Este artículo fue publicado originalmente en el número de primavera 2023 del NACLA Report, nuestra revista trimestral.
Hace un año, la Presidenta Iris Xiomara Castro Sarmiento asumió, su cargo ante altas expectativas y grandes retos. El 28 de noviembre de 2021 el pueblo hondureño votó de manera mayoritaria en contra de la continuidad del régimen autoritario del Partido Nacional, liderado por Juan Orlando Hernández Alvarado, y eligió como presidenta de la república a Castro Sarmiento, del partido Libertad y refundación (Libre) y esposa del Presidente derrocado, tras el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, José Manuel Zelaya Rosales. Después de 12 años del golpe de Estado y de gobiernos del Partido Nacional, Castro Sarmiento encontró un país con una profunda crisis multidimensional.
Ahora, mientras la Presidenta Castro inicia su segundo año en funciones, las expectativas siguen igualmente altas de que cumpla con sus promesas de campaña. Aunque su administración ha avanzado en áreas importantes como la lucha contra la corrupción, quedan pendientes demandas claves de los movimientos sociales.
En estos 12 años desde el golpe de Estado el país experimentó retrocesos democráticos severos, como la realización elecciones irregulares, de baja calidad democrática y con resultados no reconocidos por los competidores políticos principales, como fueron las elecciones generales de 2013, la primera vez que se postuló Castro, y de 2017.
A nivel de la economía y de las condiciones sociales del pueblo hondureño, el país se encontró en una situación precaria. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los hogares en situación de pobreza pasaron de 58.8 porciento en el 2009 a 73.6 porciento en el 2021 y la pobreza extrema pasó de 36.4 porciento a 53.7 porciento. En el 2021 la Tasa de Desocupación se encontró en 8.7 porciento. Sin embargo, el problema principal en el campo laboral no es la desocupación absoluta; sino la subocupación. La desocupación por insuficiencia de tiempo se encontró en 2021 en 41.2 porciento y la desocupación por insuficiencia de ingreso fue de 26.9 porciento. O sea que el problema principal en términos de empleo en Honduras, es la precariedad laboral, la gente encuentra empleo por horas o con ingresos muy bajos. En cuanto a la deuda pública externa e interna, de 5 mil millones de dólares en el 2009 se incrementó llegando a más de 15 mil millones de dólares en el 2021, según datos de la Secretaría de Finanzas.
El deterioro de las elites políticas hondureñas, llegó a tal grado, de que desde el 2015 al menos nueve políticos prominentes, incluyendo a ex-ministros, alcaldes y congresistas, han enfrentado cargos por tráfico de drogas en los Estados Unidos. Entre ellos destaca Juan Orlando Hernández Alvarado del Partido Nacional, quien fue diputado en el Congreso Nacional en varias ocasiones, incluyendo la de diputado presidente del Congreso Nacional (2010–2014), y llegó a ser presidente de la República (2014-2022). En fecha 15 de febrero del año 2022, pocas semanas después de dejar la presidencia, fue capturado en su casa de habitación. La captura fue ejecutada por autoridades policiales de Honduras, la orden de captura obedece a una solicitud realizada por la Fiscalía del Distrito Sur de New York, donde se le acusa de varios delitos vinculados al tráfico de drogas, y posesión de armas. En fecha 21 de abril de 2022 fue extraditado a los Estados Unidos, donde está esperando ser juzgado. También, desde 2015, han sido trasladados unos 10 funcionarios policiales que ocuparon altos cargos, entre ellos destaca Juan Carlos Bonilla Valladares, ex-general director de la Policía Nacional en condición de retiro. Bonilla, también conocido como “El Tigre”, fue capturado en fecha 9 de marzo del año 2022 y fue extradito dos meses después.
El primer año de la Presidenta Castro
Previo a que la Presidenta Castro asumiera la presidencia de la república el 27 de enero de 2022, el país enfrentó una primera crisis política. Producto de la temprana escisión de la bancada de diputados de Libre, se generó la crisis en torno a la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional, que puso en peligro que la conducción del Poder Legislativo quedara en control de la oposición política, ya que con apenas 50 diputaciones de Libre de 128 diputaciones que tiene el Congreso Nacional, el gobierno de la Presidenta Castro se quedaría vulnerable ante los intereses políticos y económicos que tienen influencia en el Poder Legislativo. Finalmente, la crisis política se resolvió lográndose imponer el candidato a Presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, de la alianza política de los partidos políticos Libertad y refundación (Libre) y el Partido Salvador de Honduras (PSH).
Una de las primeras acciones del Gabinete de Gobierno de la Presidenta Castro fue recuperar el concepto de Caja Única de la Tesorería Nacional o soberanía económica del Estado, al cancelar varios fideicomisos, lo cual significa que gran parte de los recursos del Estado se encontraban administrados por el sistema bancario. Además se aprobó en el Congreso Nacional la Ley para la transformación energética, que declara el rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) como bien público y la energía como un derecho humano. El proceso de privatización se ha impulsado en las dos últimas décadas a través de empresas nacionales y transnacionales, tanto en la producción de energía eléctrica e incluso en la administración del servicio energético. La nueva Ley también ordena que se revisen y renegocien los contratos privados de generación de energía, ya que los mismos fueron negociados de manera muy desfavorable para el Estado hondureño.
Además, el Congreso Nacional derogó la Ley de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, aprobada en 2013, cuando el expresidente Hernández fue el presidente del Congreso, la ley facilitó la apropiación privada de áreas del territorio nacional para atraer inversiones sujetos a un “régimen especial” de gobernanza. Pero como esta Ley se deriva de una reforma constitucional, su derogación final se debe ratificar en una segunda legislatura del Congreso Nacional.
Desde el Poder Ejecutivo que preside la Presidenta Castro, los esfuerzos principales han estado centrados en el combate a la corrupción, atender a los sectores más pobres y reducir el impacto de la crisis internacional en las condiciones de vida de la población. Ante el incremento de los combustibles como efecto del enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, la Presidenta ordenó a inicios de su gobierno un subsidio a la energía eléctrica para quienes consumen menos de 150 kilovatios por mes; y por otro lado, las finanzas del Estado absorvieron varios de los incrementos a los combustibles, especialmente a la gasolina y el diessel. A lo anterior hay que agregar, el congelamiento de los precios de la canasta básica a finales de 2022.
En este primer año de gobierno inició el proceso de reactivación de la Red Solidaria, programa que existió durante la gestión del expresidente Zelaya, para atender las necesidades de las familias que se encuentran en los niveles más altos de pobreza extrema. Siguiendo esta línea de trabajo se han repartido bonos (dinero en efectivo) para sectores de la tercera edad y para personas que tienen algún tipo de discapacidad. Adicional a esto, se han puesto en práctica programas sociales para los pueblos indígenas y negros, como el Programa Nuestras Raíces, cuyos componentes incluyen participación ciudadana, defensoría e infraestructura básica, entre otros.
Otro de los esfuerzos a destacar del gobierno de la Presidenta Castro, es la lucha contra la corrupción. En este sentido, es importante la creación de la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, que está tomando medidas preventivas para evitar los casos de corrupción al interior de su gobierno y la negociación con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la instalación en Honduras de una Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad, que ha sido una demanda de larga data desde que miles de personas salieron a las calles a protestar contra la corrupción en el 2015. El proceso de negociación del gobierno con la ONU ha sido lento, y hasta ahora sólo se cuenta con un memorándum de entendimiento para avanzar en el proceso de construcción y negociación de un convenio para la instalación de la Comisión.
La compleja relación con los Estados Unidos y la campaña mediática contra Castro
Durante el proceso electoral en el Plan de Gobierno de la Presidenta Castro, se propuso el establecimiento de relaciones con la República Popular de China. Sin embargo, en el primer año de gobierno de Castro este tema no ha tenido continuidad y por el contrario, se ha ratificado el interés y la importancia para Honduras, de mantener y fortalecer las relaciones de Honduras con los Estados Unidos. Pero, durante el año 2022, en diferentes momentos se presentaron cuestionamientos de uno y otro lado.
El momento más álgido fue cuando la Embajadora Laura Dogu en un encuentro con empresarios criticó fuertemente al gobierno de la Presidenta Castro al señalar que la estrategia del sector energético estaba complicando las inversiones. También cuestionó la derogación de la ley de empleo por horas y los mensajes de reducir los incentivos a las inversiones, como lo son las exoneraciones fiscales.
La embajadora enfatizó: “Estamos profundamente preocupados por los informes de empresas, tanto estadounidenses como hondureñas, sobre el aumento de las invasiones de tierras y la piratería digital”. En respuesta, el canciller de Castro, Eduardo Enrique Reina, dijo que el comentario de la embajadora “desvirtúa” los esfuerzos del gobierno “para poner orden a la inversión y reconstruir un Estado de derecho destrozado por un narcoestado”. Previamente, Reina había emplazado a Dogu en Twitter en los términos siguientes: “En nombre del pueblo hondureño le exijo que rectifique posiciones, ya que la recibimos con especial respeto, pero cada día su pública intención de injerir en temas de política interna y decisiones soberanas, compromete nuestras relaciones bilaterales”. Tras una reunión entre el canciller y la embajadora, las aguas volvieron a la calma.
Estas tensiones entre la embajadora de los Estados Unidos y el gobierno de la Presidenta Castro, no sorprenden, debido al papel de tolerancia del gobierno de los Estados Unidos hacia el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. A lo anterior hay que sumar, el papel de complicidad de los Estados Unidos con las elecciones irregulares de 2013, el fraude electoral de 2017 y con la reelección (perpetuación) ilegal de Juan Orlando Hernández como Presidente de la República.
Las críticas más duras hacia el gobierno de la Presidenta Castro Sarmiento no sólo provienen de la Embajada de los Estados Unidos, sino también de los grupos de poder más conservadores de la sociedad hondureña. Así las cosas, la Presidenta Castro ha enfrentado en su primer año de gobierno, una campaña mediática proveniente del Partido Nacional (principal partido de oposición), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y de los medios de comunicación corporativos. Los argumentos centrales de esta campaña mediática giran en torno a: el incremento del Presupuesto General de la República, lo que consideran la carencia de rumbo claro del gobierno, lo que llaman tensiones innecesarias en las relaciones con los Estados Unidos, los problemas de baja ejecución presupuestaria en la inversión que tuvo el gobierno en el año 2022, la crítica a las medidas que consideran que amenazan la inversión nacional y extranjera y la crítica al peso político que tiene en el gobierno el asesor presidencial, expresidente José Manuel Zelaya Rosales, y la familia Zelaya en general.
Los movimientos sociales en el primer año de gobierno de la Presidenta Castro
Una vez presidenta electa, Castro Sarmiento, inició un proceso de transición de gobierno, que implicó reuniones con varios sectores de la sociedad hondureña. Un conjunto de estas reuniones se realizaron con las organizaciones y movimientos sociales: campesinos, obreros, estudiantes, mujeres, jóvenes, indígenas, pobladores urbanos, entre otros. Esto sobre cargó las expectativas en la presidenta Castro, que ya estaban altas después del triunfo electoral. Es importante recordar, que tanto en la creación del partido Libre, como en la construcción de la fuerza electoral, la movilización de los movimientos sociales fue fundamental. Sin embargo, a un año de gobierno, se observa un distanciamiento creciente entre el gobierno de la Presidenta Castro y las organizaciones y movimientos sociales que le ayudó llegar a la presidencia.
Es importante recordar que el Plan de Gobierno presentado en la campaña electoral, contiene varias promesas políticas relacionadas con las demandas históricas de los movimientos sociales, como acceso a la tierra, poner fin a las concesiones de los recursos naturales, respeto a los derechos y patrimonio de los pueblos indígenas y negros, derechos de las mujeres y de la juventud, entre otros. Al primer año de gobierno, el cumplimiento de estas demandas es muy limitado, casi nulo.
La conflictividad en torno a la tierra y de los recursos naturales sigue persistente y es probable que esté creciendo, las concesiones de ríos para la producción de energía eléctrica y de los territorios para la minería continúan vigentes. A lo anterior hay que agregar que continúan los asesinatos de luchadores populares y defensores de los derechos humanos, como lo evidencia el asesinato reciente de dos defensores del territorio de la comunidad de Guapinol, municipio de Tocoa, Departamento de Colón. Así continúan pendientes también las promesas de aumentos salariales para los sindicalistas y trabajadores en general.
Otra promesa de la Presidenta Castro y demanda de la ciudadanía, es la desmilitarización de la sociedad y a la vez la reducción de la violencia. Sin embargo, los militares continúan teniendo privilegios presupuestarios y continúa vigente la Policía Militar de Orden Público (PMOP), una fuerza controvertida creada en 2013 antes de una creciente tendencia de la militarización de la seguridad pública durante el gobierno del Presidente Hernández. En el caso de la violencia, sobre todo para enfrentar las bandas de extorsión, a finales de 2022 la Presidenta Castro ordenó el estado de excepción en cerca de un centenar de barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula. La medida de territorios urbanos de excepción según informes oficiales ha reducido las extorsiones, pero tiene críticas de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, por considerar que no se puede instalar como una medida permanente, que constituye una amenaza para los derechos humanos y que criminaliza a los pobres.
Las organizaciones sociales ante esta situación siguen dando un compás de espera, pues consideran, como lo ha enfatizado el gobierno, que lo que se encontró en el Estado fue un desastre y que una situación de éstas no se supera en un año. Sin embargo, este tiempo de espera se está agotando, y las expectativas renovadas es que el año 2023 sea el año del cumplimiento de las promesas electorales de la Presidenta Castro Sarmiento. Para hacer justicia, dos políticas importantes para los movimientos sociales tiene el gobierno de Libre. Uno, la promulgación de la amnistía para todos los luchadores populares y defensores de los derechos humanos que durante el golpe de Estado y los gobiernos autoritarios del Partido Nacional. Dos, la no represión, criminalización, ni judicialización por parte del gobierno, de los luchadores populares y defensores de los derechos humanos.
Hasta el momento el gobierno no ha creado un mecanismo efectivo de consulta o de participación popular. El Poder Ejecutivo, desde la Secretaría de Planificación, impulsa la iniciativa que se conoce como Poder Popular, que hasta el momento se ha limitado a organizar partidariamente a los militantes del partido Libre que han asumido puestos de trabajo en las instituciones estatales, sin mayor claridad del papel que deben cumplir. Por lo demás, un gobierno centrado en la soberanía popular y en la participación permanente del pueblo hondureño, sigue a la espera de ser realidad.
Al cierre del primer año de gobierno de la Presidenta Castro Sarmiento, los discursos de Refundación de la Patria y del Socialismo Democrático, han tenido algunos avances prácticos; pero siguen pendientes mayores niveles de materialización y realización en las áreas más vitales de la vida del pueblo hondureño: el trabajo, la salud, la educación, la seguridad y la participación.
Eugenio Sosa es profesor de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Actualmente también se desempeña como Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
