Una Lucha Por Territorio, Una Lucha en Contra de la Frontera

Este artículo fue originalmente publicado en inglés en la edición 51.1 del NACLA Report on the Americas. Léelo aquí.

El pasado 14 de Noviembre del 2018, el joven Camilo Catrillanca, de la comunidad mapuche Temucuicui tradicional, fue asesinado por la espalada sin mediar enfrentamiento, sumando a la lista otro joven weychafe (guerrero) caído en el contexto de lucha por el territorio y sus fronteras. El disparo fue realizado por un tiro de fusil de guerra de una unidad de policía militar chilena enviada por el gobierno de Sebastián Piñera. La violencia política impulsada por el estado durante las últimas décadas, representa una guerra de baja intensidad, en lo que las instituciones de seguridad han denominado la “zona roja del conflicto mapuche”, territorio en el que según el discurso de poder se encuentra el “terrorismo étnico mapuche”. La “zona roja” representa la última frontera que ha trazado el estado y el capitalismo en territorio mapuche, en la que se remarca la alteridad negativa más profunda que atraviesa a las sociedades que coexisten en estos territorios. Estas fronteras se encuentran trazadas por el extractivismo—forestal, minero, energético, entre otros—y la defensa de la propiedad privada latifundiaria, que se superponen sobre los Xawümen, o límites territoriales ancestrales. Al mismo tiempo, en este territorio, se trazan fronteras epistémicas que niegan la existencia de otros conocimientos y territorialidades. En el marco de las disputas territoriales por el control material y por el significado de estos territorios, estas fronteras dan cuenta de la continuidad de las estructuras de la colonialidad del poder hasta el tiempo presente.

En Latinoamérica, el colonialismo interno desplegado por los estados naciones sobre los pueblos originarios permite identificar el ejercicio de la violencia en una estructura de larga duración que perdura hasta el tiempo presente. Las barreras que separan a los pueblos originarios de la sociedad colonial están trazadas por fronteras de carácter simbólico y material, mediante las cuales se impone el dominio colonial. 

Las violencias de carácter estructural, simbólico, epistémico, y directa que recaen sobre los pueblos originarios, sirve como un mecanismo que permite el control del territorio y de la población, eliminando las territorialidades contrapuestas al estado. Promoviendo desterritorializaciones se transgrede a las formas comunitarias de apropiación social del territorio y la naturaleza que históricamente han mantenido las comunidades, escribe el geógrafo humano Rogerio Haesbaert. 

La lucha del pueblo mapuche por el territorio representa uno de los conflictos históricos de larga data en el continente. Por largo tiempo este pueblo ha resistido la violencia estructural, simbólica, y directa ejercida por los estados de Chile y Argentina, que a través de la fuerza sentaron las bases para la acumulación por desposesión y la instauración de la colonialidad del poder sobre el pueblo mapuche. Este poder funciona al nivel de “cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal”, como lo señala el sociólogo Aníbal Quijano en su teoría sobre la colonialidad del poder. 

De forma específica, las expresiones de la colonialidad sobre el pueblo mapuche se encuentran presentes en ciertas formas: por un lado, la colonialidad del saber, generada a través de la violencia epistémica, que negó los saberes que se componían desde el conocimiento propio mapuche, por no constituir conocimientos formales- científicos como ha propuesto el filósofo Santiago Castro Gómez, en su crítica sobre las estructuras de la colonialidad. También existe como una colonialidad del ser, es decir, la violencia ontológica que negó la existencia del pueblo mapuche, colocándolo bajo la línea de la humanidad, en las palabras del sociólogo decolonial Ramón Grosfoguel; y la colonialidad de estar—la violencia que recayó sobre las ontologías territoriales relacionales que el pueblo mapuche generaba con su territorio y con otras formas de vida, cuyos efectos se encuentran en la reducción territorial y la intervención de la territorialidad mapuche. Ni podemos olvidar la colonialidad de la naturaleza, que niega las formas de relación Mapuche con la naturaleza, reduciéndola desde una perspectiva económica a un recurso natural, que debe ser apropiado y dominado, un tema cubierto por el ecólogo político Héctor Alimonda. En suma, el ejercicio de la colonialidad negó otras formas de ser, saber, estar con y en el territorio y la naturaleza. 

En este sentido, es importante destacar que el despojo mapuche no solo hace referencia a la cuestión de la propiedad de la tierra, sino a una forma de existencia territorial que la imposición hegemónica de la sociedad moderna occidental transgrede. La propia identificación de lo mapuche da cuenta de la relación entre ser/estar con/en el territorio, una concepción singular, tal como reconocen autores de origen mapuche como Miguel Melin, Luis Trancal Quidell, y Sergio Caniuqueo. De hecho, el concepto “Mapu” hace referencia a la noción de espacio geográfico, y “Che” a la categoría ontológica de persona, que define la humanidad no solo por estar vivo, sino a modo de condición social a la que se aspira alcanzar durante su vida. Esta relación dual entre el espacio—Mapu—y persona—Che—contesta las nociones dicotómicas moderno-coloniales para comprender la relación entre ser humano y espacio. 

Desde esta perspectiva, es importante reconocer la diferencia entre estos conceptos y los que definen la estructuración del territorio mapuche en su concepción de Frontera o de “Xawümen,” en Mapuche, algo que permite comprender estos aspectos en profundidad. Desde el conocimiento propio mapuche la idea de límite o frontera no existe, sino más bien, la concepción de “Xawümen” , concepto utilizado para identificar los puntos y líneas de demarcación territorial entre los Lof, que corresponden a la unidad territorial mínima en la que se estructura el territorio mapuche. La noción de Xawümen está asociada a la idea de juntar, de unir, y de vincular las partes. Este concepto contrapone la noción de un límite o frontera en la perspectiva occidental que puede ser entendida como separación, distinción, y todo lo referente a la producción de alteridades territoriales. En la perspectiva mapuche, la noción de Xawümen permite dar cuenta de la conciencia de que la tierra sigue y que toda demarcación precisa o referencial no hace más que unirla en vez de separarla. Esta perspectiva de las fronteras del territorio mapuche se opone radicalmente a la concepción de frontera impuesta desde la perspectiva de las políticas de los estados naciones Chileno y Argentino, y por los intereses capitalistas que se despliegan sobre el territorio mapuche.

Transformaciones Geohistóricas de la Frontera Mapuche

Además del término Xamüen, otro concepto mapuche que refiere al territorio se llama Wallmapu, que refiere a la extensión del territorio ancestral mapuche. El territorio en el que actualmente se extiende parte de Argentina, lleva por nombre original Pwelmapu o tierras al este de la cordillera Andina, mientras que el territorio en que se extiende Chile se denomina Gvlumapu o tierras al oeste de la cordillera Andina. En la concepción espacial mapuche el territorio se encuentra orientado hacia Pwelmapu, o Este, pues es la referencia desde la cual sale el sol cada día, y con él la vida. La cordillera de los Andes es la bisagra que conecta ambos territorios entres los cuales constantemente se movían los mapuche, incluso hasta hace pocas décadas atrás, como propone Leonardo León. Este movimiento contradice la perspectiva de los estados nacionales que comprender a la cordillera como su frontera natural. 

El primer proceso de descomposición de este territorio se presentó en la disputa Mapuche contra el colonialismo español que significó la pérdida del Pikunmapu, territorio localizado al norte de Gvlumapu. Sin embargo, al contrario de lo acontecido con otros pueblos originarios, la colonia española no logró ejercer su dominio sobre el pueblo mapuche. Esto significó la necesidad de realizar múltiples parlamentos en los que a través del dialogo, se acordó fijar la frontera en el Rio Biobío, realizando a través de esta acción el reconocimiento de los derechos territoriales y políticos del pueblo mapuche sobre dichos territorios. 

Las relaciones fronterizas se mantuvieron hasta mediados del siglo XIX, con la conformación de los Estados Nacionales de Chile (1860-1883) y Argentina (1878-1885). Estos gobiernos desafiaban la frontera anterior y dieron inicio al proceso de acumulación por desposesión, de forma conjunta con el objetivo de recomponer lo que consideraban una “anomalía en el mapa,” desafiaban la consolidación de su poder estatal. La acumulación por desposesión que promovió el estado chileno implicó una drástica reducción territorial, de las 10.000 millones de hectáreas a tan sólo 500.000 hectáreas, que equivalen a un 5% de la extensión original, según investigaciones elaboradas José Bengoa, historiador del pueblo mapuche de los siglos XIX y XX. Las huellas visibles de la violencia ejercida sobre la territorialidad mapuche se reconocen en la actualidad a través de los límites y fronteras trazados sobre sus territorios ancestrales, la expulsión de población hacia los grandes centros urbanos, las reducciones territoriales, y la ruptura de los sistemas comunitarios de organización de la tierra, entre otros.

El discurso político de la época promulgaba la necesidad de avanzar en un proyecto nacional modernizador y civilizatorio, cuyo motor fuera la colonización de tierras y el conducente desarrollo capitalista. De esta forma, se anexaron dichos territorios a la estructura del joven estado chileno y a la estructura del sistema mundo moderno, a lo cual se suma las demandas del mercado para la inserción de estas tierras y sus recursos en el sistema mundo moderno.

Desde los finales del siglo XIX, las campañas militares se sostuvieron mediante un uso desmedido de violencia que costó numerosas vidas. Las familias mapuche que lograron resistir al proceso de desterritorialización fueron relegadas y confinadas territorialmente en pequeños predios denominados “títulos de merced,” utilizando una estrategia similar a las reducciones territoriales de poblaciones indígenas en los Estados Unidos pero de dimensiones muy reducidas, como nos recuerda la geógrafa Argentina Perla Zusman. Al mismo tiempo, las nuevas tierras anexadas a la soberanía del Estado Nación chileno, fueron rematadas y entregadas a colonos extranjeros y nacionales, con el fin de promover el “desarrollo” económico y social de estos territorios que hasta el momento eran considerados improductivos.

A lo largo del siglo XX, se evidencia la continuidad de la violencia estructural sobre el pueblo mapuche, y en este proceso el estado se presentaba como un actor fundamental que generaba las condiciones necesarias para el despojo, al sostener el uso legítimo de la violencia amparado en el marco legal del estado de derecho.

Durante el siglo XX, las organizaciones políticas del pueblo mapuche intentaron generar una política efectiva que les permitiera reconstruir territorialmente como pueblo nación y recuperar las tierras que habían sido despojadas. Sin embargo, la respuesta del estado fue dar continuidad a la violencia a través de otros medios—legislativos y judiciales—que permitieran profundizar la incorporación y asimilación del territorio y de la población mapuche al Estado, particularmente mediante el desarrollo de diversas leyes indígenas que los gobiernos de turno desplegaron a la lo largo del siglo XX, mediante las cuales se declaraba proteger las tierras y comunidades indígenas. En la práctica estas leyes facilitaron los procesos de acumulación por desposesión, al suprimir la propiedad comunitaria de la tierra, entregando títulos de propiedad individual a los integrantes de las comunidades mapuche, promoviendo la fragmentación territorial, además de una serie de conflictos y divisiones internas entre comunidades. 

En el periodo de 1960 hasta 1973, durante los gobiernos de Eduardo Frei Montalva (1964-1970), y posteriormente de Salvador Allende (1970-1973), existió un giro en el avance político y territorial para las comunidades mapuche que eran beneficiadas por la “reforma agraria,” un periodo en que unas 400.000 hectáreas de tierra fueron restituidas, según Raúl Molina. Al mismo tiempo, destacaron los intentos generados por producir una nueva legislación indígena que garantizara el respeto a los derechos de los pueblos originarios. Sin embargo, una contradicción del proceso es que el reconocimiento se hacían en su calidad de campesinos chilenos y no de pueblo nación mapuche.

Todo el avance político y territorial alcanzado se vio detenido y experimentó un significativo retroceso a partir de la irrupción de la dictadura militar en Chile y la intensa represión dirigida hacia las comunidades mapuche en resistencia. En efecto, durante este periodo se generaba un nuevo proceso de reducción territorial a través de la contrarreforma agraria. Este proceso implicó la pérdida de las tierras que habían sido recuperadas, y en algunos casos incluso la pérdida de parte de las tierras que se les habían asignado a las comunidades a través de títulos de merced de tierra, escribe Molina. Al mismo tiempo, se estableció una nueva ley indígena, que entre sus principales objetivos promovía la eliminación de la propiedad comunitaria, y la negación de las autoridades políticas y espirituales tradicionales del lof. A esto se sumaba el endurecimiento de la represión y la violencia directa sobre las comunidades mapuches que se movilizaron por sus derechos en periodos políticos anteriores, a través de allanamientos, ejecuciones, desapariciones de dirigentes, entre otras de las expresiones del terrorismo de estado.

Un aspecto a destacar es que durante este periodo la violencia también recaía sobre otras formas de vida relacionadas a la vida del pueblo mapuche. Con esto nos referimos de nuevo a las expresiones de la colonialidad de la naturaleza, generadas con la profundización del modelo de desarrollo extractivista que promovieron la cosificación y mercantilización la naturaleza. Tal como lo señala Johan Galtung, el ejercicio de la violencia puede recaer sobre la naturaleza, el ser humano, el conjunto de la sociedad, el mundo, el tiempo, y la cultura. La violencia contra la naturaleza promueve el ecocidio, generando formas de violencia que interrumpen las relacionales que las comunidades generan con la naturaleza. Al mismo tiempo, los impactos ambientales de los procesos de acumulación capitalista reproducen injusticias ambientales que afectan las necesidades humanas básicas, generando violencia estructural. 

En efecto, durante la dictadura militar una serie de leyes fueron promulgadas que facilitaron la violencia contra la naturaleza, generando una ruptura de los vínculos que la sociedad mapuche construía con ella. Entre las más relevantes para el caso mapuche fue la privatización del agua a través del Código de Aguas del año 1981 que dejó de garantizar el acceso al agua en cuanto bien común, traspasándolo a la administración de propietarios privados, cuya consecuencia directa fue la separación entre el derecho de tierras y el derecho de aguas. Al mismo tiempo la ley n° 701, que promovió el desarrollo forestal mediante subsidios e incentivos para la producción, motivó la destrucción de la cobertura vegetal nativa y su reemplazo por el mono producción forestal de pino y eucaliptus. Cabe señalar que la industria forestal hoy compone la segunda mayor actividad económica en Chile. Se encuentra controlada por dos empresas instaladas en territorio mapuche (Ver Mapa n°1): Forestal Arauco, controlada por el grupo industrial Angelini, y Empresas CMPC, controlada por el grupo Matte, ambas beneficiadas por el reajuste neoliberal realizado en dictadura militar. Estas empresas se han constituido como potencias forestales a nivel internacional, extendiendo su producción—y sus impactos—en otras partes de América Latina.

Las condiciones económicas de pobreza estructural en la región de la Araucanía, donde se extiende parte importante del territorio ancestral mapuche chileno,reflejan las consecuencias del extractivismo forestal.La última encuesta nacionalpromulgada en 2017 por elObservatorio Social del Ministerio de Desarrollo Social identifica que la región de la Araucanía posee el incidencia de pobreza más significativo a nivel nacional, con un 17,2% de la población regional en dicha situación. Con la tasa a nivel país de 8,6% porciento. 

Un aspecto relevante que evidenciaron los últimos datos del Censo de Población y Vivienda del año 2017 es que a nivel nacional las comunas que encuentran los valores más significativos de pérdida de población entre 2012 y 2017, son aquellas comunas de concentración forestal, tales como: Lumaco, que perdió 15,8 porciento de población; Ercilla, que perdió 15,3 porciento; San Juan de la Costa, equivalente a 14,5 porciento; y Toltén, que disminuyó 13,2 porciento. ¿Podrían estar vinculadas a la falta de empleo debido a la subutilización de la mano de obra en las faenas forestales, así como también a los conflictos de tierra que existen en estos territorios?

comunidades mapuches han asumidan las externalidades negativas de dicho proyecto modernizador, por el modo de usurpaciones de tierra, corridas de cerco, envenenamiento de por pesticidas, escasez de agua, incendios forestales, y la extinción de parte importante de la vegetación nativa de la cual se extraen plantas medicinales, entre muchas otras, como ha sido destacado por investigadores Noelia Carrasco y Rene Montalva Navarro, así como también por José Aylwin. A estas formas de violencia estructural se suman las intervenciones en seguridad para el resguardo empresarial, que implica la militarización de las comunidades y el uso de fuerza represiva, que ha generado maltrato físico y sicológico sobre las comunidades, e incluso en algunos casos la muerte. Todas estas son algunas de los múltiples impactos que sobre las comunidades mapuches han recaído durante las últimas décadas. 

La Zona Roja del Conflicto Mapuche, ¿La Última Frontera? 

La década de 1990 se dio inicio a un nuevo ciclo de la protesta social mapuche caracterizado por las recuperaciones de tierra mediante la acción directa y sabotaje contra medios de producción capitalista. A esto, es posible agregar dos cambios semánticos en el discurso político mapuche: por un lado, el reemplazo de la demanda de tierras, por la categoría política de territorio; y por el otro, un paso de la lucha por el reconocimiento del estado, a la demanda por la autonomía territorial.

En el contexto de estas movilizaciones, las organizaciones mapuche y organismos de derechos humanos han denunciado la vulneración de los derechos humanos por parte del estado de Chile, trazando una nueva frontera en lo que ha denominado eufemísticamente como la “zona roja del conflicto mapuche”, en la que recrea la figura del enemigo interno, hoy representada como “terrorismo étnico mapuche”. En este contexto, se ha dado continuidad y perfeccionamiento a las estrategias represivas para el control territorial generadas durante la dictadura militar. Esto se evidencia en constantes intentos del estado a aplicar la ley antiterrorista del Estado, creada durante la dictadura militar redituando la figura del “enemigo interno” creada en la perspectiva geopolítica de las dictaduras latinoamericanas para justificar el terrorismo de Estado. En efecto, la ley antiterrorista ha sido perfeccionada y aplicada principalmente a dirigentes mapuche con el objeto de criminalizar sus demandas sociales.

En efecto, en esta “zona roja”  se ha desplegado una guerra de baja intensidad sobre los territorios en resistencia, cuyas consecuencias son visibles con el asesinato de varios jóvenes mapuche a manos de la policía, en un esfuerzo de recuperar territorio. Entre ellos se encuentran Alex Lemun (12 de Noviembre del 2002), Jaime Mendoza Collio (12 de agosto del 2009), Matias Catrileo (3 de enero del 2008), y recientemente la muerte de Camilo Catrillanca (14 de noviembre del 2018). Del mismo modo, la violencia política y la resistencia territorial mapuche transgreden fronteras estatales, re-escalándose hasta Pwelmapu—Argentina occidente—donde recientemente en el marco de conflictos territoriales y del ejercicio de violencia policial ocurrió la muerte de los jóvenes Santiago Maldonado (1 de agosto del 2017) y de Rafael Nahuel (17 de Noviembre del 2017). Esta resistencia ha motivado la coordinación represiva conjunta entre Chile y Argentina en materia de seguridad para transferir experiencias represivas, así como también para el procesamiento judicial de dirigentes mapuche, como ocurrió con la extradición solicitado por Chile a Argentina del dirigente mapuche Jones Huala para ser procesado por la justicia chilena. 

Otra de las dinámicas utilizadas para la persecución política de los dirigentes mapuche ocurre a través del procesamiento judicial por delitos comunes, como es el caso de los reconocidos dirigentes mapuches el Lonco Alberto Curamil Millanao, autoridad máxima del Lof Radalko, y el werkén, Álvaro Millalen, vocero del Lof Pewenko, quienes libraron una intensa lucha territorial contra la instalación de centrales hidroeléctricas en el territorio de Curacautín, lo que permitió paralizar las obras de tres empresas. Actualmente se encuentran encarcelados a la espera de la sentencia judicial.

Diversos casos de montajes policiales han salido a la luz durante los últimos años, siendo uno de los más recientes el caso de la operación “Huracán”, que a través de espionaje telefónico intento inculpar a dirigentes mapuche de participar en acciones violentas contra la propiedad privada. Finalmente se demostró que los software de interceptación de llamadas y wasap, así como todos los antecedentes recopilados eran falsos. 

En esta “zona roja” se encuentran dispuestas diversas puestos y bases de policía militar que mantienen vigilancia constante de predios de empresas forestales, agrícolas, entre otras, así como de fundos de propietarios privados que corresponden a tierras ancestrales demandadas por los LofMapuche. Un testamento al respecto fue la transformación del liceo politécnico e intercultural de Pailahueque en la comuna de Ercilla, el cual fue convertido en una base de policía militar. A estas formas de violencia directa y estructural se suma el uso de violencia simbólica mediante los medios de comunicación, en gran parte controlados por intereses capitalistas, con el objeto de justificar las vulneraciones a los derechos sociales del pueblo mapuche, obteniendo la anuencia social de la cultura dominante. En el discurso de los medios se recrea un paisaje de la “zona roja” cargado de violencia, compuesto por imágenes borrosas de noche y de fuego, donde habita la figura del enemigo interno, cuyo rostro cubierto no permite reconocerle. Estas imágenes son compartidas por la sociedad chilena en general y reproducen un discurso cargado de prejuicio y tendiente a la criminalización de la protesta social mapuche.

Fronteras Superpuestas

Estas fronteras materiales y simbólicas que se desprenden a partir de la militarización del territorio se superponen sobre las prácticas y concepciones territoriales del pueblo mapuche. La frontera del estado-nación Chileno y Argentino, conforman una “geopolítica de la muerte”, que mediante las violencias, promueve la negación de las demandas territoriales y de las formas de ser y saber y estar con el territorio que se componen desde lo mapuche. 

En oposición, la movilización mapuche disputa las fronteras materiales y simbólicas de ambos estados-naciones, a través de su promoción de una política para la vida, en su sentido más amplio, que integra la vida humana y no humana, incluyendo la flora, fauna, cerros, y los ríos. En este sentido, la lucha territorial mapuche compone no sólo una disputa por el control material de la tierra, sino que también una lucha por el sentido y el uso del territorio. Es decir, una lucha de re-existencia, que como señala el geógrafo Carlos Walter Porto Goncalvez, promueve acciones de resistencia para la continuidad de una forma de existencia con y en el territorio. 

La comprensión del Xawümen como categoría territorial del pueblo mapuche abre una perspectiva a esta otra forma de existencia con el territorio. Su comprensión por parte de la sociedad chilena y argentina podría abrir en algún momento la posibilidad de construir una alteridad positiva, que permita ponerse en el lugar de otro, promoviendo un diálogo respetuoso, y permita el encuentro entre mundos. 

Pablo Mansilla Quiñones es Profesor en el Instituto de Geografía en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es Doctor en Geografía por la Universidad Federal Fluminense Brasil. Entre sus trabajos destaca el reciente libro Cartografía Cultural Mapuche, elementos para descolonizar el mapa en territorio mapuche, escrito junto a Miguel Melin y Manuela Royo. También es un investigador asociado con el proyecto Anillos CONICYT, "Geohumanities and creative (bio)geographies approaching sustainability and co-conservation by “rhizomatic immersion.”

Los investigadores agradecen al proyecto Anillos CONICYT “Geohumanities and creative (bio)geographies approaching sustainability and co-conservation by “rhizomatic immersion,”  y a la red de investigación Mappingback y al Fonds de Recherche du Québec – Société et Culture (FRQSC), que permite la realización del proyecto de cartografía social mapuche titulado “Brotes de Agua en Wallmapu”.