El 03 de enero del 2008 fue asesinado por un agente de carabineros, la policía chilena, el joven Mapuche, Matías Catrileo Quezada (23). Su muerte ocurrió en la hacienda Santa Margarita, cuyo dueño era Jorge Luchsinger, un colono de descendencia suiza. El hecho fue en el marco de reclamaciones de tierras ancestrales realizado por el Lof Llewpeko, una comunidad Mapuche colindante con la hacienda Santa Margarita. Matías Catrileo integraba la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización autonomista Mapuche que usa como acción el sabotaje a maquinarias agrícolas y forestales, y el control territorial, traducido en ocupaciones de predios (haciendas y forestales). Ambas estrategias tienen como propósito el recuperar tierras ancestrales.
Luego, el 04 de enero del 2013 fue asesinado el matrimonio conformado por Werner Luchsinger (75), primo de Jorge, y Vivianne Mackay (64). El matrimonio Luchsinger-Mackay falleció como resultado de un incendio intencional que afectó a su vivienda, específicamente en la hacienda La Granja Lumahue. Quienes cometieron el incendio, supuestamente fueron atacantes Mapuche. Por tal motivo fue el único detenido el Machi (agente de la medicina Mapuche), Celestino Córdova. Ambos sucesos estuvieron situados en la comuna de Vilcún, región de La Araucanía. El primer hecho ocurrió durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet (2006-2010) y el segundo, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera (2010-2014).
Los hechos descritos ilustran parte de las tensiones históricas entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno. Además, de los colonizadores quienes llegaron a asentarse a mediados del siglo XIX como resultado de la ocupación del otrora territorio Mapuche por la República Chilena. Bajo este escenario, la politóloga estadounidense Kelly Bauer, nos presenta el libro Negotiating Autonomy: Mapuche Territorial Demands and Chilean Land Policy, que examina cómo navega la ideología neoliberal con las reclamaciones territoriales Mapuche a través de los actuales mecanismos institucionales. Centrándose en los gobiernos de la pos-dictadura, desde 1990 en adelante, Bauer aborda la Ley 19.253, también conocida como Ley Indígena, específicamente en el artículo 20 B de esta legislación. A través de este mecanismo, explica Bauer, “las comunidades Indígenas solicitan al gobierno comprar y transferir títulos de propiedad sobre tierras históricamente ocupadas.” El argumento de la autora es que, el perfil ideológico neoliberal y tecnocrático de la gobernabilidad chilena es contraproducente sobre cómo los gobiernos chilenos de Patricio Aylwin (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010), y Sebastián Piñera (2010-2014) han respondido a las demandas territoriales Indígenas.
En el libro están en juego las inconsistencias de lo que Bauer denomina como el “espacio intermedio,” un lugar donde simultáneamente confluyen y son cuestionadas las intervenciones gubernamentales y las demandas de las “comunidades Mapuche” (un concepto promovido por la legislación Indígena). En el espacio intermedio, los funcionarios gubernamentales recurren a estrategias formales e informales para potenciar al Estado “que preserva y extiende tanto el neoliberalismo como la hegemonía de las élites políticas y económicas de la región.” Entre las élites políticas y económicas, se encuentran los descendientes de los colonizadores. En paralelo, las comunidades Mapuche utilizan la vía institucional, tramitación de restitución de tierras a través del artículo 20 B, y las vías extra-institucionales, como la movilización social, para promover e instalar las demandas territoriales ante el Estado. Las movilizaciones sociales influyen en las respuestas gubernamentales y en algunos casos son “percibidas como una amenaza a la integridad del propio Estado chileno.” Más aún, cuando surgen hechos como los descritos al inicio de esta reseña.
Si añadimos las reformas neoliberales acaecidas en Chile y América Latina, los cuestionamientos por parte de las comunidades Mapuche, en los últimos 25 años, se han exacerbado. Por lo tanto, son estos hechos, vía la protesta y movilización social, que persuaden a la burocracia estatal y su desempeño para “negociar la gobernanza” con las reclamaciones Mapuche. Así, lo describe detalladamente Bauer, quién metodológicamente recurrió a la observación en el campo, entrevistas, revisiones de documentos públicos, encuestas, entre otros. Además de, acceder a una base de datos que contempla las tierras adquiridas por 266 comunidades Mapuche entre los años 1994 y 2013.
Un aspecto interesante de Negotiating Autonomy es hacer notar los límites y las fortalezas del enfoque neoliberal, considerando las representaciones tecnocrática y centralizada de la gobernabilidad chilena, en la ejecución de la política de tierras. Al tratar las contradicciones del neoliberalismo identificadas en la aplicación del artículo 20 B de la Ley Indígena, la autora recurre a David Harvey (2007), quién señala que el neoliberalismo es “tanto un “proyecto utópico” como un “proyecto político”, fomentado por técnicas particulares de gobernanza.” Bauer, enfatiza en el segundo aspecto, que se traduce en las estrategias de actores institucionales y extra-institucionales, quienes trabajan, en alguna medida, para responder a las demandas de comunidades Mapuche. Estrategias que no necesariamente calzan con los cánones que persigue la gobernanza neoliberal chilena, por tanto, ahí visualizo una contribución.
Otro aspecto destacable del libro es la conexión con el “estallido social chileno” del año 2019. Precisamente, las movilizaciones sociales estuvieron marcadas por el cuestionamiento a la neo-liberalización en Chile. La autora, señala a los grafitis y afiches con la imagen de Camilo Catrillanca (24), quien en el 2018 fue asesinado por la policía chilena al interior de su comunidad, Temucuicui, un territorio emblemático por usar la movilización social para recuperar sus tierras en la comuna de Ercilla, región de La Araucanía. También, porque en las marchas del estallido social fue recurrente ver la wenufoye, una bandera utilizada por el movimiento Mapuche. Y, por la eliminación de representaciones coloniales tales como, estatua y monumentos en ciudades. En Temuco —ciudad donde está situada la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el organismo público encargado de la política Indígena— los manifestantes derribaron la estatua de Pedro de Valdivia, conquistador español (siglo XVI) a quién se le atribuye la conquista de Chile. La eliminación de estatuas es interesante porque dialoga con experiencias similares, tanto en América como en Europa, a partir de manifestaciones antirracistas y anticoloniales. Por ejemplo, en Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Bélgica.
En el texto, Bauer presenta ocho experiencias de comunidades Mapuche que tramitan sus reclamaciones territoriales ante la CONADI. Todas son de Padre Las Casas, una comuna colindante con la ciudad de Temuco, la capital regional. Una de las comunidades es Juan Catrilaf II, quienes recuperaron las tierras pertenecientes a la familia Luchsinger, citado previamente. Considerando que la autora navega con un enfoque de “demandas territoriales Mapuche”, hubiese sido interesante contar con experiencias que navegan por fuera de la institucionalidad. Más aún en un contexto donde las reclamaciones territoriales no es un asunto zanjado, sino vigente. De hecho, con el actual gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el gobierno en marzo del 2022, las reclamaciones continúan y muchas de estas son promovidas por organizaciones y comunidades posicionadas desde el autonomismo Indígena.
Conjugando el capítulo tres y cuatro del libro, los colonizadores (Luchsinger, Gastón Caminondo, Andrés Molina, entre otros) y las compañías forestales (forestal Masisa, entre otras), serían parte de la élite política y económica de la región. Una característica de las compañías forestales es que, fueron las principales beneficiadas con las reformas neoliberales de la dictadura de Pinochet a través del Decreto de Ley 701 (1974). Según el texto, en las reclamaciones de tierras que involucran a las compañías forestales, ellos tienen gran influencia para determinar una compra de tierras. Tal influencia, va necesariamente “acompañada de poder político.” Cabe preguntarse: ¿Cómo la lógica neoliberal y el acaparamiento de tierras, representado en la industria forestal, persuaden no solo a los burócratas, sino también a los agentes políticos el determinar devolver las tierras a las comunidades Mapuche? ¿Cómo diversos agentes —funcionarios públicos del poder judicial, intendencia, gobierno regional, entre otros— poseen conflictos de interés respecto al llamado conflicto Mapuche?
Para cerrar, este libro es una invitación a las ciencias sociales, los estudios latinoamericanos y las ciencias políticas a dialogar con algunos aspectos de la política indígena contemporánea en Chile. Esta idea, se fortalece con el “cambio político” que está viviendo el país, después del estallido social. En ese sentido: ¿Cómo los futuros estudios, en este ámbito, dialogan con las ideas desarrolladas a partir de las tradiciones políticas Mapuche e indígenas? El colonialismo y el neoliberalismo, como estructuras que oprimen a los pueblos indígenas, ¿necesariamente deben ser confrontados por los canales institucionales y los márgenes que, previamente, determina el Estado? Más allá de las interrogantes, el trabajo de Bauer es un apronte para dialogar y profundizar en horizontes políticos que involucran a distintas expresiones del movimiento Mapuche e indígena.
Pablo Millalén es integrante de la Comunidad de Historia Mapuche y doctorante en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin.
