Lejos quedaron las jornadas del 2000, cuando el pueblo cochabambino se levantó contra la privatización del agua; o las jornadas del 2003, cuando el pueblo alteño y una multiplicidad de organizaciones en toda Bolivia lucharon por la recuperación de los “recursos naturales” y pusieron en cuestión el modelo neoliberal vigente hasta ese entonces. El abandono del “proceso de cambio”, es decir, de la construcción efectiva del Estado Plurinacional y el horizonte político establecido en su Constitución es, en buena medida, resultado de la descomposición política y moral del partido más grande del país, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El escenario político y social de Bolivia atraviesa un momento convulso que revela de forma dramática las fracturas internas del MAS, así como las tensiones económicas y sociales que han venido acumulándose en los últimos años. Por un lado, el MAS sufrió una escisión insalvable en dos bloques: el bloque "Evista" leal al expresidente Evo Morales Ayma y el bloque "Arcista" leal al actual presidente Luis Arce Catacora. Por otro lado, la grave crisis económica y la ineficacia en su gestión precariza todavía más la vida cotidiana de la sociedad boliviana, en cuyo seno se viene acumulando descontento y desesperación, sin visos de agendas comunes y unificadoras desde las bases. Más bien, la dinámica del conflicto por el poder se mueve a través de la crisis sin buscar resolverla. Las otrora promesas transformadoras del MAS, que ha gobernado durante la mayor parte de dos décadas, han quedado reducidas a un laberinto sin salidas.
Una crisis anunciada
En 2023, la escasez de dólares se convirtió en el fantasma de la crisis. La caída en el valor de las exportaciones de gas y la posterior caída en la producción, junto con la finalización de exportaciones hacia Argentina en 2024, hicieron imposible esconder más la crisis por las repercusiones directas en la vida cotidiana de los bolivianos. Si bien la economía está más bolivianizada que en el pasado, gracias a políticas proteccionistas implementadas por el MAS en sus primeros años, la inaccesibilidad a dólares empezó a perjudicar a pequeños y grandes comerciantes y empresarios, así como a deudores en esta moneda. Poco a poco, la subida de los precios de la canasta familiar se hizo realidad.
Mientras tanto los intentos de industrialización y extracción de litio no se consolidan, pero dan señales respecto a los impactos medioambientales que podrían tener. Ante la falta de recursos que extraer, para sostener la economía primario exportadora, el oro de los ríos de la Amazonía se ha convertido en el botín de sindicatos mineros, quienes lo explotan de forma precaria, con muy pocos beneficios para el Estado y grandes consecuencias sociales y medioambientales.
Uno de los eventos más sui generis, relacionado a la crisis económica latente hasta el momento, fue el supuesto intento de golpe de Estado ocurrido el 25 de julio de este año. Aquella mañana un destacamento militar junto con vehículos de guerra, encabezados por el ex-general Juan José Zuñiga, trataron de ingresar al antiguo Palacio de Gobierno. Allí fueron increpados a gritos por el Presidente Arce y sus allegados de forma teatral y performática. Esta especie de puesta en escena terminó con el ex-general rebelde apresado. El discurso del militar, quien había sido destituido por realizar polémicas declaraciones sobre la posible candidatura de Evo Morales, alegaba sobre la grave situación del país: "Nuestros niños no tienen futuro, el pueblo no tiene futuro”, manifestó. En declaraciones posteriores a su aprehensión, afirmó que el presidente Luis Arce le habría pedido organizar un golpe falso para subir su popularidad en medio de la crisis económica.
Las grietas dentro del partido MAS surgieron por primera vez tras las fallidas elecciones de 2019, cuando Morales fue derrocado y el gobierno de facto de Jeanine Añez creó una fractura en el partido que no haría más que crecer. Los “renovadores“ del MAS buscaron disputar espacios de poder al interior del Estado que permanecían cerrados, dado el férreo control que tenía Morales sobre la repartición de candidaturas y otros cargos de importancia. Los “renovadores” del MAS consolidaron un bloque que empezó a afectar a las propias organizaciones sociales que conforman la base de apoyo del partido. El “Arcismo”, nacido en la burocracia estatal, se convirtió en el nuevo bloque de poder dentro del partido.
La división en las bases se hizo evidente durante los congresos para la selección de liderazgos al interior de las organizaciones que conforman el Pacto de Unidad: La alianza campesino-indígena nacida para defender el “proceso de cambio” durante y después de la Asamblea Constituyente, iniciada en 2007. Tanto la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia-Bartolina Sisa , la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia celebraron congresos de renovación de dirigencias entre abril y agosto de 2023. Todas ellas terminaron en hechos de violencia, caos y confusión, las motivaciones fueron las diferencias y pugnas insalvables entre las facciones del partido y sus representantes.
Por su parte, Morales buscó consolidar su candidatura llevando a cabo el congreso del MAS a inicios de octubre de 2023 en Lauca Ñ, provincia Chapare. Sin embargo, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió anularlo y ordenó un nuevo congreso. Tales demostraciones de fuerza subieron de tono cuando Morales organizó una movilización llamada "Marcha para salvar Bolivia” entre el 17 y el 23 de septiembre. Sin obtener los resultados que esperaba, Morales dio por finalizada su movilización y anunció un bloqueo de caminos para el 30 de septiembre, sin embargo esta medida fue suspendida bajo el argumento de no empeorar la ya frágil situación económica del pueblo boliviano.
Escalada, lawfare, y represión
El hecho que marcaría un giro definitivo llegó el 2 de octubre cuando, desde el departamento de Tarija, se activó una orden de aprehensión para el ex presidente Morales bajo el cargo de trata y tráfico de personas y estupro. Esta denuncia había sido realizada en 2020 por el gobierno de facto de Jeannine Añez, pero fue archivada al poco tiempo. La reapertura del caso encendió las alarmas del “bloque evista”, quienes interpretaron el hecho como parte de la persecución política para anular a su candidato. Y así era, en realidad no se trataba de la búsqueda de justicia, sino de la instrumentalización de las mujeres en el conflicto por el poder, tal como afirma María Galindo. Esta suerte de lawfare rayó en la insólita declaración del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, quien afirmó en una rueda de prensa que: “El pueblo boliviano, el día de hoy, ha dado una gran batalla en contra de la pedofilia’.
El Pacto de Unidad “Evista” convocó a un bloqueo nacional de caminos para el día 12 de octubre. Los puntos de bloqueo iniciales se concentraron sobre todo en el departamento de Cochabamba, concretamente, en la localidad de Parotani al oeste y en varias zonas del Chapare, al este. Esta ”tenaza” cortó el paso entre el oriente y el occidente, cumpliendo eficazmente el objetivo de detener al país. Los bloqueos se sostuvieron durante casi 23 días. La estrategia del gobierno fue iniciar una campaña de desprestigio de las medidas de protesta, poniendo siempre en relieve que el mayor móvil de las mismas era la defensa de un “acusado de estupro”. Sin embargo, las medidas represivas quedarían reservadas hasta los últimos días del bloqueo, cuando el gobierno decidió desbloquear las vías a través del uso indiscriminado de la fuerza pública.
La decisión del uso de la violencia estatal también fue un vigoroso reclamo de otros sectores afectados por el bloqueo y que no se identificaban con el mismo. En la ciudad de Cochabamba, la más afectada por las medidas de presión, una multiplicidad de organizaciones heterogéneas, desde sindicatos floristas pasando por trabajadores lecheros, gremialistas y comerciantes, incluso sindicatos obreros, salieron a las calles a mostrar su desacuerdo y descontento por las medidas de presión en las carreteras del país.
A las protestas populares se sumaron, como reviviendo de un pasado que se creía superado, una versión renovada de las plataformas y movimientos ciudadanos que se movilizaron contra el supuesto fraude electoral de 2019. Vecinos de clases medias, estudiantes universitarios, profesionales, empresarios e incluso la organización parapolicial Resistencia Juvenil Cochala (RJC) se dieron cita en un cabildo convocado por el Comité Cívico de Cochabamba y la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Cochabamba (ICAM). En este evento pudo verse cómo se articularon los descontentos populares junto con discursos de odio contra los campesinos bloqueadores, emitidos por fuerzas opositoras a las dos versiones del MAS.
La opacidad como estrategia política
La noción de “producción estratégica de opacidad”, teorizada por las académicas Raquel Gutiérrez y Dawn Paley, se materializa en el caso boliviano de manera preocupante. Este concepto se refiere a la imposibilidad de comprender la realidad social fruto de la superposición de narrativas, la desconexión y fragmentación de los hechos sociales y la polarización. Es decir, no sólo enfrentamos un encubrimiento o falsificación de la realidad por fuerzas políticas y económicas en abierta confrontación, sino más bien el desdibujamiento de puntos de referencia en el campo político que impiden a las organizaciones de base, a los activistas y a los observadores moverse dentro de él con claridad, limitando la posibilidad de acción y haciendo de la crisis un objeto ininteligible.
Esta producción estratégica de opacidad se hace evidente en las acciones de las facciones en pugna. Es sintomático que las disputas por la candidatura hayan reabierto el caso de estupro contra Morales, y es más sintomático aún que ante tal acusación, las organizaciones leales a su persona hayan iniciado un bloqueo de caminos “contra la crisis“. Por otro lado, el descontento creciente por las políticas ineficientes del gobierno actual, contra la falta de dólares o la carencia de combustibles, quedó diluido y convertido en un capital explotable para disputarse el poder, incluyendo a los sectores políticos de derecha. Esta es la razón por la cual los cabildos ciudadanos de derecha tuvieron una gran afluencia urbano popular, por la reorientación de las acusaciones de la crisis tanto al gobierno de Arce como a los bloqueos “evistas”.
A su vez, la legitimidad del movimiento campesino y sus medidas de presión, que también contienen una demanda legítima contra la desatención del gobierno, quedan encubiertas bajo el estigma racista que los cataloga como “ovejas obedientes” y “serviles” a un caudillo totalmente desprestigiado. Estas imágenes producidas desde los cabildos urbanos y el propio gobierno, sirvieron para justificar acciones represivas y convertirlas en parte de la “lucha contra la crisis” –y de forma más grotesca como la “lucha contra la pedofilia”. Todo ello refleja la incapacidad de los gobernantes de dar respuestas constructivas a una crisis que es tanto política como económica.
La imagen de Morales, construida durante 14 años como un símbolo del Estado Plurinacional, de las luchas indígenas y de la dignidad del pueblo está cobrando una factura muy cara. Es evidente —si vemos en la historia boliviana— que el movimiento campesino ha generado vínculos afectivos con los liderazgos fuertes que supieron aliarse a él y es esta misma “economía afectiva”, como diría la filósofa Laura Quintana, la que se activa desde la profundidad de la historia y convoca a una lealtad férrea hacia el líder.
A pesar de su desgaste, incluso a pesar de su acusación de estupro, el vínculo afectivo y simbólico entre Morales y el campesinado, sobre todo de las zonas de mayor conflicto, está vigente. Y este es uno de los mayores problemas, pues, la ausencia o eliminación sistemática de liderazgos posibles dentro del partido sitúan a este personaje una vez más en el centro de la política como el único candidato representativo del campo popular. Tal dependencia de un liderazgo personalista expone uno de los mayores retos del MAS: la falta de renovación interna y la ausencia de alternativas que permitan proyectar un futuro más allá del caudillismo.
Entretanto, Luis Arce Catacora y su imagen como el economista del “milagro boliviano” ha desaparecido. Su gestión de gobierno, frágil y cercada por los problemas económicos busca legitimarse a través de la confrontación, la victimización, el simulacro y una alarmante persecución política en pleno despliegue.
La crisis económica y política son una señal de la crisis de las izquierdas y la crisis de sentido de las organizaciones populares. La carestía de alimentos, la subida de precios de la canasta familiar, la falta de gasolina y diésel, lejos de motivar respuestas cohesivas, han sido un terreno fértil para el uso político de la desesperación ciudadana, profundizando aún más las fracturas sociales y diluyendo la posibilidad de construcción de horizontes políticos. En realidad, las crisis son el acicate sobre el cual se dirimen las pugnas internas de las facciones del MAS y el reordenamiento de las derechas conservadoras.
La sociedad Boliviana en sus laberintos, perdida en sus contradicciones coloniales, arrastrando su historia como un problema irresuelto y doloroso, no halla salidas. ¿Cuál será el candidato de izquierdas en las elecciones de 2025? ¿Se verá recompensado el próximo año el terreno ganado por la derecha gracias a la división del MAS?
Y tal vez más importante: ¿Cuál es el porvenir de los horizontes de transformación social comunitaria-popular abiertos a inicios de siglo?
Gabriel Rodríguez García es candidato a doctorado en Ciencias Sociales por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, México. Maestro en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciado en Lingüística Aplicada por la Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. Su campo de investigación actual es la conflictividad social, acciones colectivas y subjetividades.
