Mientras el sol de la mañana se filtra por las ventanas de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la Universidad de Buenos Aires el 9 de octubre, estudiantes amanecen en colchones improvisados de cartón. No habrá clases en estas aulas; en cambio, servirán como salas de reunión y dormitorios para los estudiantes que ocupan la facultad en defensa de las universidades públicas. Afuera, otros sacan bancos a las calles, que fueron cortadas para seguir con las clases públicas. Hace seis años FSOC se tomó, pero pocos estudiantes en la ocupación actual estaban allí.
“Es mi primera toma”, dice Josué Vega, estudiante de comunicación de Bolivia. Vega ha participado en asambleas y marchas desde principios de año, pero dice que esta es la primera vez que la respuesta estudiantil está “a la altura de los ataques que está sufriendo la educación pública”.
El 2 de octubre, el presidente argentino Javier Milei vetó un proyecto de ley de financiamiento universitario que habría de actualizar el presupuesto universitario cada dos meses, según los cambios en el índice de precios al consumidor, el tipo de cambio del peso y el costo de los servicios públicos. El objetivo de la ley era garantizar los fondos para los gastos operativos de las universidades públicas y salarios dignos para los docentes y no-docentes, ya que la Federación Argentina de Universidades Nacionales afirma que los salarios de los profesores han perdido aproximadamente dos tercios de su poder adquisitivo desde que el presidente empezó su mandato. La justificación declarada del veto de Milei es su plan de "déficit cero", que busca restablecer el equilibrio fiscal de Argentina mediante la reducción del gasto público, la eliminación de impuestos—que denuncia como “remanente de la esclavitud”—, y la reducción del alcance del gobierno federal.
“Milei cuando asumió decidió ponerse a los estudiantes universitarios y a las ciencias sociales en particular como principales enemigos”, dijo Lucas Grimson, senador en el consejo directivo de FSOC y miembro del recientemente electo Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo), una organización sindical encargada de abogar por los intereses de los estudiantes. “Y eso hizo, sin dudas, que se despierte un gigante dormido, que es el movimiento estudiantil”.
En respuesta al veto, que cristalizó meses de ataques al derecho constitucional a la educación gratuita, laica y de calidad en Argentina, estudiantes de más de 30 universidades en todo el país votaron en asambleas abiertas para ocupar sus campus, algunos de manera indefinida. Estas acciones implicaron que los estudiantes asumieran cargos como seguridad, limpieza y, sobre todo, la gestión de la facultad. Las decisiones sobre la universidad fueron tomadas por los propios estudiantes en asambleas.
El CECSo levantó unilateralmente la toma de la facultad el 28 de octubre, aunque las tomas en otras universidades del país siguen. Casi un año después de la llegada del gobierno libertario de ultraderecha de Milei, las ocupaciones fueron un avance simbólico y estratégico no solo contra Milei, sino también contra el Congreso y los administradores universitarios, a quienes muchos estudiantes acusan de ser cómplices de llevar a las universidades al frente de la reforma económica ortodoxa del país.
El movimiento en contexto
La administración de Milei no es la primera que ajusta a la educación superior. En la década de 1990, un punto de conflicto para las luchas estudiantiles era la Ley de Educación Superior, que fue parte de una reforma apoyada por el Banco Mundial que abrió la puerta al arancelamiento y a mayores restricciones en las inscripciones.
“Muchos de los que somos docentes hoy nos formamos en las luchas estudiantiles de los ‘90”, dice Juan Wahren, quien comenzó su carrera en la Universidad de Buenos Aires en 1995. Hoy es profesor de movimientos sociales rurales y educación popular en la FSOC.
Hace unos meses, Wahren y sus colegas veían el movimiento estudiantil de hoy como una mera sombra de su antiguo ser. Sin embargo, últimamente, esta percepción está cambiando. “Veo mucha actividad”, dice mientras estudiantes se agrupan para la asamblea donde, dos horas después, votaron unánimemente para ocupar la facultad. “Algo se reactivó”.
Algunos dirigentes estudiantiles en la FSOC hoy también participaron en las tomas de 2018, cuando los estudiantes ocuparon 52 de las 60 universidades nacionales públicas de Argentina en respuesta al plan de financiamiento del expresidente Mauricio Macri, que incluía recortes comprehensivos en sectores públicos. La lógica de Macri en ese momento no era tan distinta de la de Milei. “El déficit cero es un desafío dada la recesión”, se lee en una publicación de 2018 del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, en defensa del expresidente. Luego, el golpe de gracia: “Pero es el camino para acceder al financiamiento del FMI y evitar un ajuste mayor”.
Daian Dezorzi, militante del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) de la FSOC, dice que la administración actual está ajustando la educación superior para pagar la deuda odiosa del país.
“La plata [para la universidad] está”, me dice. “La cuestión es que los distintos gobiernos no han priorizado la educación pública, sino que han priorizado un sistema económico social donde la riqueza que produce los sectores trabajadores Argentinos se fugan para pagar intereses de deuda. Ahora la plata está, la cuestión es hacia dónde va”.
Más allá de la universidad
A pesar de las similitudes con conflictos pasados, el actual conflicto de la educación no es una mera intensificación de la austeridad previa. El ataque de Milei a los sectores públicos es aún más integral, y el contexto social es igualmente sin precedentes: en los últimos seis meses, el número de pobres en Argentina ha aumentado en tres millones. Más de la mitad de la población del país no puede permitirse una canasta básica mensual de bienes. En particular, tras la represión escalada contra jubilados y el intento del gobierno de cerrar un hospital público de salud mental, el movimiento universitario se ha visto impulsado por la convicción de que la lucha por la educación está profundamente entrelazada con las luchas por salarios dignos, pensiones y servicios públicos básicos.
“Tenemos que partir de la base de que el ataque de Milei no es hacia un sector en específico… sino es un plan de ataque al conjunto de las reivindicaciones históricas que ha conseguido la clase obrera argentina y las mayorías populares a lo largo de décadas y décadas de luchas”, dijo Dezorzi. “La tarea que tenemos es poder confluir con otros sectores que están en lucha”.
La transversalidad de la organización y resistencia fue resaltada durante una asamblea estudiantil el 8 de octubre en la FSOC. Entre los oradores en la asamblea había un representante del Hospital Bonaparte, cuyos trabajadores tomaron para resistir su cierre anticipado, y de Aerolíneas Argentinas, que ha despedido a 1.500 trabajadores durante su proceso de privatización.
Además de construir lazos entre diferentes sectores, el movimiento estudiantil ha encontrado un enorme apoyo del público general. El 24 de abril y nuevamente el 2 de octubre, más de un millón de personas salieron a las calles en todo el país para la Marcha Federal Educativa, una de las manifestaciones más grandes en los 41 años de democracia de Argentina.
Sin embargo, hasta ahora, el movimiento estudiantil no ha logrado traducir este aumento de apoyo popular en un cambio legislativo. Aunque el partido de Milei solo ocupa 42 de los 247 asientos en la cámara baja del Congreso, la cámara quedó a 12 votos de alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para volcar su veto al proyecto de ley de financiamiento universitario.
Los conflictos internos
Con respecto al estancamiento legislativo, la mayoría de los grupos de centro-izquierda le echan la culpa a los partidos conservadores tradicionales en el Congreso que apoyan a Milei, especialmente la Propuesta Republicana (PRO) del expresidente Macri y la Unión Cívica Radical (UCR). Esta alianza con los libertarios se consolidó cuando la exministra de seguridad de Macri, Patricia Bullrich del PRO, quien había lanzado una campaña vehemente contra Milei en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), fue nombrada ministra de seguridad.
Para combatir esta alianza, el sector de centro-izquierda del país está mirando hacia las elecciones parlamentarias de 2025.
“Si no pudimos rechazar el veto del Presidente… a la hora de defender los intereses de la educación universitaria, es porque aún no tenemos la cantidad de diputados y diputadas que nos permita hacerlo”, dijo Máximo Kirchner, representante en la Cámara de Diputados con el Partido Justicialista, la rama más grande del peronismo. “Un objetivo para 2025 a lo largo y ancho de la patria es construir una fuerza electoral… que tenga las manos necesarias en el Congreso”.
Esta postura ha despertado la ira de los grupos de izquierda, que afirman que las políticas de Milei son demasiado urgentes para esperar una victoria electoral.
“Cada día que pasa Milei en el gobierno, hay un millón de pibes y pibas que no comen, hay jubilados que no pueden tomar sus medicamentos, la desocupación aumenta cada vez más, y saquean las multinacionales extractivistas todos nuestros territorios”, dice Agus Romero, dirigente del MST.
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, a diferencia de los grupos peronistas de centro-izquierda, ha declarado que no tiene “ninguna confianza” en el Congreso. Sus dirigentes señalan el evidente descontento social demostrado en las marchas nacionales por la educación, y sus métodos se centran en avivar ese descontento en acciones directas unificadas.
Ahora sí leí hasta el final
En una asamblea interfacultades el 27 de octubre—en la cual estuvo notablemente ausente el CECSo—los estudiantes votaron para participar en un flash mob inspirado en los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes. Los organizadores estudiantiles también votaron para armar una columna estudiantil en la Marcha del Orgullo el 2 de noviembre, acompañar a jubilados en una manifestación el 6 de noviembre, garantizar continuidad a las ocupaciones universitarias y organizar una tercera marcha nacional en defensa de las universidades el 12 de noviembre.
“Lejos de esperar a ver qué hace un diputado, una diputada… la conclusión fundamental que tenemos que sacar del veto es entender que el terreno donde tenemos que enfrentar al gobierno, el terreno que tiene que usar el movimiento educativo, es la movilización, es la calle, es los espacios de decisión democráticos y asamblearios desde abajo”, dice Dezorzi.
"Un nuevo modelo para nuestro país"
Mientras me siento con Dezorzi frente a FSOC, él lamenta que aunque los profesores han logrado una miseria de aumento desde principios de octubre, se ha instaurado un sentido de normalidad en la facultad. Desde que terminó la ocupación de la facultad, el CECSo parece estar planchando aún más las facciones más radicales del movimiento, al postergar asambleas para definir el plan de lucha de la facultad.
Para Dezorzi, las luchas internas dentro de la ocupación de la FSOC demuestran que las universidades públicas se han convertido en terreno fértil para que los partidos políticos tradicionales del país se instalen, sirviendo para diluir las corrientes más disruptivas del movimiento estudiantil. El actual vicerrector de la UBA es el expresidente del partido político más antiguo del país, por ejemplo, y tres delegados que votaron para mantener el veto de Milei son ellos mismos profesores en universidades públicas.
Por otro lado, la inseparabilidad de la política nacional y universitaria es lo que hace tan potente al movimiento estudiantil.
“Nuestra tarea no es solo pensar otro modelo universitario, sino otro modelo de país”, dice Dezorzi. “Tenemos que discutir otras formas de producir, de debatir política, de propiedad de la tierra. Porque no somos solo estudiantes, nosotros somos también los trabajadores. Y tenemos que pensar, ¿a servicio de qué va a estar el conocimiento que acá aprendemos?”
Lucas Bricca es escritor, intérprete, y pasante en NACLA. Actualmente investiga movimientos sociales y educación popular en Buenos Aires, Argentina
