Ecuador está viviendo días muy oscuros. El país está atrapado con un presidente altamente impopular que traicionó su programa electoral y se mostró dispuesto a derramar sangre para implementar una agenda económica conservadora. El pasado octubre, el gobierno de Moreno desató una ola de represión para sofocar la fuerte oposición a las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional.
Desde que asumió el cargo, y después de haber forzado una división en el partido de gobierno Alianza País, Moreno ha vuelto a poner el estado en manos de actores poderosos, antes excluidos por el gobierno de Rafael Correa. Presidente usó su mandato para subvertir las instituciones democráticas, perseguir a la oposición y traer de vuelta al Ecuador el viejo modelo neoliberal – todo en el nombre de la descorreización del país. De esta manera, Moreno consiguió el apoyo de las grandes empresas, la derecha, los medios privados y el gobierno de Estados Unidos, los mismos que ahora no están dispuestos a dejarlo ir tan fácilmente.
La inconstitucionalidad como regla
Para impulsar su agenda, el gobierno de Moreno frecuentemente ha ignorado la constitución. La primera ocasión fue el referéndum de febrero 2018 llevado a cabo sin la aprobación de la Corte Constitucional. Fue gracias a esta consulta que el gobierno pudo iniciar a purgar y designar ad hoc personal en órganos del estado, incluyendo en la Fiscalía General y la misma Corte Constitucional.
Demostrando que todavía habían serios obstáculos para la reinstauración del neoliberalismo, el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional estaba lleno de detalles inconstitucionales. Éste no sólo contradecía regulaciones domesticas sobre política monetaria y déficit fiscal, sino que también pasaba por encima de la autoridad de la Asamblea y la Corte Constitucional, violando directamente los artículos 419 y 438 de la Constitución ecuatoriana y por tanto, quitando al acuerdo cualquier tipo de legitimidad democrática.
El gobierno de Moreno recurrió también a medidas inconstitucionales para enfrentar las protestas en contra de las políticas económica impuestas por el FMI. El estado de excepción declarado por el gobierno los días tres y ocho de octubre presentaba una serie de fallas legales importantes. De hecho, estuvo sin apoyo constitucional por cuatro días. Este vacío legal expuso a la ciudadanía a un preocupante estado de vulnerabilidad y dio al gobierno libertad para aplicar mano dura contra quienes protestaban.
Represión, militarización de la política y deslegitimación de las protestas
Durante 12 días, Ecuador fue testigo de una amplia represión por parte de las fuerzas publicas. Los números oficiales de la Defensoría del Pueblo hablan de once muertos, 1,340 heridos y 1,192 detenidos – 96 de los cuales eran menores de 15 años. El ochenta por ciento de las detenciones fueron consideradas arbitrarias o ilegales y no se hicieron públicos los datos sobre los casos de desaparecidos.
El nivel de violencia aplicado por las fuerzas publicas fue desmesurado y sistemático. La represión alcanzó a hospitales, universidades y a refugios donde niños y ancianos descansaban por la noche. Las fuerzas armadas emplearon municiones letales, granadas y bombas lacrimógenas ya vencidas. La ciudadanía denunció torturas, detenciones ilegales y juicios en cuarteles militares. Durante la noche del 11 de Octubre se oyeron en toda Quito norte explosiones cerca del Parque del Arbolito – lugar donde la gran mayoría de los manifestantes estaban reunidos. Al día siguiente, vecinos de diferente barrios, exasperados, se volcaron a las calles y el gobierno decretó un toque de queda a las tres de la tarde. Cuando los manifestantes desafiaron la medida, el estado respondió aún con más violencia. Varios de los manifestantes sufrieron disparos y algunos de ellos reportaron la presencia de francotiradores. Todo esto mientras que el gobierno insistía públicamente que estaba abierto al dialogo.
Desde el oficialismo se desconocieron las motivaciones de las protestas y se justificó la violencia aplicada por el estado. El presidente en varias ocasiones acusó de estar detrás de las manifestaciones a Correa, Maduro, el ELN, las FARCS, y los Latin Kings—una ex pandilla ahora transformada en una organización cultural en Ecuador—, intentando derrocar el gobierno. Propaganda anti-Correa fue trasmitida en cadena nacional con el doble objetivo de reducir las protestas a actos vandálicos y de culpar a la oposición de golpismo.
Varios actores han usado la exposición mediática para amedrentar directamente a la población y exigir mano dura contra las protestas. El ministro de defensa Oswaldo Jarrín en televisión nacional advirtió que las fuerzas armadas usarían armas letales y recordó a la población que tienen experiencia en escenarios de guerra. Un periodista del canal de televisión Teleamazonas reforzó esta narrativa y pidió el uso de todo el arsenal militar para contener las protestas.
Algunos políticos cercanos al gobierno echaron más leña al fuego. El ex candidato presidencial y banquero Guillermo Lasso, quien fuera derrotado por Moreno en las elecciones del 2017, se quejó de la “tibieza” de las fuerzas publicas para lidiar con los manifestantes. De igual forma, el ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y la alcaldesa Cynthia Viteri recurrieron a una retórica belicosa y racista contra una supuesta invasión para justificar un llamado a la defensa de la ciudad.
El cerco mediático
A lo largo de las protestas, los medios tradicionales han buscado resaltar la voz del oficialismo y al mismo tiempo, han censurado descaradamente a las voces discordantes. El apagón mediático sobre los eventos fue casi total y la escasa cobertura ocultó el carácter socioeconómico anti-gubernamental y anti-FMI de las protestas. Mientras que el país estaba en el caos, los canales de televisión ofrecían programas de entretenimiento. En repetidas ocasiones, reporteros en la calle han cortado bruscamente entrevistas con ciudadanos cuyas visiones no estaban alineadas con las del gobierno.
Además, el gobierno sancionó a los pocos medios que informaban sobre las protestas. La radio pública Pichincha Universal fue sacada del aire y todo su equipos de transmisión fue confiscado por supuesta “incitación a la discordia.” Al día siguiente, la radio fue clausurada y obligada a retransmitir la señal de Radio Publica FM, cercana al gobierno. Radio Pichincha Universal ya había denunciado ataques tiempo atrás. La señal de Telesur fue también interrumpida sin aviso durante el toque de queda del 12 de octubre en Quito. Otros medios no alineados con las políticas del gobierno como Ecuadorinmediato también denunciaron acoso por parte del gobierno.
El cerco mediático, sin embargo, fue roto en parte por el excelente trabajo de plataformas digitales como Voces, Wambra, La Kolmena, KolectiVOZ, y muchos otros, que ayudaron a difundir por internet información acerca de las protestas. Estos medios ahora son blanco de ataques del gobierno y el grupo de activistas crítico del gobierno, La Kolmena, denunció que sufrió amenazas anónimas. La imposibilidad de censurar las redes sociales y limitar la influencia de medios independientes llevó al gobierno a interrumpir el internet móvil en los momentos cruciales de las manifestaciones.
Cacería de brujas correista
El caos sociopolítico y el sucesivo acuerdo con el movimiento indígena dieron la oportunidad al gobierno de golpear aún más a la oposición correista. Una persecución política selectiva del gobierno precedente empezó hace dos años con la destitución y encarcelamiento del vicepresidente Jorge Glas, a través de un proceso judicial defectuoso. Desde entonces, otras figuras importantes como Rafael Correa, el ex ministro Ricardo Patiño y el ex secretario jurídico Alexis Mera han sido también enjuiciados bajo diferentes acusaciones.
Horas después que Moreno lograra un acuerdo para poner fin a las movilizaciones, Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha – donde se encuentra la capital del país – fue detenida. Su habitación fue allanada en la madrugada sin orden judicial y ella fue encarcelada sin pruebas algunas. Días después, fue acusada de rebelión armada junto a dos de sus colaboradores y las oficinas de la prefectura fueron allanadas. La fiscal general formuló los mismos cargos en contra del ex asambleísta Virgilio Hernández.
Otras figuras políticas de la oposición también fueron detenidas durante las protestas. Siete personas, entre ellas, la ex presidenta de la asamblea Gabriela Rivadeneira, recibieron asilo en la embajada de México.
Estos casos se caracterizaron por la omisión al debido proceso. En completa violación del principio de objetividad y la presunción de inocencia, la fiscalía general envió tuits con imágenes de la supuesta evidencia encontrada por la policía en los allanamientos. A través de su cuenta en Twitter, la fiscal general también anunció que estaba trabajando en estos casos en conjunto con la embajada de Estados Unidos en Quito.
La fiscalía general ha denunciado a la oposición por los cargos de corrupción, paralización del servicio público e incitación a la violencia. Por el contrario, cuando se trata de casos relacionados al gobierno, como la evidencia de corrupción contra el presidente Moreno y el bloqueo de transporte público ordenado por la alcaldesa de Guayaquil Cynthia Viteri, estos no han sido aún procesados.
El gobierno que no puede caer
Considerando la traición al mandato popular y el fuerte rechazo popular, es sorprendente como el gobierno de Moreno ha logrado mantenerse en el poder. Esto es aún más insólito en un país como Ecuador, donde antes de Correa la destitución presidencial era casi rutina.
Sin embrago, ahora la historia es diferente. Mientras que en el pasado las destituciones presidenciales eran el resultados de peleas oligárquicas con consecuencias redistributivas desdeñables, en este caso la oligarquía esta unida detrás de Moreno. En juego esta la restauración del viejo modelo económico para unos pocos, el mismo que en su momento fuera desmantelado en gran medida por Correa durante su presidencia.
Asimismo, Moreno ha encontrado a un aliado importante en el gobierno de Estados Unidos. Acciones como la autorización para aterrizar aviones militares en Galápagos, la contribución a la sepultura de UNASUR, la entrega de Julian Assange y el acuerdo con el FMI han sido apreciadas en Washington. Más importante aún, Estados Unidas sabe que el retorno de Correa implicaría perder su influencia en el país.
Por estas razones Correa es todavía considerado una amenaza. Aún no fue vencido en las urnas y a pesar de estar fuera del país fue capaz de recibir un alto nivel de apoyo en las últimas elecciones provinciales y municipales. Por esto, la real salida constitucional a la crisis—la llamada “muerte cruzada”—estuvo siempre disponible pero nunca fue discutida por las partes involucradas.
Moreno está haciendo el trabajo sucio con amnistías fiscales y reformas económicas imprudentes acompañadas por represión y aniquilamiento de las fuerzas correistas. Es poco probable postule otra vez y por eso, no tiene ningún capital político para proteger. Moreno es descartable y a la vez absolutamente irreemplazable en el medio del proceso de reforma y represión. Su caída implicaría llamar a elecciones en un contexto donde la el correismo está lejos de ser extinto.
Fabio Resmini es estudiante de doctorado a la Universidad de British Columbia.
