Translated by Jessica García and Allison Lira
En un vídeo de Facebook publicado el 21 de enero, Nicolás Rodríguez señala las heridas que tiene en sus brazos y piernas antes de darse la vuelta para exponer un gran moretón en la parte baja de la espalda. Miembro de la comunidad de Azacualpa, en el municipio de La Unión, Honduras, fue golpeado y detenido por la policía local cuando intentaba entrar al cementerio comunitario donde hasta ese día habían estado enterradas generaciones del clan Rodríguez, incluyendo sus padres.
"Llegué allí con mi machete al cementerio cuando estaba la policía allí. Un policía de ellos sacó la pistola y me hizo un disparó en el pie”, dijo Rodriguez, “Me agarraron entre cuatro...al suelo me tiraron…y me pegaron con garrotes".
Rodríguez fue liberado al día siguiente para encontrarse con que el cementerio había sido arrasado y los restos de sus padres y de otros seres innumerables sacados de sus lugares de enterramiento.
Para los habitantes de Azacualpa y de las comunidades aledañas, quedó claro que la empresa minera local, Minerales de Occidente S.V. (MINOSA), había conseguido finalmente lo que quería.
En 2014, estallaron protestas en el municipio de La Unión cuando los miembros de la comunidad observaron que las operaciones de MINOSA se acercaban peligrosamente al centenario cementerio. Los manifestantes locales bloquearon la entrada a la mina de oro a cielo abierto de San Andrés durante semanas, sufriendo una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas.
A medida que las operaciones continuaron expandiéndose en los años siguientes, los miembros de la comunidad se expusieron una y otra vez, exigiendo que se protegiera el cementerio de Azacualpa. En 2015, el municipio celebró un cabildo abierto, un referéndum municipal legalmente vinculante que ratificó la oposición de las comunidades afectadas al cierre del cementerio. La Corte Suprema de Justicia de Honduras ratificó la voluntad del pueblo en noviembre de 2020 y anuló los planes de la municipalidad de colaborar con MINOSA en la exhumación y el traslado de los restos enterrados allí.
Ni siquiera el más alto tribunal del país pudo detener la destrucción. En una reunión celebrada el 3 de marzo con Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, las familias afectadas estuvieron más de una hora dando su testimonio.
“Ellos violaron nuestros derechos. No tomaron en cuenta de que nosotros no estábamos de acuerdo”, dijo Jessica Rodriguez, miembro del Comité de Afectados por MINOSA. “Muchas personas nos llamaron llorando. No sabemos ni siquiera donde están los restos de nuestros seres queridos”.
Consentimiento Fabricado, Estilo MINOSA
MINOSA, filial de la empresa minera con base estadounidense Aura Minerals, goza de vía libre para realizar sus actividades en el municipio de La Unión. A pesar de la decisión jurídicamente vinculante adoptada en el cabildo abierto de 2015, la empresa exhumó más de un centenar de cadáveres en 2018 como parte de su estrategia de explotación de los yacimientos de oro situados bajo el cementerio.
La empresa lo hizo a la vista de las autoridades municipales, que en varias ocasiones se confabularon con MINOSA para socavar el poder de decisión de la comunidad. En 2015, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) realizó un estudio que determinó que el cementerio corría riesgo de desprendimiento y recomendó el traslado masivo de los restos enterrados allí. Por lo tanto, la preocupación por la salud y la seguridad se convirtió en el pretexto central para cerrar el cementerio, a pesar de las críticas de los abogados de la comunidad de que el estudio presentaba graves irregularidades. Aunque los miembros de la comunidad sospechan que la inestabilidad geológica es consecuencia de la actividad minera cercana, no se ha realizado un análisis en profundidad del impacto de la mina. COPECO también recomendó exhumaciones masivas sin considerar otras vías para preservar el cementerio, tal y como exige la decisión del cabildo abierto de 2015.
Otros intentos para socavar los derechos territoriales de la comunidad incluyeron acuerdos jurídicamente dudosos firmados entre los líderes locales y MINOSA en 2012 y 2016 que autorizaban condicionalmente las exhumaciones masivas. Los acuerdos se fueron desmoronando uno a uno, ya que la empresa continuó su ocupación del cementerio sin cumplir su parte del trato. En el contexto del acuerdo de 2016, las familias se vieron desgarradas por los sobornos entregados a determinados miembros de la comunidad a cambio de la "autorización" para exhumar a los familiares fallecidos.
Si bien estos esfuerzos no lograron convencer a la Corte Suprema de Honduras, años de desinformación resultaron ser increíblemente exitosos para suprimir la resistencia y facilitar la cooptación de las instituciones gubernamentales. A finales del 2021, un tribunal de primera instancia de Santa Rosa de Copán, supervisado por el juez Rafael Tabora, autorizó a MINOSA y a la Municipalidad de La Unión a exhumar todo el cementerio.
En las semanas y meses siguientes, MINOSA parece haber abandonado cualquier pretensión de respeto a la ley hondureña. Poco después de las primeras exhumaciones masivas, un tribunal de apelación anuló la sentencia del juez Tabora. En marzo, el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente) emitió una notificación ejecutiva posterior en la que reiteraba la obligación de la empresa de detener toda actividad en la zona. Las imágenes de vídeo de las actividades mineras tomadas después de la publicación del comunicado indican que la empresa ha seguido preparando la zona para su explotación.
“MINOSA ha demostrado su capacidad de operar con total impunidad, logrando corromper a autoridades municipales, a fiscales, jueces, y ministros de Estado con el propósito de aplastar a la resistencia comunitaria mediante persecución, hostigamiento, criminalización y militarización sin que nunca se le sancione de ninguna forma”, dijo Pedro Mejía, abogado del bufete de derechos humanos, Estudios para la Dignidad.
¿Será Azacualpa el Próximo?
"Profanaron [el cementerio]. Es un delito entonces yo quiero que se haga justicia ante eso. Y también tener la garantía que el día de mañana no quieran llegar con las máquinas a botarme de mi casa porque es patrimonio mío y de mi hija. Yo soy madre soltera, lucho por mi hija”, dijo un miembro de la comunidad en la reunión del 3 de marzo con el representante de la ONU Albaladejo.
Durante décadas, la mina de San Andrés ha destruido todo lo que ha encontrado a su paso: contaminando los cursos de agua, destruyendo cientos de hectáreas de bosque milenario, llevando a cabo la remoción de la cima de la montaña y causando daños a la infraestructura residencial. Las comunidades circundantes han denunciado el envenenamiento mortal de caballos, peces y otra fauna y flora. Según un informe de 2016 de la defensora e investigadora Karen Spring, "Las comunidades situadas alrededor de la mina también han informado de enfermedades... incluyendo erupciones cutáneas, pérdida de cabello, problemas oculares y misteriosos tipos de cáncer". Durante la mayor parte de su explotación, la propiedad se ha concentrado en manos de empresas canadienses o extranjeras. Al igual que sus actuales propietarios, Aura Minerals, han operado con impunidad.
“Que por si ya esta [dañado]. Todos los días, a mediodía están los bombazos. Le mueve hasta el techo a uno”, dijo un residente de Azacualpa a Albaladejo.
A medida que las operaciones mineras se acercan a Azacualpa, miembros de la comunidad recuerdan que hace una década los planes de expansión de la mina iban más allá del cementerio. El informe de Spring de 2016 señala que, aunque el acuerdo de 2012 trataba supuestamente del traslado del cementerio, el acuerdo detallaba la reubicación de "todos los residentes de Azacualpa" y apenas mencionaba los "protocolos y procedimientos de desplazamiento del cementerio". Otras comunidades afectadas fueron excluidas de la consulta, y se "sospecha que el único enfoque de las negociaciones con Azacualpa, en lugar de con todas las comunidades que utilizan el cementerio, [fue] porque la empresa minera quiere desplazar a toda la comunidad de Azacualpa".
Spring destaca que la amenaza de desplazamiento no carece de precedentes. En la década de 1990, al menos dos comunidades fueron destruidas a la fuerza por la mina. Durante el desalojo de San Andrés, los antiguos residentes recuerdan que la fuente de agua de la comunidad fue cortada durante varios días antes de que la empresa se desplazará para arrasar la torre de agua. Se dice que el ex gerente de la mina, Gerald Philips, condujo personalmente la excavadora hacia la torre mientras el residente local Wilmer Hernández se encontraba en ella, lo que provocó que Hernández sufriera lesiones que pusieron en peligro su vida y le incapacitaron permanentemente.
En el caso de otra comunidad, la incesante expansión de las pilas de lixiviación fue diezmando San Miguel, a medida que las familias se enfrentaban a la imposible elección de abandonar sus hogares o vivir cerca de grandes concentraciones de químicas tóxicas. Las pilas de lixiviación acabaron por engullir también el cementerio de la comunidad y, en 2010, sólo quedaban 40 casas en pie. Para entonces, las familias vivían a menos de 125 metros del sistema de aspersión de solución de cianuro de la empresa, y se habían encontrado restos óseos esparcidos por los escombros que quedaban del cementerio de San Miguel.
Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad, advierte que los miembros de la comunidad tienen razón de estar preocupados. Documentos solicitados por su organización indican que Aura Minerals ya tiene o está en proceso de obtener concesiones y licencias de operación para un área que incluye la comunidad de Azacualpa.
“Es el cementerio, es la comunidad, y luego son los cerros que son las fuentes de agua de la cual se nutre toda esa población. Todo eso está en proceso de concesión y destrucción bajo mecanismos de corrupción”, dijo Fernandez.
La Prohibición de la Minería a Cielo Abierto Se Queda Corta
En medio de la batalla por la dignidad en Azacualpa, la histórica elección de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, supuso un rayo de esperanza para las comunidades afectadas por la minería en todo el país. Elegida con una plataforma popular a finales de 2021, Castro y la coalición liderada por el partido Libre prometieron deshacer más de una década de concesiones irregulares desde el golpe militar de 2009, empezando por la paralización de todos los permisos y concesiones para la minería a cielo abierto y otras explotaciones de recursos naturales.
El 28 de febrero de 2022, el gobierno de Castro tomó un paso para cumplir con su promesa, sorprendiendo a muchos con un comunicado extraordinario que declaraba a Honduras libre de la minería a cielo abierto. El impulso generado, sin embargo, se desvaneció rápidamente cuando la administración se retractó menos de tres semanas después.
En Azacualpa, visitas del Ministerio de Derechos Humanos y de otras entidades gubernamentales interesadas demuestran una marcada ruptura con las administraciones anteriores, conocidas por haberse confabulado con los intereses del capital para despojar a las comunidades. Sin embargo, algunos han empezado a cuestionar la voluntad o capacidad del gobierno de Castro para enfrentar efectivamente a empresas como Aura Minerals.
“Si la nueva administración no puede tomar y ejecutar decisiones”, dijo el abogado Víctor Fernández en una entrevista, “estamos en una situación mucho más precaria que antes”.
Lo cierto es que el riesgo es alto para los defensores del medio ambiente de Azacualpa y sus aliados. En marzo, el Bufete Estudios para la Dignidad y una misión acompañante de la ONU se enfrentaron a una gran multitud de trabajadores de la mina que amenazaron a Fernández y a otros presentes. Defensores del medio ambiente locales dijeron, posteriormente, a la misión de la ONU que sufren frecuentes abusos por parte de los trabajadores de la empresa, ya que MINOSA es uno de los únicos proveedores de empleo y servicios sociales en un municipio que sufre altos niveles de pobreza. En el período posterior al golpe de Estado, esfuerzos por crear un entorno favorable para las empresas privadas garantizó obligaciones fiscales mínimas para las empresas, dejando a municipios como La Unión vulnerables a la captura corporativa.
“Allá en La Ceibita, pararon las maestras”, dijo un líder de la comunidad local al representante de la ONU Albaladejo, “Ya no hay maestras porque estamos en esta lucha”.
A los riesgos que enfrentan los defensores de la tierra de Azacualpa se suman los esfuerzos de criminalización adelantados por Aura Minerals y los fiscales. Según el abogado representando la comunidad, Pedro Mejía, actualmente se están llevando a cabo dos procesos de criminalización contra defensores del medio ambiente en relación con protestas pacíficas realizadas en 2018 y 2021.
“En estos días nos estaban diciendo que nos iban llevar de vuelta [a la cárcel]", dijo un defensor de la tierra criminalizado a Albaladejo. “Sí, temo por mi vida porque me han dicho”.
Según un informe de la ONU, en 2021 se registraron en Honduras 302 agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. El 70 por ciento de ellas fueron contra defensores del medio ambiente, la tierra y el territorio.
La Cansina Solución de Biden a la Emigración
A posibles migrantes de Azacualpa y otras comunidades centroamericanas afectadas por los proyectos extractivos respaldados por las transnacionales, la vicepresidenta Kamala Harris les ha dicho: "No vengan". Su mensaje se refuerza con la implementación de políticas diseñadas para hacer la ruta migratoria lo más peligrosa posible para solicitantes de asilo, a los que la Administración Biden describe como oportunistas económicos. Mientras tanto, el incremento en las cifras de muertos y horribles titulares de asesinatos, violaciones, torturas y extorsiones se justifican con la promesa de un paquete de ayuda de 4.000 millones de dólares e inversiones extranjeras directas.
Los primeros indicios sugieren que el denominado Plan Biden para Centroamérica, en lugar de abordar las "causas fundamentales de la migración", corre el riesgo de reproducir muchas de las mismas dinámicas que hacen insostenible la vida de las comunidades afectadas por la minería, como es el caso de La Unión y otras. En junio, Harris anunció que la Casa Blanca había generado 3.200 millones de dólares en compromisos del sector privado para la región, promocionando la iniciativa como una estrategia para frenar el flujo migratorio a través del desarrollo económico. Sin embargo, entre las asociaciones enumeradas se encuentran SanMar, una empresa textil con sede en Estados Unidos implicada en violaciones laborales en Honduras a través de su filial parcial Elcatex, y la Fundación Terra, vinculada al empresario hondureño Fredy Nasser, cuya empresa Hidro Xacbal, S.A. está siendo investigada actualmente en Guatemala por soborno y corrupción en relación con dos proyectos hidroeléctricos extractivos.
El 28 de julio, el Bufete Estudios para la Dignidad presentó una acción en nombre de los pueblos afectados que busca anular las licencias ambientales otorgadas a MINOSA en condiciones de presunto fraude. En las comunidades de San Andrés, a los continuos esfuerzos por recuperar los restos de los seres queridos desaparecidos se suman nuevos puntos de resistencia derivados de la continua expansión de la mina.
Uno de estos se encuentra en la comunidad de La Ceibita, donde los residentes locales han expresado una fuerte oposición a la actividad minera cerca de su principal fuente de agua y han bloqueado la maquinaria de la carretera de acceso que conduce al yacimiento de agua en al menos una ocasión. Los residentes locales informan que MINOSA ha empezado a apuntar a miembros de la oposición para su programa característico de soborno y coerción violenta.
“Mi familia tiene miedo'', dijo un residente de Azacualpa, criminalizado por su defensa del cementerio, “Pero nosotros tenemos que ser valientes…yo le digo a estos jóvenes que sigamos adelante”.
Allison Lira es la Directora del Programa de Honduras para Witness for Peace Solidarity Collective. Es licenciada en Filosofía por la Universidad de California, Santa Cruz, y tiene un M.Phil en Resolución de Conflictos y Reconciliación por el Trinity College de Dublín.
Jessica García es codirectora de Programa en Colombia del Colectivo Solidario Acción Permanente por la Paz, una organización de base estadounidense y políticamente independiente que acompaña a procesos de base en América Latina y el Caribe.
