“El hampa va a bajar y buscar a todos los que anden sin los tapabocas, no quiero ver gente en la calle, yendo a la bodega, ni niños sin tapabocas o escuchando música o jugando dominó”
En este extracto de audio de WhatsApp, un líder de una de las bandas de la Cota 905 -uno de los barrios más violentos de Caracas- conocido por albergar a uno de los grupos criminales más grandes de la ciudad, advierte a los residentes sobre las consecuencias de violar la cuarentena en medio de un confinamiento nacional en Venezuela. En comunidades como La Cota 905, el COVID-19 ha exacerbado las desigualdades ya profundas, ahora manifestadas entre aquellos que pueden pagar o han encontrado formas de cubrirse la cara y los que no pueden. Entre los que pueden permitirse quedarse en casa y los que deben trabajar para poder vivir. Sin acceso a tapabocas, una familia no puede ir a supermercados o farmacias para comprar alimentos o medicinas. En Carapita, otra comunidad popular en Caracas, unos vecinos ayudaron a una familia que no podía pagar máscaras o alimentos durante la cuarentena.
En medio de la pandemia mundial y una caída importante en los precios del petróleo, la crónica emergencia humanitaria de Venezuela, la polarización política y el colapso económico han hecho que el país sea especialmente vulnerable ante la llegada del COVID-19. Mientras tanto, recientes cargos de narcoterrorismo de Estados Unidos contra Nicolás Maduro y su círculo cercano, han aumentado la incertidumbre en torno a una solución negociada. En ausencia de un sistema robusto de salud pública y recursos financieros necesarios para apoyar las cuarentenas extendidas entre las poblaciones más vulnerables, el gobierno de Nicolás Maduro ha confiado en su aparato de seguridad estatal para hacer cumplir las prácticas de distanciamiento social, en el proceso que destaca cómo los venezolanos están atrapados en una triple crisis: el autoritarismo , el coronavirus y la desintegración social.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso de tapabocas es recomendado para las personas que cuidan a los que muestran síntomas, o para cualquier persona que estornude o tosa. Además, las máscaras son más efectivas cuando se acompañan de un lavado de manos regular y riguroso. Sin embargo, la infraestructura deficiente conlleva a escasez frecuente de agua para los venezolanos de todas las clases sociales, especialmente en las comunidades populares donde el agua corriente es irregular en el mejor de los casos. Más del 25% de la población carece de acceso sostenido al agua potable, mientras que 4 de cada 10 hogares experimentan cortes diarios de agua.
De igual forma, el colapso de los sistemas e instituciones de salud para hacer frente a la pandemia hace que el panorama sea aún más sombrío. Refiriéndose a Venezuela, el último informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, detalla cómo el sistema de salud pública del país es todo menos accesible, ya que los pacientes a menudo deben encontrar y proporcionar por sí mismos todos los suministros médicos necesarios para cualquier procedimiento. Además, los bajos salarios y las pocas garantías de seguridad personal han contribuido a una migración masiva de personal médico. Freddy Pachano, jefe de estudios de postgrado en medicina de la Universidad del Zulia, una de las universidades más antiguas y reconocidas de Venezuela, enfrentó amenazas públicas del gobernador del estado, quien se encontraba acompañado por funcionarios militares, por denunciar casos no confirmados de COVID-19 en el estado Zulia. En este sentido, el uso de las Fuerzas de Seguridad del Estado parece ser la única alternativa para el gobierno de Nicolás Maduro para abordar esta triple crisis.
Esta es la lucha diaria en los “barrios” donde las bandas armadas y las fuerzas estatales de seguridad están haciendo cumplir cuarentenas a través del control social. Hace dos semanas, la unidad de policía conocida como FAES -Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, responsables de la mayoría de los casos de letalidad policial-- arrestaron al periodista independiente Darvinson Rojas en su propia casa ubicada en el barrio de Mamera por tuitear que los informes oficiales no mostraban los nuevos casos que dieron positivo para COVID-19, siguiendo el patrón sistemático de represión estatal que ha llegado a caracterizar a esta fuerza policial. Según el Monitor de Víctimas, en 2019, el 54,6% de las muertes violentas en manos del FAES ocurrieron dentro o junto a los hogares de las víctimas, ubicadas en vecindarios como los que viven Darvinson y su familia. Lo que revela este tipo de respuestas -especialmente en el contexto de la deficiencia de los hospitales, personal médico insuficiente y suministros de alimentos escaso-, es que la llegada de COVID-19 a Venezuela ha intensificado un enfoque ya violento de control social, ya sea por parte de grupos criminales o de fuerzas de seguridad estatales. La falta de un sistema de salud adecuado y personal de salud calificado deja a Venezuela obligado a las reglas impuestas por la policía y las pandillas que apuntan a controlar a la población más vulnerable.
Como si eso no fuera suficiente, los precios del petróleo han caído precipitadamente en medio de una guerra comercial entre Rusia y Arabia Saudita. Venezuela, siendo un país que ha sido durante mucho tiempo dependiente de los ingresos del petróleo y de las importaciones, las consecuencias son dramáticas. Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, el petróleo sostuvo todas las políticas sociales. Cada vez que los precios del petróleo han subido, el gasto público ha aumentado, a menudo sin planes claros o transparencia. Sin embargo, aunque más del 80 por ciento del presupuesto anual de Venezuela se destina al gasto público, uno de cada cinco ciudadanos enfrenta inseguridad alimentaria, mientras que el 87 por ciento de la población vive en la pobreza y de ellos, el 25 por ciento vive en la pobreza extrema. La mayoría de las familias no pueden depender de salarios formales para sobrevivir. En su lugar, dependen en la distribución irregular e insuficiente de alimentos subsidiados por parte del estado a través de programas como CLAP.
En el contexto de un colapso económico mundial y una pandemia histórica, la dependencia en el sistema petrolero hace a Venezuela especialmente vulnerable. Sistema que ha empeorado durante las últimas dos décadas con ingresos petroleros mal administrados que no lograron diversificar la economía y que no invirtieron de forma sostenida en infraestructura de atención médica, alimentos o agua.
Karla, del barrio La Vega, al hablar con ella sobre la cuarentena, comentaba: "la gente respetaría quedarse en su casa si supiéramos cuándo llegaría el CLAP, dicen cada 15 días, pero no lo hemos visto durante más de 20. Tuve que salir el otro día, poniendo a mis hijos en riesgo, porque no tenía dinero para pagar el gas para cocinarles ”. Karla, como muchos otros venezolanos, depende de las políticas sociales del gobierno, sin embargo, ni el sistema de salud pública ni la subvención de alimentos parecen ser suficientes para atender a una población que necesita cumplir con las reglas de distanciamiento social que son aplicadas en países de altos ingresos.
Mikhael G. Iglesias L. es estudiante de postgrado en el Centro de Estudios de Latinoamérica y el Caribe en NYU y anteriormente fue profesor e investigador en la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela.
Guillermo Sardi Msc en Psicología Social y Cultural es el coordinador del departamento de investigación en la Unidad de Psicología P. Luis Azagra S,J. en la Universidad Católica Andrés Bello y Gerente en el movimiento social Caracas Mi Convive.
