Este artículo fue publicado en inglés en la edición de otoño de 2024 de nuestra revista trimestral NACLA Report.
Desde que denunció un derrame de petróleo en su territorio amazónico en el 2022, Olivia Bisa ha sido víctima de amenazas y persecución. En febrero, después de un año y medio de llamadas amenazantes, dos hombres desconocidos intentaron entrar a su casa en la madrugada mientras dormía. “Ya hay 31 líderes indígenas asesinados [en la última década]”, dijo en una entrevista con La República. “Yo no quiero ser la número 32”. Desde entonces, el número de defensores indígenas asesinados en Perú desde el año 2013 ha subido a 34, por lo menos.
Bisa es la presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. El pueblo Chapra se ubica en los distritos de Morona y Pastaza en la provincia de Datem del Marañón del departamento de Loreto. Bisa es la primera presidenta mujer de su nación y es reconocida por su activismo contra economías ilegales en su territorio, la ejecución de proyectos de infraestructura sin consulta previa y los derrames de petróleo producidos por la empresa estatal Petroperú.
El Ministerio de Cultura del Perú reconoce la existencia de 55 Pueblos Indígenas, 51 en los Andes y cuatro en la Amazonía. Sin embargo, estos pueblos no están reconocidos como tales en la Constitución Política. Bajo una perspectiva agrarista solo se reconoce a “comunidades campesinas”, en su mayoría en los Andes, y “comunidades nativas” en la Amazonía, de las cuales existen 6.682 y 2.703 respectivamente. Estas comunidades tiene derechos de propiedad colectiva sobre espacios restringidos y cuando se ubican en áreas con “actitud forestal”, como la mayor parte de la Amazonía, solo pueden acceder al derecho de “cesión en uso”, no a la propiedad.
Para promover sus derechos territoriales los pueblos indígenas de la Amazonía se han organizado históricamente a través de federaciones. Las federaciones usualmente representan a un grupo de comunidades de un mismo ámbito territorial. La organización indígena más grande del Perú es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Creada en 1980, representa hoy 109 federaciones y 2.439 comunidades nativas. Sin embargo, la ausencia de regulación y políticas públicas sobre esta figura organizativa ha llevado a que muchas federaciones se creen sin el respaldo de AIDESEP y actúen al margen de la agenda indígena nacional.
En dicho contexto, ha surgido la agenda de los Gobiernos Territoriales Autónomos. Hasta la fecha, nueve pueblos indígenas —Wampís, Awajún, Achuar, Kukama Kukamiria, Kandozi, Quechua Pastaza, Shawi, Shiwilu, y Chapra—, bajo el impulso de una Oficina Regional de AIDESEP, la Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo (CORPI-SL), comenzaron la constitución de este nuevo modelo de gobernanza territorial. El Pueblo Wampís fue pionero con su declaración de constitución del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís en noviembre de 2015. El Gobierno Territorial Autónomo Chapra se creó en el 2017.
Las amenazas contra Bisa han atraído atención a su lucha. Mary Lawlord, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Situación de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, alertó sobre su situación y realizó un llamado urgente al Estado peruano para que tome acciones inmediatas de protección para ella y su familia. A nivel nacional, 25 organizaciones indígenas y de la sociedad civil suscribieron un pronunciamiento en el que se sumaron al llamado de las Naciones Unidas.
Conversamos con Bisa a mediados de mayo por teléfono. En esta entrevista conversamos sobre las demandas y los retos de los gobiernos territoriales autónomos. Nuestra conversación ha sido editada por su claridad y extensión.
Roger Merino y Adriana Castro: ¿Por qué los pueblos indígenas de la Amazonía norte peruana están en proceso de constituir “Gobiernos Territoriales Autónomos”? ¿Cuáles son las aspiraciones de los Gobiernos Territoriales Autónomos y del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra que usted preside?
Olivia Bisa: Como bien sabemos, nosotros, como pueblos indígenas, preexistimos al Estado peruano. El estado se formó con sus leyes, políticas, sistemas de gobierno, pero nosotros nunca fuimos partícipes de la toma de decisiones en esos momentos y espacios, pese a que ello alteró nuestro territorio, nuestros estilos de vida, nuestra cosmogonía. Por medio de organizaciones sociales indígenas, nacionales y regionales, hemos exigido históricamente que se respete nuestro modo de vida y que se nos incluya en la toma de decisiones, pero no nos han tomado en cuenta.
Al contrario, solo explotan nuestras riquezas —por ejemplo, los hidrocarburos que contaminan nuestros ríos— y para ello vienen con el discurso de desarrollo. Pero no hay desarrollo en la Amazonía a pesar de que la explotación de petróleo tiene más de 50 años. No hay infraestructura ni servicios. Mi nación tiene 200,000 hectáreas y 32 comunidades, pero en ninguna hay agua potable ni electricidad. No hay infraestructura de educación ni salud. Yo pregunto entonces de qué desarrollo hablamos cuando lo que vemos es solo la imposición neocolonialista de ideas y políticas bajo la fórmula de “desarrollo integral”.
Nuestras organizaciones sociales, por su parte, perdieron credibilidad debido a que comenzaron a proliferar y fragmentarse. En muchos casos, fueron manipuladas por los gobiernos y empresas, y se ha visto casos de dirigentes involucrados en temas de corrupción. Entonces la única salida para poder garantizar la protección de nuestros territorios titulados y no titulados, reconocidos como territorios ancestrales, es mediante los Gobiernos Territoriales Autónomos.
Nosotros tomamos la decisión de crear Gobiernos Autónomos para gobernar y cuidar nuestros territorios. Empezamos como nueve gobiernos territoriales y entre todos abarcamos más de 16,000,000 de hectáreas de bosque en la Amazonía. Diría que los Gobiernos Autónomos Territoriales son una evolución del movimiento indígena para seguir protegiendo y resistiendo a múltiples actividades extractivistas y de explotación impulsadas por el Estado.
RM y AC: ¿Cuáles consideran que son las semejanzas y las diferencias en el proceso de constituir gobiernos territoriales autónomos y los procesos constituyentes plurinacionales en Bolivia y Ecuador? ¿Cree que en el Perú se puede seguir el mismo camino que en estas experiencias? ¿Qué perspectivas existen de que el estado peruano reconozca a los gobiernos territoriales autónomos?
OB: Bueno, lo que pasó en Bolivia y lo que pasó en Ecuador es una luz de esperanza que inspira a que nuestra lucha continúe. Sin embargo, sabemos que no será fácil. Nosotros tenemos una alianza que se llama Cuencas Sagradas que integra a las nacionalidades indígenas de Ecuador y de la Amazonía peruana, y vemos que por más que se haya avanzado con algunas normas jurídicas de protección de territorios de los pueblos indígenas en Ecuador, el Estado no las está respetando. Entonces siempre hay vulneraciones a los derechos de los pueblos indígenas y nosotros estamos atentos a lo que sucede con nuestros pueblos hermanos.
Un problema es que cuando nosotros hablamos de Gobiernos Territoriales Autónomos, inmediatamente surgen las voces que niegan este proceso señalando que el Estado peruano no puede dividirse. Claro, nosotros somos conscientes que el Estado peruano es indivisible, pero la Constitución peruana nos dice que somos sujetos de derecho como seres humanos y que tenemos derecho a la autodeterminación en nuestro territorio. La Constitución nos dice que tenemos derecho a vivir en nuestro territorio de acuerdo con nuestro estilo de vida, nuestra cosmogonía. Por ello, nosotros demandamos vivir bajo nuestra propia gobernanza territorial y tener control sobre nuestro territorio.
Además, todos son testigos que gracias a los pueblos indígenas la Amazonía ha estado históricamente protegida. El mismo Estado peruano habla sobre la importancia de la Amazonía, pues abarca el 80 por ciento de la biodiversidad del país. Esto no es por arte de magia, es porque hay pueblos indígenas que están viviendo ahí, que la conservan, que la cuidan. Entonces, es contradictorio que se proclame tanto el valor de la Amazonía y que sigan difundiendo el mismo discurso de desarrollo. Ello no garantiza un futuro de protección y conservación, menos si no involucra el respeto a los pueblos indígenas que vivimos aquí desde hace miles de años.
Nosotros ahora no tenemos una norma que reconozca a los Gobiernos Territoriales Autónomos, pero ejercemos la autonomía en la práctica en nuestros territorios. Además, buscamos tener relaciones de diálogo político con los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Por lo menos las nacionalidades Chapra, Wampís y Awajun hemos sido consideradas en las reuniones con representantes del gobierno como gobiernos territoriales de nuestras naciones. El Gobierno no nos debería ver como enemigos, sino como aliados.
Además, Perú tiene un acuerdo de sostenibilidad al 2030, tiene un compromiso para mitigar el cambio climático. ¿Cómo piensa el Perú mitigar o cumplir con este compromiso al 2030 si sigue vulnerando los derechos de los pueblos indígenas, si sigue vulnerando sus territorios y sigue haciendo más concesiones, fomentando la explotación, y sigue indiferente frente a los asesinatos de defensores ambientales? Entonces, la lucha contra el cambio climático es un discurso bonito dirigido a otros países, pero cuando se ve la realidad desde dentro del territorio, no se siguen las normas ni discursos. Actúan contrariamente a lo que propugnan.
RM y AC: ¿Qué retos encuentra en el proceso de constitución de gobiernos territoriales autónomos respecto a las políticas estatales, las competencias de los diversos niveles de gobierno y el avance de economías ilegales en la Amazonía?
OB: No tenemos el apoyo de ninguna entidad estatal, aunque nos respetan y nos consideran, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Pero es muy difícil hacerles entender qué significa el Gobierno Territorial Autónomo de una nación indígena. Para ellos es una organización social más. Pero para nosotros en realidad es mucho más que una organización. Los Gobiernos Autónomos tenemos un Estatuto Constituyente que expresa nuestra cosmovisión indígena.
El reto fundamental es que el Estado no considera al pueblo indígena como tal, como una nacionalidad. Solo nos considera como comunidades nativas o campesinas. Por ello, me reconocen como peruana, como ciudadana, pero no me reconocen como Chapra, con un documento de identidad que reconozca mi nacionalidad indígena. ¿Cómo lograrlo? Tenemos aliados que han trabajado en Ecuador y Bolivia, en diferentes países de la región, que difunden información sobre cómo se viene construyendo la plurinacionalidad. Para algunos, necesitamos insistir con protestas y la lucha constante para que el gobierno al fin nos reconozca. Nosotros no buscamos la confrontación, venimos formulando argumentos jurídicos para que el gobierno reconozca nuestra autonomía.
El problema es que, si en el Perú no hay muertos, entonces no reacciona el Estado peruano. Esa inacción y menosprecio es el gran desafío que tenemos, en particular el Gobierno Territorial Chapra y todos los gobiernos territoriales. Ahora, este proceso también ha traído celos políticos y administrativos entre algunas organizaciones sociales. Tenemos organizaciones como AIDESEP y CORPI-SL, que es la organización regional de AIDESEP, que en 30 o 40 años de existencia no han logrado garantizar la titulación de las comunidades. Existen 32 comunidades nativas en el Gobierno Territorial Chapra y solamente 3 comunidades tienen título.
Nos preguntamos entonces si es que AIDESEP cumplió con su misión después de tantos años. Nosotros como gobiernos territoriales ya no podemos esperar más. Al interior del Pueblo Chapra competimos democráticamente para ganar la presidencia del Gobierno Territorial Autónomo. Nuestro proceso político es distinto al de muchas organizaciones.
Un problema de las organizaciones indígenas es que hay líderes que quieren perpetuarse en sus puestos y se reeligen. Nosotros en nuestros estatutos hemos estipulado que, si a un presidente de gobierno territorial lo eligen para 5 años, no tiene derecho a la reelección. Así, estamos eliminando esta mala práctica de las organizaciones sociales sobre la reelección. Tenemos estatutos muy diferentes a las normas internas convencionales de las organizaciones indígenas. Nosotros incorporamos en nuestros estatutos fundacionales nuestra política de manejo político, económico, ambiental, social.
También tenemos nuestros planes de vida en donde apostamos por un desarrollo económico y ambientalmente sostenible; así como social y políticamente sostenible, sin la necesidad del extractivismo. Es un reto muy grande, pero lo estamos cumpliendo y estamos demostrando que sí se puede lograr.
RM y AC: ¿Considera que el proceso de constitución de gobiernos autónomos está transformando la forma histórica en la que se ha organizado el movimiento indígena a través de federaciones?
OB: El tema es que transformar todo el movimiento indígena es un sueño y es un reto. Y está bien así porque cuando uno no sueña no puede llegar a nada. Entonces este movimiento territorial es un sueño muy grande, una ambición, porque es protección real de los territorios.
En el proceso estamos logrando muchas cosas. Por ejemplo, ¿cómo estamos contrarrestando al extractivismo informal? Hablamos de minería ilegal, tala ilegal, los gobiernos territoriales se constituyen como guardianes del bosque, como soldados verdes, activando alertas tempranas de acuerdo con cada pueblo. Acciones dirigidas por sus voluntarios que cuidan y supervisan sus territorios. Hace poco, en la nación Wampís, se logró capturar a tres efectivos policiales que estaban resguardando la minería ilegal. Entonces somos más efectivos que las organizaciones indígenas convencionales y sus federaciones.
Nuestro gobierno territorial y sus directivos están en campo, no viven en Lima, no tienen oficinas en San Lorenzo [la capital de la provincia del Datem del Marañón], solamente cuando van a salir a gestionar, viajan a nivel nacional e internacional, y luego se regresan a sus comunidades. Entonces, el contacto de los líderes es directo y esto define nuestra forma de gobierno y cómo gestionamos el territorio.
Al ser un gobierno autónomo de una nación indígena es muy difícil que nos puedan dividir. No puedes dividir un pueblo, hay solo un gobierno Chapra. Entonces, eso también nos diferencia de las organizaciones tradicionales que se pueden coludir con una empresa minera, maderera o petrolera, que puede ofrecerles apoyo [economico]. Así, las organizaciones sociales están sujetas a la proliferación [de las organizaciones] y eso debilita el movimiento indígena. En cambio, los gobiernos territoriales no son sujeto de proliferación.
Por otro lado, al no tener políticas tan vinculadas con la agenda de territorios autónomos, las organizaciones convencionales sienten que somos una competencia. Pero nosotros no somos competencia. Nosotros somos una alternativa para revitalizar al movimiento indígena y darle credibilidad a nuestra lucha pues se ha venido perdiendo debido a acciones u omisiones de organizaciones convencionales reconocidas durante muchos años.
RM y AC: ¿Cuáles son los próximos pasos para la constitución de gobiernos territoriales autónomos y del gobierno Chapra en particular? ¿Considera que este modelo puede aplicarse con sus matices a otras partes de la Amazonía y a los Andes?
OB: Bueno, nosotros ya tenemos la demarcación territorial del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, tenemos una zonificación territorial, ya que el Estado peruano se ampara en la ausencia de delimitación para afirmar que el territorio esta vacío. Estamos siguiendo la estrategia de los gobiernos territoriales para que el Estado no tenga más excusas y al final digan “sí señores, tienen derecho a ser reconocidos como naciones”.
Con el actual marco legal la comunidad que no es titulada no tiene derechos, pero con nuestra zonificación territorial estamos diciendo que cualquier comunidad titulada o no titulada que ocupa o utiliza este espacio tiene derechos ancestrales. Por ejemplo, hay ámbitos territoriales que utilizamos para el encuentro espiritual con los seres del agua o para el encuentro espiritual con los seres del bosque. Hay zonas de pesca, zonas de repoblamiento de animales, zonas de caza, zonas de múltiples usos, zonas de agricultura, zonas intangibles, zonas de transmisión espiritual, conocimientos ancestrales. Nuestro territorio está cubierto de múltiples usos que nosotros hemos dado durante muchos años.
Además, estamos procurando que nuestra agenda no contravenga con otras leyes y derechos fundamentales. Estamos implementando una política de igualdad de género real, para la participación igualitaria. Nuestro gran reto es implementar el plan de vida, y es costoso. En el plan de vida establecemos cómo queremos que se maneje nuestra educación y economía, como resolvemos conflictos entre nosotros y con los vecinos. A los Chapras solo nos falta eso, luego presentaremos el expediente al Poder Ejecutivo y Legislativo, si es que no nos hacen caso, iremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hemos tenido conversaciones con hermanos Quechuas y Aymaras, también tienen su estatuto, en otras zonas de la Amazonía también existe. Le están exigiendo a AIDESEP ser el impulsor que apoye este nuevo proyecto de gobernanza. Para nosotros, esta gobernanza territorial respetuosa con el entorno natural es la única esperanza para evitar el punto de no retorno de degradación ambiental sobre la Tierra.
Roger Merino es Profesor Asociado en la Universidad del Pacífico (Lima, Perú). Investiga temas de Ecología Política, Gobernanza Ambiental y Derechos Humanos.
Adriana Castro es Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con una especialización en Derecho Internacional Público por la misma casa de estudios.
