En el fondo de un amplio y colorido galpón de Villa Crespo, un barrio residencial en el corazón de Buenos Aires, un grupo de jóvenes de la cooperativa Esquina Libertad imprime bolsas de algodón con una prensa térmica manual. La imagen en las bolsas es la de Norma Plá, una famosa jubilada que fue uno de los principales rostros de las protestas sociales en Argentina en la década de 1990.
Plá se convirtió en una suerte de heroína nacional por encabezar un movimiento que luchó por los derechos las personas pensionadas después de que a finales de la década de 1980 se aplicara un programa neoliberal para luchar contra la hiperinflación que redujo drásticamente el gasto público. En un momento que para muchas personas en Argentina se convirtió en emblemático de la controversial década, Plá hizo llorar ante las cámaras al entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando le suplicó que ayudara a quienes, como ella, no lograban llegar a fin de mes.
Aunque muchas cosas han cambiado en los 40 años que transcurrieron desde que Plá exigió una pensión digna para las personas jubiladas, el tipo de políticas contra las que ella y otros lucharon están reapareciendo. Plá falleció en 1996, pero su memoria ha resurgido con el auge de las protestas contra las medidas de austeridad en Argentina. Proyectos como Esquina Libertad, una cooperativa editorial que apoya a las personas privadas de libertad, es uno de los que luchan por sobrevivir ante esta nueva ola de austeridad.
Desde su toma de posesión en diciembre, el Presidente de derecha Javier Milei ha recortado el gasto público en un 30 por ciento, lo que incluyó la reducción de la ayuda alimentaria a comedores sociales y la disminución de las subvenciones a servicios públicos como la educación y el transporte. Milei dice que las medidas eran esenciales para detener la agobiante inflación, que alcanzó casi el 300 por ciento a finales de 2023. En abril, el sector público nacional de Argentina registró un superávit por primera vez en años y desde entonces la inflación ha descendido lentamente. Pero las políticas de Milei han tenido un alto costo social. La combinación de la subida de precios de rubros como alquileres y servicios básicos y la disminución de la actividad económica, ha causado un aumento de la cantidad de personas que no llegan a fin de mes. Actualmente, el 52,9 por ciento de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, la tasa más alta desde 2003, según cifras oficiales.
Algunos de los grupos más afectados por los recortes han sido las organizaciones sociales que apoyan a quienes más necesitan ayuda, entre ellas cooperativas como Esquina Libertad, cuyo nombre se inspiró en la famosa canción de Los Piojos. La cooperativa gestiona una agencia de comunicación y una editorial, imprenta y productora audiovisual. Es la primera de este tipo formada por personas que están o han estado encarceladas y sus familiares, que colaboran en la organización de talleres y en la promoción de la cooperativa.
Construyendo herramientas para la vida después de la cárcel
El proyecto Esquina Libertad comenzó en 2010, cuando un grupo de mujeres cuyos seres queridos estaban detenidos en Devoto, la única cárcel federal de la ciudad de Buenos Aires, comenzaron a compartir ideas sobre cómo ayudar a sus familiares una vez que salieran en libertad. Muchas personas que han pasado tiempo en prisión dicen que este periodo es el más duro; encontrar trabajo en Argentina es difícil en el mejor de los casos, pero para quienes tienen antecedentes penales, es casi imposible. El Centro Universitario de Devoto, una universidad pública que ofrece seis carreras y una serie de talleres dentro de la prisión, compró a las mujeres de Esquina Libertad una impresora como forma de poner en marcha su propio negocio. Ahora dictan talleres y capacitaciones en media docena de cárceles de todo el país.
“El proyecto nació de la falta de políticas públicas eficaces para apoyar a nuestras comunidades”, afirma Ayelén Stoker, una de las fundadoras de Esquina Libertad. “El Estado no está presente desde el inicio, no brinda educación adecuada, salud, trabajo. Lo único que hace es meter a la gente en la cárcel y después los sueltan sin ningún apoyo. Esa lógica del castigo por el castigo no ayuda a resocializar a nadie, sólo aísla más a la gente”.
Stoker conoce el impacto de las cárceles. Su tío y su pareja desde hace 12 años experimentaron el encierro. Igual que otras mujeres con familiares presos, enfrentó desafíos económicos durante aquellos años, especialmente cuando tocaba reunir dinero para llevarle comida y medicinas o desplazarse hasta la prisión y hacer fila durante horas para entrar.
Cuando su pareja fue puesta en libertad, le resultó difícil encontrar trabajo debido a sus antecedentes penales. Estos retos inspiraron a Stoker a buscar una forma creativa de ayudarle, a él y a otros, a acceder a oportunidades laborales.
“Esquina Libertad fue el resultado de reflexionar sobre la necesidad de tener herramientas para generar inclusión, y fue algo que surgió de nosotras, no de otra gente [que no ha vivido las cárceles]”, dice Stoker.
Libros entre rejas
La población privada de la libertad en Argentina, que viene creciendo desde hace décadas, se cuadruplicó entre 1996 y 2022 e incluye un gran porcentaje de personas detenidas en prisión preventiva, sin condena. La gran mayoría de las personas encarceladas proceden de entornos marginalizados y carecen de acceso a la educación superior. Las repercusiones del encarcelamiento son especialmente perjudiciales para las mujeres, quienes suelen ser cabeza de familia, y para las personas trans, que sufren diversas formas de discriminación que se entrecruzan.
En teoría, una agencia gubernamental llamada Patronato de Liberados tiene la tarea de proporcionar servicios a los exreclusos, incluyendo apoyo psicológico, ayuda para encontrar trabajo y estrategias para adaptarse a la vida después del encierro. En la práctica, sin embargo, el gobierno proporciona pocos recursos, lo que pone presión a organizaciones como Esquina Libertad para cubrir esas falencias. Las cooperantes se basan en un modelo colectivo en el que el trabajo y los ingresos se reparten equitativamente.
“Hay muchos casos de mujeres que no tienen ningún apoyo, y después de salir en libertad dicen que estaban mejor en la cárcel que fuera”, dice Silvana Ortíz, que salió de la prisión de San Martín hace un año y ahora trabaja para Esquina Libertad. “Hay una gran diferencia en la forma en la que alguien que sale de prisión puede readaptarse a la vida si tiene algún tipo de apoyo y si no lo tiene”, añade.
A Ortíz le encanta contar historias. Por eso no dejó pasar la oportunidad de participar en un taller de teatro organizado por Esquina Libertad en la cárcel de San Martín en 2018. Rápidamente se destacó y decidió tomar otros cursos, entre ellos uno de producción radial. Al salir, la cooperativa le ofreció seguir trabajando con ellos.
“Lo que proponen las autoridades es abrir más cárceles, más políticas de mano dura contra el delito cuando en realidad lo que necesitamos son acciones para evitar que la gente termine en prisión”, dice Ortíz.
Esquina Libertad es uno de los muchos proyectos sociales que cuentan con el respaldo de las universidades públicas argentinas, que imparten talleres para personas privadas de la libertad y han otorgado varios centenares de títulos en cárceles federales y provinciales. La imprenta produce material promocional, revistas, libros y realiza campañas de comunicación para comercios y organizaciones. También ofrecen talleres sobre técnicas alternativas de impresión y producción audiovisual.
Argentina es pionera en América Latina en materia de educación superior gratuita, incluso para las personas privadas de libertad. Treinta y cuatro de las 70 universidades públicas del país ofrecen programas de grado para personas encarceladas. La mayoría de estas iniciativas se crearon en los últimos 15 años, según Ramiro Gual, investigador y profesor de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, quien enseña en Devoto desde 2016 en uno de los programas universitarios más antiguos.
Estas universidades sirven como una especie de oasis dentro del sistema penitenciario. Muchos estudiantes dicen que se involucraron porque querían pasar tiempo lejos de los pabellones y, de paso, obtuvieron una educación. Los estudiantes internos están a cargo de la mayoría de los aspectos de organización de los programas: coordinan los cursos con profesores visitantes, organizan exámenes y reclutan activamente a nuevos alumnos. También mantienen las aulas, preparan la comida para los estudiantes y negocian con las autoridades penitenciarias para obtener libros, materiales y organizar eventos.
Gual dice estos programas no se tratan sólo de que la gente obtenga un título, sino de “construir ciudadanía”. Stoker está de acuerdo. “La gran mayoría de las personas que participan en los talleres tienen menos probabilidades de volver a delinquir”, afirma. “Eso significa que la educación genera oportunidades”. Los programas ofrecen a las personas privadas de la libertad tanto una forma de conectar con el mundo exterior como de imaginar su vida fuera de la cárcel.
“Es difícil pensar en el mañana”
Unas 500 personas participan de diversas maneras en la Cooperativa Esquina Libertad, incluidas unas 50 que actualmente están privadas de la libertad. La recesión económica argentina y los recortes en programas sociales han afectado todos los aspectos del proyecto. Para algunos, el encarecimiento del transporte público les impide llegar a la cooperativa. Para otros, el aumento del desempleo y el descenso de la venta de artículos producidos por la cooperativa está afectando su capacidad de llevar comida a la mesa.
“En el último año todo se ha vuelto mucho más difícil. No se me ocurre un momento peor que éste. Incluso es difícil pensar en el mañana”, afirma Stoker.
Está preocupada por el impacto que tendrán las políticas económicas de Milei en proyecto como Esquina Libertad. En 2024, el Presidente redujo el gasto público en educación en un 40 por ciento. En respuesta, en las últimas semanas se han organizado protestas para proteger la educación universitaria gratuita en todo el país. La Universidad de Buenos Aires ha declarado que ha sufrido un recorte del 80 por ciento de su presupuesto en términos reales, y algunas instituciones públicas afirman que corren riesgo de no poder continuar. En octubre, Milei vetó una ley que habría garantizado la financiación de las universidades públicas.
Estos recortes han tenido un efecto dominó para proyectos como Esquina Libertad. Stoker dice que la cooperativa ofrece a las personas que estuvieron privadas de la libertad un camino para salir de la pobreza, lo que en última instancia puede servir para reducir la delincuencia y evitar que la gente vuelva a la cárcel. “Tenemos que pensar en alternativas a la cárcel a través de la educación, el trabajo y el cuidado de la salud”, explica Stoker. “Y necesitamos que el Estado desempeñe un papel activo y colabore con organizaciones de la sociedad civil como la nuestra”.
En un rincón del galpón de Esquina Libertad, dos mujeres y un joven siguen estampando camisetas con la cara de Norma Plá. Una de las mujeres lleva una en la que se lee el mensaje "Sin educación no hay futuro". Mientras trabajan, conversan sobre sus luchas cotidianas para salir adelante, para sobrevivir, un intercambio que se ha vuelto demasiado común en Argentina. Se están preparando para una próxima manifestación en apoyo de las universidades públicas frente al Congreso en Buenos Aires. Al invocar la memoria de Norma Plá y seguir organizándose junto a otras cooperativas y movimientos sociales, insisten en que otro mundo es posible.
Josefina Salomón es una periodista argentina que cubre temas de seguridad y derechos humanos en América Latina. Actualmente es Global Research Fellow en Bard Prison Initiative.
