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Traducido por Mauren Rivera
Era una tarde clara y soleada del 16 de septiembre de 2021, cuando apareció un helicóptero militar y comenzó a disparar, aparentemente indiscriminadamente, desde arriba. Los desprevenidos residentes de Ibans, una pequeña comunidad Afroindígena en la costa nororiental de Honduras, corrieron para protegerse de la lluvia de balas. Si bien ha habido informes contradictorios sobre heridos y víctimas, se confirma la muerte de al menos un hombre y algunas estimaciones afirman que este ataque puede haber resultado en cuatro muertos y 13 heridos. Uno de los heridos tiene una bala alojada permanentemente en el pecho. El ejército hondureño supuestamente perseguía a los narcotraficantes cuando abrió fuego en Ibans, pero los lugareños afirman que el barco 'sospechoso' era un transporte de gasolina común y corriente. Los familiares de las víctimas dicen que los militares no se han disculpado y siguen culpando a la “ingobernabilidad” de la región por provocar su acción letal.
Lamentablemente, este ataque militar contra civiles Indígenas y Afrodescendientes no es el primero en la región Muskitia de Honduras. En 2012, agentes antinarcóticos, que formaban parte de una operación conjunta de la Agencia Antidrogas de EE.UU. (la DEA) y el ejército hondureño en la cercana comunidad Indígena Miskitu de Ahuas, abrieron fuego contra un barco de pasajeros lleno de personas desprevenidas y mataron a cuatro civiles, incluidos un niño y una mujer embarazada, e hiriendo a varios más.
Aunque esa noche la cocaína pasaba por la región, la lancha de pasajeros que venía de la vecina comunidad de Barra Patuca no tenía forma de saber que estaban a punto de entrar en una situación tan volátil. Cuando llegó el barco, la DEA y las tropas hondureñas asumieron que estaba allí para ayudar con el cargamento de cocaína y abrieron fuego contra civiles desarmados. Desde un narcobarco confiscado y un helicóptero del Departamento de Estado de los EE. UU., la fuerza conjunta contra el narcotráfico de los EE. UU. y Honduras desató el horror sobre los pasajeros y los transeúntes en la costa.
Las autoridades, incluida la DEA, inicialmente intentaron encubrir el incidente de Ahuas y posteriormente justificarlo como una cuestión de seguridad: alegaron que la lancha comercial de pasajeros estaba involucrada en el tráfico de drogas y que abrió fuego contra el helicóptero militar, a pesar de que no había drogas ni armas jamás encontrado asociado con el barco. La DEA negó su participación directa durante años hasta que los Departamentos de Estado y de Justicia de EE. UU. publicaron un informe mordaz. Este informe sobre Ahuas también detalló la participación de la DEA en al menos otras dos ejecuciones extrajudiciales en Muskitia en 2012. Además, se publicaron pruebas en video en 2017, luego de años de solicitudes de FOIA, lo que confirma los relatos de los habitantes de Ahuas que insistieron en que los atacados eran civiles inocentes y que los agentes estadounidenses jugaron un papel directo en la operación. Los sobrevivientes aún sufren las cicatrices físicas y emocionales de este ataque, y esperan cualquier forma de disculpa, rendición de cuentas o reparación.
Si bien estos dos incidentes tienen similitudes espeluznantes, ocurrieron con casi diez años de diferencia. Tanto las operaciones como sus consecuencias (negación y silencio frente a la desesperación) se han vuelto dolorosamente predecibles durante este período. En un video publicado el 30 de septiembre por el Comité de Familiares de Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Vicepresidenta de la federación Indígena Miskitu MASTA, Mirna Wood, condenó el ataque y destacó que no se trata de un hecho aislado. Además de establecer paralelismos con Ahuas, Wood señaló otro ataque el año anterior en la comunidad de Barra Patuca, donde militares también mataron a un civil a quien supuestamente confundieron con un narcotraficante. Además, en 2018, los militares ejecutaron a tres civiles en la comunidad Miskitu de Warunta.
Las drogas ilícitas transitan partes de esta región en Honduras (y gran parte del resto). De hecho, desde la masacre de Ahuas, el tránsito de cocaína a través de la región ha permanecido, en promedio, sin cambios a pesar de la continua aplicación de la ley financiada por Estados Unidos al ritmo de $158.6 millones en control de narcóticos y apoyo militar entre 2016 y 2019. En este contexto, estas ejecuciones extrajudiciales han llegado a representar una operación antinarcóticos en curso que no sirve para detener el tráfico ilegal de drogas, sino para perpetuar la violencia y la impunidad a través de la militarización de los territorios Indígenas en Honduras.
Nuestra investigación en los territorios Indígenas y afrodescendientes del oriente de Honduras muestra que gran parte de la violencia asociada con la región proviene de la acción policial y militar durante las operaciones antinarcóticos y la inacción en defensa de la tierra y las violaciones de los derechos humanos. El costo de esta respuesta excesivamente entusiasta y la negligencia intencional se puede ver en las vidas de los Miskitu, Tawhaka, Garifuna y otros Pueblos Indígenas.
El hecho de que la cocaína transite por esta región en su viaje desde Colombia hacia (principalmente) los Estados Unidos se utiliza como justificación para estas letales tácticas militares. El olvido de la Muskitia en todos los temas menos el tráfico de drogas, combinado con el enfoque militarizado de esta única preocupación, significa que cualquier persona o cualquier vehículo del que se sospeche que está involucrado en el tráfico podría convertirse en blanco de fuego activo sin ninguna verificación.
Este posicionamiento designa a todos los nativos de la región como posibles infiltrados en el narcotráfico. Además, asigna responsabilidad por la tendencia criminalizadora en la aplicación de la ley a la población minoritaria que históricamente ha sido desatendida por el estado en los ámbitos de la educación, la salud y otros servicios sociales. También significa que es poco probable que la policía y el ejército respondan cuando los lugareños informan sobre otros tipos de problemas, como el acaparamiento de tierras y construcción ilegal de carreteras en áreas protegidas y territorios Indígenas. En cambio, se ignoran sus preocupaciones legítimas porque no se consideran dignos de protección.
La Constitución de Honduras es clara en cuanto a las expectativas de un juicio –presunción de inocencia, puesta a consideración de la prueba, derecho a la defensa– todo lo cual debe preceder al encarcelamiento por cualquier delito, incluido el narcotráfico a cualquier nivel. Apenas el año pasado, al hermano menor del presidente saliente Juan Orlando Hernández, se le ofrecieron todos estos derechos legales cuando fue juzgado en un tribunal federal de EE. UU. por tráfico de drogas, lavado de dinero y conspiración. Cumplirá cadena perpetua en una prisión federal de EE. UU., probablemente incómodo, pero vivo.
Hasta hace poco, la pena por tráfico de drogas en Honduras era de hasta 20 años de prisión. El polémico nuevo código penal aprobado en junio pasado redujo las penas por narcotráfico de 4 a 7 años en prisión o hasta 10 a 15 años en circunstancias específicas. Parece curioso y contradictorio que un estado verdaderamente empeñado en detener el narcotráfico reduzca la pena por las infracciones.
En contraste, a los ciudadanos de Ahuas, Barra Patuca, Warunta e Ibans no se les otorgó ninguno de estos derechos legales. Nadie se molestó en determinar su propuesta de culpabilidad o inocencia. Más bien, las fuerzas antinarcóticos atacaron a estos ciudadanos con la máxima fuerza, presumiéndolos culpables de narcotráfico por el mero hecho de habitar sus comunidades nativas. Los legisladores hondureños y estadounidenses denuncian la corrupción desenfrenada y el declive del estado de derecho en Honduras. Afirman que el flujo pernicioso de drogas requiere un nuevo compromiso con la "seguridad" y, por lo tanto, una reinversión y reducción de la interdicción dirigida por militares, sin restricciones y sin preguntas. Nuestros datos en cambio sugieren que es este enfoque de interdicción militarizado el que está erosionando el estado de derecho y aumentando la desconfianza de los ciudadanos en su gobierno.
Los hondureños acudieron a las urnas el domingo 28 de noviembre para elegir a un nuevo presidente, así como a congresistas y alcaldes de todo el país. A pesar de la pandemia en curso, los votantes acudieron en números históricamente altos. En un giro sorpresivo, Xiomara Castro del partido izquierdista Libertad y Refundación (Libre), emergió como la clara favorita con una ventaja de 20 puntos sobre el partido en el poder. Castro está abriendo camino como la primera mujer presidenta de Honduras, pero su elección también marca el final de 12 años de gobierno del derechista Partido Nacional, que se ha mantenido en el poder desde que un golpe de 2009 derrocó a Mel Zelaya (esposo de Castro). Si bien hay motivos para un renovado optimismo, la administración de Castro debe priorizar revertir la tendencia a la militarización. Una acción enérgica de esta administración también serviría como un llamado de atención a los donantes antinarcóticos en Washington, demostrando que los hondureños están más que listos para una nueva estrategia, con justicia por todos.
Laura Blume es profesora adjunta de Ciencias Políticas en la Universidad de Nevada-Reno. Su investigación explora cómo el contexto político impacta la violencia del narcotráfico, particularmente a lo largo de la costa caribeña de América Central.
Laura Aileen Sauls es becaria de investigación Early Career de Leverhulme Trust en el Departamento de Geografía de la Universidad de Sheffield. Su investigación examina la intersección de los derechos Indígenas, la gobernanza territorial y el cambio ambiental en los bosques de América Central.
