Read the English version of this article here.
Los esfuerzos por remodelar el sur de México avanzan a la par de una mortal pandemia que ha cobrado decenas de miles de vidas en todo el país. Quienes se oponen a estos proyectos de desarrollo alertan sobre la grave amenaza que esta serie de grandes proyectos representan para la sociedad, el territorio y el ecosistema. Por su parte quienes los impulsan aseguran que representan una importante oportunidad para mejorar las condiciones económicas de la región, mientras la recesión económica se intensifica. Pero si hay algo en lo que todas las partes coinciden es que estos megaproyectos implican un cambio estructural.
Una ruta ferroviaria e industrial que atraviesa el estrecho Istmo de Tehuantepec es la columna vertebral de un amplio proyecto de infraestructura que incluye un circuito de trenes para interconectar ciudades planificadas en diversas zonas de la Península de Yucatán, una nueva refinería en Tabasco, y una infraestructura hidroeléctrica y de gaseoductos que abarcan tres estados al sur de la Ciudad de México, la región central del país donde también se construye un nuevo aeropuerto internacional.
Algunas organizaciones sociales impugnan legalmente estos cinco proyectos, porque consideran que el Corredor Transístmico, el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas, el Proyecto Integral Morelos y el aeropuerto de Santa Lucía violan el derecho a la consulta de los pueblos indígenas de México. Es por eso que a principios de agosto presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Especialistas en el derecho agrario como Carlos González señalan que este tipo de proyectos "tienen un impacto tremendo sobre las poblaciones que habitan las regiones y sobre la naturaleza" porque, según el análisis geopolítico del concejal nahua del Concejo Indígena de Gobierno, se pretenden "reordenar las fronteras de Centro y Norte América en función de los intereses de Estados Unidos" por lo que al controlar poblaciones se benefician poderosos intereses financieros para los cuales "el corredor transístmico es la bisagra entre los proyectos del sur, el Tren Maya y los proyectos del centro del país."
Los planes del gobierno de México para este Corredor Interoceánico exigen unir el Pacífico con el Atlántico mediante vías de ferrocarril y una autopista para expandir los puertos ubicados en ambas costas, construyendo también un gaseoducto para enlazar las refinerías, además de establecer en la ruta una decena de parques industriales con beneficios fiscales.
Este proyecto pretende competir con el envejecido Canal de Panamá, además de construir maquiladoras libres de aranceles, un componente del libre comercio ya presente a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Según AMLO, como también se le conoce al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto permitiría cerrar la brecha económica entre el norte industrializado y el sur empobrecido. El presidente mexicano promocione los megaproyectos como un medio para crear empleos y capitalizar lugares y recursos estratégicos para mejorar las condiciones de vida en aquellas zonas del país que son "expulsoras de mano de obra", como se les define oficialmente.
Otro objetivo, tal y como se señala en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración de AMLO, es que "los proyectos regionales de desarrollo actúen como 'cortinas' para captar el flujo migratorio en su tránsito hacia el norte".
"México va a ser el muro", dice la académica Binnizá (Zapoteca) Bettina Cruz, al explicar cómo funcionará en los hechos el Corredor Interoceánico. Para la también activista en Juchitán, Oaxaca, el muro fronterizo es prácticamente un "tren a cuatro vías que va estar resguardado por la Policía, por la Guardia Nacional, por la Marina, por las Fuerzas Armadas”.
Las fuerzas armadas juegan un papel clave en los megaproyectos del gobierno. El ejército mexicano, por ejemplo, lidera la construcción del nuevo aeropuerto internacional en las afueras de la Ciudad de México, contiguo a una antigua base de la fuerza aérea la cual, por cierto, continuará siendo utilizada para fines de aviación militar además del próximo tráfico aéreo civil.
Ya que la Secretaría de la Defensa Nacional también está construyendo los tramos finales del “Tren Maya” en lugares especialmente remotos de esta zona, opositores a estos proyectos están alteras.
"La militarización de esta última parte es sumamente grave", dice el escritor maya Pedro Uc Be, un ferviente opositor al proyecto ferroviario. "Nos parece que es un mensaje desde el ejecutivo para inhibir cualquier crítica, cualquier acción de protesta", alerta Uc Be.
Precisamente en julio de este año, el presidente López Obrador anunció que en adelante serán las fuerzas armadas las encargadas de administrar las aduanas y los puertos de México, lo que implica una militarización de los puertos del Corredor Trans-Istmo. Sin embargo, esta decisión presidencial de militarizar puestos civiles de la administración provocó la renuncia del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Javier Jiménez Espriú. El argumento de AMLO es que con los militares no solo se combate a la corrupción, sino que ellos aportan mayor disciplina, aunque este es un estribillo muy conocido por cualquier observador de la larga guerra contra las drogas.
Esta nueva acción gubernamental requirió cambios constitucionales que se llevaron a cabo durante la actual administración que aprovechó que MORENA, el partido político fundado por López Obrador, al tener mayoría en ambas ramas del congreso y controlar suficientes legislaturas estatales puede aprobar enmiendas constitucionales. Cambiar la constitución para legalmente militarizar la seguridad pública fue la estrategia utilizada por AMLO para crear la fuerza policial especial conocida como Guardia Nacional.
El destino de los megaproyectos y del ejército se ha vuelto aún más enredado luego de la emisión de dos decretos presidenciales que llegaron justo cuando México alcanzaba el pico de la pandemia.
El primero de estos decretos, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, anunciaba un recorte presupuestal de hasta 75 por ciento para todas las agencias y programas gubernamentales, excepto algunas docenas de proyectos entre los cuales están aquellos que son obra de AMLO. Fuera de la guillotina presupuestal quedaron los controvertidos megaproyectos, considerados prioridades nacionales, así como el presupuesto de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional.
El segundo de los decretos presidenciales lanzados durante la pandemia se emitió el 11 de mayo. Permite que ejército y policía participen en las tareas de seguridad pública junto con la recién creada Guardia Nacional hasta marzo de 2024.
Al considerar que ambos decretos “tienen una finalidad de militarización y de militarismo" el antropólogo Gilberto López y Rivas señala que además éstos representan "una continuidad de los proyectos desarrollistas [y] extractivistas de los anteriores gobiernos, que este gobierno de la cuarta transformación critica”.
López y Rivas, sobreviviente de la masacre de Tlatelolco en 1968, define el militarismo como la exaltación del ejército y de los supuestos beneficios que aportan a un país. También excongresista, López y Rivas dice que como funcionario público fue prácticamente imposible supervisar al ejército. Es por eso que le preocupa poner a las fuerzas armadas en un pedestal sin escrutinio.
No son pocas las comunidades indígenas ubicadas a lo largo y ancho de la ruta de los megaproyectos que consideran que la actual administración simplemente está pintando con nueva retórica pasadas propuestas que hoy están estancadas.
Los brillos del Corredor Interoceánico pueden traer eco a cualquiera mínimamente familiarizado con el Plan-Puebla-Panamá (PPP), una antigua propuesta lanzada durante la presidencia de Vicente Fox entre los años 2000 y 2006. En aquel entonces el magnate empresarial y operador político Alfonso Romo era la fuerza impulsora del PPP. Actualmente es el jefe de gabinete de AMLO. Después del aplastante triunfo electoral de AMLO en 2018 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) advirtió que "podrán cambiar el capataz, los mayordomos y caporales, pero el finquero sigue siendo el mismo."
El presidente quiere que los megaproyectos se completen antes de finalizar su sexenio. En medio de la contingencia sanitaria provocada por Covid-19, elha viajado varias veces al sur del país para cortar listones de arranque y monitorear el progreso tanto del Tren Maya como del Corredor Trans-Istmo. Es irónico que la pandemia permita que estos controvertidos proyectos sigan adelante, mientras sus opositores se quedan en casa para refugiarse de una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que el gobierno hace poco por contener.
Aunque la pandemia ha pegado con fuerza en varias zonas en el camino de los megaproyectos, con una mirada casual alos datos oficiales sobre salud no es posible estimar este impacto. Frente a esto organizaciones opositoras al corredor en Oaxaca, como la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), piden al gobierno federal que instale un hospital de campaña en la zona debido a la intensidad del brote de coronavirus y las largas distancias que se requieren para llegar a hospitales más grandes. Tres integrantes con largo historial en la UCIZONI han muerto desde el inicio de la pandemia.
Es ampliamente aceptado el subregistro de casos de coronavirus en México. En la región del Istmo las autoridades municipales han recurrido al exceso de mortalidad (muertes por encima de los niveles promedio históricos) para medir el impacto del virus. En Juchitán, la ciudad más grande de la región, los registros de entierros municipales indican que menos del 25 por ciento de las muertes sospechosas de COVID-19 fueron confirmadas por una prueba de laboratorio. En julio pasado un fuerte brote infeccioso entre trabajadores de salud obligó a que el hospital de Juchitán cerrara temporalmente.
En este contexto, el gobierno mexicano afirma que los megaproyectos son apoyados por las comunidades de la región, basándose en una serie de “consultas” realizadas en 2019. Pero los activistas Bettina Cruz y Pedro Uc Be, así como el abogado Carlos González, argumentan que estas consultas no cumplieron con los estándares de consulta de consentimiento previo, libre e informado que se obtiene de acuerdo con la normativa cultural del voto indígena en asambleas.
“Lo que ha hecho el gobierno federal es nada más que una campaña mediática del punto de vista del presidente”, dice Victor Caballero, abogado de Derechos Humanos e integrante del Colectivo Aequus, quien asegura que respaldarse en la popularidad del presidente para las consultas únicamente se exponen "beneficios de las obras simulando si se está de acuerdo o no con esos beneficios". Caballero ayudó a redactar las demandas legales en contra de los megaproyectos y dice que las consultas no cumplieron con los requisitos de consentimiento e información del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; son procesos con respuestas inducidas porque "lo que se busca es únicamente que la gente apoye la opinión del presidente", concluye el abogado.
Respecto a la impugnación judicial presentada en el tribunal de distrito mexicano y la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el activista y escritor maya Pedro Uc Be no es nada optimista porque el sistema legal de México no tiene ningún juez en los tribunales que se identifique como indígena: "ir a los tribunales no es nuestra gran esperanza, pero lamentablemente se ha convertido en una ruta necesaria".
Son muchos quienes como Uc Be piensan que esta indefensión de los pueblos indígenas no es solo por cuestiones legales o culturales, sino que también se debe a la falta de información frente a esta situación, aunque nos recuerda que esto "ha sido un problema no de ahora sino de hace 500 años y que en este gobierno se cristaliza".
Shannon Young es una periodista independiente en Oaxaca, México. Sigue su trabajo y comentarios en Twitter: @SYoungReports.
