Este artículo fue publicado originalmente en el número de otoño 2023 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Son las siete de la mañana y la primera luz del día proyecta largas sombras en las calles de tierra del batey. Es una comunidad rural de origen cañero, a dos horas de viaje de Santo Domingo, que ha seguido creciendo pese a su abandono hace un cuarto de siglo por parte del Consejo Estatal del Azúcar. Una familia ha pasado la noche en los rezos fúnebres. El hijo de la mujer fallecida, a quien llamaremos Armando para proteger su seguridad, sale a hacer una compra para el desayuno y al regresar escucha los gritos de los ocho agentes policiales que rodean la vivienda. Ya hay dos jóvenes detenidos y están requiriendo los documentos de las demás personas. Nadie intenta huir. “¿Por qué se están llevando a la gente?” reclama Armando mientras intenta grabar la situación, “¡aquí no hay delincuentes!”.
“¡Los documentos, moreno!”, le grita un agente y lanza un manotazo para arrebatarle el celular. El cuñado de Armando conoce a uno de los policías y media para impedir la detención. Armando entrega su cédula. “¿Usted es militar?”, le pregunta el agente, mientras señala la frase impresa: “No Vota”. Lo dejan ir y sueltan a uno de los detenidos. Al otro se lo llevan para el cuartel, desde donde exigen el pago de un rescate de 30 mil pesos, aproximadamente 550 dólares. Es el esposo de una prima de Armando. La familia no puede pagar, la deportación se ejecuta. Días después regresará, pagando a otros policías y militares en el camino para poder pasar.
Dos semanas después, en la misma comunidad, en la madrugada llega otro “operativo”. Reventando puertas pese a no tener autorización judicial para realizar allanamientos, los agentes migratorios entran a las viviendas y sacan a las personas de sus camas. Se llevan a otros diez “morenos”, entre ellos un amigo de infancia de Armando. Les roban los teléfonos celulares y piden 15 mil pesos para liberar a cada detenido. Algunos son inmigrantes haitianos, otros son dominicanos de padres o abuelos haitianos.
Poco antes de este segundo operativo, el presidente Luis Abinader había vociferado ante las cámaras su rechazo a los llamados del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos a suspender las deportaciones masivas de personas haitianas y de esforzarse por prevenir la discriminación racial. “La República Dominicana no solamente va a continuar las deportaciones, sino que las va a incrementar”, amenazó, “(el país) ha sido afectado económicamente (y) ha sido mucho más solidario (con Haití) que todos los países del mundo”. Ese día, 12 de noviembre de 2022, firmó el decreto 668-22, creando una unidad policial especial para perseguir a extranjeros que ocuparan tierras estatales o privadas. Es la situación de la mayoría de los bateyes. El decreto establece castigos como la expulsión y la prohibición de reingreso al país.
La campaña de deportaciones masivas alcanzó un récord de 171 mil expulsiones en 2022, afectando casi exclusivamente a personas haitianas. Más del triple del promedio anual de los cinco años anteriores y veinte veces más que las deportaciones del año 2011. El ritmo continúa aumentando: en la semana del 30 de mayo al 6 de junio de 2023 fueron expulsadas 4.603 personas, todas haitianas a excepción de un estadounidense y un polaco. Entre los expulsados hay miles de niños y niñas separados de sus familias. También hay cientos de mujeres embarazadas, muchas de ellas detenidas en los hospitales y sus alrededores. Se han documentado torturas, violaciones sexuales y asesinatos. El gobierno celebra la “exitosa” campaña y la ha coronado con la mayor compra de equipamiento militar desde 1961, el último año de la dictadura de Trujillo, para contener la supuesta amenaza haitiana.
Cuando el gobierno dominicano en enero de 2004 realizó una campaña de expulsiones colectivas basada en el perfilamiento racial, un abogado especializado en derechos humanos se refirió a esta política como un “apartheid al estilo caribeño”. Hoy no solo las deportaciones masivas son mucho mayores, también se han consolidado políticas de opresión racial como la desnacionalización masiva de personas dominicanas de ascendencia haitiana, acción que ha sido analizada por Noémie Boivin como un acto de apartheid desde el punto de vista del derecho internacional. En este esfuerzo por construir un apartheid en El Caribe, el Estado dominicano cuenta desde hace muchos años con un importante proveedor de armamento y entrenamiento policial y militar, así como inspiración política: el régimen de apartheid israelí.
Desnacionalización racista
Armando tiene 34 años de edad, no es extranjero ni militar, pero el Estado no lo considera dominicano, por eso su cédula indica que no puede votar. Sus abuelos maternos llegaron de Haití en 1968, en plena dictadura de Joaquín Balaguer, a trabajar en la industria azucarera. Su madre nació en territorio dominicano, al igual que él. La sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, dictada el 23 de septiembre de 2013, impuso a las personas nacidas en República Dominicana después de 1929, de padres extranjeros, la obligación de probar la situación migratoria regular de sus padres para retener la nacionalidad dominicana. Este fallo judicial se aplicó solo a las personas de ascendencia haitiana. Por esa vía, Armando fue convertido en apátrida, al igual que otras doscientas mil personas según cálculos de la ONU.
Ante la movilización de la juventud afectada contra la sentencia, el gobierno de Danilo Medina promovió la Ley 169-14, que dividió a las personas afectadas en dos grupos. El grupo A, que ya contaba con documentos de identidad dominicanos, recuperó la nacionalidad pero pasó a un registro civil segregado racialmente, mientras que el grupo B, en el que se encuentra Armando, fue desnacionalizado y se le permitió ingresar a un plan de regularización de extranjeros, con la promesa de que accederían a la naturalización en dos años. Al cumplirse 9 años de la Ley 169-14, el Movimiento Reconocido, conformado por personas dominicanas de ascendencia haitiana, denunció que de las más de 8 mil personas que aplicaron, nadie había accedido aún a la naturalización.
La cédula de Armando venció hace dos años y no existe un procedimiento para renovarla. Al igual que miles de personas en su situación, teme ser detenido y extorsionado por militares y policías, o ser desterrado. No le reconocen derechos políticos, no puede estudiar en la universidad, tener un trabajo formal, una cuenta bancaria a su nombre o un seguro médico. A los ojos del Estado es un haitiano sin visa, o sea un “ilegal”.
La mayoría de los inmigrantes haitianos, alrededor de setecientas mil personas, según algunos estimados oficiales, carece de visa de residencia, incluso luego de décadas trabajando en el país. Sumados, los dominicanos de ascendencia haitiana y los inmigrantes haitianos representan un 8 por ciento de la población, y su fuerza de trabajo es crucial en industrias como la azucarera, la construcción, otros rubros agrícolas y los servicios. El propio gobierno explota a trabajadores haitianos en las obras de construcción oficiales, incluso en la ampliación del muro en la frontera con Haití. Inicialmente hubo conversaciones con empresas israelíes para proveer la tecnología de vigilancia en el muro, que se prevé que abarque la mitad de la frontera domínico-haitiana, aunque por consideraciones económicas finalmente el gobierno optó por otros proveedores.
La nueva etapa del anti-haitianismo
En el marco de la masacre de 1937, conocida como El corte, en la que el régimen trujillista asesinó a más de 17 mil haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana en la zona fronteriza, el niño que posteriormente sería conocido como José Francisco Peña Gómez fue separado de su madre. Tenía menos de un año de edad. Tenía antepasados haitianos por parte de ambos padres y luego de la masacre fue adoptado y criado por otra familia dominicana. Desde joven se destacó como político y jugó un papel importante en la Revolución de Abril de 1965, que intentó restituir en el poder al presidente Juan Bosch, destituido en un golpe de Estado dos años antes.
En agosto de 1982, los restos mortales de la madre de Peña Gómez, María Marcelino, quien se había refugiado en Haití en 1937, al igual que miles de dominicanos negros y haitianos, fueron repatriados y enterrados en Santo Domingo. En aquella ocasión, Peña Gómez rememoró en un discurso a las “personas fanatizadas por el antihaitianismo y el racismo” que lo acusaban falsamente de “usurpar” la nacionalidad dominicana: “El haitiano es considerado por ciertas capas sociales que invocan un falso españolismo, como un ser inferior, un subhumano. Por esta causa he soportado callado durante todos los años de mi vida los insultos racistas más desconsiderados y he escuchado no pocas veces a gente envenenada por el odio gritarme: ¡Haitiano!, gentilicio que ha adquirido en ciertos medios de nuestra patria un contenido peyorativo y denigrante, a pesar de ser el nombre que ostentan con orgullo los habitantes de una nación con una gran historia”.
Peña Gómez murió en 1998, pero sus palabras mantienen una gran vigencia. Ningún dirigente político de un partido del régimen sería capaz hoy de pronunciarse en términos parecidos. La sentencia 168-13 institucionalizó y masificó el método de impugnar la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, que el propio Peña Gómez sufrió individualmente en la forma de campañas políticas sucias. Abinader, que dice reivindicar el legado de Peña Gómez, hizo campaña en 2019 llamando a “evitar la fusión de República Dominicana y Haití”, caracterizando a la inmigración haitiana como una amenaza a la independencia nacional. Desde el inicio de su gobierno, Abinader incorporó la definición del pueblo haitiano como la “principal amenaza” para el país, creando las condiciones políticas para la actual campaña de persecución racista.
El apartheid dominicano tiene por fundamento ideológico un anti-haitianismo histórico, que tiene su origen en el temor de los esclavistas coloniales a la rebelión negra y el resentimiento por la abolición de la esclavitud durante el período de unificación política de la isla entre 1822 y 1844. Es lo que explica que en los primeros años posteriores a la separación de Haití la acusación de “negrofilia”, amor a lo negro, fuera sinónimo de traición a la patria, como lo es hoy el término “pro-haitiano”, y se empleara para justificar fusilamientos como el del destacado militar José Joaquín Puello en 1847.
Es un recurso habitual de los negacionistas del racismo del régimen dominicano adjudicar la masacre de 1937 exclusivamente a Trujillo, como si fuera un crimen individual. Pero además de que los objetivos de la masacre tenían amplio apoyo en una intelectualidad que sigue gozando de la exaltación oficial hoy, también es inocultable la recreación contemporánea del programa político de esa limpieza étnica. Propósitos como repeler la “amenaza demográfica” y “dominicanizar la frontera”, son reivindicados por el régimen actual. La Constitución, reformada en 2015, plantea en el artículo X un régimen de propiedad fronterizo que privilegia “la propiedad de los dominicanos y dominicanas”, blindando así los robos de tierras perpetrados en 1937.
Abinader en los hechos es más bien un heredero político de Balaguer, cuyas distintas presidencias sumaron más de dos décadas. Balaguer también describía a Haití como la principal amenaza para la nación dominicana y, en su libro La isla al revés, disfrazaba el proyecto de la recolonización de Haití bajo la engañosa fórmula de una federación binacional. La agitación permanente de Abinader exigiendo la invasión y ocupación de Haití por parte de una fuerza militar internacional para su “pacificación”, puede entenderse como una actualización de esa utopía reaccionaria balaguerista de poner fin a la autodeterminación del pueblo haitiano.
El Código Laboral aprobado en 1992 durante el último gobierno balaguerista, y reivindicado por Abinader, prescribe la “dominicanización de la mano de obra”. Mientras Trujillo estableció un mínimo de 70 por ciento de trabajadores dominicanos por empresa, con excepciones para la industria azucarera, la cuota mínima balaguerista es de 80 por ciento, con excepciones similares. Es una cláusula reaccionaria, diseñada para encubrir la restricción de la libertad sindical, generando la falsa ilusión de que para defender sus empleos los trabajadores dominicanos deben exigir la persecución de los trabajadores haitianos.
Aunque Abinader habla insistentemente de la supuesta carga de la inmigración haitiana para el Estado dominicano, la evidencia apunta en sentido contrario. Desde hace décadas se viene denunciando la superexplotación a la que son sometidos los trabajadores haitianos en República Dominicana. A fines de 2022, el gobierno estadounidense suspendió las importaciones de azúcar provenientes de la empresa estadounidense Central Romana, principal emporio azucarero en territorio dominicano, por imponer condiciones de residencia hacinadas e insalubres, acoso laboral, salarios miserables y facilitar la trata de personas. Cuarenta años antes, en agosto de 1982, se presentó un informe de la Sociedad contra la Esclavitud ante la Comisión de DDHH de la ONU sobre el trabajo forzoso de inmigrantes haitianos en las industrias del azúcar, el café y el algodón. El entonces presidente encargado, Jacobo Majluta, reaccionó de manera idéntica a Abinader cuando asumió el año pasado la defensa de Central Romana.
Bajo las botas de la ocupación extranjera que padeció Haití entre 2004 y 2017, los empresarios dominicanos ampliaron sus negocios en ese país, beneficiándose incluso de los dólares de Petrocaribe, un programa de financiamiento provisto por el gobierno venezolano al gobierno haitiano, del cual se malgastaron aproximadamente dos mil millones de dólares. Uno de los capitalistas dominicanos señalados por su participación en el desfalco es Félix Bautista. La crisis haitiana, lejos de representar una “carga” para el Estado dominicano, ha permitido a la burguesía local aumentar sus exportaciones a Haití y volcar la balanza comercial totalmente a su favor. Son los trabajadores inmigrantes quienes junto a sus pares dominicanos llevan la pesada carga de la pobreza mientras producen la riqueza de uno de los países más desiguales del mundo.
Un eslabón más en una larga cadena
Como consecuencia de dos invasiones estadounidenses, casi la mitad del siglo XX bajo dictaduras militares y la derrota de la Revolución de Abril de 1965, además de la asimetría económica y la proximidad geográfica, la República Dominicana ha quedado subordinada a EEUU. Eso explica la participación de tropas dominicanas en la invasión de Irak en 2003 y el apoyo logístico al golpe de Estado un año después en Haití. Durante una visita reciente, la subsecretaria de estado de EEUU elogió a su satélite como ejemplo de “democracia vibrante y enérgica”, a pesar de que el mismo gobierno de Biden ha constatado la existencia de políticas racistas como el perfilamiento racial en los procesos migratorios dominicanos.
Esta alianza le ha acercado a su vez a otra “democracia”: Israel. Cuando Trump anunció en 2020 que mudaría su embajada a Jerusalén, la cancillería dominicana imitó sus pasos. El ministro de relaciones exteriores dominicano se ha pronunciado reiteradamente en solidaridad con Israel ante el “terrorismo” palestino, mientras que el embajador israelí, Daniel Biran, ha declarado recientemente que en República Dominicana “no hay antisemitismo”.
Generalmente los judíos son percibidos como “blancos” en el país. Por eso, Trujillo ofreció recibir a cien mil refugiados judíos durante la II Guerra Mundial, como parte de su política de “blanqueamiento”, de las cuales finalmente recibió a menos de 800 personas. La corrupción del gobierno fue determinante para obstaculizar la llegada de refugiados. No obstante, en la derecha dominicana y sectores fundamentalistas cristianos abundan los tópicos antisemitas, como teorías conspirativas sobre supuestos planes “globalistas”, en los que adjudican roles protagónicos a banqueros judíos y al empresario George Soros. Hay grupos de ultraderecha que abiertamente reivindican al fascista y antisemita Mussolini, y si bien son marginales, son tolerados y participan en “marchas patrióticas” anti-haitianas organizadas por el Instituto Duartiano, una institución estatal.
Para Israel, los gobiernos derechistas y dictaduras de Latinoamérica y el Caribe han sido tradicionales clientes de su industria armamentista, incluso la dictadura antisemita de Jorge Videla en Argentina. Israel vendió armas a los Duvalier en Haití, los Somoza en Nicaragua, Hugo Banzer en Bolivia, Alfredo Stroessner en Paraguay y Augusto Pinochet en Chile. Entre fines de 1957 y comienzos de 1958, Israel vendió 15 millones de dólares en armas a la dictadura trujillista y en 1974-77 proporcionó subametralladoras Uzi a la dictadura de Balaguer. Al igual que lo hizo en su justificación de sus negocios con la dinastía somocista, Shimon Peres, el entonces director general del ministerio de defensa israelí y eventual primer ministro, intentó justificar sus negocios con Trujillo en base a una supuesta deuda de gratitud.
En los 80 se bombardeó a los campesinos salvadoreños con napalm israelí y se elaboraron listas negras en Guatemala usando software provisto por Israel. Luego, en Colombia, agentes israelíes entrenaron a paramilitares de ultraderecha y el espía Rafael “Rafi” Eitan diseñó el exterminio del partido Unión Patriótica, mientras ejercía un cargo en la empresa estatal química de Israel. Como explicó Bishara Bahbah en su libro Israel and Latin America: The Military Connection (1986), en su agresiva política para asegurar ventas de armas, Israel ha utilizado la asesoría en técnicas de contrainsurgencia y control de la resistencia popular como un poderoso incentivo.
La alianza con Abinader es apenas un eslabón más en una larga cadena. La cooperación técnica entre República Dominicana e Israel se inicia en 1962, según la historiadora Lucy Margarita Arraya, el mismo año que se inician en el país los programas de la Alianza para el Progreso de Kennedy y la Agencia Internacional de Desarrollo, luego denominada USAID. En diciembre de 1963, pocas semanas después del golpe de Estado contra Bosch apoyado por EEUU, se firma el Convenio de Jerusalén de Cooperación Técnica.
Al inaugurar una nueva sede de la embajada israelí en Santo Domingo, a fines de 2021, el embajador de ese país destacó las inversiones de capitales israelíes en el área de ciberseguridad. La Policía Nacional dominicana sigue siendo un receptor de entrenadores y asesores israelíes, mientras acumula junto a las Fuerzas Armadas más de tres mil ejecuciones entre 2007 y marzo de 2019, según el reportaje “Patrulla Letal” realizado por las periodistas Tania Molina, Mariela Mejía y Suhelis Tejero. Durante el gobierno de Abinader, policías y militares dominicanos han recibido adiestramiento israelí en áreas como antiterrorismo, ciberseguridad, seguridad fronteriza y la represión de movimientos migratorios irregulares. El embajador israelí ha descrito en reiteradas ocasiones a la relación bilateral como “estratégica”.
En 2016, el Estado dominicano se convirtió en uno de los clientes de la empresa israelí NSO, adquiriendo el arma cibernética de espionaje Pegasus, utilizada en decenas de países para espiar a periodistas, opositores y activistas. En mayo de 2023, se conoció del uso de Pegasus en tres ocasiones para espiar a la periodista dominicana Nuria Piera, entre 2020 y 2021, tanto por el gobierno de Danilo Medina como el de Abinader. Amnistía Internacional constató el uso de Pegasus y Piera reveló que al momento de los ataques llevaba a cabo investigaciones sobre corrupción en las fuerzas armadas, la policía y un organismo contralor, la Cámara de Cuentas.
No es sorprendente entonces que Israel sea el invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo de este año. Dicha feria ya ha sido objeto de controversias, al haber aplicado en 2022 la censura por motivos racistas contra la presentación de un libro infantil de la autora y activista dominicana de ascendencia haitiana Ana Belique. Cuando organizaciones culturales aprovecharon una consulta pública del Ministerio de Cultura en enero de 2023 para rechazar el homenaje a Israel y preguntar a las autoridades si podían garantizar un evento libre de censura, la respuesta fue negativa.
La decisión de homenajear a Israel se anunció poco después de que Amnistía Internacional publicara un informe sobre el apartheid de ese régimen contra el pueblo palestino, una caracterización que levantan desde hace décadas organizaciones y académicos palestinos. En el marco de la actual persecución contra la comunidad haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, el homenaje a Israel es también un ejercicio de legitimación del propio proyecto del apartheid dominicano.
Paralelismos ominosos
Tanto la Nakba en 1948 como El corte de 1937 fueron puntos de quiebre, grandes operaciones de limpieza étnica y expropiación colectiva que redefinieron la correlación de fuerzas sociales en Estados subordinados estratégicamente al imperialismo. Israel desde entonces aplica una segregación territorial formal mediante un sistema de zonificación militar de los territorios palestinos, levantando murallas, alcabalas y otros dispositivos represivos. El Estado dominicano aplica una segregación territorial informal basada en la marginación socioeconómica y reforzada mediante el uso de la represión policial, militar y migratoria, aunque también imita dispositivos como muros y militarizaciones.
El Estado dominicano niega la provisión de servicios públicos esenciales a muchos bateyes, donde frecuentemente las viviendas carecen de agua corriente, electricidad y las instalaciones sanitarias son precarias. Además, Abinader contrató en 2023 a la empresa estatal israelí Mekorot para elaborar un plan de gestión del agua en República Dominicana. Esta empresa israelí ha sido señalada por su responsabilidad en la implementación de políticas discriminatorias que limitan drásticamente el acceso palestino al agua, precisamente uno de los pilares del apartheid israelí.
Resultan ominosos los paralelismos entre dos regímenes que persiguen perpetuar la supremacía política, militar, económica y demográfica del grupo asociado a la identidad nacional y la opresión de aquel definido como la raza enemiga. Se niega a los palestinos el derecho a protestar e incluso a portar la bandera palestina. Haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana también sufren graves restricciones a su derecho a protestar y generalmente se reprime la exhibición de la bandera haitiana. Si bien los palestinos con ciudadanía israelí pueden votar y ser elegidos, en los hechos se restringe su participación política, y en los territorios palestinos ocupados no hay prácticamente derechos políticos. De manera similar, para algunos dominicanos de ascendencia haitiana los derechos están restringidos. Para otros, anulados.
Ambos Estados adoptan medidas para limitar el crecimiento demográfico del grupo racial oprimido, incluyendo someterlos a una situación socioeconómica sistemáticamente desventajosa, con menor acceso a recursos naturales y servicios públicos. Esto cristaliza la función de reservorio de mano de obra barata de palestinos, haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. Ambos regímenes emplean el perfilamiento racial y el tratamiento de comunidades enteras como “personas sospechosas”, con la subsecuente limitación del libre movimiento. Las detenciones arbitrarias, torturas y asesinatos por parte de agentes represivos, la permisividad oficial ante linchamientos racistas y violencias tumultuarias, la impunidad para grupos de ultraderecha que cumplen un rol auxiliar en la represión, no constituyen entonces “errores” o “desviaciones” en un marco democrático. Son instancias de ejecución de un régimen de opresión racial.
El apartheid dominicano se materializa en la miseria de los trabajadores cañeros retirados que languidecen mientras el gobierno les roba las cotizaciones que por décadas realizaron al sistema de seguridad social y les niega las pensiones que les corresponden por ley. Se respira en los campos de caña, de arroz, café, tabaco y en las construcciones, donde persiste la explotación en condiciones de semiesclavitud. Los sindicatos dominicanos generalmente se niegan a integrar a trabajadores haitianos o defenderlos ante los patrones y el gobierno. La Procuraduría General de la República deja correr los linchamientos racistas, las quemas de viviendas y las arbitrariedades de los agentes migratorios y policiales.
Al igual que en Israel, en República Dominicana la incitación al genocidio llega a difundirse en los principales medios. Cuando organizaciones haitianas intentaron realizar una caminata en Santo Domingo el 18 de diciembre de 2018 por el Día Internacional del Migrante, grupos de ultraderecha amenazaron con atacar. Las autoridades retiraron el permiso para la caminata y cuando las organizaciones denunciaron estas amenazas, el diario de mayor circulación del país, Diario Libre, respondió en un editorial: “Si los haitianos empiezan a manifestarse en las calles, y por razones que creen nobles, la situación que se vivió en Ruanda, no solo asomará, sino que se impondrá”.
También hay notorias diferencias. El apartheid israelí es, además de un sistema de opresión racial, un mecanismo colonial de negación de la autodeterminación nacional del pueblo palestino. El problema de la autodeterminación nacional no existe en República Dominicana porque las personas dominicanas de ascendencia haitiana lo que exigen es su reconocimiento como dominicanos. Y mientras hay una amplia resistencia palestina, que ha recurrido a levantamientos y huelgas generales ante la opresión israelí, las protestas de los trabajadores y las comunidades haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana no han adquirido una extensión y radicalidad comparable. Sin embargo, cuando ha habido protestas, como la de los trabajadores de la construcción en Ciudad Juan Bosch en mayo de 2022 y en febrero de 2023 en Cap Cana, han enfrentado una represión feroz. El ejército dominicano incluso ha atacado comunidades fronterizas en territorio haitiano como Ti Lory, donde asesinó a dos personas el 19 de marzo de 2023.
La violencia cotidiana del apartheid dominicano marca la vida y muerte de miles de trabajadores como Robert Gabard, fallecido a sus 38 años, el 24 de enero de 2023. A fines del año pasado, Gabard fue detenido por agentes migratorios, quienes robaron sus documentos de identidad y le exigieron dinero para liberarlo. Algunas semanas después, fue detenido nuevamente por agentes policiales. Al no tener papeles y no poder pagar esta vez, fue entregado a las autoridades migratorias y deportado.
Desde la frontera, mientras caminaba largas distancias para regresar y reunirse con su familia, su pareja dominicana y sus dos hijos pequeños, sufrió fuertes dolores abdominales. Fue internado en un hospital de San Juan de la Maguana. Le diagnosticaron apendicitis, pero no fue operado. Traficantes de personas le ofrecieron llevarlo a la capital por aproximadamente 300 dólares. Su familia le envió una remesa para pagar un adelanto a los mafiosos, pero estos le robaron el dinero y le propinaron una golpiza, dejándolo en una edificación abandonada al creerlo muerto. Fue rescatado por trabajadores haitianos de la construcción. Un dirigente comunitario de San Pedro de Macorís logró ubicarlo y viajar de regreso con él. En medio de fuertes dolores, probablemente como consecuencia de la afección no tratada en el hospital y las heridas internas sufridas a manos de los mafiosos, Robert murió poco antes de llegar a su casa. No se realizó autopsia y el certificado de defunción dice que falleció de un infarto.
“Solamente polvo”
“Antes o después que mis enemigos, un día perdido en el futuro yo también seguiré tus pasos, y entonces ellos que maldijeron mi nombre y el tuyo porque no nací con el color de la nieve, sabrán que en la casa de los muertos no hay reyes ni príncipes, ni presidentes ni ricos ni pobres, ni blancos ni negros, solamente polvo”. Así cerró Peña Gómez su discurso ante la tumba de su madre en 1982.
Décadas después, Armando imagina una igualdad que no sea la de los sepulcros. Bajo el inclemente sol, ha salido a protestar frente al Congreso Nacional, junto a decenas de dominicanos hijos y nietos de haitianos agrupados en el Movimiento Reconocido y otras organizaciones. Es el 23 de mayo de 2023 y Armando se moviliza por sí mismo, por su comunidad y también por su hija de cuatro meses. La protesta no fue anunciada con antelación para evitar una contramanifestación de ultraderecha. Sin embargo, cada cierto tiempo circula lentamente alrededor de los manifestantes, como un tiburón mecánico, un camión amarillo de la Dirección General de Migración.
Simón Rodríguez es un periodista e investigador independiente radicado en la República Dominicana.
