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Cuando Monica Nadira Angulo escuchó dos fuertes explosiones, pensó que la gente encendía pólvora para celebrar la temporada navideña en Colombia. Angulo, quien entonces tenía 11 años, jugaba con unas amigas en La Playita, un barrio costero de Buenaventura.
Cuando se dio la vuelta, vio un joven apuntándole un arma.
Ella no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que él disparó, haciendo que Angulo y sus amigas salieran corriendo hacia la casa más cercana.
Desde entonces, Angulo, ahora con 19 años, dice que la violencia ha sido una constante en su vida en Buenaventura. El nivel de violencia siempre ha subido y bajado, pero algo ha cambiado en los últimos meses.
“Nunca había visto este nivel de violencia. Parece una masacre,” dice Angulo. “Jamás se nos cruzó por la mente a todos ver personas pasar por su barrio con metralletas.”
Por años ha habido conflictos entre grupos criminales compitiendo para el control de las economías ilegales en Buenaventura, una ciudad portuaria en la costa pacífica de Colombia. Adicionalmente, la población de la ciudad, que es mayormente Afro-Colombiana, no tiene acceso a necesidades básicas como agua potable, empleos decentes, ni oportunidades educativas. Recientemente, los residentes han llamado la atención sobre la situación, reclamando cambios significativos en la política para abordar tanto el conflicto actual como las cuestiones subyacentes.
La reciente ola de violencia comenzó al final del año pasado cuando la banda La Local se dividió en dos grupos rivales, Los Espartanos y Los Chotas, comenzando una guerra territorial. Seis personas fueron asesinadas el 31 de diciembre de 2020. Desde el comienzo del año, los ataques han aumentado, aterrorizando a los residentes de Buenaventura después de un año ya marcado por la pandemia.
Desarrollo Industrial y Ciclos de Violencia
No es la primera vez que los medios de comunicación reportan noticias de una violencia que desplaza a las personas de sus hogares en partes de Buenaventura donde se planea desarrollar nuevos proyectos industriales.
En el 2008, en la Comuna 5, se inició la construcción del Terminal de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN), un megaproyecto valorado en más de US $200 millones. Representantes del proyecto estaban comprando propiedades en los barrios Inmaculada, Miramar, Santa Fe, Santa Cruz y Punta del Este para la obra. Pero algunos residentes no querían vender.
“Y mágicamente—¡mágicamente! —un incendio arrasó alrededor de 15 casas que eran las casas situadas donde ellos querían hacer el puerto,” dice Angulo, quien conoce personas del barrio Inmaculada. En 2014, El Espectador reportó acusaciones de incendios provocados que destruyeron 35 casas y desplazaron decenas de familias del barrio Santa Fe. Durante aquella época, también empezaron a aparecer grupos armados en la zona, amenazando a las personas hasta que vendieran sus casas o asesinándolas si se rehusaban.
Como la violencia, los proyectos industriales son inevitables en Buenaventura.
“Es casi imposible saber cuál es cuál,” dice Gimena Sánchez-Garzoli, directora de Washington Office on Latin America (WOLA) para los Andes. Entre los nuevos megaproyectos y la violencia actual, Sánchez-Garzoli dice que un proyecto que se llama Puerto Solo representa una posible conexión.
La Sociedad Portuaria Energética Multipropósito y Contenedores Puerto Solo Buenaventura S.A., conocida como Puerto Solo, es un puerto y centro de energía de gas natural que se planea construir en la bahía de Buenaventura. Muchos residentes de Buenaventura creen que el proyecto está conectado a la reciente ola de violencia. El 10 de febrero, La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de Colombia le otorgó a Puerto Solo una concesión portuaria de 30 años.
Los puertos de Buenaventura procesan más del 50 por ciento de las importaciones y exportaciones de Colombia. Intereses comerciales legales e ilegales coexisten, ambos usando el puerto para transportar su mercancía.
Sánchez-Garzoli dice que aunque mucha gente cree que hay una conexión entre las empresas operando en Buenaventura y el incremento de los ataques, ha sido difícil de encontrar pruebas de ello. “Yo sí creo que hay una presión de fondo y posible financiamiento de algunas de las bandas y la violencia, porque así ha sido la historia en otras regiones de Colombia'', dice.
“Buenaventura ha tenido este problema por 20 años”, Sánchez-Garzoli dice de las bandas criminales de Buenaventura. “Lo que ha cambiado es que, desde entonces, Colombia ha firmado 17 acuerdos de libre comercio. Y el propósito de estos acuerdos de libre comercio, por lo menos como fue vendido por el gobierno colombiano a los EE.UU., fue abordar la desigualdad”.
Este resultado no se ha materializado.
Racismo Estructural y Marginalización Económica
La actividad criminal y los intereses comerciales no son las únicas cuestiones que complican la situación.
“Nos damos cuenta que hay un racismo estructural allí, que la gente que vive en Buenaventura históricamente ha vivido en condiciones miserables. Es la muerte como estrategia”, dice Francia Márquez Mina, una líder de Afro-Colombiana y activista de derechos humanos. “Lo que pasa en Buenaventura es una expresión de lo que está pasando en todo el país”.
Como en el resto del mundo, la desigualdad en Colombia se traza por líneas raciales y étnicas. Según informes del 2018 del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los índices de pobreza y necesidades básicas insatisfechas son desproporcionadamente altos en zonas con grandes poblaciones Afro-Colombianas. Con una población de más del 80 por ciento Afro-Colombiana y con comunidades indígenas, Buenaventura es un ejemplo perfecto de esas cifras.
Aunque cada año los puertos de la zona procesan casi miles de millones de dólares en mercancía, a muchos bonaverenses les falta acceso a servicios básicos como el suministro de agua potable. “El puerto cuenta con agua 24 horas del día y el barrio de la Inmaculada cuenta con agua, si mucho, dos veces en la semana”, dice Angulo. Ella dice que a veces los residentes pasan varias semanas sin agua.
Las oportunidades de empleo también son escasas en la ciudad. Casi el 90 por ciento de la población vive del trabajo informal, mientras que otros trabajan en empleos relacionados al puerto. La privatización de los puertos en 1994 debilitó a los sindicatos y les quitó a los empleados del puerto las pocas protecciones que antes tenían. En el último año, la pandemia ha disminuido aún más las oportunidades de trabajo.
Tampoco hay muchas oportunidades educativas, y la mayoría preparan a los jóvenes únicamente para trabajar en la economía portuaria. Para los jóvenes con sueños profesionales distintos es necesario irse de Buenaventura para estudiar en las universidades de ciudades más grandes, creando un éxodo intelectual.
La inestabilidad y pobreza que devasta a Buenaventura facilita el reclutamiento de nuevos miembros a las bandas criminales que ofrecen apoyo financiero y emocional.
#SOSBuenaventura
El año pasado, vivir en una cuarentena estricta por meses, debido al Covid-19, causó un aumento en la tasa de desempleo por toda Colombia, lo cual creó las circunstancias ideales para que las bandas criminales bonaverenses pudieran reclutar nuevos miembros. Desde finales de 2020, la violencia ha sido constante y ubicua, perturbando las vidas diarias de los residentes. Lorna Alomia, 21, recientemente fue robada con un arma de fuego cuando se encontró con tres amigos.
Mientras charlaban los amigos, dos jóvenes aparecieron y dispararon dos tiros al aire. Los asaltantes se llevaron el celular de Alomia, al igual que los teléfonos y billeteras de sus amigos. Desde el incidente, Alomia dice que no ha querido salir de la casa por miedo a ser asaltada o asesinada.
WOLA reportó que la tasa de homicidios en enero aumentó 200 por ciento en comparación con enero del año pasado.
Dice la bonaverense Lizzy Riascos Jaramillo que ha escuchado tiroteos a las 11 de la mañana. “Todo el día—¡todo el día!—ha sido, bala, bala, bala.”
El alcalde impuso un toque de queda a principios de enero. Los negocios y mercados cierran temprano para evitar enfrentamientos, perdiendo más ventas después de meses de ganancias derribadas por las restricciones debido a la pandemia. La sensación general es de un miedo intenso.
Frente a la larga historia de abandono gubernamental, no es sorprendente que el gobierno colombiano haya hecho poco en respuesta al episodio actual de la violencia. Durante su campaña, el Presidente Iván Duque criticó a los anteriores presidentes por haberse olvidado de Buenaventura y prometió ser diferente. Pero desde que comenzó esta ola, ha ignorado las peticiones de los residentes y los miembros del Congreso pidiendo que visite la ciudad.
Sin embargo, en las semanas recientes, la gente ha organizado marchas y protestas para demandar la atención y ayuda que necesitan. Los jóvenes han jugado un papel particularmente activo, usando el hashtag #SOSBuenaventura en las redes sociales para promover sus esfuerzos. Grupos de estudiantes en Cali han organizado colectas de alimentos y encontrado alojamiento para las personas huyendo de la violencia.
En Buenaventura, una protesta el 5 de febrero suspendió el tráfico en el Puente de Piñal, un interconnector de la ciudad. Los videos de otra manifestación muestran una cadena humana de 13 millas (21 km) de gente con tapabocas, vestidas de blanco y con pañuelos que dicen “Vamos pa’lante por una Tura en paz.”
Aunque el asunto urgente es la violencia plagando la ciudad, los activistas dicen que la solución verdadera consiste en el cambio estructural. Insisten en que la respuesta que quieren no es ayuda militar sino inversión social.
“Estas condiciones insatisfechas tienen un efecto en términos de violencia,” dice activista Newball Segura Alarcón. “Una familia donde nadie trabaja es una cifra más para los índices de pobreza, pero también es una cifra más para el reclutamiento de las bandas criminales.”
Señala también la tendencia del gobierno en mandar policía antidisturbios o ejército cuando hay conflicto. “Esto cuesta mucho dinero. ¿Por qué hay recursos para armas, pero no hay recursos en temas de resolver las necesidades básicas insatisfechas del pueblo de Buenaventura?”
La violencia en Buenaventura, tanto ahora como en el pasado, es el resultado de muchos factores: la desigualdad económica, las agendas partidistas, el racismo institucionalizado, los intereses corruptos del sector privado, y el abandono gubernamental.
Pero para Angulo, se reduce a una sola cosa.
“Nunca le habían visionado como un lugar donde vive gente,” ella dice. “Buenaventura siempre, para ellos, es un puerto.”
Liza Schmidt es candidata a maestría en Periodismo y Estudios Latinoamericanos y del Caribe en New York University, con especialización en Colombia.
