Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NACLA Report, nuestra revistsa trimestral.
Los últimos doce años en Honduras generaron titulares que han marcado tendencia, la mayoría destacando al golpe de estado que sacó al presidente de turno en pijamas a las calles y que dejó decenas de muertos y centenares de víctimas de la brutalidad policial y militar en los meses siguientes; la violencia que entre 2010 y 2012 convirtió al país en el más violento del mundo; o las crisis migratorias de 2014, 2018 y 2019 que expusieron cómo miles de personas huyen de un Estado fallido. Pero esos titulares poco circularon en Honduras. Durante el golpe de Estado, medios de comunicación independientes y canales internacionales fueron cerrados temporalmente. Muchas periodistas que cubrían las violaciones de derechos humanos en las calles fueron encarcelados, amenazados y golpeados, mientras que los medios corporativos pasaban dibujos animados y las transmisiones diarias del presidente de facto.
Pasó el golpe, fuimos a elecciones y con un “borrón y cuenta nueva” surgió una inquietud ciudadana que derivó en denuncias públicas sobre corrupción y la petición de una misión internacional contra la impunidad que desenmarañara las redes de la cleptocracia hondureña. Los medios críticos al poder comenzaron a surgir en el internet, a pesar de que el Estado otorgó concesiones de radio y televisión a las iglesias y empresas que apoyaron el rompimiento del orden constitucional.
En Centroamérica, el periodismo independiente avanzó a medida se fue expandiendo el acceso a internet, a mediados de la primera década del 2000. Existe una fuerte concentración de la propiedad de los medios tradicionales en la región —en Honduras, la mayoría de los canales de televisión, estaciones de radio, y publicaciones impresas pertenecen a seis familias poderosas— y los medios digitales han tenido un papel importante en contrarrestar el cerco mediático establecido. Eso ocurrió a pesar de que existe aún una profunda brecha digital en esta región empobrecida, violenta y con bajos índices de desarrollo humano. Aun así, en esos años ya se veían medios como El Faro en El Salvador, lanzado como periódico digital en 1998, o Confidencial en Nicaragua, lanzado como períodico semanal en 1996, que marcaron el camino hacia un nuevo periodismo, una nueva forma de contar la región y una nueva oportunidad para romper el silencio impuesto por una agenda mediática que siempre respondió al poder. Se popularizó en esta región —que conoce poco de democracia— que el periodismo es un pilar para la misma. Sin embargo, al ritmo de los retrocesos democráticos, los gobiernos se han alineado para responder al unísono que existe un enemigo público: el periodismo independiente.
Con la marca indeleble de esa historia reciente, en 2017 creamos Contracorriente con el conocimiento completo de ese contexto y con el reto de contar un país que parecía borrado de la memoria regional y global. Ese año, el presidente Juan Orlando Hernández se reeligió a pesar de la prohibición que existe en la Constitución de la República y después de venir de un proceso de acumulación de poder y control sobre los otros poderes del Estado. Hernández instauró la autocracia con su reelección pero la cocinó desde el golpe de Estado, en el que participó activamente y que lo convirtió en el presidente del Poder Legislativo de 2010 a 2014. Y es Hernández el diseñador de un Estado sin transparencia, polarizado y restrictivo en temas de información pública, algo con lo que debemos lidiar los periodistas de investigación de este país.
Creamos un medio hace cuatro años, pero más que eso, creamos una plataforma para que nos permitiera hacer periodismo de investigación y profundidad y también formar a una nueva generación de periodistas y ciudadanos que quieran contar la realidad de este país y las consecuencias directas de la crisis institucional en sus vidas.
Comenzamos siendo cuatro personas con dos voluntarias y ahora somos un equipo de más de veinte, con múltiples disciplinas y un grupo de voluntariado que crece con el tiempo. Hemos abierto espacios para que la ciudadanía escriba crónicas de su cotidianidad, opinión política y cultural e historias en primera persona para la población LGTBIQ+. En un proceso de aprendizaje mutuo nos hemos consolidado como un referente hondureño en investigaciones regionales y transnacionales que han tenido impacto dentro y fuera de nuestras fronteras. Experimentamos con publicaciones en inglés desde hace más de un año y creamos espacios en internet de apertura de datos oficiales para que también el periodismo se convierta en una herramienta ciudadana para demandar la rendición de cuentas.
Resistir la mordaza
Contracorriente nació en una etapa en que el país vivió un proceso de creación de conciencia anticorrupción. Entre 2016 y inicios de 2020, los años en los que la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad (MACCIH) funcionó en el país, se revelaron redes de corrupción y se creó la oportunidad de abrir información sobre temas que antes estaban censurados, por ejemplo el desfalco del Estado a manos de grupos de crimen organizado. Lo mismo sucedió cuando en la Corte del Distrito Sur de Nueva York comenzaron a judicializar a narcotraficantes hondureños que revelaron los mecanismos que permitieron que Honduras se convirtiera en el paso fácil de la droga. En 2019, el jucio contra Tony Hernández, hermano del presidente y ex-congresista, expuso al mundo el narcoestado que ahora es. Estos pasos de justicia, nos han permitido contar el país aunque el gobierno y los agentes de violencia sofistiquen la mordaza.
En 2020, en plena pandemia por Covid-19, entró en vigencia un nuevo código penal que regula tres delitos de injurias y tres delitos de calumnias. Los artículos 229, 230 y 231 indentifican la injuria, la calumnia, injuria financiera y calumnia financiera, injuria indirecta y calumnia indirecta. Según un análisis de la legislación hondureña sobre la libertad de expresión que publicamos en Contracorriente este año, en este código se suman a las injurias y calumnias —que según normas internacionales no deberían ser evacuadas por la vía penal— otras figuras que fueron utilizadas en otros países para la criminalización de las voces disidentes incluyendo el ejercicio periodístico: la revelación de secretos, la instigación pública a la demora o no pago de impuestos, el pánico financiero, instigación a la rebelión o a la sedición, la injuria religiosa, el ultraje a los símbolos nacionales, y el hurto del espectro radioeléctrico. Una versión anterior también incluía la apología al terrorismo, pero finalmente aquel artículo fue derogado tras presiones de organismos internacionales y el gremio periodístico. Y además relaciona la injuria y la calumnia con la publicidad, que es similar a la difamación agregando una circunstancia de gradación de las penas por los delitos contra el honor si el hecho se cometiera utilizando sitios web de divulgación colectiva o redes sociales a través de internet. Esto va en contra, según denunció Natalie Southwick del Committee to Protect Journalists, el “creciente consenso regional en el sentido de que las sanciones civiles proporcionan una reparación adecuada en las causas por injuria y calumnia”.
En la práctica, y en si Honduras tuviera un sistema de justicia independiente, esto solamente nos exigiría hacer lo que debemos hacer: un periodismo responsable, con todas las voces, con procesos editoriales robustos. Sin embargo la penalización de los delitos contra el honor colocan una carga judicial enorme en las salas de redacción sobre todo en las que no se plegan a los intereses de los poderosos de turno. El código penal se vuelve una amenaza legal para las voces disidentes y el periodismo independiente, porque en Honduras es común la publicación de mentiras, notas falsas o informaciones deformadas para exaltar el discurso oficial sin consecuencias, los periodistas incómodos son los que deben pelear por la verificación de sus datos, tener procesos editoriales rigurosos y la protección legal necesaria para enfrentarse a la amenaza.
Por otra parte, en Honduras, el riesgo aumenta porque en la mayoría de veces, las amenazas vienen de todos los frentes, no solo el legal. Una amenaza constante al periodismo de investigación es la continua ampliación del estado de secretividad. El presidente Hernández, por ejemplo, creó hace un año, en plena pandemia y cuando el acceso a la información pública era más necesario, su propia secretaría de transparencia en paralelo al instituto de acceso a la información pública y transparencia, que había intentado actuar con algo de autonomía luchando por abrir información estatal a la ciudadanía. Colocó de ministra allí a la hija del ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Andrea Matamoras, como la guardiana del muro que no permite a los periodistas críticos tener acceso a la información del Estado. Los ladrillos de ese muro están en cada institución donde la secretividad es la norma.
Como si fuera un suvenir para turistas, el Estado de Honduras se compromete con la protección a periodistas y con la transparencia, pero sus decisiones normalmente son arbitrarias a estos. La pandemia, que hasta el día de hoy ha prolongado un estado excepción con toque de queda y suspensión de garantías constitucionales por 18 meses consecutivos, ha servido de excusa para limitar el acceso a la prensa a informar. Inicialmente, una de las garantías constitucionales que se suspendieron fue la de la libertad de emisión del pensamiento. El gobierno quitó esa suspensión después de la exigencia de organizaciones internacionales, pero en la práctica, ese derecho ha estado coartado en los últimos años con la militarización de las instituciones y de la seguridad pública. Después del golpe de Estado, a partir del gobierno de Juan Orlando Hernández que comenzó en 2014 y se mantiene, desde que las Fuerzas Armadas participan en juntas interventoras de hospitales o centros penales, el acceso a estos es imposible así como imposible es acceder a los informes de lo que hacen las FFAA en funciones que no le corresponden, como la dirección de programas educativos y agrícolas.
La alta desconfianza con la prensa
Hacer periodismo en Honduras es hacerlo a pesar de la censura, los bloqueos institucionales y las amenazas, también a pesar de la realidad misma de un país con una alta conflictividad social. En Contracorriente hemos recorrido todo el país contando sus realidades y matices, sus personajes de poder y las poblaciones que han sufrido las consecuencias del ejercicio violento de ese poder. En ese camino nos hemos encontrado con una profunda desesperanza que radica en que en este país se sobrevive por poco cada día. Hemos contado esa sobrevivencia cruel en las comunidades de Honduras y cómo eso expulsa a miles con quienes hemos hablado mientras se van o incluso cuando llegan a su destino en Estados Unidos. O cuando obligadamente regresan a un país del cual huyeron desesperadamente.
En medio del desastre hondureño, esa población afectada directamente por los problemas que nosotros descubrimos, contamos e ilustramos con el periodismo, también tiene una alta desconfianza con la prensa y los medios de comunicación, sobre todo después del golpe de Estado y últimamente por la afinidad que tienen estos medios y su agenda mediática con el poder y las mafias.
La MACCIH investigó varias líneas de desfalco del Estado, una de ellas tomó el nombre de “Hermes” como el mensajero de Zeus en la mitología griega quien además fue declarado protector de los ladrones e invasores, todo lo que robaba, lo sacrificaba a sus dioses. Un nombre coherente con un caso en el que la fiscalía reveló que periodistas recibieron montos millonarios para que “dieran una opinion favorable el Presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández,” según el requirimiento fiscal. En el reportaje “Vehículos, sandwiches y periodistas” publicado en nuestro medio se explica que este caso demostró que Hilda Hernández, la hermana ya fallecida del presidente y la entonces titular de Comunicación y Estrategia de Casa Presidencial, utilizó a Carol Vanessa Alvarado, su amiga y mano derecha, para crear una empresa de maletín para desviar fondos en beneficio de la campaña política de su hermano y mantener el discurso en favor del gobierno.
Según datos del requerimiento fiscal, al menos 60 millones de lempiras de un total de 122 millones (aprox. $2.5 millones de $5 millones) desviado hacia la empresa de maletín sirvieron para pagar a más de 70 periodistas a través de un acuerdo hablado establecido con la ministra de Comunicación y Estrategia para que los periodistas dieran una opinión favorable sobre el trabajo del presidente. En junio de 2015, cuando el movimiento de Los Indignadxs protestaba en las calles por el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y pedía la instalación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Honduras (CICIH) un grupo de directores de medios se reunieron con la ministra Hilda Hernández para empezar un diálogo nacional y detener las protestas. Entre los periodistas que se reunieron estaban Luis Edgardo Vallejo que entre 2014 y 2016 recibió un total de 2.6 millones de lempiras (aprox. $108 mil) y Armando Villanueva, que después de esa reunión empezó a recibir pagos mensuales de 80 mil lempiras (aprox. $3,300) hasta completar un monto total de 480 mil lempiras en diciembre de ese año (aprox. $20,000).
Además, desde 2016 a 2021, según documentos del base de datos agentes extranjeros en Estados Unidos y un reportaje del Washington Post, del el gobierno de Hernández contrató lobistas en Estados Unidos que también intentaron intervenir en la agenda de medios de comunicación, especialmente para resaltar sus logros en la baja de homicidios durante su primer mandato y posteriormente su versión sobre las acusaciones que caían en su contra en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Retando la ley de la gravedad que atrae a la oscuridad cualquier intento de transparencia a través del periodismo, en Contra Corriente escalamos el muro institucional, pero también el social en medio de la polarización y la incertidumbre que provoca una democracia fallida. La población se espera que los medios y los periodistas respondan a la agenda oficial y no profundicen ni investiguen lo que realmente pasa en el país, de ahí que el reto de tener una audiencia activa crece cada día más, sobre todo cuando la polarización aumenta, la calidad de la educación disminuye y la desesperanza ahoga la ilusión de la democracia.
Actualmente Honduras está a la espera de una nueva crisis política en las elecciones que se avecinan y que el gobierno de Hernández ya ha condenado al fracaso inminente, pero no para su partido, que, como un hábil titiritero, mueve los hilos de su continuidad en el gobierno. En ese ambiente de convulsión, violencia política y falta de transparencia, los periodistas independientes estamos en primera línea, así se sitúa Contracorriente actualmente, como su nombre lo indica.
Jennifer Avila Reyes es periodista y cofundadora y directora de Contracorriente. Previamente, trabajó durante seis años en Radio Progreso como periodista multimedia y documentalista. Es ganadora del 2020 LASA Media Award.
