El gobierno de Javier Milei fracasó en su intento de aprobar su reforma más ambiociosa desde que asumió el poder. Conocida como Ley Ómnibus, la Ley de Bases y Puntos de Partidas para la Libertad de los Argentinos proponía una reforma fiscal, privatizaciones de empresas públicas, delegaciones de facultades extraordinarias al presidente, reformas electorales, entre otros tantos ejes.
Furioso con la primera gran derrota política del gobierno, Milei acusó públicamente a los gobernadores y legisladores de traición, llamándolos “delincuentes” y “extorsionadores”.
Algunos políticos y medios se apresuraron en culpar a la inexperiencia e improvisación del presidente y su gabinete por el fracaso de la ley. Esta narrativa, sin embargo, puede ser engañosa. Puede que la ley no haya fracasado por azar. Una posible lectura sería entender este fracaso como resultado del accionar del presidente: Milei debilitó sistemáticamente su propio proyecto y, luego, posicionó estratégicamente su fracaso como una excusa para culpar a la misma casta que él desprecia. Nuevamente culpó al establishment político del país por el estado calamitoso de la realidad socioeconómica argentina, con la inflación más alta del mundo registrada en 2023 y el 57,4 por ciento de sus habitantes por debajo de la línea de pobreza.
Rumbo a la derrota legislativa
Al inicio de su mandato, la fuerza de Milei en el Congreso sumó 38 escaños, totalizando 78 de 257 bancas; y 13 senadores de 72. Esto fue, en gran parte, gracias a su alianza con el ex presidente argentino Mauricio Macri y la presidenta del partido Propuesta Republicana (PRO) y ex candidata presidencial y ahora ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sin embargo, esto no fue suficiente para que Milei lograra la mayoría parlamentaria necesaria para convalidar su proyecto de ley presentado en el Congreso. Milei tuvo entonces que pactar con legisladores de otros partidos, obligándolo a negociar su ley con la casta. Tanto la Cámara Baja (Diputados) como la Cámara Alta (Senado) son las encargadas de aprobar o rechazar las leyes, incluidas las propuestas por el presidente. Milei enfrenta entonces no sólo a una sino dos barreras legislativas. Al mismo tiempo, el peronismo y sus aliados tienen 11 gobernadores, la coalición Juntos por el Cambio (JxC) (entre el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica) cuenta con 10 y los tres restantes corresponden a fuerzas provinciales, que son fuerzas políticas sin alcance nacional. La falta de gobernadores del partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), es un obstáculo considerable. En Argentina, los gobernadores suelen tener una influencia considerable en el voto de los representantes del Congreso. Sin ningún acuerdo con los gobernadores, obtener apoyo legislativo se convierte en un reto aún mayor para Milei.
Milei necesitaba al menos 129 votos para aprobar su Ley Ómnibus. Obtener esos votos significaba negociar con la UCR que es el histórico partido de centro, representantes de la rama no kirchnerista del peronismo y con las restantes fuerzas provinciales. En otras palabras la llamada "oposición dialoguista".
A pesar de su insistencia en lo crucial que era la Ley Ómnibus para el éxito de su plan de gobierno y la libertad de la sociedad argentina, Milei se convirtió en su mayor obstáculo. Desde el inicio de las negociaciones, mostró un comportamiento errático en las redes sociales, criticando a la oposición dialoguista. Desautorizó constantemente al ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de dirigir las negociaciones con los gobernadores y los diputados. Mientras Francos adoptaba un enfoque más dialoguista, Milei optaba por enfrentarse a los gobernadores y a la oposición pro-diálogo y socavar la autoridad de Francos. El presidente también echó a su ministro de Infraestructura por filtrar a los medios que Milei supuestamente amenazaba con “dejar [a los gobernadores] sin un peso".
Lo que resulta especialmente desconcertante del comportamiento de Milei es que tuvo la oportunidad de reunir los votos necesarios para la Ley Ómnibus; en un principio, el Congreso aprobó la ley en general por 144 votos a favor y 109 en contra. Sin embargo, su estrategia de negociación de suma cero evidenció sus resultados desastrosos durante la sesión de votación en particular, cuando el Congreso tuvo que votar cada artículo por separado.
El debate, que en principio iba a durar días, finalizó al cabo de unas horas. El gobierno de Milei llegó a la sesión sin los votos suficientes, y la oposición empezó a rechazar la Ley Ómnibus artículo por artículo. Cuando llegaron al artículo seis, los partidos de la oposición levantaron la sesión y pidieron a las autoridades gubernamentales que negociaran. Esta petición fue rechazada por el gobierno, que procedió a levantar la sesión. Este resultado supuso la primera vez en la historia argentina que la primera propuesta de ley de un gobierno era rechazada. En palabras de la oposición, "La Ley Ómnibus está políticamente muerta". Milei, sin embargo, utilizaría esta derrota como parte de su estrategia.
A la carga contra sus contrincantes políticos
Minutos después de la caída de la Ley Omnibus, Milei expresó su disgusto en Twitter, donde criticó a “la casta” y sugirió que los gobernadores y diputados dialoguistas eran individuos que “destruyeron el país.” Luego compartió una lista con los nombres de todos aquellos que votaron a favor y en contra de la ley, llamando a estos últimos “enemigos de una mejor Argentina”, y sugirió la posibilidad de someter su Ley a un plebiscito.
Pero Miei no se detuvo allí. Dos días después eliminó los subsidios nacionales a los sistemas de transporte público provinciales. Actualmente, su gobierno está reteniendo la transferencia de recursos destinados al pago de los salarios de los maestros de escuelas públicas. Estas dos medidas junto con la menor recaudación impositiva en las provincias debido a la recesión económica y un creciente clima social de descontento, están creando un entorno muy difícil de navegar para los gobernadores. En consecuencia, los 24 gobernadores provinciales elevaron sus quejas al presidente de manera conjunta.
Fiel a su estilo confrontativo, Milei está hablando en contra de los gobernadores sin distinción partidaria, criticando tanto a los mandatarios provinciales peronistas Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), como a los dialoguistas Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) e Ignacio Torres (Chubut).
Sería claramente más estratégico cortar los fondos a las provincias bajo mandato kirchnerista-peronista y aumentar los recursos a los distritos gobernados por la oposición dialoguista. Esta ha sido la estrategia de la gran mayoría de los gobiernos desde el retorno de la democracia: zanahorias para los aliados, palos para los opositores. ¿Cuál es entonces la lógica detrás del accionar de Milei?
Con la mirada puesta en el 2025
Desde su primera aparición en la escena política, Milei ha demostrado que él no juega siguiendo las reglas de otros, sino que crea las suyas. Detrás de las acciones de Milei durante el tratamiento de su ley se encuentra una lógica que no puede ser explicada sin considerar el discurso sobre el cual se sostiene su proyecto político: la batalla religiosa contra la casta.
La imagen de Milei está construida alrededor de la lógica amigo versus enemigo, el Bien versus el Mal. El mismo presidente se ha referido a su partido, aliados y votantes como “las fuerzas del cielo.” Según la perspectiva de Milei, sus fuerzas celestiales están luchando una guerra santa contra la casta política, la cual se presenta como un enemigo eterno y la raíz de la causa de todos los problemas que aquejan a la Argentina. Esta casta política que “empobrece y arruina” a los argentinos incluye a numerosos actores: los políticos corruptos, los sindicatos, los medios estatales y privados, y los empresarios prebendarios, entre otros.
La idea de la casta legitima el plan de gobierno de Milei: sus medidas van a contar con apoyo en la medida en que sean en contra de la casta porque es esta la que detiene el progreso de los argentinos. Entonces, si la casta puede ser cualquier cosa, y si el electorado va a apoyar cualquier acción en contra de la casta, ¿por qué no incluir también a los gobernadores y legisladores dialoguistas dentro de ella? Esto es exactamente lo que Milei intentó con la derrota de la Ley Ómnibus. En vez de aceptar la culpa por sus tácticas de negociación brutas y erráticas, el presidente culpó a cualquiera que pudiera ser incluido dentro de su definición personal de “la casta”.
El intento de extender la definición de la casta de modo que incluya a los partidos dialoguistas sólo puede ser entendido considerando las próximas elecciones legislativas del 2025. Existen al menos dos estrategias por medio de las cuales el presidente puede generar la cohesión política necesaria para facilitar la implementación de cambios. La primera es negociando con la oposición dialoguista; la segunda es minando el capital político de los partidos centristas mediante la polarización con la coalición kirchnerista-peronista de Unión por la Patria y la radicalización de los votantes de los partidos no kirchneristas que apoyaron a Milei en la segunda vuelta electoral. A pesar de que esta última estrategia es dificultosa, de ser exitoso el gobierno no tendría que hacer concesiones.
Milei ya se ha decidido por la segunda, evidenciado por su alianza con el PRO. Sin embargo, la batalla más ardua será conquistar al electorado de los partidos centristas. Puede sonar paradójico, pero en la mente de Milei esto es extremadamente racional: o se es parte de los “argentinos de bien” o se está con la casta. No hay término medio. Con esta división amigo-enemigo Milei intentará polarizar el electorado argentino para las elecciones de 2025.
Si Milei llega a las elecciones legislativas de 2025 con una disminución de la inflación, un crecimiento del PBI pronosticado por el FMI y un electorado polarizado, las elecciones podrían otorgarle la fuerza legislativa necesaria para aprobar medidas tales como la Ley Ómnibus sin hacer concesiones.
¿Un posible acuerdo?
Durante su primer discurso de apertura de Sesiones Ordinarias del Congreso, Milei describió el estado actual de crisis fiscal, monetaria y de deuda utilizando su narrativa eficaz de la anti casta. El presidente sugirió dejar los desacuerdos de lado y cooperar por la mejora de la Argentina, e instó a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo en la provincia de Córdoba el 25 de mayo (la fecha histórica en la que se conmemora la constitución de la Primera Junta de Gobierno del país).
Luego planteó dos condiciones: la adopción de una Ley Ómnibus revisada y un mega decreto que apunta a modificar las leyes que impactan en la microeconomía. A pesar de afirmar que dicho pacto fue resultado de un acuerdo en vez de un “consenso”, incluyó diez puntos irrevocables comparables con el Consenso de Washington: reducción del gasto fiscal, reformas fiscales, equilibrio fiscal, desregulación, apertura al comercio internacional, seguridad legal para la propiedad privada y la liberalización de las inversiones extranjeras directas (especialmente en recursos naturales). Esto no es casual, ya que el Consenso de Washington se refiere a las dos ideas que encarnan la “prosperidad económica” para Milei: el liberalismo y el menemismo.
No obstante, quedan muchas preguntas en torno a la estrategia de Milei ¿Sucederá el Pacto de Mayo? ¿Los gobernadores se adaptarán a las reglas de Milei o lo forzarán al juego establecido de la casta política? ¿Cómo reaccionarán los gobernadores peronistas? ¿Es acaso el Pacto de Mayo un fin en sí mismo o un medio para revelar con quiénes puede dialogar y cooperar el gobierno de Milei? A pesar de estas incertezas, dos aspectos son claros. En primer lugar, para gobernar la Argentina es esencial alcanzar cierto grado de consenso con los gobernadores provinciales. Segundo, el presidente debe ampliar su coalición legislativa para hacer realidad sus políticas. Hasta entonces, queda por ver en qué medida logrará Milei cumplir con sus objetivos.
Francisco Olivero es candidato a MSc en Economía Aplicada por la Universidad Torcuato Di Tella y licenciado en Ciencia Política por la misma institución. Sus intereses de investigación incluyen la economía política y el retroceso democrático en América Latina.
Salvador Lescano es pasante de investigación en InSight Crime y redactor freelance. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Torcuato Di Tella. Sus artículos sobre política nacional argentina han aparecido en diversos medios como The Diplomat, NACLA y Global Americans, entre otros.
