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Un grupo de congresistas conservadores, respaldado por intereses militares, propuso un proyecto de ley de amnistía que revertiría años de avances judiciales en Guatemala. Conocida como la Ley de Reconciliación Nacional, la propuesta permitiría que decenas de generales condenados por desapariciones forzadas y crímenes de guerra sean absueltos y liberados, reforzando la impunidad en un país donde los esfuerzos de justicia transicional han producido resultados positivos para las víctimas de una guerra civil de 36 años hasta recientemente.
El proyecto de ley está actualmente en espera después de pasar dos lecturas en el Congreso. La presión doméstica e internacional obligó a los congresistas a evitar la aprobación de la iniciativa antes de ingresar a su tercera y última lectura. El proyecto de ley revertiría el progreso que se ha logrado en los tribunales de alto riesgo en el país, donde se juzgan de delitos que afectan en alto grado a la sociedad guatemalteca incluyendo feminicidio, asesinato, lavado de dinero y otros activos, y todos los delitos relacionados con la delincuencia organizada. En 2013, Barrios presidió el caso histórico contra el dictador Efraín Ríos Montt. El funcionario fue condenado por genocidio y crímenes de lesa humanidad por la campaña contrainsurgente perpetrada en contra del pueblo indígena Ixil en el altiplano occidental de Guatemala.
El caso fue sin precedentes en Guatemala. Fue la primera vez que se juzgó por tales crímenes en una corte doméstica, en el territorio guatemalteco, con jueces guatemaltecos y leyes guatemaltecas. El caso, según Barrios, demostró que, “con pequeños recursos humanos y materiales teníamos la capacidad de dar a respetar los estándares internacionales”.
Barrios también presidió sobre otros casos importantes en Guatemala durante su carrera, tales como el caso del asesinato de Monseñor Obispo Juan Gerardi en el 2001, los juicios de la masacre Dos Erres y la masacre Plan de Sánchez en el 2012, además de varios casos de desaparición forzada. A la larga, la jurisprudencia sentada por esos casos dio como resultado la condena de Ríos Montt en el 10 de mayo de 2013. Al presidir sobre tales casos, se ha enfrentado con las altas cúpulas de poder en Guatemala, incluso las fuerzas armadas, lo cual ha resultado en muchos amenazas y atentados. Durante el caso de Gerardi, tuvo que exiliarse por tres meses. “Afortunadamente, estoy viva”, dice.
La respetada juez, presente en Nueva York para una conferencia sobre feminismo y extractivismo, habló con NACLA sobre la importancia que el juicio por genocidio tuvo en la región y el papel de la sentencia en la lucha histórica por la justicia en Guatemala. Durante la entrevista, Barrios también abordó temas como el fortalecimiento del sector de la justicia en el país, el legado social de los acuerdos de paz y los intentos contemporáneos que pretenden desmantelar el progreso realizado en materia de justicia transicional.
La entrevista ha sido editada y condensada.
Vaclav Masek (VM): ¿Qué incidencia cree que tuvo este dictamen en Guatemala y en todos los otros países que sufrieron de represión durante algún momento de su historia?
Yassmín Barrios (YB): Ha servido de ejemplo para Latinoamérica, para que otros países puedan juzgar dentro de sus territorios nacionales el pasado. Por ejemplo, en El Salvador y en Colombia, el caso de Guatemala ha tenido amplia resonancia
El juzgamiento del caso de genocidio que las personas reconozcan el pasado reciente de nuestro país, que conozcan lo que ocurrió. También ha servido para valorar, en mayor grado, a las víctimas. Dignificarlas, reconocer su derecho, porque se les había invisibilizado. Durante muchos años se le negó el acceso a la justicia y entonces, al darles el espacio que les corresponde, las víctimas tuvieron la oportunidad de explicar qué fue lo que les pasó. Pudieron narrarlo. [El juicio por genocidio] también tuvo un carácter psicológico. Las personas hicieron un proceso catártico. Sacaron todo lo que llevaban dentro durante muchos años. [Pudieron] Cerrar sus círculos de dolor.
También podemos verlo dentro del plano cultural. Se dio a conocer la riqueza cultural de los guatemaltecos. Por ejemplo, estábamos en debate y el Ministerio Público tenía a sus traductores. Los querellantes tenían a sus traductores. Los acusados tenían a sus traductores, también del grupo Ixil. Y nosotros, como organismo judicial, teníamos los traductores oficiales para llevar a cabo la traducción en aquellos casos que las personas no sabían hablar en el idioma español. Pero, por si fuera poco, el propio público también estaba fiscalizando la traducción. Se reconoció nuestra identidad pluricultural y plurilingüe.
VM: A mí lo que me sigue impactando es que sigue existiendo esta agenda (o tal vez es una línea de pensamiento que ya lleva mucho tiempo en vigencia) que niega la existencia del genocidio a pesar de que hubo esta sentencia histórica como precedente judicial.
YB: Tenemos que reconocer que en un país donde existe libertad, las personas tienen derecho a expresar su pensamiento libremente. Pero, en realidad, a quiénes les corresponde establecer si existe un delito o no es a los órganos jurisdiccionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que en un país pues lógicamente había diversos grupos; unos pensaban que sí y otros que no. Posiblemente hasta fecha lo puedan pensar de esa manera. Sin embargo, es a los órganos jurisdiccionales a los que les corresponde establecer si existió o no el delito en base a las pruebas que se han presentado.
Y esa es la grandeza de la sentencia—cuando un órgano jurisdiccional, basado en la ley, en la Constitución, en el código penal, en el código procesal penal, en los tratados y convenios internacionales, reconocen la existencia de este tipo de delito, tomando en cuenta sus elementos objetivos y subjetivos y las pruebas proporcionadas para determinar la actuación de los acusados. Entonces las personas tienen libertad de opinar si existe o no. Pero es un tribunal quien dispone, en base a las pruebas, si existe o no el delito. Así lo reconocimos en la sentencia del 10 de mayo de 2013, que dictamos los tres miembros del tribunal.
VM: Yo siento que, desde ese momento, se ha venido dando un proceso de desmantelamiento de estas instituciones. O talvez inició con anterioridad. Diez días después de dictar sentencia, la Corte de Constitucionalidad decidió revertir este histórico fallo.
YB: Un voto dividido de tres a dos, con votos razonados de dos honorables magistrados de esa época. Sin embargo, pese a que la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo, el sistema jurídico guatemalteco creció. Creció por que el pueblo de Guatemala tuvo la aventura de conocer la verdad y su memoria y también se buscó la reparación a las víctimas.
El pueblo de Guatemala reconoce que los jueces fuimos congruentes en nuestra deliberación. Congruentes con la justicia, congruentes con nuestro pueblo y congruentes con la academia y con la capacidad de análisis que se tiene que tener en un tribunal de justicia. Dimos lo mejor de nuestro trabajo. El organismo judicial fue consistente con la historia.
Yo lo veo como los árboles, las flores. Para crecer muchas veces les cortan las ramas. Sin embargo, eso a lo que ayuda es a su crecimiento. No las mata, sigue germinando. Y raíces más fuertes. La historia va hacia delante. Y no se puede retroceder. No se puede ni se debe retroceder.
VM: ¿Usted cree que existe algún vínculo con este tipo impugnación con lo que ahora se está viendo en el Congreso con la Ley de Reconciliación Nacional?
YB: Bueno, son dos momentos diferentes. Yo con lo que veo con la Ley de Reconciliación Nacional es lo siguiente. Por una parte, que ya no se van a seguir juzgando casos que ocurrieron dentro del conflicto armado en Guatemala. Lo otro es que los casos en dónde ya se inició la investigación antes de que entrase en vigencia esta ley ya no continuarían.
Y en los casos en los que ya se dictó sentencia condenatoria, las personas que están guardando prisión saldrían inmediatamente porque así lo establece el propio proyecto de ley. Saldrían en veinticuatro horas a partir de entrar en vigencia la ley.
Por ahora el proyecto ya lleva dos lecturas. Ha pasado en dos lecturas y hasta allí se ha quedado. Esperamos que, bueno, no logre avanzar, porque sería una ley que iría en contra de los convenios y tratados sobre derechos humanos por que la amnistía no es admitida en esta clase de delitos. Por otra parte, se estaría violentado el acceso a la justicia de las víctimas y no podría tener derecho a su reparación.
Por ejemplo, en el caso de Sepur Zarco, la sentencia ya pasó por apelación, ya pasó por casación y ya se encuentra en fase de ejecución, entonces ha pasado todas las etapas procesales. Entonces, se tiene que cumplir. Y si a través de la ley de amnistía se saca a las personas que han sido condenadas, se vulnera el derecho de las víctimas.
VM: Veo que existe un lapso amnésico de no reconocer que nuestro país sufre de fisuras institucionales por lo que sucedió en el pasado. ¿Cómo se educa a una población sobre la importancia de los derechos humanos y la memoria histórica?
YB: Involucrándonos. Cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando del respeto de la dignidad de las personas, sólo por el hecho de ser seres humanos, independientemente de nuestro estatus social, político, económico, nuestro origen de carácter étnico, nuestro idioma o nuestra religión. Entonces, cuando las personas pueden verlo desde esa dimensión ya no van a sorprenderse, ni tampoco van a permitir que se polarice la situación y que se diga que es de derecha o izquierda. Los derechos humanos son para todos.
VM: Creo que eso es algo que se ha venido viendo no sólo en Guatemala, pero en Latinoamérica en general—que se condena como una doctrina, como algo ideologizado o inherentemente de izquierda. Que viene a tratar de cambiar o radicalizar a la población. ¿De dónde surge esta noción?
YB: Yo creo que es desconocimiento y mal manejo del tema. Llamémoslo así, por su nombre: ignorancia.
VM: Regresemos al tema de las crisis institucionales que tenemos en Guatemala. Tal vez para un público internacional, lo que más le llama la atención de nuestro país es, primero la violencia; segundo, la corrupción y la impunidad; y tercero, que hoy en día es un tema bastante politizado en Estados Unidos, la migración. Esos tres temas—me puede corregir si estoy incorrecto y si estoy realizado una evaluación errada—considero que son legados de la guerra. Tal vez puede que antecedan al conflicto, pero su manifestación contemporánea es el resultado de un proceso de paz que ofreció muchas cosas y que al final nunca materializó nada.
Durante el proceso de paz, que fue una negociación de diez años, ¿se planteó consolidación institucional en Guatemala para contrarrestar estos tres temas—la violencia, la corrupción y la impunidad y la migración masiva?
YB: Creo que los Acuerdos de Paz han rendido frutos, aunque tal vez no en toda su extensión o dimensión. Creo que toda la población estamos inmersos dentro de ellos. Y todos, dentro del rol que jugamos, tendríamos que participar y hacer que se cumplan [los Acuerdos de Paz].
Ahora, hay situaciones que son diferentes. Recordemos que la historia, el derecho y la sociedad son evolutivas. No todo lo podemos pragmatizar y contener dentro de un cuerpo normativo. La realidad es mucho más contundente y evoluciona. De eso deviene que precisamente las normas jurídicas se hagan y se apliquen de acuerdo con los momentos históricos, con las necesidades. Entonces yo creo que lo que se tendría que replantear es la necesidad de nuevos acuerdos, porque en algún momento pasó el tiempo. En un momento estuvieron funcionando muy bien pero tal vez se dejaron espacios sin trabajar.
VM: ¿Me podría mencionar algunos?
YB: Por ejemplo, si se produce la desmilitarización y hay grupos que necesitan trabajo, se tiene que seguir velando por el trabajo que van a realizar en tiempos de paz. Entonces, creo que se tiene que tener esa proyección para pensar más adelante con lo que va a suceder con estas personas.
Fueron cuarenta años de conflicto armado, entonces no podemos pensar que cuarenta años se van a remediar en diez años. Se tiene que trabajar con más profundidad en programas de educación. Y si se dio en algún momento se produjo destrucción del tejido social, buscar técnicas, metodología y herramientas aplicables directamente para la población. No basta sólo con decirlo.
Por ejemplo, se necesita generar fuentes de empleo. Usted me hablaba de la migración. Yo le diría: ¿qué se necesita para evitar que las personas migren? Generar empleos dentro de las poblaciones y no sólo dentro de la ciudad capital. Hay necesidad de descentralizar. Invertir no sólo en las metrópolis sino en los distintos departamentos. Nuestra gente es muy buena. Es creativa, es trabajadora. Lo que se necesita es encausar y tener programas de carácter social.
VM: ¿Usted cree que hay alguna iniciativa dentro de los acuerdos de paz que haya sido prometedora y que cumplió? ¿Qué haya tenido algún tipo de incidencia positiva dentro de la sociedad guatemalteca?
YB: El aspecto de fortalecer el poder judicial se hace parte de precisamente de los cambios dentro del organismo judicial. Yo entré a través de la primera oposición para jueces de sentencia. Pasé por los exámenes de oposición. Soy egresada de la escuela de estudios judiciales donde recibí preparación. Y gracias a Dios, durante el tiempo que he trabajado [en el organismo judicial], soy una jueza independiente. Entonces eso es parte de una nueva generación que llegó a integrar el poder judicial y que ahora hemos visto todos estos casos que le estoy citando, que son parte de algo que no se vio en el pasado.
Y los nuevos casos que se están juzgando desde el 2015 para acá también son parte de esos cambios que se dieron. Un poder judicial más fuerte. Pero como lógicamente se está mostrando más fuerte y con una dimensión mayor, es más perseguido, más hostigado y más amenazado.
VM: ¿Cree que estas amenazas van a continuar?
YB: Espero que no (risas).
Vaclav Masek es un estudiante guatemalteco de maestría del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe (CLACS) de NYU. Su investigación se enfoca en las historias políticas de Centroamérica.
La juez Yassmín Barrios es presidenta del Tribunal A de Alto Riesgo en la Ciudad de Guatemala. Fue la jueza que presidió el caso de Efraín Ríos Montt.
