivencia, Fe y Política.
