"Estamos desperados y nadie nos escucha," dijo Juan Torres, residente del municipio de Tila, en la Sierra Madre de Chiapas. Torres huyó con su familia a la vecina ciudad de Yajalón el 7 de junio, tras tres noches de terror que sacudieron el pueblo y desplazaron a miles de personas.
La noche del 4 de junio, Tila se convirtió en ¨una zona de guerra como las que se ven en las películas”, dijo Torres, cuyo nombre se ha cambiado por razones de seguridad. Se oyeron disparos durante toda la noche y el horizonte se iluminó con las llamas de los edificios en llamas.
Según Gaby Coutiño, corresponsal independiente en Chiapas, tres personas murieron, cuatro resultaron heridas y un total de 17 casas y 21 vehículos ardieron. La incursión fue uno de los hechos más violentos de un largo conflicto que enfrenta a comuneros y munícipes en la remota región de Chiapas.
En lo alto de las montañas y a unos 95 kilómetros de la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, Tila se extiende por la Sierra Madre hasta la frontera con el estado de Tabasco. El municipio abarca tierras ricas en recursos de interés para empresas multinacionales y el Estado mexicano, incluidos megaproyectos de extracción de petróleo e infraestructuras, así como un rumoreado yacimiento de uranio. Como en otras partes de México, los organismos municipales y la economía local están enredados con grupos criminales que extorsionan a empresas locales y prestan servicios como la construcción y el transporte público. Con el aumento de la migración masiva a través de Chiapas hacia la frontera entre México y Estados Unidos, Tila se ha convertido en un lugar aún más lucrativo para el crimen organizado, con gran parte de la zona sur del estado actualmente disputada por los cárteles de Jalisco y Sinaloa.
Tras el estallido de violencia, los residentes permanecieron en sus casas durante tres días, intentando comunicarse con los servicios de emergencia y pedir ayuda a través de las redes sociales. Circularon rumores de que familias enteras estaban siendo asesinadas. Con la llegada de las Fuerzas Armadas el 7 de junio, miles de personas huyeron con la ayuda de los militares a la localidad de Yajalón, donde el ayuntamiento los alojó en tiendas de campaña en un campo de deportes en desuso. Associated Press lo describió como uno de los mayores desplazamientos de personas en el sur de México desde la década de 1990.
La organización Foro para el Desarrollo Sostenible, que realizó una encuesta entre 6.965 desplazados el 16 de junio, calcula que el número total de desplazados superó los 12.000, la mayoría a Yajalón.
Conflicto arraigado por la tierra y el territorio
El conflicto entre grupos civiles en Tila suele caracterizarse como una batalla por la propiedad entre el ejido de Tila —una organización de propietarios comunales indígenas ch'ol cuyos derechos se establecieron como resultado de la reforma agraria posterior a la Revolución Mexicana— y los propietarios mestizos alineados con la entidad municipal de Tila. Desde 1966, los ejidatarios, como se conoce a los miembros del ejido, han estado disputando su derecho a 130 hectáreas que se incluyeron en el establecimiento de la entidad jurídica ejidal. Se exigió al municipio que cediera las tierras al ejido, lo que no ha hecho a pesar de dos amparos judiciales en 1994 y 2008 que fallaron a favor del ejido. El caso fue enviado a la Suprema Corte en 2010, donde aún se espera una resolución.
Durante el levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas, los ejidatarios apoyaron la reapropiación de tierras por parte de los zapatistas y el establecimiento de un sistema de gobierno autónomo y comunal. Durante este periodo se enfrentaron a fuerzas estatales y paramilitares dedicadas a desmantelar la revolución zapatista, que supuso una considerable redistribución de tierras comunales a las comunidades indígenas del estado.
Como ha documentado el académico ch'ol Emilio Pérez Pérez, los intentos de recuperar la tierra por parte de los ejidatarios han incluido marchas masivas por Tila, la quema de bienes inmuebles municipales y, en 2015, la expulsión de las autoridades electas de Tila y la imposición del autogobierno comunal. Como resultado, el municipio se vio obligado a trasladar sus oficinas a otro lugar, y el conflicto ha seguido latente.
Unos 60 años después de la fundación legal del ejido, las publicaciones en las redes sociales y los informes de los medios de comunicación indican que un grupo de ejidatarios de Tila conocido como Los Autonomos está en conflicto con un grupo alineado con el municipio llamado Karma o Los Karma. La mayoría de los informes atribuyen la incursión del 4 de junio a Los Autonomos, señalando su afiliación al Congreso Nacional Indígena.
Sin embargo, un comunicado publicado en la página web del ejido de Tila y republicado por Radio Zapatista denuncia "al grupo criminal Karma", al que el ejido responsabiliza del asesinato de algunos de sus miembros en los últimos años, entre ellos el consejero del Congreso Nacional Indígena Carmen López Lugo el pasado 12 de enero.
"El martes 4 de junio pasado el grupo delincuencial Karma se presentaron armados detonando armas de alto calibre y provocaron que quienes están actualmente como autoridades ejidales ya no pudieran mantener la paz ya y la gente respondió a todo lo que han estado ocasionando”, declara el comunicado, y dice que "ahora estamos en un escenario de desplazamiento forzado, muerte y amenaza a nuestra supervivencia como Pueblo Ch’ol.¨
Un retorno tenso
Durante las tensas semanas en Yajalón, el gobierno del estado coordinó una mesa interinstitucional formada por representantes del Ejército, la Guardia Nacional y el Ministerio de Seguridad, mientras que los servicios fueron prestados por los departamentos de salud y protección civil. Al cabo de dos semanas, la mesa propuso que los militares escoltaran a los desplazados de vuelta a Tila, plan que fue rechazado por una asamblea masiva celebrada el 13 de junio. Los participantes exigieron representación en la mesa redonda y expresaron su desconfianza en torno al papel de la iglesia y las organizaciones no gubernamentales en el apoyo a la propuesta.
El 22 de junio, un lider de un grupo opositor a los ejidatarios fue encontrado asesinado en Yajalón con signos de haber sido torturado, lo que aumenta las dudas sobre un retorno seguro de los desplazados a sus hogares.
"Estamos exigiendo que los militares instalen un cuartel en Tila para vigilar las entradas y salidas y para registrar las armas”, dijo Torres, residente local, por teléfono el 17 de junio. "Queremos que nos garanticen que intervendrán en caso de nuevos disturbios y que no esperen órdenes de 72 horas para actuar”, como hicieron tras los atentados del 4 de junio.
A finales de junio se llegó a un acuerdo y los desplazados iniciaron su regreso a casa, acompañados por miembros de las Fuerzas Armadas que permanecieron en Tila hasta la semana pasada.
Mientras los militares se marchaban, ya habían empezado a circular por Internet advertencias de que la violencia volvería a recrudecer.
Diversificación de los actores armados
Muchas cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra han provocado "disputas sociales y políticas a lo largo de los años" en Tila, según explicó en una entrevista con una representante del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, conocido como Frayba. "La violencia ha ido en aumento a lo largo de la década”, añadieron, citando la profundización de la polarización dentro de la comunidad sobre los derechos de los ejidatarios.
A medida que las tensiones han ido en aumento, el Estado se ha desentendido de su responsabilidad de abordar las disputas subyacentes por la tierra, por lo que no ha "contribuido a la construcción de una paz duradera entre todos los habitantes de Tila”, dijo el portavoz. Además, señaló el Frayba, Chiapas cuenta con una ley para la prevención y atención del desplazamiento forzado que el estado no está aplicando.
"Según nos dicen varias fuentes”, continuó el portavoz, “ahora no hay presencia de uno, sino de varios grupos armados que se han estado atacando entre sí”. Desde el 4 de junio se han denunciado en Tila violaciones de los derechos humanos, como la quema de viviendas y vehículos, asesinatos, y violaciones.
"Durante los últimos años hemos visto varios episodios de violencia y acciones de grupos armados que provocan estos desplazamientos masivos”, dijo el portavoz, mientras que las respuestas oficiales del Estado tienden a “minimizar e invisibilizar” los hechos.
En su conferencia de prensa diaria del 10 de junio, el presidente AMLO disminuyó a los desplazamientos masivos de Tila, afirmando que el conflicto no era una lucha contra la represión estatal o local, sino "una confrontación entre el mismo pueblo porque no se ha podido armonizar".
Según el informe Chiapas, un desastre del Frayba de diciembre de 2023, la organización documentó el desplazamiento forzado de al menos 16.755 personas en el estado de Chiapas entre 2010 y 2022. Durante ese tiempo, el Frayba ha observado "una diversificación de actores armado" en Chiapas que es "muy compleja y variada según el territorio".
El grupo de derechos humanos también ha observado un resurgimiento de la presencia de grupos paramilitares en la región que no se veía desde la década de 1990, sin ninguna intervención por parte del Estado para promover o apoyar la paz. Los medios de comunicación independientes Aristegui Noticias, Este País, y Chiapas Paralelo han contribuido a informar sobre este resurgimiento, señalando que el grupo Karma incluye a antiguos miembros del grupo paramilitar Paz y Justicia.
"Estrategias, formas de movilización, incluso las armas» del paramilitarismo del pasado están “reapareciendo como sus sucesores”, dijo el portavoz del Frayba, refiriéndose a la vinculación de la autodefensa, el bienestar de la comunidad y los servicios públicos locales con grupos armados que reciclan estrategias utilizadas por primera vez en los intentos de contener el levantamiento zapatista de 1994.
Desde entonces, Frayba observa que la violencia se ha diversificado en una serie de grupos armados muy complejos que luchan por el control de las operaciones sociales y económicas, desde los servicios de transporte vecinales hasta el poder estatal, y son ¨muy difíciles de categorizar”. La fragmentación y proliferación del conflicto se refleja en los canales locales de las redes sociales, donde las acusaciones y la desinformación se propagan rápidamente y contribuyen a aumentar la cultura del miedo.
Escribiendo para Ojalá, Delmy Tania Cruz Hernández, feminista ecologista y educadora de Chiapas, señala las dimensiones de género del desplazamiento, escribiendo "También son las mujeres las que quedan cercadas en medio de la guerra contra el pueblo".
"Las mujeres temen por sus hijas, sus territorios y también por los hombres que tienen cerca”, escribe Cruz Hernández. "Salen de sus comunidades con un par de bolsas donde llevan la vida a cuestas para buscar refugio cuando sus cónyuges o hijos varones son amedrentados para sumarse a las filas del narcotráfico, o sus hijas propuestas para ser novias de algún miembro de un grupo criminal".
El sacerdote Alejandro Ornelas, párroco de Tila, dijo a Associated Press que pensaba que el crimen organizado podría estar ahora involucrado con "ambos bandos" del conflicto. En una entrevista, una fuente anónima de Tila fue más tajante: "Los Karmas nunca existieron, fueron creados para culpar a gente inocente”.
Torres, por su parte, desconfía del papel de la Iglesia católica y de las ONG que operan en la región. "Son cómplices, trabajan con el municipio”, afirma.
Con el regreso de los desplazados a Tila, se han denunciado nuevas amenazas y disparos. En algunas partes de la ciudad, las puertas y ventanas permanecen cerradas, y algunos residentes se están trasladando a otras comunidades. ¨Hay que irse, porque no hay vida”, dijo a AP Rafael Gutiérrez, residente de Tila. "No podemos vivir con esta zozobra”.
Mientras tanto, la declaración del 11 de junio firmada por el ejido de Tila emite una advertencia: "Todas las autoridades que recientemente han intervenido en el territorio que ocupa el Ejido deben conocer esta información y evitar cualquier daño a su seguridad, libertad, integridad personal e incluso a su vida".
Ann Louise Deslandes es periodista independiente radicada en el sur de México.
