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A principios de octubre el movimiento indígena del Cauca hizo un llamado a romper el ciclo de violencia y promesas incumplidas. En cuestión de días cerca de 9.000 personas respondieron a este llamado. El resultado fue la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz, una expresión de disenso y una celebración que se basa en muchos años de lucha colectiva.
Inspirada en prácticas indígenas de solidaridad recíproca, la Minga juntó a distintos colectivos que demandan un cambio a lo largo del país. La palabra “minga” típicamente refería a formas de trabajo colectivo. No obstante, a mediados de la década del 2000 el movimiento indígena del suroccidente de Colombia comenzó a utilizar la expresión “Minga de Resistencia Social y Comunitaria” para llamar la juntanza de distintas luchas, incluidas las no indígenas. La Minga de este año consistió en una coalición intersectorial representando los diversos movimientos sociales del suroccidente del país (indígenas, negros, campesinos, mujeres, exguerrilleros, estudiantes, movimiento LGTBIQ, sindicatos y defensores de derechos humanos).
Estas Mingas en mayúscula están orientadas alrededor de un objetivo común: rechazar el neoliberalismo y la destrucción de lo común. Todas las organizaciones que componen la Minga han sido víctimas de la violencia como consecuencia de sus luchas por la justicia social. Su defensa de la vida y la paz, por lo tanto, incluye la exigencia de la implementación de los Acuerdos de Paz del 2016, el respeto a la democracia y el fin de las políticas ecológicamente destructivas que han contribuido al desplazamiento forzado y al despojo.
El pasado 12 de octubre la Minga por la Vida, el Territorio, la Democracia y la Paz marchó por las calles de Cali hacia el Coliseo del Pueblo donde habían convocado a un debate público con el presidente Iván Duque. Días antes el comité político de la Minga lo había convocado por medio de una carta abierta. Todo estaba listo para el encuentro: pantallas LED, luces multicolores, un potente sistema de sonido, una larga mesa y numerosas sillas de plástico. Los delegados de las organizaciones que componen la Minga se subieron al escenario y los mingueros se juntaron frente a la tarima a escuchar. Sin embargo, el presidente no llegó.
Duque dejó una silla vacía como un mes antes lo había hecho tras evadir la responsabilidad por la represión violenta a las protestas en contra de la brutalidad policial en Bogotá que mató 12 personas y dejó más de 200 heridos. También dejó una silla vacía en Caldono durante la Minga del 2019, la cual había bloqueado la carretera Panamericana en el Cauca durante un mes. Las sillas vacías simbolizan la promesa vacía del diálogo a medida que los movimientos sociales como la Minga presionan más allá de los límites de la participación y la representación en el estado.
La constante postergación del diálogo es central en la estrategia estatal para evadir sus responsabilidades. Incluso después de los importantes Acuerdos de Paz entre el estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, el gobierno ha evadido implementar puntos clave de lo pactado. El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, por ejemplo, ha denunciado el incumplimiento de más de 1.400 acuerdos firmados con el gobierno.
Tras el esperado desplante del presidente en el Coliseo del Pueblo, la Minga debía tomar una decisión sobre sus próximos pasos. Las energías se habían concentrado hasta ese momento en reunir a la gente y preparar los argumentos del debate con el jefe de estado. Desde el principio se había planificado una gran caravana hacia Bogotá, pero habían dudas sobre la capacidad de la Minga para emprender tal viaje. Los sufrimientos causados por la pandemia y el costo de la violencia sistemática exacerbaron las dificultades asociadas con movilizar, alimentar y hospedar a miles de personas durante el largo viaje de casi 500 kilómetros hasta Bogotá.
En la mañana siguiente, cada organización que componía la Minga se reunió en comisiones autónomas para evaluar la situación. Todos estaban de acuerdo en la necesidad de marchar en Cali el 14 de octubre y en hacer un juicio político al mal gobierno del presidente Duque, pero tres opciones más emergieron de las comisiones: (1) terminar la movilización tras la marcha y preparar un paro nacional mucho más amplio para el 2021; (2) regresar a El Pital, Caldono –donde la movilización había arrancado– y bloquear la vía Panamericana hasta que el presidente hiciera presencia; y (3) continuar en una caravana por distintas ciudades hasta Bogotá.
Cada opción tenía sus desventajas. Regresar a casa era una señal inequívoca de debilidad. Bloquear la vía llevaría sin dudas a la represión violenta, acarreando heridos y muertos a manos de la Policía y el Ejército. Seguir hasta Bogotá con varias paradas en el camino implicaba un serio desgaste y no garantizaba un encuentro con el presidente.
Tras un día de discusión, alcanzaron un consenso y decidieron viajar a Bogotá. Las exigencias no respondidas debían ser escuchadas. Debía aprovecharse el impulso que llevaba la Minga. La gente estaba cansada de las “comisiones de alto nivel” y las reuniones con delegados del gobierno que no llevan a ninguna parte. La Minga ya no iría a buscar a Duque para que diera la cara, sino que caminaría el país para hablarle a la gente y convocarla alrededor de las cuatro consignas que los había juntado: vida, territorio, democracia y paz. Como lo expuso una de las mingueras indígenas del norte del Cauca: “vinimos aquí a resistir, así sea bloquear la Panamericana o caminar hasta Bogotá.Vamos a enviar un mensaje desde los territorios”.
La violencia y las sillas vacías, no obstante, son las respuestas comunes del gobierno a los movimientos sociales y organizaciones que se movilizan por fuera del marco institucional del estado. La silla vacía representa la negativa del estado a reconocer la Minga y su intento por anular las formas no oficiales de disentir.
El Alto Comisionado para la Paz Miguel Ceballos lo planteó así en una entrevista el 16 de octubre: “Las reglas de la democracia deben cumplirse, si la minga quiere convertirse en un partido político, ahí están los cauces y rutas para que lo hagan. De esa manera podrán hacer los debates políticos que ellos deseen, pero en el marco del espacio natural para ello, que es el Congreso de la República”.
Su punto de vista asume que hay mínimas garantías para participar en la política electoral. Sin embargo, como Comisionado de Paz, Ceballos debe estar al tanto de los 234 exguerrilleros de las FARC que han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Solo en lo corrido del 2020 ha habido 67 masacres y han asesinado a al menos 237 líderes sociales. La mayoría de estos casos ocurrieron en la región en la que se origina la Minga. No obstante, mientras Ceballos alienta la sumisión, el Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo incita a la violencia al sostener que la Minga estaba infiltrada por grupos armados.
La Minga finalmente recibió una extraordinaria bienvenida por una multitud de personas que salieron a manifestar su apoyo por las calles de Bogotá, pero llegó a una ciudad con heridas abiertas. El levantamiento popular en contra de la violencia policial en septiembre resultó en una masacre perpetrada por las fuerzas del estado y el Ministro de Defensa se negó a atender las demandas generalizadas por reconocer su responsabilidad. Entendiendo los límites de la concepción estatal de justicia, la Minga concluyó con un juicio político en la Plaza de Bolívar en contra de las vulneraciones de derechos perpetradas por la administración Duque. Aunque el juicio enfatizó en la figura del presidente, se trató de una condena a la “política de la muerte” que el estado representa para la gente que participa en la Minga.
Las movilizaciones de los últimos dos meses desafiaron el compromiso del estado por mantener las condiciones de opresión y despojo. Al reiterar la necesidad de “caminar la palabra”, la Minga lucha por construir un mundo mejor, un mundo sin sillas vacías o violencia estatal. Esa lucha excede la estrecha política estatal de representación y llena las calles con la posibilidad de una vida mejor.
Daniel Campo Palacios es antropólogo que trabaja en la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN.
Anthony Dest es profesor asistente de antropología en Lehman College.
