Este artículo fue publicado originalmente en inglés en NACLA Report, nuestra revistsa trimestral.
Hubo un tiempo en que se llegó a pensar que los medios de comunicación reflejaban la pluralidad de lo social, que funcionaban como una especie de caja de resonancia “imparcial” y “objetiva” sobre el devenir de los eventos sociales y políticos. Muy pronto resultó obvio que lejos de ser simplemente instrumentos de difusión de la diversidad de opiniones, los grandes medios expresaban de manera selectiva aquellos discursos que favorecían el mantenimiento del estatus quo. La progresiva concentración de medios de comunicación, agudizada en la segunda mitad del siglo XX, convirtió el derecho a la libertad de expresión en el privilegio de unos pocos y las grandes mayorías quedaron excluidas de la posibilidad de expresarse y hacer valer sus opiniones. Para muestra, un botón. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras publicado en 2016, en EE. UU. apenas seis corporaciones controlan el 90 por ciento de la industria de la comunicación: Comcast, Walt Disney, News Corporation, Time Warner, Viacom y CBS.
Sin embargo, como decía el filósofo francés Michel Foucault, “donde hay poder hay resistencia” y los grupos subalternos han buscado siempre la forma de construir herramientas que les permitan dar la desigual batalla por hacerse ver y oír. Periódicos, murales, teatro, cineclubes, y más recientemente radios, televisoras y medios digitales han sido sólo algunos de los instrumentos que múltiples experiencias obreras, campesinas, culturales, indígenas, ecologistas, estudiantiles, eclesiales de base o feministas han utilizado en su necesidad de reconocerse y visibilizar su historia, su cultura y sus luchas. Por ello, los medios comunitarios han estado siempre ligados a la superación de la exclusión, a la lucha por mayor democracia, a las ideas de transformación de la sociedad.
El caso venezolano no escapa de esta tendencia global a la concentración de medios en pocas manos. Desde sus inicios, la propiedad de las radios, periódicos y televisoras en el país ha estado ligada a unos pocos apellidos: Cisneros, Phelps, Vollmer, De Armas, Capriles, Belfort. Un oligopolio que afianzó su dominio del mercado tras la liberalización del sector audiovisual y el otorgamiento de frecuencias de televisión UHF y radio FM durante los 90s. Dotados de un gran poder de difusión, estos grupos económicos iniciaron en esos años una ofensiva ideológica y política para deslegitimar el papel del Estado, atacar los derechos laborales y promover el dogma neoliberal.
Tal vez por eso la mayoría de los medios comunitarios en Venezuela están unidos a las experiencias organizativas emergentes que surgieron durante los años 90 al calor de la lucha contra las políticas de ajuste económico y el pensamiento único de los grandes medios de información. Para finales de esa década existían ya en el país algunas experiencias alternativas de radiodifusión y televisión abiertas, desde la decana Radio Fe y Alegría, vinculada a grupos eclesiales de base de la iglesia católica, pasando por las televisoras culturales de Michelena y Rubio, ubicadas en los fronterizos andes venezolanos, o las experiencias de TV Caricuao, Cine Móvil Huayra, Catia TVe y Radio Catia Libre en Caracas, expresiones de grupos populares de promoción cultural y activistas formados en la Federación Venezolana de Cineclubes (FEVEC). Los medios comunitarios tenían ya, para fines del milenio, un camino recorrido y una demanda colectiva de reconocimiento legal.
Francisco Pérez es uno de esos activistas que comenzaron a desarrollar experiencias de comunicación popular a fines del pasado siglo. Forma parte de una familia de históricos luchadores sociales y culturales que conformaron en los años 80 el Ateneo Cultural Karibes de Itagua en la parroquia La Vega, al suroeste de Caracas. Los Karibes de Itagua llevan varias décadas dedicados a mantener viva la identidad cultural de su comunidad, celebran fiestas populares como la fiesta de San Juan, bautizada por ellos como Encuentro de los Santos Negros, o la Cruz de Mayo. Poseen escuelas musicales para la formación de jóvenes, han montado cineclubes, obras de teatro, grupos de parranda, grupos deportivos y, por sobre todas las cosas, han defendido durante todo este tiempo uno de los mayores pulmones vegetales de la ciudad, el parque nacional Vicente Emilio Sojo, mejor conocido como Topo Itagua. Con todo este conjunto de estrategias de organización y educación comunitarias es obvio que la creación de una radio potenciaría el trabajo a desarrollar, y así lo hicieron. A finales de los años 90 colocaron en el aire la señal de Radio Activa 92.9 FM.
“Nosotros tuvimos distintas experiencias comunicacionales, muchos intentos por sacar un periódico comunitario. Para los años 90, el cineclub y el periódico eran las herramientas de comunicación que se podían pensar desde una organización popular en términos comunitarios,” recuerda Francisco. “En nuestra comunidad tuvimos una pequeña radio parlante que funcionó varios meses antes de tener un transmisor FM, y veíamos cómo se iba poniendo en la comunidad una herramienta y la posibilidad de difundir informaciones o debatir cosas.”
Hoy, Radio Activa de La Vega se encuentra fuera del aire por daños en su transmisor. Sin embargo, Francisco continúa comprometido con el desarrollo de una comunicación más libre y democrática a través de la coordinación nacional de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), organización que agrupa más de cien medios radiales y televisivos en el país.
Al otro extremo de la ciudad, Karina Rivas lleva 20 años formando parte del equipo que diariamente pone en el aire la señal del Colectivo Radiofónico de Petare, CRP 91.5 FM. Durante este tiempo la radio sólo estuvo apagada en dos ocasiones, la primera debido a la represión durante el golpe de estado de abril de 2002, y luego por unos pocos días durante 2012, mientras se mudaban a otro local más grande. Petare es uno de los barrios más grandes de América Latina, en él habitan más de medio millón de personas. Es también uno de los más peligrosos. Los problemas de Petare son los de cualquier barrio, favela, colonia, que bordean las grandes urbes latinoamericanas: hacinamiento, delincuencia, ausencia de servicios. Sin embargo, acostumbrados como estamos a ver en los sectores populares más lo que les falta que lo que poseen, solemos olvidar que en esos espacios la gente vive, sueña, lucha, construye y es capaz de mantener una experiencia comunicacional exitosa durante dos décadas ininterrumpidas.
“Las fortalezas más grandes del Colectivo Radiofónico de Petare son la identidad con la comunidad y que hemos logrado consolidar un equipo. Hoy gozamos de respaldo y credibilidad, nos respetan las instituciones y nos respeta la comunidad,” nos comenta Karina, visiblemente emocionada por el reciente cumpleaños de la radio. “Entrar al sistema radioeléctrico era un reto. Pero no era solo tener una radio sino visibilizar con la gente todos los procesos venideros, los eleccionarios, la importancia de tener a Chávez en la presidencia, los consejos comunales, la organización, las mesas técnicas. La comunicación transversaliza todo ese gran andamiaje que es la revolución bolivariana en manos del pueblo organizado”.
Historias como las de Francisco y Karina abundan a lo largo y ancho de Venezuela. Los medios comunitarios venezolanos existen en las grandes ciudades y en los pequeños caseríos, en los pueblos indígenas y en las altas montañas de Los Andes, en barrios populares y en urbanizaciones de clase media, pero su creación y legalización no se lograron por arte de magia. Según palabras de Karina, fue “la voluntad de mucha gente de trasnocharnos, de pelear” que logró crear cientos de medios comunitarios. “Fue un movimiento que desde dentro de la comunidad prestó un servicio para la comunidad, se logró hacer historia” recalca.
Para Francisco, fue también importante los niveles de articulación que se tenían en los 90. Explica que se desarrollaron “redes de redes, redes socioculturales, espacios de encuentro de colectivos,” potenciando la experiencia de la Asamblea de Barrios, un espacio de debate y coordinación de movimientos sociales activo a principios de los 90 cuyas estrategias políticas y líneas de acción darían pie a la conformación, en los años siguientes, de diversas formas de organización popular: mesas técnicas de agua, electricidad y telecomunicaciones, Comités de Tierra Urbana, medios comunitarios, consejos comunales, entre otras. “Eso te permitía tener contacto con distintas comunidades a través de los encuentros nacionales de promotores socioculturales. Tenías cruzado todo el país con un movimiento articulado y discutiendo cosas que ponían en común la situación de cada localidad y te permitía también tener una orientación general de para dónde iba la lucha,” nos cuenta. “Así que, antes de la llegada de Chávez en el 98, con todas las discusiones que nosotros traíamos, con todos los procesos de formación, ya el debate estaba muy avanzado dentro de un grupo bastante amplio al que llamamos Movimiento por la Libre Comunicación”.
El tortuoso camino hacia la existencia legal
Durante el siglo XX se constituyeron en el mundo dos grandes modelos comunicacionales. Un modelo de monopolio estatal, cuya institución más emblemática sea quizás la BBC pero que abarca casi todas las industrias de la comunicación de los países europeos, creado fundamentalmente para reconstruir ideológica y políticamente los países del viejo continente tras la devastación de la segunda guerra. El otro modelo es el norteamericano, privado y comercial, pilar fundamental de la denominada sociedad de consumo. El problema es que tanto para los medios públicos estatales como para los medios privados el pueblo es siempre un receptor pasivo. Consumidores o votantes, los ciudadanos son siempre vistos por los grandes medios como audiencias que pueden ser fácilmente manipulables mediante las adecuadas estrategias de marketing. La información es poder y el oligopolio de los grandes medios hará todo lo posible por inhibir, marginar o deslegitimar toda expresión comunicativa de los ciudadanos que intente reconfigurar los términos en los que el modelo dominante de comunicación ha sido establecido.
Tal vez por ello ha sido tan difícil, en casi todo el mundo, lograr el reconocimiento del tercer sector de la comunicación. Incluso en países como Chile, Honduras o Perú, que últimamente han adecuado sus marcos legales, se sigue manteniendo una concepción de los medios comunitarios como experiencias de ámbito local y de presencia marginal en el sistema mediático. En algunos casos se establecen limitaciones discriminatorias a la duración de las concesiones, la potencia de transmisión, el área de cobertura o las fuentes de financiamiento.
En el caso de Venezuela, estos temas fueron ampliamente debatidos a principios de este siglo cuando el presidente Hugo Chávez convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y se abrieron las puertas para la transformación de múltiples normas jurídicas, entre ellas la anacrónica Ley de Telecomunicaciones que databa de 1940. Antes de eso, la posibilidad de crear medios de comunicación radioeléctricos en manos de los sectores populares era una posibilidad negada. Si bien algunas experiencias de comunicación popular fueron toleradas o lograron sortear los vacíos jurídicos y operar ilegalmente, lo cierto es que durante el siglo XX la gran mayoría de medios alternativos fueron reprimidos. Gracias al proceso constituyente, y la enorme movilización social y política que produjo, se logró que el reconocimiento legal de la comunicación comunitaria en Venezuela haya sido uno de los que menos limitantes otorgan a la operación de medios en manos de las comunidades organizadas.
Según Francisco, los movimientos sociales que venían trabajando en el área de la comunicación discutieron regional y nacionalmente estos temas jurídicos. Y así fue como, a partir de dos encuentros por la libre comunicación, varios más como consulta del reglamento, la disposición política del gobierno nacional, acciones legales y de calle vio la luz el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitarias de Servicio Público sin fines de lucro. Promulgado en noviembre de 2001, este reglamento significó el reconocimiento legal de varias decenas de experiencias comunicacionales ya existentes, a la vez que un decidido impulso a la creación de nuevos medios en manos de grupos populares de diversa índole. Tan sólo en Caracas existían para el año 2001 más de una decena de medios alternativos. Entre ellos, Radio Perola en Caricuao, Radio Libre Negro Primero en Sarría, CRP en Petare, Radio Activa en La Vega, Radio Senderos en Antímano, Radio Alternativa de Caracas en Parque Central, TV Petare y las ya mencionadas TV Caricuao, Catia TVe y Radio Catia Libre.
Éstos y muchos otros medios comunitarios tendrían, a partir de los acontecimientos suscitados durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el paro petrolero de diciembre 2002-marzo 2003, un claro protagonismo en la escena política y, posteriormente, un decidido apoyo legal y financiero por parte del gobierno nacional. Los sucesos de 2002-2003 provocarán también una profunda deslegitimación del papel de los medios privados en la sociedad y una profundización de las demandas por la democratización del espectro radioeléctrico.
La revolución si será televisada
En Venezuela, 2002 y 2003 fueron años de un intenso conflicto. A pesar de que el gobierno bolivariano había validado y revalidado su legitimidad en dos procesos comiciales —elecciones presidenciales de 1998 y megaelecciones de 2000— gran parte de los partidos políticos en la oposición, la cámara empresarial, la alta jerarquía católica, la mayoría de los medios privados de comunicación, y algunos sectores de la cúpula militar, planificaron y ejecutaron acciones extraconstitucionales para derrocar al presidente Chávez.
El papel parcializado que jugaron los medios privados y su abierta participación en la conspiración golpista ha llevado a muchos autores a catalogar el golpe de abril de 2002 como un golpe mediático. La estigmatización e invisibilización de los sectores populares que apoyaban al gobierno de Chávez fue la norma editorial de los grandes medios venezolanos. Cero chavismo en pantalla fue la directriz que los dueños de los medios dieron a sus jefes de redacción y a sus periodistas. Pero durante esos días, censurada la única televisora estatal —también fueron cerradas Radio Nacional de Venezuela, YVKE Mundial y la agencia de noticias Venpres— y allanados y perseguidos otros medios alternativos como Radio Perola, Radio Catia Libre, TV Caricuao y CatiaTve, los sectores populares echaron mano de los más diversos modos de comunicarse para vencer el cerco informacional. De hecho, la restitución el día 13 de abril de la señal del estatal Canal 8, fundamental para la recuperación de la democracia, fue el resultado de la articulación de varios de esos medios alternativos con productores audiovisuales independientes y algunos efectivos militares.
Gracias al rol jugado por el sector de la comunicación alternativa y comunitaria durante los días de abril de 2002, el proceso de legalización y habilitación administrativa de muchos medios comunitarios se aceleró. Según la investigadora Raisa Urribarrí, de la Universidad de Los Andes: “entre 2002 y 2010 se conformaron más de 600 medios alternativos entre radios y televisoras, aunque las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) sólo muestran como medios habilitados a 244 emisoras de radio y 36 de TV”, lo que nos permite inferir la existencia de una operación tolerada, aunque ilegal, de muchos medios en manos de grupos comunitarios.
También en 2002 se conforma la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos (ANMCLA), que se sumó a la ya existente Red Venezolana de Medios Comunitarios (RVMC) conformada en 1999. Estas organizaciones, que agrupaban la casi totalidad de radios y televisoras alternativas, se plantearon desde sus inicios una transformación del mapa mediático mediante la democratización del espectro radioeléctrico y la implementación de nuevos marcos jurídicos para la comunicación social en su conjunto.
Ahora bien, además de la aprobación de nuevas normas para intentar regular el campo de los medios privados nacionales, el gobierno bolivariano implementó dos estrategias para superar su obvia desventaja comunicacional: el fortalecimiento y creación de nuevos medios de comunicación estatales y el apoyo financiero, técnico y formativo a los medios comunitarios y alternativos. “En apenas dos años (2004-2006) un total de 108 emisoras de radio y TV comunitarias recibieron cerca de cuatro mil millones de bolívares [aproximadamente 1 millón de dólares] para la adquisición de equipos, capacitación, adecuación de la infraestructura e, incluso, para la constitución de las fundaciones que los gestionan”, agrega Urribarrí. Este decidido apoyo gubernamental ha llevado a los abiertos defensores del modelo de comunicación comercial a criticar los medios de comunicación. Urribarrí afirma que los medios comunitarios se convirtieron en medios “gobunitarios”, y el intelectual Marcelino Bisbal cataloga a los comunitarios como medios “para-estatales” o “para-públicos”. Lo cierto es que, pese a estas críticas, los medios alternativos y comunitarios gozaron durante estos años de una gran autonomía que les permitió no sólo crecer en número y audiencias, sino también convertirse en un tercer sector de la comunicación con exigencias y propuestas propias.
Una ley para la Comunicación Popular
Los medios alternativos y comunitarios han mantenido —a lo largo de las últimas dos décadas— una relación cercana y a la vez contradictoria con el gobierno bolivariano. Si bien la gran mayoría de colectivos y grupos populares promotores de estos medios forman parte de los sectores que auparon electoralmente al presidente Chávez y se activaron para restituir el hilo democrático en el año 2002, también es cierto que su agenda de demandas y luchas no siempre ha coincidido con las políticas emanadas de los entes estatales. Como ejemplo significativo, tenemos la propuesta de democratización del espectro radioeléctrico con motivo de la discusión para la reforma de la Ley de Telecomunicaciones promulgada en 2010. En 2008, la ANMCLA hizo un llamado por “un Sistema Público de Comunicaciones en manos de las comunidades populares” y propuso que el 33,3 por ciento del espectro radioeléctrico se reservase para los medios comunitarios y alternativos. Entre otras demandas, también pidió que este Sistema Público de Comunicación formara parte estructural de la Ley de Telecomunicaciones; que al menos un tercio de las pautas publicitarias del Estado fuesen transmitidas a través de los medios comunitarios; que se creara un fondo, gestionado por las comunidades y financiado con un porcentaje del impuesto que pagan las trasnacionales de comunicación y otros entes, para la construcción de los medios y sus infraestructuras; y que se conformara una instancia colegiada encargada de otorgar las habilitaciones legales, integrada por delegados de los medios comunitarios y otras organizaciones sociales.
No obstante, la propuesta de redistribución del espacio radioeléctrico fue notoriamente desestimada en Venezuela, a diferencia de lo ocurrido en otros países de la región como Argentina, Bolivia o Ecuador, que sí la incluyeron en sus leyes de comunicación o de medios aprobadas respectivamente en 2009, 2011 y 2013. De hecho, la comunicación comunitaria en Venezuela carecía para ese momento de una ley, su legalidad y funcionamiento se normaban a través de un reglamento. Por ello, a través de una iniciativa de las organizaciones de comunicación alternativa se propone en 2011 una Ley de Comunicación Popular. Esta nueva ley buscaba hacer frente a la permanente “lógica de favorecer el estatus comercial” en la comunicación social. Además de la democratización del espectro, esta propuesta de los medios alternativos y comunitarios “incluía todo un programa de desarrollo de las distintas herramientas comunicacionales”, nos cuenta Francisco.
La Ley de Comunicación Popular, finalmente aprobada en diciembre de 2015, implicó la creación de un Consejo Nacional de la Comunicación Popular con voceros de los medios comunitarios electos en siete regiones del país, la definición de las distintas vertientes de la comunicación popular —medios radiales, televisivos, impresos, digitales, muralísticos— y el reconocimiento de derechos en materia de seguridad social para los trabajadores de los medios. Sin embargo, dejó por fuera las principales demandas del movimiento: la redistribución del espectro, el fondo de sostenibilidad y la conformación del ente administrativo colegiado. Aun así, como sucede con muchas normas legales progresistas en nuestros países, la Ley de Comunicación Popular ha tenido, una vez promulgada, una nula o escasa implementación.
Según Karina no hubo “la fuerza, la convicción o la disposición para que esa ley hoy se estuviese ejecutando”. Al mismo tiempo, dice que la ley fue manipulada o aprovechada por intereses políticos. “Algunos medios son del partido [Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV] no de la comunidad, eso está pasando muchísimo”, explica. “Por ahí no es la vía, yo creo que cada quién debe mantener su independencia, su soberanía, su espacio”. Francisco recuerda que el debate de la ley se diluyó en un “chantaje preelectoral permanente” convocándose a la discusión solamente durante las campañas electorales. “Y además un sector del chavismo como es el PSUV fue creando sus propios espacios, y entonces el presidente del Consejo Nacional de la Comunicación Popular es del partido,” nos dice, “y muchos de los que están allí representan esa fracción del chavismo partidista.” Hecho relevante si consideramos que el Consejo Nacional es una instancia de coordinación entre los medios comunitarios del país para el debate de políticas y estrategias de fortalecimiento de la comunicación popular mediante la interlocución con las instituciones públicas y la firma de convenios con el Estado para el desarrollo de procesos formativos, de equipamiento técnico, contratación de pautas publicitarias o aportes económicos directos.
La cooptación gubernamental y las sanciones internacionales
El debate de la Ley coincide con un momento álgido en la confrontación política y con el inicio de una profunda crisis económica. Tras la derrota electoral, por escaso margen, de las fuerzas opositoras en las presidenciales de 2013, los sectores más extremistas asumen nuevamente el liderazgo del bloque. A principios de 2014, la estrategia insurreccional conocida como “La Salida”, marca el retorno de los modos confrontacionales, vuelven la estigmatización del sujeto chavista por parte de los medios privados de comunicación y el intento por posicionar la propuesta neoliberal en la escena política. Por su lado, el oficialismo radicaliza su visión estatista y subordina a las organizaciones populares a la lógica de la burocracia. En 2015, el oficialismo pierde por primera vez la Asamblea Nacional, la oposición intenta la destitución del presidente y el Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato al poder legislativo. Los EE. UU. comienzan la imposición de sanciones.
En 2019, Juan Guaidó, máximo directivo del parlamento se declara presidente interino con el apoyo de EE. UU. y la Unión Europea mientras se profundizan las medidas coercitivas unilaterales contra el país. El bloqueo económico lleva al Estado venezolano, según declaraciones del presidente Nicolás Maduro, a perder más del 99 por ciento de sus tradicionales ingresos petroleros; súbitamente se queda sin recursos y se produce un acelerado deterioro de los servicios públicos como telefonía, electricidad, agua o transporte. Se diluye el salario de los trabajadores, a tal nivel, que hoy el salario mínimo no alcanza los 3 dólares mensuales.
En el marco de esta crisis económica y fiscal, el gobierno prioriza sus escasos recursos hacia programas de asistencia alimentaria y el otrora apoyo financiero a la comunicación alternativa disminuye o se distribuye únicamente a los medios más cercanos a la burocracia. Pero las sanciones y la crisis no sólo afectan al gobierno, según Karina también han afectado la operatividad de los medios comunitarios. “Hay algunos repuestos para los transmisores que no están aquí en el país y para traerlos ha costado”, nos cuenta. “Las sanciones han hecho que muchos medios salgan de circulación porque ¿cómo prendes un transmisor si te falta una pieza, cómo accedes a una consola si no tienes repuestos?” Estas dificultades han afectado a muchos medios. “Dudo mucho que hayan 100 medios activos”, continúa Karina. “En Miranda yo te pudiera hablar de unos trece medios, nosotros éramos como treinta y pico. Televisoras no existe ninguna al aire, éramos cinco y todas fallecieron”.
Los datos oficiales sobre el número de medios en funcionamiento difieren de esa apreciación. Según un informe sobre comunicación alternativa publicado por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información en 2018, en Venezuela funcionan 453 radios, 45 televisoras, 67 medios impresos y 33 medios digitales. Asimismo, estos medios se agrupan en múltiples organizaciones regionales y 8 organizaciones nacionales, entre ellas ANMCLA. Números que difieren asimismo de los publicados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, ente encargado de las habilitaciones legales, que sigue difundiendo la misma cantidad de medios comunitarios desde el año 2011: 244 radios y 36 televisoras. Pero aclaremos, en un país en el que la información oficial es publicada a cuentagotas, somos más propensos a considerar como verdadero que el movimiento de medios comunitarios lejos de crecer, ha disminuido. El informe mencionado pareciera ser más un instrumento de propaganda gubernamental que una fuente confiable y válida de datos.
No obstante, con dificultades económicas, pero con una inquebrantable voluntad, la mayoría de los medios comunitarios siguen funcionando haciendo uso de diversas vías para sostenerse. A través de pequeñas campañas de publicidad local, donaciones e intercambios con su comunidad, alianzas con pequeños sectores productivos o colaboraciones de los mismos trabajadores de los medios, las organizaciones populares mantienen firme su empeño de utilizar la comunicación como una herramienta fundamental para la organización de sus comunidades.
El futuro: de las ondas a los bits
Ahora bien, mantener al aire las radios y televisoras en medio de la crisis económica es apenas uno de los grandes retos que enfrentan hoy los medios alternativos venezolanos. Durante la pasada década asistimos a una profunda reconfiguración de los modos en que se desarrolla la comunicación social en su conjunto. El vertiginoso desarrollo de las tecnologías digitales con su creación de “burbujas cognitivas”, el desplazamiento de lo racional por lo emocional en la generación de las noticias, el encumbramiento de las fake news al olimpo de las verdades colectivas y el desplazamiento de las audiencias hacia nuevos formatos y narrativas está obligando a los medios convencionales, tanto comerciales como comunitarios, a reinventarse.
Para Francisco, la pandemia de estos últimos dos años ha contribuido al salto tecnológico de los medios comunitarios. “Recién ahora en el 2021 los compañeros están tratando de aprender cómo utilizar el correo o Zoom,” nos cuenta. “Creo que la pandemia nos aceleró ese proceso.” Entre los proyectos que se están avanzando en la ANMCLA se encuentra el desarrollo de un espacio de información y articulación llamado Agencia de Noticias Alternativas (ANA), mediante la cual se transmite en cadena todos los miércoles por Facebook y por otras plataformas en colaboración con decenas de radios en todo el país.
Karina, por su parte, nos comenta: “A nosotros nos agarra la era digital pero la gente sigue queriendo sus medios comunitarios, la gente sigue escuchando la radio”, y agrega que durante el apagón eléctrico de marzo de 2019, que afectó al 80 por ciento del país, los medios comunitarios jugaron un papel importante. “No había plataformas, no había nada, pero la radio estaba allí. Creo que es en esos altibajos cuando la gente ha reconocido a la comunicación popular como una herramienta y la ha hecho suya.” Aun así, la adaptación digital de los medios comunitarias es, para ella, una necesidad:
Es importante mantener el espacio allí donde estamos pero también tener nuestras páginas, nuestro Facebook, nuestro Instagram. Hoy, nuestra transmisión sale por internet y allí se conecta muchísima gente, incluso de afuera. Hay que armarse una estrategia ahí. Nuestro futuro está en lo digital. Hay que inventar, por ejemplo la comunicación popular existía muy someramente en Venezuela, no era nada visible y logramos hacer que lo fuera en un momento. Por eso creo que hay una gran oportunidad, al igual que una gran trampa, en las redes, y las nuevas generaciones deben crear sus propios espacios para librar y liberar luchas.
Y si alguien sabe de luchas es precisamente el movimiento de comunicación alternativa venezolano. Por ello, a pesar de la crisis y las transformaciones tecnológicas en curso, Karina y Francisco son optimistas aunque cautelosos. “No puedo ser pesimista porque estamos al aire, pero estamos al aire por mera voluntad, no porque haya una política dirigida a la comunicación popular”, nos dice Karina.
Por su parte Francisco sigue insistiendo en la organización del movimiento y la exigencia de las demandas insatisfechas.
Entre las cosas a largo plazo sigue estando la democratización del espectro radioeléctrico que pasa por la pelea contra los latifundistas del aire dónde esta muy presente el actual Estado. Nosotros tenemos que seguir en debate y en disputa con nuestro propio Estado revolucionario. Tenemos que seguir haciendo revolución, pero una revolución desde nuestras lógicas y no desde las lógicas institucionales de sostener el poder en el marco del Estado Burgués. Tenemos que potenciar hacia lo popular, hacia lo comunal, porque si dentro de tres años perdemos la presidencia, vamos a tener una pelea fuerte que va a necesitar un movimiento popular bastante articulado, con un liderazgo político que quizás no sea el actual. Necesitamos fortalecernos para poder dar esa pelea, sea con este Estado revolucionario o sin este Estado revolucionario. Tenemos un futuro bastante complejo.
Cómo dijimos al principio, Karina y Francisco son apenas dos ejemplos de los cientos que existen hoy por hoy en Venezuela. Tras escuchar sus relatos hay algo que nos queda claro: los medios comunitarios llegaron para quedarse, y por más profunda que sea la crisis económica, por más complejo que se vislumbre el futuro, habrá voces e imágenes de las organizaciones populares para contar esa historia.
José Manuel Iglesias Ogando es sociólogo y productor audiovisual. Fue presidente del canal metropolitano Ávila TV (2006-2009). Es miembro fundador de la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos de Venezuela (ANMCLA) y colaborador en diversos medios alternativos y digitales venezolanos.
