Los guatemaltecos salieron a las calles por cuarto sábado consecutivo el 12 de diciembre para protestar contra la corrupción y exigir la renuncia del presidente. Días antes, los movimientos indígenas, campesinos, estudiantiles y religiosos de la Asamblea Social y Popular (ASP) convocaron a un Paro Nacional dando inicio el 10 de diciembre (# 10D) con el objetivo de convocar a una asamblea constitucional. (#AsambleaConstituyente).
Este descontento estalló luego de que el 21 de noviembre (# 21N) el Congreso aprobó el presupuesto para 2021, donde se recortaron fondos para la seguridad alimentaria y los esfuerzos anticorrupción, beneficiando al Congreso en medio de una catástrofe humanitaria causada por dos huracanes y Covid-19. Pero el presupuesto es solo la punta del iceberg.
La misma semana, el Congreso, dominado por una alianza derechista comúnmente conocida como el Pacto de Corruptos (#PactoDeCorruptos), capturó la Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto, la indignación por la falta de transparencia en la distribución de los fondos de ayuda a raíz de los huracanes Eta e Iota reforzó preocupaciones similares sobre la asistencia de Covid-19. Las protestas no solo hablan del rechazo de la población a la actual administración. También son una acusación de corrupción endémica, el síntoma más irritante del fracaso absoluto de la democracia de libre mercado para satisfacer las necesidades básicas de la mayoría y mantener las instituciones en funcionamiento y el estado de derecho.
#10D
— Red de comunicadoras indígenas Jun Na'oj (@RedJunNaoj) December 10, 2020
Este jueves 10 de diciembre las calles de la Ciudad de Guatemala estuvieron llenas de estudiantes, autoridades indígenas y ancestrales, mujeres mayas, campesinos y campesinas, entre otros.
Les compartimos algunas fotos de quienes exigen un #EstadoPlurinacionalYa pic.twitter.com/mLro6GIb2u
Hashtags como #EsElSistema (Es el sistema) cristalizan el entendimiento generalizado de que la corrupción es algo más que políticos individuales. El llamado a “quemarlo todo” también encapsula una crítica estructural. Este objetivo catártico se cumplió parcialmente cuando la puerta del Congreso se incendió el primer día de protestas (# 21N). Circulaban rumores de que la Policía Nacional había dejado desprotegido intencionalmente al Congreso para justificar la represión de las manifestaciones pacíficas. Poco después, la policía lanzó gases lacrimógenos contra grandes multitudes reunidas en el Parque Central y arrestó a 43 manifestantes y periodistas, varias de ellos fueron golpeados bajo custodia. Dos manifestantes perdieron la vista debido a los botes de gas lacrimógeno disparados a corta distancia.
Los movimientos indígenas y campesinos amplían la crítica a la corrupción para abarcar todo el orden político económico arraigado en la exclusión y explotación violenta de la mayoría indígena. La ASP está llamando a una asamblea constitucional multisectorial para establecer un estado plurinacional con autonomía territorial indígena y romper con los patrones racistas y patriarcales que subvierten la democracia. Sus llamadas se hacen eco de las demandas hechas en las protestas anticorrupción de 2015, así como de los recientes eventos en Chile. Mientras la indignación reverbera en Guatemala, la ASP exige el fin de la "democracia empresarial-militar" de Guatemala.
La democracia guatemalteca fracasa en satisfacer las necesidades de la mayoría pobre, creando un punto de apoyo para los partidos corruptos al tiempo que drena la legitimidad del gobierno. En medio de tal indigencia, la corrupción descarada hizo estallar la frustración subyacente y el disenso. Las renuncias están justificadas, pero no romperán el ciclo de corrupción.
Una democracia corrupta
Las últimas protestas en Guatemala marcan la continuación de los levantamientos anticorrupción de 2015, que derrocaron al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. El presidente Jimmy Morales, quien ganó las elecciones de 2015 con una plataforma anticorrupción, desmanteló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyas investigaciones alimentaron las protestas y llevaron a Pérez Molina y Baldetti tras las rejas por corrupción. Mientras tanto, legisladores conservadores formularon cargos cuestionables contra la fiscal anticorrupción Thelma Aldana, descalificándola de la carrera presidencial de 2019. Con el candidato principal fuera de la boleta, el ultraconservador Alejandro Giammattei ganó las elecciones en la segunda vuelta.
Los manifestantes anticorrupción ahora quieren derrocar a Giammattei, pero también reconocen que él es solo una cara de un problema estructural no resuelto. Los guatemaltecos de todas las clases sociales culpan a la corrupción de una serie de problemas sociales, tal como infraestructura en ruinas, atascos de tráfico, un sistema de salud público colapsado, desnutrición generalizada, industrias extractivas dañinas para el medio ambiente, ríos y arroyos muy contaminados. Muchos ven la corrupción como el principal obstáculo para el desarrollo y el funcionamiento del Estado y como evidencia de la indiferencia gubernamental, así se refleja en el hashtag #NoNosPela.
La desconexión entre los políticos corruptos y la gente común se puso de manifiesto cuando el congresista conservador Rubén Barrios insultó a los manifestantes llamándolos “comelones de frijol.” Los guatemaltecos desafiantes abrazaron el eslogan populista de #FrijolerosUnidos. Un sinfín de memes e imágenes de frijoles circularon en las redes sociales y alguien cocinó una olla gigante de frijoles junto a un círculo ceremonial maya en la plaza donde se agruparon las manifestantes.
Los frijoles del pueblo en la Plaza Central #28N pic.twitter.com/agD1OOYGZc
— Carolina Leverón (@CLeverongt) November 28, 2020
La base del poder de la clase política corrupta de Guatemala radica en su capacidad para ganar elecciones eliminando a los contendientes y proporcionando, sobre una base de suma cero, bienes y servicios que se necesitan con urgencia a las comunidades empobrecidas sistemáticamente por las exclusiones de la democracia de libre mercado. La democracia guatemalteca se construyó durante una brutal contrainsurgencia en la última década de un conflicto armado que cobró la vida de 200.000 civiles, la mayoría de ellos mayas rurales. El objetivo de la democracia desde la perspectiva de los planificadores del ejército no era canalizar los deseos políticos de la clase baja indígena, sino completar la contrainsurgencia.
Durante la transición hacia la paz, la retórica de una democracia multicultural tuvo como objetivo gestionar la integración de los ciudadanos indígenas con derechos recientemente reconocidos en un orden político económico fundado en su despojo colectivo. Las reformas constitucionales para implementar el Acuerdo de 1995 sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, (AIDPI) que las fuerzas rebeldes y el gobierno firmaron como parte del proceso de paz, fueron rechazadas en un referéndum en 1999.
El acuerdo pidió reformas constitucionales para redefinir Guatemala como una nación multiétnica, multicultural y multilingüe, y para reconocer, proteger y promover las lenguas, la espiritualidad y las autoridades indígenas, el acceso a la comunicación y los derechos territoriales comunales. El acuerdo no llegó a reconocer múltiples naciones soberanas. La derrota del referéndum—un síntoma de las fuerzas que estaba tratando de reformar—fue parte de un proyecto conservador de décadas para desmantelar los componentes centrales de los acuerdos que ya fueron limitados.
El proceso de paz fue el componente político de la transición a políticas neoliberales de extracción de recursos, libre comercio y privatización, cuyos beneficios han eludido a los más vulnerables, quienes directamente soportan los daños. Los legisladores elogiaron el auge del desarrollo extractivo (minería de metales, energía hidroeléctrica, monocultivos, operaciones madereras y ganadería) como una palanca de la inversión extranjera necesaria que generaría empleos, reduciría la pobreza y respaldaría la energía verde. Pero este tipo de proyectos han concentrado aún más la tierra, la han eliminado de la producción de subsistencia y han contaminado o tensado los sistemas de agua regionales. Numerosos movimientos de resistencia local en "defensa del territorio" denuncian la economía extractiva como un asalto corrupto a los derechos y territorios indígenas. Estos grupos apuntan a detener los proyectos extractivos y poner en primer plano a las autoridades y cosmovisiones indígenas. En la visión de un estado plurinacional que ahora están impulsando algunos movimientos con conciencia sobre estas luchas, los gobiernos indígenas autónomos tomarían decisiones sobre el desarrollo de sus territorios.
Esta tormenta perfecta de pobreza, falta de tierra, instituciones decrépitas, falta de planificación ambiental, el abandono de las comunidades rurales y la agricultura de subsistencia, y la expansión del desarrollo extractivo se combinaron para hacer que los huracanes Eta e Iota fueran catástrofes humanitarias en toda regla. Los huracanes destruyeron viviendas, infraestructura y cultivos, lo que agravó la crisis de seguridad alimentaria. Alta Verapaz, donde la deforestación para plantar palma africana ha reducido la capacidad de los suelos para absorber las lluvias, sufrió inundaciones extremas. Al excluir las antiguas demandas de reforma agraria y desarrollo integrado, la democracia de mercado permitió estos trágicos resultados.
Interrumpir el ciclo de la corrupción
La democracia de mercado de Guatemala se fundó sobre la violencia genocida que asesinó a generaciones sucesivas de líderes políticos y acabó con la disidencia. Los actores poderosos despliegan de manera rutinaria la violencia contra los activistas por los derechos a la tierra, los defensores del agua y los activistas por los derechos humanos. La violencia es intrínseca a la democracia guatemalteca e impone el sistema de desigualdad y despojo que luego explotan los partidos políticos.
A la sombra de la violencia, la política electoral en las comunidades rurales se centra en la distribución de fondos estatales mínimos para proyectos de desarrollo. De manera estrictamente clientelista, solo los afiliados del partido reciben proyectos (o empleo en el sector público). Dado que el estado proporciona escasos presupuestos a los municipios, el resultado es una feroz competencia por los escasos recursos entre los aldeanos pobres que a menudo están divididos entre más de una docena de partidos, la mayoría de los cuales representan sectores competidores de la oligarquía. Los candidatos locales hacen numerosas promesas que invariablemente rompen. Como motores del interés propio, el engaño y la desconfianza, las elecciones erosionan la solidaridad local y las capacidades organizativas. La mayoría de los aldeanos ven a todas las partes como igualmente corruptas y opuestas a sus intereses, pero tienen dificultades para rechazar sus ofertas.
Un estado plurinacional tiene la promesa de romper el ciclo. Los movimientos sociales proponen una asamblea constitucional con la participación de gobiernos indígenas y sectores populares para redactar una nueva constitución y ratificar un nuevo pacto social. Esto es similar a la asamblea constitucional en Bolivia luego de la elección de Evo Morales del partido Movimiento al Socialismo (MAS). La Constitución boliviana de 2009 consagró la descolonización como un objetivo explícito, reconoció a la Pachamama como un ser vivo con derechos y garantizó la toma de decisiones compartida. Sin embargo, la constitución “plurinacional” de Bolivia preservó la soberanía del estado liberal y el MAS continuó el desarrollo extractivo, aunque con una redistribución significativa hacia los pobres.
En Guatemala, la visión económica compartida por los defensores del Estado plurinacional engloba la concepción de soberanía alimentaria impulsada por el movimiento social transnacional La Vía Campesina junto a los derechos y cosmovisiones indígenas, reflejados en el concepto maya Utzilaj K’aslemal (buen vivir). Además de reconocer la autonomía sustantiva de los gobiernos indígenas e instituir reformas electorales, un estado plurinacional podría adoptar un modelo económico similar al propuesto por la Ley de Desarrollo Rural Integral 4084, un marco iniciado por el 1995 AIDPI y el 1996 Acuerdo Sobre Aspectos Económicos y Situación Agraria y desarrollado a través del diálogo de la sociedad civil. La propuesta, presentada en 2009, está diseñada para beneficiar “a la población rural en situación de pobreza y pobreza extrema, con prioridad a los pueblos indígenas y campesinos con tierras insuficientes, improductivas o sin tierra; mujeres indígenas y campesinas; empleados permanentes o temporales; artesanos; pequeños productores rurales, propietarios de micro y pequeñas empresas rurales.” Esta política redistribuiría la tierra a los pequeños agricultores y proporcionaría asistencia técnica, capacitación, crédito y asistencia para la comercialización.
El sector empresarial ha bloqueado la aprobación de la ley 4084 citando sus implicaciones para la propiedad privada como inconstitucionales. Una asamblea constitucional podría ampliar la 4084 para dotar de una visión sólida de la soberanía alimentaria mezclada con los valores indígenas, al modelo económico del estado plurinacional.
El derecho humano al agua y la autonomía hídrica también son preocupaciones centrales para los defensores de un estado plurinacional. Una asamblea constitucional podría consagrar el derecho humano colectivo al agua y seguir las cosmovisiones indígenas para reconocer el agua como un ser vivo y sagrado con derechos; fortalecer la gestión democrática y descentralizada del agua, reconociendo la soberanía de los gobiernos indígenas; establecer infraestructuras para proteger el ciclo hidrológico y garantizar el acceso y tratamiento; crear reglas para prevenir el uso excesivo. la privatización y la contaminación; y promover la restauración de sistemas de agua dañados.
Ninguna medida iría más lejos para reducir la pobreza rural y la inseguridad alimentaria provocada por el Covid-19 y los huracanes, que este tipo de reforma rural integral. Una transición al desarrollo integral también produciría numerosos beneficios ambientales, mitigaría significativamente la crisis del agua y ayudar a proteger a las comunidades rurales de los estragos del cambio climático. Además, la demanda de Desarrollo Integral es posiblemente la medida anticorrupción más fuerte y disponible. Atender las necesidades de los guatemaltecos rurales fuera de las redes clientelistas reduciría la influencia de los partidos corruptos. En un nivel diferente, un nuevo modelo de desarrollo mejoraría lo que muchos guatemaltecos indígenas y rurales ven como una corrupción fundamental: un régimen desigual de propiedad privada arraigado en el despojo colonial.
Hacia el plurinacionalismo
Después de años de oportunidades perdidas, puede que haya llegado el momento de una asamblea constitucional plurinacional. Sin embargo, lograr una transformación tan importante requerirá que los movimientos sociales dejen de lado sus divisiones y comuniquen los beneficios concretos de estos cambios a las comunidades pobres. También requerirá un apoyo significativo de los ladinos urbanos, muchos de los cuales se muestran escépticos sobre los movimientos rurales. Sin embargo, cualquier persona que se tome en serio la eliminación de la corrupción o la protección de la democracia debería apoyar las antiguas demandas rurales. La refundación del estado requerirá que los ladinos acepten el liderazgo indígena y reconozcan que sus destinos están entrelazados.
Muchos ladinos buscan en los movimientos indígenas un modelo de futuro más justo y sostenible. Las organizaciones estudiantiles de las principales universidades de Guatemala se han alineado con la ASP, lo que indica cambios profundos en la conciencia política y ambiental de los ladinos urbanos. Por ejemplo, el reciente anuncio de un plan para expandir el distrito comercial de élite de Cayala en 150 acres vecinos de tierras forestales de propiedad privada conocidas como El Socorro, se encontró con la oposición del Movimiento Ecológico Estudiantil (movimiento ecológico de estudiantes universitarios), científicos e ingenieros ladinos, políticamente académicos comprometidos y abogados ambientales. Su campaña, #SOSElSocorro, cita debilidades en el análisis de impacto ambiental y los efectos que tendrá el proyecto propuesto sobre las especies en peligro de extinción y el delicado sistema de recarga de agua que atiende a la sedienta capital. Muchos de estos jóvenes ambientalistas se han sentido decepcionados desde que saborearon la política por primera vez en los levantamientos de 2015, y desde entonces se han inspirado en el movimiento de defensa territorial. Ellos ven cada nuevo avance en el desarrollo ambientalmente dañino a través de la lente del caos climático que se avecina. Informados por la ciencia ecológica, también reconocen que este proyecto contribuye a un paisaje futuro lleno de lagos muertos, menos árboles y especies, escasez de agua, ríos contaminados y aire lleno de partículas.
La lucha por un Estado plurinacional y la lucha contra la corrupción están conectadas. Las protestas # 21N, como otras marchas populares y protestas antes de ellas, representan el verdadero espíritu de la democracia en Guatemala, mucho más que los resultados de elecciones corruptas. Romper las garras de la democracia contrainsurgente requiere una transformación del Estado y del modelo de desarrollo según las líneas trazadas por las luchas indígenas y campesinas. El lema “Nos tienen miedo porque no tenemos miedo” sugiere un cambio en la dinámica en torno a la violencia que abre espacio para estos cambios. Lo que se necesita es unidad, y que los ladinos urbanos comprendan que, para poner fin a la corrupción, deben reconocer su interdependencia con la mayoría indígena y abrazar el estado plurinacional.
Nicholas Copeland es un antropólogo cultural que enseña en el Departamento de Sociología de Virginia Tech. Es autor de The Democracy Development Machine: Neoliberalism, Radical Pessimism, and Authoritarian Populism in Mayan Guatemala (Cornell 2019) (descargar PDF gratis) y es parte de la Red de Agua de Guatemala (REDAGUA).
