La ceremonia en la que Nayib Bukele fue juramentado como el nuevo presidente de El Salvador el 1 de junio de 2019—abierta al público por primera vez—, al igual que muchas de las maniobras de introducción de la nueva administración, fue más simbólica que sustantiva. Llevada a cabo en el Centro Histórico de San Salvador, a unas cuantas cuadras del ajetreo de las ventas callejeras y el ruido de los autobuses, la actividad estuvo en sintonía con la marca y el mensaje populista de Bukele y fue ampliamente promovida como la primera señal del comienzo de una “nueva era” de hacer gobierno en El Salvador: incluyente, accesible y transparente.
Sin embargo, al tiempo que Bukele cumple sus primeros 100 días como presidente y la sustancia de su administración comienza a tomar forma, las organizaciones del movimiento popular salvadoreño advierten que, más allá de “nuevas ideas” (nombre que lleva el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas), el Bukelismo muestra señales de retroceso hacia los ya bien conocidos programas neoliberales de consolidación de la riqueza y beneplácito al imperio, y que han sido renombrados en la retórica populista “pos-ideológica” de este tiempo.
El primer discurso público de Bukele, después de la elección, fue dado en la ultraconservadora Fundación Heritage, en Estados Unidos, donde aseguró a la concurrencia derechista que el pueblo salvadoreño “quiere lo mismo que los estadounidenses quieren”, como la “libre empresa y un gobierno pequeño”. Inmediatamente después de ese discurso, Bukele invitó a los inversionistas extranjeros a "asistir al banquete" de oportunidades que El Salvador les ofrece.
Asimismo, durante su discurso de toma de posesión, Bukele se refirió a El Salvador como “un niño enfermo” cuya cura podría requerir “medicina amarga”, “responsabilidad individual” y “sacrificio”. El uso de esta retórica neoliberal elevó la alerta en el movimiento social, ya que se puede interpretar como el inicio del retorno a la ideología y las medidas de austeridad y paternalismo de las pasadas administraciones del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que, entre 1989 y 2009, desencadenaron crisis económicas y sociales que aún mantienen a gran parte del país en la pobreza.
Tres meses en el cargo han sido suficientes para confirmar las sospechas del movimiento social. A pocas semanas después de asumir el poder, el presidente Bukele lanzó una campaña de despidos masivos con la que se destituyó a cientos de trabajadores del sector público, bajo la fachada de “arrancar la corrupción desde la raíz”. Muchas oficinas de gobierno se han disuelto por completo, incluyendo, irónicamente, las responsables de la inclusión social, participación ciudadana, gobernabilidad y transparencia—precisamente aquellas banderas que la nueva era de gobierno había prometido elevar.
Más allá del daño directo y material hecho a los sindicatos y trabajadores del sector público, el movimiento social teme que estos recortes sienten las bases para un proyecto de reestructuración del estado más radical, en el que el Fondo Monetario Internacional y la embajada de Estados Unidos han insistido por años, a través de mecanismos como la propuesta de la Ley de la Función Pública.
En materia de inmigración y seguridad, Bukele ha mostrado abierta complacencia con los Estados Unidos. Cuando Óscar Alberto Martínez y su hija de 23 meses de edad, Valeria, perdieron la vida mientras cruzaban el Rio Grande, en lugar de denunciar la criminalización de los refugiados y la constante violencia ejercida contra estos, a causa de las políticas migratorias estadounidenses, Bukele culpó al pueblo salvadoreño de lo acontecido, refiriéndose a las muertes como “nuestra culpa”. Este sentimiento se ha materializado en políticas de gobierno, con el inicio de una nueva fase de cooperación con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para custodiar las fronteras salvadoreñas y con un despliegue masivo de las fuerzas “anti-pandillas” en las calles del país.
Esta última medida, despertó rápidamente la indignación de los líderes de derechos humanos, sobre todo porque se está llevando a cabo a la luz de la existencia de una amplia prohibición de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, establecida en los Acuerdos de Paz de 1992. A pesar de ello, el incremento de presencia policial y militar probablemente será aplaudido por el recién nombrado embajador de los Estados Unidos en El Salvador, Ron Johnson, quien proviene directamente del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En resumen, Bukele se ha sumado por completo a la guerra de Trump contra la población centroamericana.
Ninguno de estos resultados es sorpresivo para las organizaciones del movimiento social y popular salvadoreñas que advirtieron acertadamente, antes de la elección, sobre un lobo vestido de oveja. En el marco del cumplimiento de los primeros cien días de Bukele en la presidencia, CISPES revisitó una conversación sostenida con líderes del movimiento social en la víspera de la toma de posesión: Onidia Gómez, de la Fundación Salvadoreña para la Democracia y Desarrollo (FUNDASPAD), habla sobre derechos humanos, corrupción e impunidad; la activista y académica, Sara García, de la Asociación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, aborda los derechos humanos y reproductivos de las mujeres; y Bernardo Belloso, de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), abandera la defensa del medio ambiente.
A continuación, reproducimos nuestra conversación acerca de lo que los líderes de los movimientos de base en El Salvador prevén sobre el nuevo presidente, las demandas de las organizaciones, y sobre cómo navegar entre estos dos puntos distantes.
CISPES: Onidia Gomez, ¿Para usted, que es lo que se parece como el desafío principal al movimiento social bajo la nueva administración con respeto a la transparencia gubernamental, corrupción y la democracia?
Onidia Gomez: [Durante] diez años de gobiernos progresistas, de dos gobiernos del FMLN, tuvimos importantes cambios significativos, no solamente en indicadores sociales si no en todo lo que tiene que haber con transparencia y lucha en contra la corrupción. Antes del 2009, en nuestro país no existían mayores mecanismos de contraloría social. Es hasta el 2010, por ejemplo, que tuvimos una ley de acceso a la información pública. Eso creemos que fue un punto importante, porque permitió que la población conociera por primera vez el monto del presupuesto nacional, cuánto se destinada a cada uno de los ministerios, salarios, proyectos e ir conociendo cada vez más como funciona el gobierno central.
[Con respeto al nuevo gobierno] nos preocupan algunos tipos específicos de transparencia que tiene que ver con esta nueva manera de Nayib Bukele de plantear las denuncias en redes sociales sin mayores sustentos, sin mayores pruebas y sin las demandas en las instancias judiciales pertinentes. Si hubieran actos de corrupción que habría que señalar, lo mejor sería presentarse a la fiscalía y que estos sean procesados y no así hacer juicios mediáticos de personas porque eso nos lleva más que a un linchamiento público de figuras, más no ha realmente transparentar a la forma de hacer gobierno. Por esta razón, nosotros creemos que es vital tratar de mantener a los mecanismos de contraloría social, tratar de mantener todo lo que se había avanzado en transparencia.
CISPES: ¿Puede hablar sobre como se ve el posicionamiento del nuevo presidente hacia los Estados Unidos?
OG: Realmente creo que este es tal vez una de las situaciones más preocupantes que hemos visto. Por ejemplo, [después de las elecciones en Febrero] la embajadora de EEUU fue invitada a participar del traspaso de gobierno, lo cual para un miembro del cuerpo diplomático pues si es algo que nos preocupa, ¿verdad? Una cosa es acompañar y ser parte de los procesos y otra cosa es que se le tome como parte, como miembro del equipo de transición.
Además, últimamente el papel de la embajada respecto a varias de las cosas y de las coyunturas nacionales que se van construyendo, para nosotros es sumamente preocupante. Yo creeré que ni siquiera con ARENA, que es el gobierno de derecha pura, habíamos visto este tipo de injerencias.
Pongo dos o tres puntos que creo que van a hacer claves durante las próximas coyunturas. Número uno, la Ley del Servicio Público. La principal fuerza que impulsa esta ley es la embajada estadounidense. A nosotros eso nos preocupa mucho porque tiene que ver con el derecho a la sindicalización en el sector público a nivel de gobierno y hay que decir que el papel de este gobierno respeto a los sindicatos y al derecho sindicalizarse está siendo cuestionado. Un cuestionamiento que nosotros creemos de fondo tiene que ver con que los sindicatos seguramente defenderán el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la libertad sindical, derechos a contratación colectiva y que no permitirán que haya cosas que se han ganado que hoy se han revertido.
Habrá que decir que, por ejemplo, Nayib Bukele, el presidente electo, en una de las intervenciones que ha hecho en el extranjero en EEUU, específicamente ha pronunciado a la necesidad de “modernizarnos” y que el tema de las ocho horas laborales es algo que pudo contravenir la productividad del país, que habría que explorar si regresamos el trabajo de doce horas laborales, cuatro días a la semana. Esto, nosotros creemos, es sumamente delicado y a todo esto, la participación y el papel de la Embajada en cada momento es evidente.
Además nos parece sumamente preocupante que haya una injerencia en temas como esta situación de la Ley de Reconciliación Nacional [Nota editorial: la Asamblea Legislativa, dominada por los partidos de derecha, está en proceso de cumplir con un fallo de la Sala emitida en 2016 declarando inconstitucional la ley de Amnesita del 1993 y exigiendo una ley para remplazarlo], en donde el papel de la Embajada ha tratado de ser un poco protagónico, incluso, llamando a que se vote o no se vote tal o cual ley y en ese sentido nosotros creemos que no es un papel de la embajada. Creemos que somos los salvadoreños los que tenemos que poner de acuerdo en la Ley de Reconciliación Nacional que ponga el centro de las víctimas y que realmente busque a la reconciliación nacional. Pero hay una embajada muy activa en este tema que trata de tener postura en ese tema y hablar de justicia.
Si en algún momento los Estados Unidos estará en el interés de contribuir a esa reconciliación nacional, [porque no] extraditar a Elliott Abrams que fue parte de los asesores en la masacre de El Mozote, ya una Congresista se lo dijo en una intervención que había. Si es en ese sentido, bienvenido sea en reconocer su participación en la guerra de El Salvador con todo el apoyo que se hizo al ejército nacional y todas las víctimas que tuvimos en el conflicto. Pero obviamente sabemos que este no es el interés, que hay un gobierno que no está interesado en este tipo de cosas.
A nosotros sí nos preocupa porque hablamos sobre este tema de la transparencia y no se está diciendo exactamente hasta donde le va a permitir a los Estados Unidos participar en el próximo gobierno. No se le explica a la población hasta donde esa relación va a ir, hasta donde se va a permitir que a los intereses que no son salvadoreños sino que son intereses ajenos, este gobierno va a empezar a jugar. Porque hay que decir que sin haber llegado a la presidencia, el presidente electo ha emitido varias opiniones con respecto a las relaciones internacionales que El Salvador de forma soberana se había establecido y creemos que parte de la geopolítica del gobierno de Donald Trump está contando con el apoyo de este nuevo presidente electo. Esto nos preocupa mucho y nos preocupa por la transparencia. Nos preocupa porque eso no dice a cara de la población sino que eso lo que vemos en todas las decisiones que él va tomando. La transparencia y la lucha en contra de la corrupción pasa porque este tipo de cosa no se discutan en agendas ocultas sino que se han discutidos con la población – ¿cuáles son los verdaderos intereses de los Estados Unidos en El Salvador en este periodo y en esta América Latina?
CISPES: Sara García, ¿Para dónde va la lucha para los derechos de la mujer y los derechos reproductivos en El Salvador es este momento político?
Sara García: En El Salvador, hay una ley que penaliza el aborto de manera absoluta. Quisiera empezar hablando sobre algunos datos de contexto sobre la realidad salvadoreña. La violencia social estructural se puede apreciar en las cifras alarmantes que tenemos en nuestro país. En principio, el feminicidio, solo en el 2018 se registraron 353 y hasta esta fecha del 2019 se han registrado 131 feminicidios. Otra realidad [según los datos que el Ministerio de Salud ha reportado] son los más de 19,190 embarazos en niñas y adolescentes [en el año pasado]. Otra de las cifras que el Ministerio de Salud ha dado es que la primera causa indirecta de la mortalidad materna de adolescentes es el suicidio. El Salvador - por todo esto que se mencionaba y por tener una de las leyes más recesivas en materia del aborto - se convierte en un anti-modelo. Las cifras gritan la injusticia.
CISPES ¿Algunos pensamientos sobre el futuro bajo esta nueva administración?
SG: [Por] un pronunciamiento que tuvo el presente electo, él planteaba que no estaba a favor del aborto, solo cuando se trataba de salvarle a la vida de esa mujer. Si bien eso, hay una pauta que no hay una total barrera para abordar a esa temática. Para nosotras sí es de su importancia volver a colocar el tema con la fuerza que hemos venido haciendo. Se trata de las cuatro causales que se están promoviendo: cuando se trata de salvar a la salud y a la vida de las mujeres, estamos hablando de casos de violencia sexual en niñas y estamos hablando de fetos no viables.
Creemos que es un tema que debe de ver más allá de las creencias personales, más allá de lo que se piensa concretamente. Nos parece que es fundamental no sólo retomar el trabajo que ya se ha hecho desde las organizaciones sociales que en este periodo anterior se logró presentar propuestas de ley para modificar la total prohibición [del aborto] sino que también es necesario y fundamental que el presidente actual pueda dialogar con el movimiento. Si no hay diálogo, no hay democracia.
Me parece que la puesta que vamos a tener es exigir y no dar ni un paso atrás de lo poco, quizás, que hemos logrado. El Ministerio de Salud en este pasado gobierno tuvo pronunciamiento claro y contundente en relación del tema del aborto. Lo mínimo que este gobierno debe de hacer es retomar y partir de este pronunciamiento y profundizarlo. Entonces estamos como a esa expectativa - la expectativa de no permitir retrocesos y de seguir de la mano en el movimiento social feminista en toda Latinoamérica y el Caribe porque creo que eso es como ha funcionado también. Las luchas no se hacen solas, las luchas son colectivas y regionales.
CISPES: Bernardo Belloso, ¿Que son unas de las preocupaciones con respeto al medio ambiente y a los recursos naturales en El Salvador?
Bernardo Belloso: La correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa sin lugar a duda es que durante estas elecciones del año pasado para diputados y para alcaldes, la derecha retoma el poder en la Asamblea Legislativa y eso deja en vulnerabilidad una serie de logros que hemos venido teniendo como organizaciones sociales.
Cuando ARENA entra con un mayor número de diputados en la Asamblea Legislativa el año pasado, quiere reformar el artículo 105 de la Constitución de la República en donde establece el tope de cantidad de tierra que puede tener la persona natural y jurídica aquí en el país, un logro que es proveniente desde los Acuerdos de Paz.. Ellos quieren dejar libre a las grandes transnacionales para poder expropiar de las tierras en sector campesinado pero también en sector cooperativistas y poner a las tierras en disposición de las grandes empresas aquí a nivel nacional. Eso es uno de los principales argumentos que han venido haciendo.
El otro es que en el 2016, se aprobó la ley de prohibición a la minería metálica aquí en El Salvador. En la misma asamblea, a través de los diputados representando los partidos de derecha, quieren derogar esta ley y eso es un problema sumamente complicado aquí en nuestro país. ¿Por qué? Porque existe la posibilidad de que esa ley sea derogada o también sea reformada dado que los partidos de derecha tienen mayor cantidad de diputados en la asamblea legislativa. Es decir, no se necesitan los votos del FMLN en este escenario político que tenemos en la Asamblea Legislativa; ellos lo pueden hacer con toda franqueza aunque el presidente se oponga. Eso es un problema principal y por eso es que hay una lucha que estamos haciendo de que esta ley de prohibición a la explotación minera metálica se eleve a ramo constitucional para poder evitar a una posible derogación.
El otro tema que hemos venido luchando como organizaciones sociales ha sido el proceso de privatización del recurso hídrico que se está haciendo aquí en El Salvador. Es un proceso que [nació] en el 2006 a través de la política implementada en el gobierno de Antonio Saca donde se planteaba a la necesidad de descentralizar el recurso hídrico aquí en El Salvador. Entonces hoy que los partidos de derecha tienen mayor cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, han estado en una posición de privatizar el recurso hídrico en El Salvador. Las organizaciones sociales hemos hecho toda una posición para que en El Salvador se apruebe una Ley General [de Agua] en donde se garantice el derecho humano al agua pero que también es importante empujar esa ley a que se eleve a ramo constitucional para poder evitar a que la Asamblea Legislativa de este periodo la derogue o que la puede reformar.
Entonces significa que uno de los grandes retos para este nuevo gobierno es de ver de cómo asume a esa agenda ambiental que hemos venido planteando como organizaciones sociales. Las posiciones públicas que ha hecho el presidente han estado más relacionadas en favorecer el poder económico que en favorecer a las necesidades y demandas de las grandes mayorías aquí en El Salvador.
CISPES: Con respeto a las preocupaciones ambientales, de qué modo le parece la relación entre la administración de Trump y el de la administración de Bukele
BB: Sabemos claramente de que en esta relación [entre] el gobierno de los Estados Unidos con el futuro gobierno de acá en El Salvador hay una intención bastante preocupante que va a afectar por supuesto la vida de la población. El mecanismo de la injerencia geopolítica sobre mantener este poder económico y política, hasta militar, aquí en América Latina sin alguna duda violenta los derechos soberanos, derechos constitucionales, derechos que sin alguna duda va a tener como consecuencias en estos países que estamos en vía de esa rollo una serie de manifestaciones por parte de las clases sociales que tampoco no sabemos qué va a ocurrir.
Es que en nuestro país, Bukele ha tenido posiciones preferidas a la problemática o estado de conflictividad que se ha generado en Venezuela y en Nicaragua. Por ejemplo, ha manifestado que debe dejar a la población venezolana decidir su futuro cuando se sabe que no es el pueblo venezolano que está haciendo esta lucha, sino que hay una intencionalidad de generar un mayor poder en estos países, como Venezuela, Nicaragua, cualquier país en Latinoamérica y en Centroamérica.
Nosotros hemos cuestionado primero porque en Guatemala y en Honduras los gobiernos sin alguna duda son gobiernos pro-neoliberales, son serviles a los alineamientos políticos radicados en los Estados Unidos. A través del gobierno, allí la población está siendo masacrada, los pueblos indígenas están siendo masacrados, les están quitando sus recursos naturales y ante esas abominables acciones que están haciendo los gobiernos, no hemos tenido una posición por parte del futuro presidente de aquí de El Salvador. Eso es cuestionable.
¿Y es esto qué significa? De este nuevo gobierno que ha establecido alianzas con el gobierno de los EEUU y con la empresa transnacional y nacional, la empresa privada, lo que nos espera a la sociedad salvadoreña es un estado de represión, de criminalización como se está haciendo en Guatemala, como se está haciendo en Honduras, en donde poblaciones enteras están siendo criminalizadas. ¿Por quienes? Por la empresa privada y por el mismo gobierno. Es esa preocupación la que nosotros sentimos aquí en El Salvador porque hay un estado de relación directamente con el poder económico por parte del futuro presidente pero no así con las grandes mayorías que es el pueblo salvadoreño. Por allí sí nos deja un mal sabor.
La población en sí lo que tenemos que seguir haciendo es la resistencia. Aquí hay una consigna establecida por el movimiento social y popular en donde decimos que es importante seguir luchando por lo que se ha conquistado, [porque] estas luchas los hemos conquistado en los calles. Y por lo tanto, si sabemos que Bukele está haciendo una mala gobernabilidad, lo más seguro es que tengamos acciones de denuncias y de movilizaciones.
Aquí hay un problema muy importante también que es importante reconocer. En El Salvador tenemos aprobado una ley anti-terrorista que fue creada por el mismo partido de derecha, ARENA. Esta ley está vigente. Entonces: ¿qué significa? Lo más seguro que también se pone en función esta ley anti-terrorista a las acciones que se harán con el futuro presidente. [Muy pronto tendremos oportunidades para ver si] este próximo presidente va a estar en función de las grandes mayorías o de las minorías. Por lo tanto la lucha hay que seguirla haciendo nuestro pueblo.
CISPES es organización de base popular dedicada a apoyar la lucha del pueblo salvadoreño para la autodeterminación y la justicia social y económica.
