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En Argentina activistas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales e incluso instituciones científicas demandan por una ley que pueda proteger los terrenos forestales de los devastadores incendios que aumentan en número mes a mes en el delta del Paraná y gracias a los cuales los especuladores empresariales pueden generar sus lucros.
Se conoce como humedales a las áreas con suelos propicios a la inundación o saturados de agua durante largos períodos de tiempo. Con unos 19.300 kilómetros de extensión, el del Paraná es uno de los deltas más grandes del mundo. Forma parte de la mesopotamia Argentina y está cerca de sus principales metrópolis. En él habitan cientos de especies de animales y vegetación autóctonos, muchas de las cuales están en peligro de extinción por actividades humanas como la caza. Además, este humedal es el sustento cultural y económico de las comunidades, poblaciones y ciudades aledañas. El delta del Paraná desde el año 2016 es considerado un humedal protegido por la Convención Internacional Ramsar por ser un reservorio de biodiversidad al mismo tiempo que cumple con un rol de regulación hidrológica.
Parece irónico que el fuego sea un problema en estos espacios hidro diversos, sin embargo en lo que va del año fueron detectados focos de calor en más de 175.000 hectáreas que afectan a 13 de las 23 provincias argentinas según datos recolectados por la “NASA's Fire Information for Resource Management System (FIRMS)”. Estos números superan ampliamente los relevados en décadas anteriores.
Durante los últimos meses el aumento de focos de incendios en el país, principalmente en el delta del Paraná, representa una situación dramática tanto para las poblaciones como para la flora y la fauna de las zonas afectadas porque es muy difícil detener el fuego una vez iniciado. El cambio climático y las grandes sequías sucediendo en esas zonas húmedas han favorecido a esta situación, pero ese no es el centro de la cuestión. Lejos de obedecer a causas naturales, muchos apuntan a que el fuego se inicia intencionalmente para deforestar y dejar los terrenos preparados para el lucro especulativo de grandes empresas buscando nuevas inversiones. De hecho, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego en su informe diario, desde el mes de agosto, resalta que el 95% de los incendios producidos en el país se originaron en intervenciones humanas.
El caso de los incendios en Argentina no son hechos aislados en la región. Pantanal, que con sus 220.000 kilómetros es el humedal más grande del mundo abarcando a Brasil, Bolivia y Paraguay, hoy también está en la mira mundial pues toda la biodiversidad que alberga puede reducirse rápidamente debido a los incendios que están incrementando en gigantescas escalas. Países más al norte cómo Venezuela y Colombia también vienen batiendo tristes récords de destrucciones forestales por el fuego. En todos estos suelos uno de los denominadores comunes es que los terrenos deforestados son utilizados para negocios ajenos al cuidado de los recursos naturales preexistentes.
Según nos cuenta la abogada ecofeminista Belén Silva: “a veces es difícil establecer un solo motivo por el que sucede todo esto, hay que verlo desde varias aristas. Las prácticas de quema son habituales y esas prácticas, de manera controlada, supervisada y responsable, mejoran el territorio. El tema es que acá hay otros factores que son las especulaciones inmobiliarias, la extensión de la frontera agropecuaria, una serie de factores que son los que realmente van sumando y agravando la situación.”
Esta lógica lucrativa no es nueva. Entre los principales negocios millonarios que se levantan en las zonas devastadas por los incendios se encuentran la extracción de metales con métodos profundamente agresivos como el fracking; el monocultivo de granos de alta rentabilidad para exportación como la soja, el trigo y el maíz; y la construcción de mega-urbanizaciones que abarcan miles de hectáreas a lo largo y ancho de toda la costa ribereña como los barrios privados de Nordelta, en el partido de Tigre y San Sebastián, en el partido de Pilar que no sólo han cambiado el paisaje completamente sino también el ecosistema. Sólo basta ver en el mapa la ubicación de estos barrios-ciudades para empezar a imaginar los daños que acarrean.
Apagar incendios es una tarea colosal y cada minuto extra de quema es irreversible. Por esto surge la necesidad de implementar medidas que puedan prevenir y no solo atacar el problema cuando ya está sucediendo. Una de las demandas que está ganando atención de la opinión pública es la de sanción de una ley de humedales que priorice la protección y uso racional y sostenible de los territorios forestales en el país.
Desde el año 2012 se vienen presentando proyectos de ley que intentan demostrar la necesidad de brindar derechos a la naturaleza como lo tienen las personas, porque la falta de control sobre lo que se puede o no se puede hacer con ella nos trajo a esta situación de incendios constantes que afectan a la biodiversidad tanto porque el fuego mata todo a su paso, como por lo desérticos e inhabitables que quedan esos terrenos o, porque el humo se esparce y hace su parte en el daño ambiental. No está de más recordar que además de ser hábitat esos recursos naturales tienen un funcionamiento equilibrado y su uso desmesurado tiene consecuencias a corto y largo plazo, “muchas de esas consecuencias no son pagadas por los empresarios sino por los vecinos y vecinas del barrio, algunos productores y productoras o incluso todo el planeta, como una cosa más que aporta al cambio climático que nos afecta a todos y todas” expresa al respecto Maritsa Puma, quien con sólo 22 años es productora agroecológica y referente política de la “Unión de Trabajadorxs de la Tierra”, una organización a nivel nacional de campesinos, familias y pequeños productores del sector agropecuario que abogan por un modelo de producción, consumo y uso del campo que no implique la destrucción de los recursos humanos y naturales.
En Argentina por muchos años las causas ecologistas y ambientalistas fueron relegadas como poco urgentes, sin embargo, en la actualidad están tomando relevancia no solo en los medios de comunicación con mayor visibilidad, sino también en lo que conciernen a las discusiones sociales y políticas para conseguir normativas y acciones estatales que garanticen la protección de nuestros recursos naturales. El activismo ambientalista liderado por adolescentes y jóvenes adultos, como Maritsa, encabeza estas pujas políticas.
El julio pasado empezaron las reuniones de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina donde los diputados nacionales escuchan, debaten y asientan consensos de diferentes puntos a considerar en el armado de la ley que regule las intervenciones humanas en los humedales. La ley que se redacte allí contemplará actividades aceptables y no aceptables en esos territorios y penas por incumplimiento de la normativa para que se apruebe en las cámaras de diputados y senadores.
Tal vez lo más interesante que está sucediendo en esas reuniones de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano es la lista de oradores que aportan a la discusión. “Se está dando voz a las personas de los territorios. A veces las leyes vienen impuestas desde arriba pero acá se están escuchando a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, a pequeños productores, incluso se está escuchando a gente de los sectores inmobiliarios y ahí te das cuenta quién es realmente habitante de ahí y quien tiene un interés económico,” dice Belén Silva.
Cuando se redactan leyes que afectarán de manera transversal a las personas, los mercados y las costumbres sociales, las discusiones no sólo se dan en los espacios gubernamentales sino también en los lobbies generados por empresarios con poder a quienes les generan pérdidas económicas las regulaciones estatales. Por eso se vuelve de vital importancia visibilizar esas voces de las personas de los territorios mencionadas por Belén, que no participan de estos lobbies de puja política.
Por supuesto que la reglamentación, cumplimiento y designación de presupuesto para una ley de humedales no es la solución definitiva a los problemas que peligran la existencia de esos recursos, como nos cuenta también Maritsa Puma: “Yo creo que es un avance en sí sancionar una ley pero no es la solución, sino que se necesita también fomentar formas de producir alimentos y hacer actividades humanas más amigables con el medio ambiente donde están los humedales.”
Las acciones individuales de responsabilidad con el medio ambiente pueden cambiar nuestro futuro, pero no son suficientes porque medidas globales y estatales que acompañen esas acciones son cruciales. De todos modos, lograr que exista una ley semejante sería el inicio de un camino para proteger los terrenos forestales de todo tipo de actividad que los agote porque esta demanda no se piensa de manera aislada sino como parte de un largo plan de lucha por la defensa del medio ambiente de su principal enemigo: el capitalismo salvaje que no repara en destrucciones cuando el beneficio monetario es amplio.
Virginia Tognola es comunicadora popular, militante del Movimiento Popular la Dignidad y escritora independiente enfocada en política, cultura y derechos humanos y ambientales.
